Es paradójico, porque quienes hoy denuncian los peligros de una fuerte devaluación son los mismos que desde 2002 en adelante pregonaban la teoría del crecimiento basado en el tipo de cambio real alto y ponderaban la pesificación decidida por Eduardo Duhalde en ese año, que fue la causa de una devaluación mayor al 300 %.

En aquella época parecían no ser conscientes de que el tipo de cambio real alto significaría salarios reales bajos. Puede que ahora hayan aprendido la lección y sinceramente quieran proteger a los salarios en el futuro. Pero lo dudo mucho. Creo que se equivocan, porque no entienden el funcionamiento de la economía argentina y no han reflexionado suficientemente sobre su historia.

No caben dudas de que las exportaciones han perdido competitividad y de que hay fuertes síntomas de atraso cambiario en el mercado oficial. A pesar de que los índices de tipo de cambio real dan cuenta de que este está en un nivel semejante al del año 2001, la pérdida de competitividad de las exportaciones es mayor a la que existía en aquel año. La evolución de las exportaciones, tanto en valor como en volumen, lo demuestran: A lo largo de 2001 las exportaciones crecieron 1 %. En lo que va del año 2015, comparado con los mismos meses del 2014, las exportaciones cayeron 17 %. La evolución de los precios de exportación no fue más desfavorable en 2001 de lo que fue en los últimos 12 meses.

Una extrapolación poco informada podría llevar a la conclusión de que ahora, para recuperar la competitividad de las exportaciones a través de la libre flotación del peso en un mercado único de cambios, será necesaria una devaluación de más del 300 %, como la que se produjo en 2002. Esta es una conclusión errónea.

En 2001 era opinión generalizada que para recuperar la competitividad de las exportaciones se necesitaba una devaluación del peso no mayor al 40 % y si la devaluación se hubiera decidido disponiendo la flotación del peso sin pesificación de depósitos y préstamos en dólares, el tipo de cambio nominal hubiera subido probablemente a no más de 1,4 pesos, sobre todo si la libre flotación se disponía luego de concluida la reestructuración ordenada de la deuda. Esa devaluación no hubiera tenido un impacto inflacionario significativo, por lo que el tipo de cambio real hubiera aumentado en la misma magnitud.

Lamentablemente, la libre flotación del peso se dispuso luego de haberse dictado la pesificación forzosa de todos los contratos en dólares. Esa medida significó más que cuadruplicar la cantidad de pesos en circulación y, por consiguiente, el tipo de cambio nominal saltó a más de 3 pesos por dólar, lo que provocó una caída estrepitosa de los salarios reales, un aumento la desocupación y llevó a niveles extremos los índices de pobreza, que ya eran muy altos a fines del 2001, pero escalaron a niveles catastróficos en los meses siguientes.

Mirando la situación actual, la recuperación de la competitividad de las exportaciones no requerirá una devaluación monetaria nominal muy superior al 40 % en el mercado oficial, si es que se hace decidiendo la flotación del peso en un mercado libre y único de cambios. Es decir, si se hace eliminando de entrada el cepo cambiario, corrigiendo el sesgo antiexportador de la estructura impositiva y anunciando un plan consistente de estabilización macroeconómica. De hecho, una devaluación del peso en el mercado oficial de esta magnitud significaría al mismo tiempo una apreciación del orden del 20 % en el mercado paralelo, dado que hoy la brecha cambiaria se ubica en alrededor de 60 %.

Claro que si se hacen las cosas mal, la devaluación, a lo largo del año 2016, puede llegar a ser tan grande como lo fue en el año 2002.

Hacer las cosas mal significa mantener el cepo y dejar que siga operando el mercado paralelo como un mercado ilegal, seguir cobrando los impuestos que desalientan las exportaciones y pretender ajustar el tipo de cambio nominal en el mercado oficial al 2 % o 3 % mensual. Mientras tanto se sigue emitiendo mucho dinero para financiar un déficit fiscal que no logra ni reducirse ni financiarse con endeudamiento a tasas moderadas. Si se sigue este camino, lo más probable es que la brecha cambiaria aumente aún más, no se corrija la pérdida de competitividad de las exportaciones, sigan sin entrar capitales y finalmente se terminen las reservas líquidas del Banco Central. En ese caso, el Gobierno se verá obligado a decidir una fuerte devaluación, que correrá el riesgo de transformarse en un Rodrigazo, igual al de junio de 1975.

Seguramente los optimistas sostendrán que en el peor de los casos esta devaluación extrema no provocará una explosión inflacionaria, argumentando que no la produjo en 2002. La gran diferencia es que en 2002 la economía venía de un fuerte proceso de capitalización, existía mucha desocupación tanto de mano de obra como de capacidad instalada; no se arrastraba atraso tarifario alguno y el déficit fiscal tenía como único origen el pago de altas tasas de interés sobre la deuda. Hoy la economía no tiene capacidad instalada subutilizada, sino que enfrenta cuellos de botella por falta de inversión, no existe fuerte desocupación, al menos por el momento, las tarifas de servicios públicos están muy desactualizadas y el déficit fiscal es enorme, aún sin contar el pago de intereses sobre la deuda. Es decir, la situación se parece mucho más a la de principios de 1975 que a la de fines del 2001.

Quienes sostienen que no debe eliminarse el cepo cambiario y, por el contrario, se deben mantener las políticas actuales con pequeños cambios graduales en el tipo de cambio y en otros precios relativos, sin cambios significativos en las políticas monetaria y fiscal, lejos de garantizarle al próximo presidente que se evitará un deterioro de los salarios reales, le están dando un pésimo asesoramiento que hará que su Gobierno sufra un desgaste extremo antes de la elección de medio término en 2017 y el país asista a un agravamiento trágico de la situación de pobreza de los argentinos.

Para que se pueda implementar una política fiscal expansiva se necesita que exista el crédito público, es decir que el Tesoro pueda acceder a endeudamiento a tasas razonables de interés. Hoy, aunque se quisiera, no se puede implementar una política fiscal expansiva porque nuestro país no tiene crédito, ni externo ni interno. Lo que el Gobierno está haciendo es financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Eso significa cobrar el impuesto inflacionario. Luego de cobrar ese impuesto no hay déficit y por lo tanto no puede haber efecto positivo sobre la demanda agregada.

Política monetaria es sinónimo de búsqueda de la estabilidad de los precios. La política monetaria sirve para hacer bajar la inflación o sacar al país de una deflación. También puede ayudar a atenuar el ciclo económico cuando la inflación viene asociada con fuerte expansión del nivel de actividad económica y la deflación viene asociada con un clima de recesión. Pero para que se pueda aplicar una política monetaria adecuada, se necesita que haya moneda. Es decir, que el Banco Central administre una moneda en la que la gente confíe y de la que la gente no esté desesperada por desprenderse. Hoy nadie confía en el Peso y la mejor demostración de que ello ocurre es que hay una brecha de más del 40% entre el valor del Dólar en el mercado oficial (en el que la gente no puede convertir sus pesos) y el mercado paralelo (al que la gente tiene que recurrir si quiere convertir sus pesos en monedas extranjeras).

En una economía que sufre estanflación pero en la que existe la posibilidad de hacer política monetaria y política fiscal, la combinación adecuada es: política fiscal expansiva (déficit fiscal financiado con endeudamiento) con política monetaria contractiva. La primera sirve para estimular el nivel de actividad económica y la segunda, para frenar la escalada inflacionaria y apuntar a metas bajas de inflación.

Puede sorprender que yo sostenga que, de existir la posibilidad de endeudamiento a tasas razonables, lo correcto en una situación como la actual sería aplicar una política fiscal expansiva cuando el gasto público como porcentaje del PBI ha alcanzado niveles récords. Pero el déficit fiscal que yo sostengo que correspondería financiar con endeudamiento es el déficit fiscal que se originaría no en el aumento del gasto público sino en la eliminación de muchos impuestos distorsivos que hoy desalientan la inversión y hacen perder competitividad a la producción.

Lo que el Gobierno argentino está haciendo hoy es utilizar al Banco Central para financiar el déficit fiscal, es decir, para cobrar el impuesto inflacionario. Como la base del impuesto inflacionario es la masa monetaria, esta política induce a que aumente cada vez más la velocidad de circulación del dinero, con lo que el proceso inflacionario se acelera: cada vez será necesaria una tasa de inflación mayor para cobrar un mismo porcentaje del PBI como impuesto inflacionario. Como luego de cobrar el impuesto inflacionario la política fiscal resulta neutra o contractiva, porque el impuesto inflacionario puede incluso ser superior al déficit y beneficiar, por ejemplo, a los intermediarios financieros, el resultado es que no se sale nunca de la recesión. Por el contrario, la recesión tiende a agravarse.

El conflicto con los fondos buitres y la justicia de New York hace que desaparezca por completo el crédito público y que la gente confíe cada vez menos en la moneda argentina. Sín moneda y sin crédito la estanflación sólo tenderá a agravarse.