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Ningún dirigente serio apoya la política exterior de Cristina

Aníbal Fernández, siguiendo una orden de Cristina, salió a criticar al gobernador Juan Manuel Urtubey por sus declaraciones ante el Consejo de las Américas en Nueva York. Entre las muchas extravagancias de nuestra Presidente, la más temeraria de todas es, precisamente, la pretensión de que quienes se postulan para sucederla se comprometan a mantener su política exterior.

Desde hace mucho tiempo es muy claro que ningún dirigente político serio apoya la política exterior de Cristina. Yo lo señalé en los primeros párrafos del epílogo de mi libro Camino a la estabilidad. Dije entonces:

“A fines de marzo de 2014, cuando estoy terminando de escribir este libro, en la ciudad de Cambridge y he podido seguir desde acá la visita a Estados Unidos de Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa y un grupo grande de políticos que participaron en un seminario en la Universidad de Harvard, incluidos Ernesto Sanz y Juan Manuel Urtubey, no me caben dudas de que el nuevo Gobierno, cualquiera sea su signo político, va a producir un giro importante en la política exterior de Argentina. La virtual alianza ideológica de los Gobiernos de los Kirchner con el régimen venezolano y el denominado socialismo del siglo XXI desaparecerá y Argentina retomará la línea de política exterior de los Gobiernos de [Carlos] Menem y [Fernando] de la Rúa.” Continuar leyendo →

Evolución de la deuda argentina

Cuando asumió Carlos Menem como Presidente de la Nación, en 1989, la deuda pública ascendía a 92 mil cuatrocientos millones de dólares, de los cuales estaban registrados 63 mil setecientos millones y pendientes de registración otros 28 mil setecientos millones. La deuda por préstamos sindicados con bancos del exterior estaba en default desde 1988, la ejecución de muchas sentencias judiciales en favor de los jubilados había sido suspendida por decreto y existían numerosos juicios de jubilados, proveedores y provincias pendientes de resolución.

Durante el período en que acompañé al Presidente Menem, primero como Canciller y luego como Ministro de Economía, logramos consolidar y refinanciar toda la deuda no registrada (a través del régimen de consolidación de pasivos, ley 23.982) y re-estructurar la deuda que estaba en default (a través del Plan Brady). Conseguimos financiamiento de organismos multilaterales para atender los vencimientos y financiar el déficit fiscal que se produjo desde el año 1995 a causa de la Crisis Tequila. Al cabo de esos siete años, la deuda pública (neta de activos financieros) no aumentó . En realidad, declinó ligeramente. Al final del año 1996, ascendía a 91 mil seiscientos millones de dólares.

Durante esos siete años, la composición de la deuda por tipo de instrumento y prestamista cambió mucho. Aumentó la deuda con los organismos financieros multilaterales, especialmente con el FMI. Este financiamiento se consiguió a tasas bajas de interés, del orden del 4 % anual. Desapareció la deuda por préstamos sindicados (que había sido la fuente de financiamiento de los años 70s y 80s y devengaban intereses del orden del 10% anual) y aparecieron los Bonos Brady, que pagaban una tasa de interés del 6.25 % anual, además de haberse iniciado con una quita en el capital de 35%. Aparecieron los Bocones (bonos de consolidación de deudas previsionales, con proveedores y de regalías hidrocarburíferas) que devengaban un interés semejante al de los Bonos Brady y en 1993 se comenzaron a colocar, en forma lenta, bonos globales y letras externas en distintas monedas y con tasas de interés del orden del 10 % anual. De este tipo de deuda se alcanzó a colocar alrededor de 17 mil quinientos millones de dólares. El monto de intereses pagados por la deuda pública durante 1996 ascendió a 4 mil cien millones de dólares.

Los tres años siguientes de la gestión del presidente Menem, cuando yo ya no estaba en su Gobierno, la deuda pública aumentó de 91 mil seiscientos millones a 111 mil ochocientos millones de dólares. A este aumento contribuyeron varios factores: la fuerte liquidez internacional del año 1997 (los capitales que dejaban de ir a Asia venían a la Argentina porque había superado exitosamente la Crisis Tequila), la competencia entre el presidente Menem y el gobernador Duhalde por la candidatura presidencial del Peronismo y, a partir del segundo semestre de 1998, el aumento del déficit por la recesión que comenzó en ese momento y se extendió hasta 2002. La recesión va siempre acompañada por caídas en la recaudación de impuestos.

En este período, la que más aumentó fue la deuda instrumentada en forma de bonos globales y letras externas. Ella pasó de 17 mil seiscientos millones de dólares a fines de 1996 a 43 mil seiscientos al final del gobierno del presidente Menem. Esta deuda, que pagaba intereses de entre el 10 y el 12 % anual aumentó en 26 mil millones de dólares, seis mil millones de dólares más que el aumento del endeudamiento total. Esto significa que se cancelaron, a su vencimiento, créditos que pagaban tasas de interés más bajas. Por consiguiente, la factura anual de intereses subió mucho, no sólo porque subió la deuda, sino porque se hizo más onerosa. Durante el año 1999, el costo de intereses ascendió a 8 mil doscientos millones, prácticamente el doble que la factura de intereses en 1996.

Durante este mismo período aumentó en alrededor de 15 mil millones de dólares la deuda de las provincias, principalmente con el sistema bancario argentino. Esta deuda se pactó a tasa flotante y con intereses equivalentes a la tasa BADLAR (pagada por los depósitos de más de 1 millón de dólares) mas 7 % anual, a pesar de que estaba garantizada por los recursos de la coparticipación federal de impuestos. Esta deuda nunca se registró como deuda pública nacional, pero constituyó el ingrediente más oneroso y peligroso de todo el proceso de endeudamiento del período de la convertibilidad. Fue el origen de los activos incobrables del sistema bancario que lo llevaron a la insolvencia en el año 2001. Hasta 1996 las provincias no habían podido garantizar deudas con los recursos de la coparticipación federal, porque mientras yo fui Ministro de Economía lo habíamos prohibido por decreto. Lamentablemente este decreto fue derogado a fines de 1996.

Cuando asumió como Presidente de la Nación Fernando De la Rúa, la deuda no sólo era elevada y onerosa, sino que comenzaba a despertar desconfianza entre los tenedores externos. No sólo el candidato presidencial Eduardo Duhalde había comenzado a sugerir una moratoria durante la campaña electoral, sino que la diputada Elisa Carrió, el diputado Mario Cafiero y otros, comenzaron, desde el inicio mismo de la gestión de la Alianza, a la que pertenecían, a hacer denuncias de ilegalidad de la deuda y a pregonar que se debía interrumpir su servicio. El endeudamiento de las provincias comenzó a transformarse en activos cuasi-inmovilizados de los bancos, que para no dejarlos caer en deuda irregular, tenían que otorgar nuevos créditos para que las provincias pudieran afrontar el pago de intereses. Hacia 2001 la tasa que pagaban las provincias sobre alrededor de 20 mil millones de dólares era del 20% anual (BADLAR 13% mas 7% de margen). Eso significaba una factura anual de intereses del orden de los 4 mil millones de dólares.

Para financiar las amortizaciones y pagos de intereses, el gobierno del Presidente De la Rúa recurrió, mientras pudo, al mercado voluntario de bonos, de tal manera que la deuda instrumentada en forma de bonos globales y letras bajo ley extranjera pasó de 47 mil ochocientos millones de dólares a 73 mil trescientos millones al 30 de junio de 2001. Para lograr la ordenada de esta deuda, que había llevado a los tenedores a reclamar tasas de rendimiento extremadamente elevadas, el Gobierno comenzó a buscar el apoyo del FMI y de los organismos internacionales de crédito. Lo hizo a través del denominado ¨Blindaje¨ de fines de 2000 y de las sucesivas renegociaciones y ampliaciones, la última de las cuales se aprobó en agosto de 2001 y estuvo condicionada a la reestructuración ordenada de la deuda con el sector privado. La deuda con los organismos internacionales de crédito, especialmente con el FMI, aumentó de 20 mil trescientos millones de dólares al comienzo de la gestión De la Rúa a 32 mil cuatrocientos millones a diciembre de 2001 y estaban pendientes de desembolso alrededor de 10 mil millones de dólares adicionales que podrían haberse obtenido al final del proceso de re estructuración ordenada de la deuda. Lamentablemente esto último nunca ocurrió debido al golpe institucional de diciembre de 2001.

Durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, la deuda pública nacional aumentó de 111 mil ochocientos millones de dólares a 134 mil setecientos millones, pero con un cambio de composición fundamental: buena parte de ese aumento fue con recursos de los organismos financieros internacionales, por los que se pagaron tasas de interés de entre el 4 y el 7 % anual y, además, con la primera etapa de la re estructuración ordenada de la deuda se logró reducir  la deuda instrumentada en bonos  globales y letras del tesoro a sólo 38 mil 700 millones de dólares. Esta reducción, desde los 73 mil trescientos millones de junio de 2001, se logró gracias a la primera etapa de la reestructuración ordenada de la deuda que permitió transformar una buena proporción de los bonos globales bajo ley extranjera en préstamos garantizados. Estos últimos, además de estar bajo ley nacional, pagaban una tasa máxima de interés del 7 %. En esta primera etapa de la reestructuración ordenada de la deuda, que se lanzó el 1 de noviembre y quedó concluida el 30 de noviembre de 2001, también se logró convertir en préstamos garantizados a toda la deuda de las provincias, con lo que en lo sucesivo éstas iban a pagar 7 % en lugar del 20 % que llegaron a devengar durante 2001.

Cuando se hizo cargo del Gobierno Eduardo Duhalde, en el año nuevo de 2002, estaba preparada para ser lanzada la segunda etapa de la reestructuración ordenada de la deuda que perseguía canjear los bonos globales, letras del tesoro y bonos Brady , todos ellos bajo ley extranjera, que aún circulaban por el mundo por un monto global de 45 mil millones de dólares, por bonos que no devengarían más del 5 % anual de interés y que extenderían todos los plazos de vencimiento en 3 años. Gracias a la primera etapa de este proceso, el Estado contaba con los votos necesarios (para la mayor parte de los bonos globales, especialmente los más onerosos) para imponer clausulas de salida consentida. Estas clausulas tienen la virtud de cambiar la jurisdicción de los bonos que no aceptan entrar en el canje, siempre y cuando se consigan votos  favorables del 66 % de los bonos originariamente emitidos de cada serie. De haberse aplicado esta metodología, no hubieran quedado holdouts, o los que hubieran quedado no tendrían la posibilidad de litigar como buitres.

Lamentablemente, el golpe institucional de 2001 generó el peor de los defaults imaginables: al disponer la pesificación compulsiva de todos los contratos en dólares firmados bajo ley argentina, se le impuso una quita del orden del 66% a los acreedores internos del país: los depositantes en dólares en los bancos locales y los titulares de préstamos garantizados y cualquier otra acreencia bajo ley argentina. Por supuesto, los tenedores de préstamos garantizados pudieron recuperar los bonos originales bajo ley extranjera, que habían entregado a cambio del mutuo que ahora el Estado incumplía. De esta forma se revirtió la reestructuración ordenada y muy beneficiosa que se había concluido el 30 de noviembre anterior. Quedaron entonces, también defaulteados, una cifra mucho mayor a la que había dejado el gobierno de De la Rúa pendiente de re-estructuración.

Esta deuda estuvo en default por más de cuatro años. Durante ese período el país tuvo que hacer un enorme esfuerzo para terminar cancelando la deuda con los organismos internacionales que menos interés le cobraban, emitió bonos en pesos y en dólares bajo ley argentina que terminaron siendo muy caros o defaulteados gradualmente a través de la tergiversación del índice CER, colocó bonos muy onerosos a través del gobierno de Venezuela y terminó reestructurando la deuda defaulteada en 2005 y 2010, con una metodología que creó las condiciones para que prosperaran los reclamos judiciales de los fondos buitres. Como consecuencia, el endeudamiento que tendrá Argentina al final del gobierno de Cristina Kirchner será mucho más gravoso y peligroso que el que tenía al final del Gobierno de De la Rúa.

Al último día de 2013, la deuda pública (neta de activos financieros) ascendía a 231 mil millones de dólares. Es decir, aumentó casi 100 mil millones de dólares en relación con la que existía al final de 2001. Dentro de esta deuda hay componentes muy onerosos y peligrosos: las sentencias incumplidas, tanto las de la justicia argentina en favor de los jubilados como las que consiguieron los fondos buitres, que mientras más se demoran en ser pagadas devengan intereses punitorios, costas y otras contingencias. Además existe el peligro de la aceleración de la deuda instrumentada a través de los bonos reestructurados. Y existe una enorme deuda con el Banco Central, que esta institución tiene que financiar emitiendo LEBACs . Éstas pagan una tasa de interés cada vez más elevada para evitar que la gente siga disparándose hacia el dólar. Gran parte de la deuda en dólares bajo ley argentina ha sido colocada a la par en el ANSES y cuando ésta entidad tiene que salir a venderlos para obtener liquidez, tiene que soportar fuertes descuentos. Esto significa que el Gobierno se está endeudando a tasas en dólares superiores al 14 % anual. Si la administración nacional o las provincias comienzan a emitir bonos a tasa flotante, BADLAR más un margen significativo, como se rumorea, estarán reeditando el mismo fenómeno que entre 1997 y 2001 llevó a la insolvencia al sistema bancario argentino.

Es no sólo incierto e injusto que la Presidenta Cristina Kirchner atribuya el problema de la deuda a los gobiernos que le antecedieron, sino que es sumamente peligroso para el futuro que su Gobierno siga haciendo una administración de la deuda como la que caracterizó a las gestiones de Eduardo Duhalde, Néstos Kirchner y a la suya propia. A finales de 2015, la deuda que ascendió a 231 mil millones de dólares en diciembre de 2013, puede llegar a superar los 270 mil millones de dólares y tener un perfil de vencimientos y un costo de intereses bastante peor que el que tenía la deuda al final de 2001.

Cristina insiste en seguir a contramano

El discurso de Cristina Kirchner sobre el tema de la deuda es un calco del que presenta el periodista y economista Alfredo Zaiat en su libro “Economía a contramano”. Transcribo a continuación las páginas de mi libro “Camino a la Estabilidad” en las que explico las falacias de ese relato.

Es increíble, pero Zaiat demuestra no entender nada sobre cómo funciona el sistema fiscal de un país bien organizado. Sólo así puede atribuir a los economistas ortodoxos, al mismo tiempo, vocación por ajustes fiscales permanentes y apego al creciente endeudamiento público. Es el abc de las finanzas públicas que la deuda pública crece cuando hay déficit fiscal y decrece cuando hay superávit fiscal. El stock de deuda pública, en un determinado momento del tiempo, no es sino la suma algebraica de toda la historia de desequilibrios fiscales del pasado que no fueron financiados con impuesto inflacionario. Esto no requiere de profundos conocimientos económicos, se trata de simple aritmética.

Ya expliqué que una política fiscal expansiva es aquella que logra financiar un déficit fiscal con acceso al crédito público, es decir, con endeudamiento. Y una política fiscal contractiva es la que genera un superávit y permite cancelar deuda. Financiar todo o parte del déficit fiscal con emisión monetaria no es política fiscal sino política monetaria inflacionaria, es la forma de recaudar el impuesto inflacionario que pagan los que más sufren la inflación.

Es rigurosamente cierto que desde siempre, la Argentina ha tenido una tendencia al déficit fiscal muy por arriba de lo que sería recomendable. Se lo puede ver en el gráfico que sigue, que detalla la evolución del gasto público y del déficit fiscal a lo largo de los últimos setenta años. Pero el déficit fiscal fue significativamente más elevado en los períodos 1945-1958 y 1973-1990 que en el último cuarto de siglo. En el primero de estos períodos, el déficit fiscal se financió con inflación y con los ahorros del sistema jubilatorio, prácticamente sin endeudamiento. En el segundo, también se utilizó mucho el impuesto inflacionario, pero los intentos de estabilización requirieron que en algunos años se echara mano también al endeudamiento, especialmente cuando existió fácil acceso al crédito público, como entre 1977 y 1981, mientras el mundo reciclaba los petrodólares.

cavallo 1

Dice Zaiat en la página 249 de su libro:

“El recorrido de la deuda externa argentina tiene rasgos similares a lo largo de toda su historia, desde el primer empréstito otorgado por los ingleses de la Baring Brothers en 1824 hasta el megacanje de deuda diseñado por Domingo Felipe Cavallo en 2001, última estación previa al default. Las características son:”
“-El desvío de fondos obtenidos de los préstamos hacia otros objetivos no previstos al momento de solicitar el crédito externo”
“-La aplicación irregular de los recursos obtenidos”
“-El pago de sobretasas de interés,”
“-Operaciones financieras poco transparentes y corrupción de banqueros y funcionarios.”
“-Definición de cláusulas condicionantes de la política interna por parte de bancos acreedores, primero, y del FMI, después, organismo que actuó como auditor de los acreedores”
“-Ser el canal de alimentación para la especulación financiera y la fuga de capitales.”

“El último ciclo de endeudamiento iniciado con la dictadura militar de 1976 es una referencia ineludible para comprender como participa la deuda en la reestructuración económica y social de un país. También como facilitó la incorporación de la economía nacional en el ciclo de transformación del funcionamiento del capitalismo a nivel global con la desregulación de los sistemas financieros.

“El monto de la deuda pública al final de cada gobierno deja al descubierto el más destructivo ciclo de endeudamiento de la economía argentina.”
“Al final del gobierno de Isabel Perón, en 1976, la deuda pública ascendía a 8 mil millones de dólares; al final de la dictadura militar, en 1983, ascendía a 45 mil millones de dólares; al final del Gobierno del Dr Raúl Alfonsín a 65 mil millones de dólares, al final del gobierno de Carlos Menem, a 122 mil millones de dólares; y al final del gobierno de Fernando de la Rúa a 144 mil millones de dólares.”

Son muchos los errores-o falsedades-que contiene esta cita. Voy a enumerarlas, comenzando por una corrección sobre las cifras de deuda que presenta Zaiat para el final de cada gobierno.

1. La deuda pública, bien medida, al final del gobierno de Raúl Alfonsín no era 65 mil millones sino de 90 mil millones, tal como lo determinaron Melconián y Santángelo en un importante trabajo de investigación publicado en 1996 . La diferencia tiene una clara explicación: durante la suspensión de ejecución de sentencias a favor de los jubilados que dispuso el gobierno en 1987, se acumuló una deuda de 18 mil millones de dólares que se hizo exigible por cientos de miles de sentencias judiciales. Además, las provincias habían ganado juicios por regalías mal calculadas que ascendían a 3 mil millones de dólares y el Tesoro Nacional y las empresas públicas debían a contratistas y proveedores otros 4 mil millones de dólares. La ley de consolidación de pasivos de 1991 permitió transformar esas deudas en bonos previsionales, bonos de regalías hidrocarburíferas y bonos de proveedores, por 28 mil millones de dólares.
Durante el gobierno de Eduardo Duhalde también se acumuló una deuda no registrada del orden de 34 mil millones de dólares, por las compensaciones que se terminaros pagando a los bancos a raíz del efecto sobre sus balances de la pesificación asimétrica y la emisión de los Boden 2012 para compensar a los ahorristas que no se allanaron a la pesificación de sus depósitos y siguieron demandando ante la Justicia. Zaiat sugiere que este endeudamiento es responsabilidad de la convertibilidad, pero la realidad es todo lo contrario. Se produjo por la decisión de Duhalde de pesificar activos y pasivos financieros. Como a la pesificación de depósitos y a las pérdidas de los bancos tuvo finalmente que compensarlas con nueva deuda, el impuesto inflacionario que los tenedores de pesos pagaron durante el año 2002 no fue recolectado por el Estado sino por los grandes deudores, a los que se les pesificaron sus deudas en dólares.
Algo parecido ocurre actualmente. Si uno va a las estadísticas del INDEC encuentra que la deuda pública registrada asciende a 198 mil millones de dólares. Pero no han sido registradas no menos de 30 mil millones con sentencias firmes a favor de los jubilados y acreedores internos y externos. Por consiguiente, la verdadera deuda pública al final de 2013 no es inferior a 228 mil millones de dólares.

Evolución de la deuda

En miles de millones de dólares corrientes

Según Zaiat

Corregida

 Aumento en el período

 No registrada
Perón

8

8
Militar

45

45

                        37
Alfonsín

65

90

                        45

25
Menem

122

122

                        32
De la Rúa

144

144

                        22
Duhalde

179

179

                        35

34
2013

198

                228                         49

 

2. Durante todos los períodos, el endeudamiento fue inferior a la suma de los déficits anuales.

 

Fuentes de financiamiento del déficit fiscal

(En miles de millones de dólares corrientes)
Período

Déficit registrado1

 Déficit real2

 Financiado con endeudamiento3

Financiado con inflación y ahorros privados

Confiscados4
Militar                   55

55

                   37 18
Alfonsín                   30            55                   48 7
Menem                   44            44                   29          15
De la Rúa                   25

25

                   22            3
Duhalde                    1            35                   35            1
Kirchner                   80          110                   49          61

 

Los préstamos se solicitaron y los bonos se emitieron para financiar el déficit fiscal de cada año. La parte del déficit que no se financió con bonos, se financió con inflación. Puede ser muy criticable tanto el nivel como el destino del gasto público, pero una vez que el gasto se produce no hay otra forma de financiarlo que recurriendo al endeudamiento o al impuesto inflacionario.

Puede resultar asombroso que tanto durante el régimen militar como en el gobierno de Alfonsín, a pesar de que la inflación fuera muy alta, se hay podido financiar mucho menos con impuesto inflacionario que durante el período de los Kirchner. Esto se explica porque desde el Rodrigazo en adelante, la gente huyó de los pesos y la base del impuesto, la demanda de dinero en términos reales, fue muy baja. Durante los años del kirchnerismo, hasta prácticamente el año pasado, la fuerte devaluación de 2002 después de 10 años de estabilidad que había aniquilado a las expectativas de inflación, permitió que la demanda de dinero en términos reales se mantuviera alta. Por consiguiente, se cobró más impuesto inflacionario con una tasa de inflación mucho más baja que durante los setenta y ochenta. Pero más importante que ese fenómeno fue la utilización de diversos mecanismos que actuaron como verdadera confiscación de ahorros privados: alteración de los índices de inflación para contener el aumento del CER, confiscación de los ahorros que administraban las AFJPs para sus afiliados y congelamientos de tarifas de servicios públicos, entre otros controles de precios. Esto se agregó a la inflación como financiamiento no genuino del déficit fiscal. Si bien durante el gobierno de Duhalde también se produjo una enorme confiscación de ahorros privados, éstos no sirvieron para financiar el déficit ni evitar el endeudamiento público, sino para transferir riqueza al sector privado endeudado en dólares, que fue el que motorizó la pesificación.

3. Como se desprende del cuadro anterior, el endeudamiento de los noventa tuvo dos orígenes: la consolidación de deudas que se habían devengado en los años de alta inflación e hiperinflación, que recién se reconocieron en 1992 (fundamentalmente la deuda con los jubilados que se pagó con bocones previsionales y la deuda con proveedores que se pagaron con bocones proveedores) y el financiamiento de los déficits fiscales que comenzaron en 1995, con el impacto de la crisis mexicana en la economía argentina. En general, ese endeudamiento fue a tasas razonables. De hecho, en 2001, por la deuda pública nacional que ascendía a 124 mil millones de pesos o dólares, la factura de intereses era de 10 mil millones de pesos o dólares al año (un 8% promedio, que no era una tasa alta para la época).
La que si había alcanzado tasas muy altas era la deuda de las provincias con los bancos locales, pactada a BADLAR más 7% o dólares, en 2001 obligaba a las provincias a pagar intereses por 3 mil quinientos millones de pesos o dólares. Sin duda ese fue un endeudamiento excesivo e inconveniente que se produjo entre 1997 y 1999, mientras Menem y Duhalde competían por la candidatura presidencial del peronismo, y continuó durante el año 2000, porque desde el Banco de la Nación el gobierno de Fernando de la Rúa siguió financiando a las provincias gobernadas en su mayoría por peronistas que también controlaban el Senado. Pero no se puede confundir este desmanejo financiero de las provincias, especialmente de Buenos Aires, con el manejo de la deuda a nivel nacional, que es al que se refiere Zaiat en su libro.

4. No se pagaron sobretasas de interés, al menos durante el gobierno de Menem y durante el primer año del gobierno de De la Rúa. Las tasas fueron altas durante 2001, tanto para los préstamos que habían tomado las provincias con los bancos locales como para las operaciones del megacanje y las letras que hubo que emitir durante ese año, porque el país ya estaba en crisis y aumentaba todos los días el riesgo país. Para bajar esas tasas era necesario plantear una restructuración de la deuda. Ésta recién tuvo inicio el 1° de noviembre de 2001, porque el Congreso Nacional se negó a permitir que el impuesto a las transacciones financieras que había sido introducido para integrar el Fondo de Crédito Público fuera utilizado para garantizar los servicios de la deuda. Algún tipo de garantía era indispensable para lograr una participación total de los acreedores en un canje que exigiera alargamiento de plazos de amortización y reducción de los intereses originalmente pactados.
Ya con la crisis muy agravada, hacia fines de octubre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa estuvo dispuesto a afectar como garantía el Fondo de Crédito Público, por decreto de necesidad y urgencia. Eso permitió lanzar la primera etapa de la reestructuración de la deuda. El primer tramo, que se concluyó el 30 de noviembre de 2001 y abarcó 55 mil millones de dólares, demostró que era factible reducir los intereses y alargar los plazos. Con la transformación de préstamos y bonos en el “préstamo garantizado”, la tasa de interés bajó hasta el 7 % anual, incluso las de todos los préstamos bancarios a las provincias, que hasta ese momento pagaban intereses de más del 20 % y las de los bonos que habían surgido del tan criticado megacanje de mayo de 2001.

5. El endeudamiento público de los 90 se contrató con mecanismos transparentes, cumpliendo con todas las disposiciones de la ley de administración financiera argentina y las normas de los mercados de capitales, tanto de nuestro país como de los otros países del mundo donde se emitieron. No hubo ninguna aplicación irregular de fondos ni cambio de destino y de ninguna manera fue vehículo de especulación financiera y fuga de capitales. Todo lo contrario, los capitales no sólo no se fugaron, sino que entraron en magnitudes que nunca se habían visto en el pasado, ni siquiera en la época de los petrodólares.

Esta columna apareció originalmente en el blog de Domingo Cavallo