Es paradójico, porque quienes hoy denuncian los peligros de una fuerte devaluación son los mismos que desde 2002 en adelante pregonaban la teoría del crecimiento basado en el tipo de cambio real alto y ponderaban la pesificación decidida por Eduardo Duhalde en ese año, que fue la causa de una devaluación mayor al 300 %.

En aquella época parecían no ser conscientes de que el tipo de cambio real alto significaría salarios reales bajos. Puede que ahora hayan aprendido la lección y sinceramente quieran proteger a los salarios en el futuro. Pero lo dudo mucho. Creo que se equivocan, porque no entienden el funcionamiento de la economía argentina y no han reflexionado suficientemente sobre su historia.

No caben dudas de que las exportaciones han perdido competitividad y de que hay fuertes síntomas de atraso cambiario en el mercado oficial. A pesar de que los índices de tipo de cambio real dan cuenta de que este está en un nivel semejante al del año 2001, la pérdida de competitividad de las exportaciones es mayor a la que existía en aquel año. La evolución de las exportaciones, tanto en valor como en volumen, lo demuestran: A lo largo de 2001 las exportaciones crecieron 1 %. En lo que va del año 2015, comparado con los mismos meses del 2014, las exportaciones cayeron 17 %. La evolución de los precios de exportación no fue más desfavorable en 2001 de lo que fue en los últimos 12 meses.

Una extrapolación poco informada podría llevar a la conclusión de que ahora, para recuperar la competitividad de las exportaciones a través de la libre flotación del peso en un mercado único de cambios, será necesaria una devaluación de más del 300 %, como la que se produjo en 2002. Esta es una conclusión errónea.

En 2001 era opinión generalizada que para recuperar la competitividad de las exportaciones se necesitaba una devaluación del peso no mayor al 40 % y si la devaluación se hubiera decidido disponiendo la flotación del peso sin pesificación de depósitos y préstamos en dólares, el tipo de cambio nominal hubiera subido probablemente a no más de 1,4 pesos, sobre todo si la libre flotación se disponía luego de concluida la reestructuración ordenada de la deuda. Esa devaluación no hubiera tenido un impacto inflacionario significativo, por lo que el tipo de cambio real hubiera aumentado en la misma magnitud.

Lamentablemente, la libre flotación del peso se dispuso luego de haberse dictado la pesificación forzosa de todos los contratos en dólares. Esa medida significó más que cuadruplicar la cantidad de pesos en circulación y, por consiguiente, el tipo de cambio nominal saltó a más de 3 pesos por dólar, lo que provocó una caída estrepitosa de los salarios reales, un aumento la desocupación y llevó a niveles extremos los índices de pobreza, que ya eran muy altos a fines del 2001, pero escalaron a niveles catastróficos en los meses siguientes.

Mirando la situación actual, la recuperación de la competitividad de las exportaciones no requerirá una devaluación monetaria nominal muy superior al 40 % en el mercado oficial, si es que se hace decidiendo la flotación del peso en un mercado libre y único de cambios. Es decir, si se hace eliminando de entrada el cepo cambiario, corrigiendo el sesgo antiexportador de la estructura impositiva y anunciando un plan consistente de estabilización macroeconómica. De hecho, una devaluación del peso en el mercado oficial de esta magnitud significaría al mismo tiempo una apreciación del orden del 20 % en el mercado paralelo, dado que hoy la brecha cambiaria se ubica en alrededor de 60 %.

Claro que si se hacen las cosas mal, la devaluación, a lo largo del año 2016, puede llegar a ser tan grande como lo fue en el año 2002.

Hacer las cosas mal significa mantener el cepo y dejar que siga operando el mercado paralelo como un mercado ilegal, seguir cobrando los impuestos que desalientan las exportaciones y pretender ajustar el tipo de cambio nominal en el mercado oficial al 2 % o 3 % mensual. Mientras tanto se sigue emitiendo mucho dinero para financiar un déficit fiscal que no logra ni reducirse ni financiarse con endeudamiento a tasas moderadas. Si se sigue este camino, lo más probable es que la brecha cambiaria aumente aún más, no se corrija la pérdida de competitividad de las exportaciones, sigan sin entrar capitales y finalmente se terminen las reservas líquidas del Banco Central. En ese caso, el Gobierno se verá obligado a decidir una fuerte devaluación, que correrá el riesgo de transformarse en un Rodrigazo, igual al de junio de 1975.

Seguramente los optimistas sostendrán que en el peor de los casos esta devaluación extrema no provocará una explosión inflacionaria, argumentando que no la produjo en 2002. La gran diferencia es que en 2002 la economía venía de un fuerte proceso de capitalización, existía mucha desocupación tanto de mano de obra como de capacidad instalada; no se arrastraba atraso tarifario alguno y el déficit fiscal tenía como único origen el pago de altas tasas de interés sobre la deuda. Hoy la economía no tiene capacidad instalada subutilizada, sino que enfrenta cuellos de botella por falta de inversión, no existe fuerte desocupación, al menos por el momento, las tarifas de servicios públicos están muy desactualizadas y el déficit fiscal es enorme, aún sin contar el pago de intereses sobre la deuda. Es decir, la situación se parece mucho más a la de principios de 1975 que a la de fines del 2001.

Quienes sostienen que no debe eliminarse el cepo cambiario y, por el contrario, se deben mantener las políticas actuales con pequeños cambios graduales en el tipo de cambio y en otros precios relativos, sin cambios significativos en las políticas monetaria y fiscal, lejos de garantizarle al próximo presidente que se evitará un deterioro de los salarios reales, le están dando un pésimo asesoramiento que hará que su Gobierno sufra un desgaste extremo antes de la elección de medio término en 2017 y el país asista a un agravamiento trágico de la situación de pobreza de los argentinos.

Los datos del déficit fiscal, bien calculados, es decir, excluyendo de los recursos tributarios las transferencias desde el Banco Central y la Anses al Tesoro, son el indicador fiscal más utilizado por los analistas. Mirando este cuadro, el panorama fiscal de los últimos 7 años no aparece más preocupante que el panorama fiscal de los últimos 7 años en que rigió el Plan de Convertibilidad. Las cifras del déficit fiscal como porcentaje del PBI son, en promedio, bastante inferiores a los de los períodos previos a las grandes crisis inflacionarias de los 70 y 80.

Esta lectura de los datos fiscales podría fundamentar la poca preocupación por la situación fiscal que demuestran los candidatos presidenciales y sus asesores. Si bien algunos cuestionan el alto déficit fiscal, parecen confiados en que será relativamente fácil reducirlo e incluso eliminarlo.

Sin embargo, una lectura más completa y detallada de los datos fiscales lleva a una conclusión muy distinta. Veamos.

En el cuadro siguiente presento los datos del déficit fiscal primario, es decir, del déficit fiscal antes de pagar intereses de la deuda pública. En el pasado fue mucho más fácil reducir el gasto en intereses, sobre todo cuando se estuvo dispuesto a declarar una moratoria o una aceleración inflacionaria no anticipada que transformó a la tasa de interés en fuertemente negativa en términos reales. Bajar el déficit primario requiere recortes de gastos no financieros o incremento de recursos tributarios.

Mirando este cuadro, el panorama comienza a desmejorar. El déficit fiscal primario de los últimos cinco años es mucho más elevado, en promedio, que el de los 11 años de la convertibilidad y el nivel que alcanza en 2015 es incluso más elevado que el que alcanzó en 1988, el año previo a la hiperinflación y casi tan alto como el de 1983, el año anterior a la aceleración inflacionaria que precedió al Plan Austral. Es todavía inferior al del año del Rodrigazo, pero prácticamente igual al de 1974, el año previo a aquella explosión inflacionaria.

Con todo, existe todavía, como aparente atenuante, la imagen de un déficit fiscal primario no tan persistente en el tiempo como el que caracterizó a los períodos 1961-1966, 1971-1991. Después de todo, los primeros años de la post-convertibilidad, 2002 al 2007, aparecen fuertes superávits fiscales primarios que bien podrían haber creado un colchón fiscal para afrontar los déficits de los últimos cinco años.

Pero si ajustamos un poco más el foco, encontramos datos fiscales complementarios que son muy preocupantes. Uno de ellos es la presión tributaria, es decir, la recaudación total de impuestos como porcentaje del PBI:

En todos los períodos de fuertes déficits fiscales del pasado, la presión tributaria había descendido a niveles relativamente bajos. Así, entre 1962 y 1966 era de 22 a 23 %, lo mismo que entre 1971 y 1976 o entre 1982 y 1984. En estas tres oportunidades parte de la reducción posterior del déficit fiscal se produjo gracias a un aumento de la presión tributaria, que fue particularmente notoria entre 1977 y 1981 (durante el plan de Martínez de Hoz) y entre 1985 y 1989 (durante los años del Plan Austral). En general estos períodos de fuerte aumento de la presión tributaria duraron no más de cinco años, porque el sector privado no los soportó y se sucedieron crisis inflacionarias que licuaron los ingresos tributarios.

La historia de lo que ocurrió durante el Plan de Convertibilidad es bastante diferente a la de los planes de estabilización anteriores. Si bien la presión tributaria aumentó algo en relación con 1990, el segundo año de hiperinflación, ese aumento no fue muy significativo, porque la estrategia del gobierno fue eliminar impuestos para aumentar la competitividad. Esto se observó especialmente a partir de 1994 y esta estrategia se mantuvo hasta 2001, con un solo intento de aumentar la presión fiscal en el año 2000, cuando el ministro Machinea intentó reducir el déficit con un aumento de impuestos que fue muy resistido por la población.

El panorama es muy diferente a partir de 2003. La presión fiscal aumenta significativamente, tendencia que es interrumpida transitoriamente en el año electoral 2007 y en los años de la crisis del campo (2008) y la crisis global (2009), pero que resurge con fuerza a partir de 2010.

En 2014 y 2015 la presión fiscal supera el 36 % del PBI, un porcentaje nunca alcanzado anteriormente y que excede en 10 puntos porcentuales la máxima presión fiscal de los años de la convertibilidad.

Esta realidad hace mucho más difícil pensar en soluciones rápidas e indoloras al déficit fiscal que heredará el próximo gobierno. Es inimaginable un aumento de la presión tributaria y, por el contrario, recuperar la competitividad y crear un clima favorable para la inversión productiva va a demandar la eliminación o al menos una reducción de los impuestos más distorsivos. Por lo tanto, por el lado de los impuestos, más que una solución al problema del déficit fiscal desbordado, debe esperarse un agravamiento.

Para advertir la magnitud del desafío fiscal que enfrentará el próximo Gobierno se debe prestar la máxima atención al cuadro del gasto público como porcentaje del PBI:

Los niveles que ha alcanzado el gasto público como porcentaje del PBI son inéditos. Asciende a casi 42% del PBI el gasto primario y a casi 46 % el gasto total (el que incluye intereses de la deuda). Nunca antes habían alcanzado esos niveles, en particular el gasto primario, que es el más difícil de reducir. El máximo nivel de gasto primario se había alcanzado en 1985 y 1989, pero ascendió a 34 % del PBI. Es decir, que en la actualidad se ubica 8 puntos porcentuales del PBI por arriba del máximo anterior y 12 puntos porcentuales por arriba del máximo gasto primario de los años de la convertibilidad.

Para pensar en el ajuste fiscal que se necesitará para poner al país en situación de aspirar a sostener una baja tasa de inflación, vale la pena comparar lo que ocurrió entre los años de la hiperinflación y los años de la convertibilidad: El gasto público primario descendió de 34 % del PBI a alrededor de 27 % en 1991 para alcanzar un mínimo de algo más de 22 % en 1997 y situarse todavía en alrededor de 26 % en 2001. Este descenso del gasto público requirió todas las reformas del Estado y las privatizaciones que hoy se critican de izquierda a derecha. Y, en aquella época, había economistas que para explicar las causas de la crisis sostenían que no se había disminuido suficientemente el gasto público.

Supongamos que los avances tecnológicos, el alto grado de bancarización de los pagos y la informatización de la AFIP permitan, en la actualidad, que la presión tributaria soportable por la economía sea del 30 % del PBI, como lo fue en 2007 y 2011. Es decir, 7 puntos porcentuales del PBI más que en el promedio de los años de la convertibilidad. En ese caso, la reducción del gasto público necesaria para eliminar el déficit primario ascendería a 12 puntos porcentuales del PBI, casi el doble de los puntos porcentuales en los que, con todas las reformas de los 90, logró descender el gasto público primario entre 1989 y 2001.

El desafío que enfrentará el próximo gobierno, si quiere crear las condiciones para que Argentina vuelva a crecer en estabilidad, es titánico. Obviamente, los candidatos y sus asesores, aun cuando fueran conscientes de la magnitud del ajuste fiscal que será necesario para sacar a Argentina del atolladero en que se encuentra, no pueden hacer campaña asustando a la gente. Eso es entendible. Pero sería lamentable que realmente crean en los mensajes tranquilizadores que se ven obligados a enviar. Ojalá tengan gente preparada para planear y ejecutar las complejas reformas que demandará la realidad.

Para que se pueda implementar una política fiscal expansiva se necesita que exista el crédito público, es decir que el Tesoro pueda acceder a endeudamiento a tasas razonables de interés. Hoy, aunque se quisiera, no se puede implementar una política fiscal expansiva porque nuestro país no tiene crédito, ni externo ni interno. Lo que el Gobierno está haciendo es financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Eso significa cobrar el impuesto inflacionario. Luego de cobrar ese impuesto no hay déficit y por lo tanto no puede haber efecto positivo sobre la demanda agregada.

Política monetaria es sinónimo de búsqueda de la estabilidad de los precios. La política monetaria sirve para hacer bajar la inflación o sacar al país de una deflación. También puede ayudar a atenuar el ciclo económico cuando la inflación viene asociada con fuerte expansión del nivel de actividad económica y la deflación viene asociada con un clima de recesión. Pero para que se pueda aplicar una política monetaria adecuada, se necesita que haya moneda. Es decir, que el Banco Central administre una moneda en la que la gente confíe y de la que la gente no esté desesperada por desprenderse. Hoy nadie confía en el Peso y la mejor demostración de que ello ocurre es que hay una brecha de más del 40% entre el valor del Dólar en el mercado oficial (en el que la gente no puede convertir sus pesos) y el mercado paralelo (al que la gente tiene que recurrir si quiere convertir sus pesos en monedas extranjeras).

En una economía que sufre estanflación pero en la que existe la posibilidad de hacer política monetaria y política fiscal, la combinación adecuada es: política fiscal expansiva (déficit fiscal financiado con endeudamiento) con política monetaria contractiva. La primera sirve para estimular el nivel de actividad económica y la segunda, para frenar la escalada inflacionaria y apuntar a metas bajas de inflación.

Puede sorprender que yo sostenga que, de existir la posibilidad de endeudamiento a tasas razonables, lo correcto en una situación como la actual sería aplicar una política fiscal expansiva cuando el gasto público como porcentaje del PBI ha alcanzado niveles récords. Pero el déficit fiscal que yo sostengo que correspondería financiar con endeudamiento es el déficit fiscal que se originaría no en el aumento del gasto público sino en la eliminación de muchos impuestos distorsivos que hoy desalientan la inversión y hacen perder competitividad a la producción.

Lo que el Gobierno argentino está haciendo hoy es utilizar al Banco Central para financiar el déficit fiscal, es decir, para cobrar el impuesto inflacionario. Como la base del impuesto inflacionario es la masa monetaria, esta política induce a que aumente cada vez más la velocidad de circulación del dinero, con lo que el proceso inflacionario se acelera: cada vez será necesaria una tasa de inflación mayor para cobrar un mismo porcentaje del PBI como impuesto inflacionario. Como luego de cobrar el impuesto inflacionario la política fiscal resulta neutra o contractiva, porque el impuesto inflacionario puede incluso ser superior al déficit y beneficiar, por ejemplo, a los intermediarios financieros, el resultado es que no se sale nunca de la recesión. Por el contrario, la recesión tiende a agravarse.

El conflicto con los fondos buitres y la justicia de New York hace que desaparezca por completo el crédito público y que la gente confíe cada vez menos en la moneda argentina. Sín moneda y sin crédito la estanflación sólo tenderá a agravarse.

Es increíble, pero Zaiat demuestra no entender nada sobre cómo funciona el sistema fiscal de un país bien organizado. Sólo así puede atribuir a los economistas ortodoxos, al mismo tiempo, vocación por ajustes fiscales permanentes y apego al creciente endeudamiento público. Es el abc de las finanzas públicas que la deuda pública crece cuando hay déficit fiscal y decrece cuando hay superávit fiscal. El stock de deuda pública, en un determinado momento del tiempo, no es sino la suma algebraica de toda la historia de desequilibrios fiscales del pasado que no fueron financiados con impuesto inflacionario. Esto no requiere de profundos conocimientos económicos, se trata de simple aritmética.

Ya expliqué que una política fiscal expansiva es aquella que logra financiar un déficit fiscal con acceso al crédito público, es decir, con endeudamiento. Y una política fiscal contractiva es la que genera un superávit y permite cancelar deuda. Financiar todo o parte del déficit fiscal con emisión monetaria no es política fiscal sino política monetaria inflacionaria, es la forma de recaudar el impuesto inflacionario que pagan los que más sufren la inflación.

Es rigurosamente cierto que desde siempre, la Argentina ha tenido una tendencia al déficit fiscal muy por arriba de lo que sería recomendable. Se lo puede ver en el gráfico que sigue, que detalla la evolución del gasto público y del déficit fiscal a lo largo de los últimos setenta años. Pero el déficit fiscal fue significativamente más elevado en los períodos 1945-1958 y 1973-1990 que en el último cuarto de siglo. En el primero de estos períodos, el déficit fiscal se financió con inflación y con los ahorros del sistema jubilatorio, prácticamente sin endeudamiento. En el segundo, también se utilizó mucho el impuesto inflacionario, pero los intentos de estabilización requirieron que en algunos años se echara mano también al endeudamiento, especialmente cuando existió fácil acceso al crédito público, como entre 1977 y 1981, mientras el mundo reciclaba los petrodólares.

Dice Zaiat en la página 249 de su libro:

“El recorrido de la deuda externa argentina tiene rasgos similares a lo largo de toda su historia, desde el primer empréstito otorgado por los ingleses de la Baring Brothers en 1824 hasta el megacanje de deuda diseñado por Domingo Felipe Cavallo en 2001, última estación previa al default. Las características son:”
“-El desvío de fondos obtenidos de los préstamos hacia otros objetivos no previstos al momento de solicitar el crédito externo”
“-La aplicación irregular de los recursos obtenidos”
“-El pago de sobretasas de interés,”
“-Operaciones financieras poco transparentes y corrupción de banqueros y funcionarios.”
“-Definición de cláusulas condicionantes de la política interna por parte de bancos acreedores, primero, y del FMI, después, organismo que actuó como auditor de los acreedores”
“-Ser el canal de alimentación para la especulación financiera y la fuga de capitales.”

“El último ciclo de endeudamiento iniciado con la dictadura militar de 1976 es una referencia ineludible para comprender como participa la deuda en la reestructuración económica y social de un país. También como facilitó la incorporación de la economía nacional en el ciclo de transformación del funcionamiento del capitalismo a nivel global con la desregulación de los sistemas financieros.

“El monto de la deuda pública al final de cada gobierno deja al descubierto el más destructivo ciclo de endeudamiento de la economía argentina.”
“Al final del gobierno de Isabel Perón, en 1976, la deuda pública ascendía a 8 mil millones de dólares; al final de la dictadura militar, en 1983, ascendía a 45 mil millones de dólares; al final del Gobierno del Dr Raúl Alfonsín a 65 mil millones de dólares, al final del gobierno de Carlos Menem, a 122 mil millones de dólares; y al final del gobierno de Fernando de la Rúa a 144 mil millones de dólares.”

Son muchos los errores-o falsedades-que contiene esta cita. Voy a enumerarlas, comenzando por una corrección sobre las cifras de deuda que presenta Zaiat para el final de cada gobierno.

1. La deuda pública, bien medida, al final del gobierno de Raúl Alfonsín no era 65 mil millones sino de 90 mil millones, tal como lo determinaron Melconián y Santángelo en un importante trabajo de investigación publicado en 1996 . La diferencia tiene una clara explicación: durante la suspensión de ejecución de sentencias a favor de los jubilados que dispuso el gobierno en 1987, se acumuló una deuda de 18 mil millones de dólares que se hizo exigible por cientos de miles de sentencias judiciales. Además, las provincias habían ganado juicios por regalías mal calculadas que ascendían a 3 mil millones de dólares y el Tesoro Nacional y las empresas públicas debían a contratistas y proveedores otros 4 mil millones de dólares. La ley de consolidación de pasivos de 1991 permitió transformar esas deudas en bonos previsionales, bonos de regalías hidrocarburíferas y bonos de proveedores, por 28 mil millones de dólares.
Durante el gobierno de Eduardo Duhalde también se acumuló una deuda no registrada del orden de 34 mil millones de dólares, por las compensaciones que se terminaros pagando a los bancos a raíz del efecto sobre sus balances de la pesificación asimétrica y la emisión de los Boden 2012 para compensar a los ahorristas que no se allanaron a la pesificación de sus depósitos y siguieron demandando ante la Justicia. Zaiat sugiere que este endeudamiento es responsabilidad de la convertibilidad, pero la realidad es todo lo contrario. Se produjo por la decisión de Duhalde de pesificar activos y pasivos financieros. Como a la pesificación de depósitos y a las pérdidas de los bancos tuvo finalmente que compensarlas con nueva deuda, el impuesto inflacionario que los tenedores de pesos pagaron durante el año 2002 no fue recolectado por el Estado sino por los grandes deudores, a los que se les pesificaron sus deudas en dólares.
Algo parecido ocurre actualmente. Si uno va a las estadísticas del INDEC encuentra que la deuda pública registrada asciende a 198 mil millones de dólares. Pero no han sido registradas no menos de 30 mil millones con sentencias firmes a favor de los jubilados y acreedores internos y externos. Por consiguiente, la verdadera deuda pública al final de 2013 no es inferior a 228 mil millones de dólares.

2. Durante todos los períodos, el endeudamiento fue inferior a la suma de los déficits anuales.

Los préstamos se solicitaron y los bonos se emitieron para financiar el déficit fiscal de cada año. La parte del déficit que no se financió con bonos, se financió con inflación. Puede ser muy criticable tanto el nivel como el destino del gasto público, pero una vez que el gasto se produce no hay otra forma de financiarlo que recurriendo al endeudamiento o al impuesto inflacionario.

Puede resultar asombroso que tanto durante el régimen militar como en el gobierno de Alfonsín, a pesar de que la inflación fuera muy alta, se hay podido financiar mucho menos con impuesto inflacionario que durante el período de los Kirchner. Esto se explica porque desde el Rodrigazo en adelante, la gente huyó de los pesos y la base del impuesto, la demanda de dinero en términos reales, fue muy baja. Durante los años del kirchnerismo, hasta prácticamente el año pasado, la fuerte devaluación de 2002 después de 10 años de estabilidad que había aniquilado a las expectativas de inflación, permitió que la demanda de dinero en términos reales se mantuviera alta. Por consiguiente, se cobró más impuesto inflacionario con una tasa de inflación mucho más baja que durante los setenta y ochenta. Pero más importante que ese fenómeno fue la utilización de diversos mecanismos que actuaron como verdadera confiscación de ahorros privados: alteración de los índices de inflación para contener el aumento del CER, confiscación de los ahorros que administraban las AFJPs para sus afiliados y congelamientos de tarifas de servicios públicos, entre otros controles de precios. Esto se agregó a la inflación como financiamiento no genuino del déficit fiscal. Si bien durante el gobierno de Duhalde también se produjo una enorme confiscación de ahorros privados, éstos no sirvieron para financiar el déficit ni evitar el endeudamiento público, sino para transferir riqueza al sector privado endeudado en dólares, que fue el que motorizó la pesificación.

3. Como se desprende del cuadro anterior, el endeudamiento de los noventa tuvo dos orígenes: la consolidación de deudas que se habían devengado en los años de alta inflación e hiperinflación, que recién se reconocieron en 1992 (fundamentalmente la deuda con los jubilados que se pagó con bocones previsionales y la deuda con proveedores que se pagaron con bocones proveedores) y el financiamiento de los déficits fiscales que comenzaron en 1995, con el impacto de la crisis mexicana en la economía argentina. En general, ese endeudamiento fue a tasas razonables. De hecho, en 2001, por la deuda pública nacional que ascendía a 124 mil millones de pesos o dólares, la factura de intereses era de 10 mil millones de pesos o dólares al año (un 8% promedio, que no era una tasa alta para la época).
La que si había alcanzado tasas muy altas era la deuda de las provincias con los bancos locales, pactada a BADLAR más 7% o dólares, en 2001 obligaba a las provincias a pagar intereses por 3 mil quinientos millones de pesos o dólares. Sin duda ese fue un endeudamiento excesivo e inconveniente que se produjo entre 1997 y 1999, mientras Menem y Duhalde competían por la candidatura presidencial del peronismo, y continuó durante el año 2000, porque desde el Banco de la Nación el gobierno de Fernando de la Rúa siguió financiando a las provincias gobernadas en su mayoría por peronistas que también controlaban el Senado. Pero no se puede confundir este desmanejo financiero de las provincias, especialmente de Buenos Aires, con el manejo de la deuda a nivel nacional, que es al que se refiere Zaiat en su libro.

4. No se pagaron sobretasas de interés, al menos durante el gobierno de Menem y durante el primer año del gobierno de De la Rúa. Las tasas fueron altas durante 2001, tanto para los préstamos que habían tomado las provincias con los bancos locales como para las operaciones del megacanje y las letras que hubo que emitir durante ese año, porque el país ya estaba en crisis y aumentaba todos los días el riesgo país. Para bajar esas tasas era necesario plantear una restructuración de la deuda. Ésta recién tuvo inicio el 1° de noviembre de 2001, porque el Congreso Nacional se negó a permitir que el impuesto a las transacciones financieras que había sido introducido para integrar el Fondo de Crédito Público fuera utilizado para garantizar los servicios de la deuda. Algún tipo de garantía era indispensable para lograr una participación total de los acreedores en un canje que exigiera alargamiento de plazos de amortización y reducción de los intereses originalmente pactados.
Ya con la crisis muy agravada, hacia fines de octubre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa estuvo dispuesto a afectar como garantía el Fondo de Crédito Público, por decreto de necesidad y urgencia. Eso permitió lanzar la primera etapa de la reestructuración de la deuda. El primer tramo, que se concluyó el 30 de noviembre de 2001 y abarcó 55 mil millones de dólares, demostró que era factible reducir los intereses y alargar los plazos. Con la transformación de préstamos y bonos en el “préstamo garantizado”, la tasa de interés bajó hasta el 7 % anual, incluso las de todos los préstamos bancarios a las provincias, que hasta ese momento pagaban intereses de más del 20 % y las de los bonos que habían surgido del tan criticado megacanje de mayo de 2001.

5. El endeudamiento público de los 90 se contrató con mecanismos transparentes, cumpliendo con todas las disposiciones de la ley de administración financiera argentina y las normas de los mercados de capitales, tanto de nuestro país como de los otros países del mundo donde se emitieron. No hubo ninguna aplicación irregular de fondos ni cambio de destino y de ninguna manera fue vehículo de especulación financiera y fuga de capitales. Todo lo contrario, los capitales no sólo no se fugaron, sino que entraron en magnitudes que nunca se habían visto en el pasado, ni siquiera en la época de los petrodólares.

Esta columna apareció originalmente en el blog de Domingo Cavallo