Los kirchneristas critican con el argumento de que se abandona la política de desendeudamiento del Gobierno de los Kirchner. Burda mentira. El endeudamiento, bien medido, aumentó durante los Gobiernos de Eduardo Duhalde y de los Kirchner desde alrededor de 140 mil millones de dólares, al final del mandato de Fernando de la Rúa, hasta 250 mil millones en la actualidad. Como porcentaje del producto bruto interno, representa ahora lo mismo que representaba al final del 2001. La única diferencia es que ahora una gran parte del endeudamiento es con acreedores que tienen sentencias a favor, sean de la Justicia argentina o de la Justicia de otros países, por alrededor de 30 mil millones de dólares (15 a 20 mil millones con los jubilados argentinos y entre 10 y 15 mil millones con otros acreedores, incluidos los tenedores de bonos en default).

Sin duda, si el Gobierno de Mauricio Macri emite bonos por 30 mil millones de dólares para saldar esas deudas, no estará aumentando el endeudamiento, sino simplemente sincerando su monto y haciendo que sus tenedores lo sean por voluntad y no por imposición del Gobierno al violar leyes y contratos. Es lo mismo que ocurrió entre 1989 y 1996. Bien medida, la deuda que dejó el Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín ascendía a alrededor de noventa mil millones y al 31 de diciembre de 1996 era todavía de ese mismo monto. Sin embargo, en el ínterin se debieron emitir 26 mil millones de bocones previsionales, para proveedores y por regalías hidrocarburíferas que se adeudaban desde los ochenta y que tenían fallos judiciales definitivos o trámites avanzados ante la Justicia.

Seguir demorando la emisión de deuda para atender estas obligaciones vencidas significa agravar el problema día a día, por acumulación de intereses punitorios y honorarios de abogados. Se trata del mismo negocio absurdo que hizo Néstor Kirchner cuando, para cancelar deuda poco onerosa con el FMI, emitió deuda mucho más cara que colocó a través de la Venezuela de Hugo Chávez. Lejos de resolver un problema, lo agravó.

Pero otras advertencias provienen del campo opuesto al de los kirchneristas. Son los economistas que se autodenominan ortodoxos y que sostienen que no hay que emitir deuda, sino eliminar de cuajo el déficit fiscal. Temen que el financiamiento con deuda del déficit fiscal que no se elimine cree problemas fiscales más graves en el futuro por aumento de la factura de intereses, como ocurrió entre 1996 y 2001. También temen que el endeudamiento traiga demasiados dólares al país que, vendidos en el mercado libre de cambios, provoquen nuevamente una sobrevaluación del peso, con la consiguiente pérdida de competitividad.

Yo he sostenido que los Gobiernos de Macri, el de todos los gobernadores y de todos los intendentes deben hacer los máximos esfuerzos posibles para bajar el gasto público eliminando el despilfarro, la ineficiencia y la corrupción. Pero por experiencia reconozco que se trata de una tarea titánica y muy compleja.

Aun con el máximo entusiasmo, bajar el gasto público a la proporción que tenía en los noventa va a requerir muchos años y no es seguro que sea posible. Por ejemplo, el Gobierno no va a poder bajar las erogaciones previsionales, que ascenderán al 9% del PBI cuando se cumpla con las leyes vigentes. En los noventa representaban 6%  del PBI y se cumplía con las leyes, pero aún no operaba la demagogia de los Kirchner.

Además, las voces que se escuchan de los gobernadores no preanuncian una gran voluntad de ajustar los gastos, a pesar de que en las provincias y los municipios es donde más ha crecido el empleo público, muy por arriba del aumento de la población. Para inducir un manejo fiscal satisfactorio en las provincias y llevarlas también a eliminar impuestos distorsivos, el Gobierno nacional debería limitar la autorización para acudir al endeudamiento externo a un plan claro de reducción de impuestos distorsivos (en especial, ingresos brutos, en las etapas intermedias de producción e impuesto de sellos) y a la verdadera necesidad de dólares para atender obligaciones en el exterior o importar bienes o servicios.

No debería permitirse a las provincias comprometer los recursos de coparticipación federal de impuestos como garantía de endeudamiento alguno. La experiencia del endeudamiento de las provincias con el sistema bancario argentino durante los años 1997 a 2001 debería ser suficiente señal de alerta para no volver a incurrir en el mismo error. La crisis financiera del 2001 no tuvo su origen en un desmanejo fiscal general, sino en el desmanejo fiscal y de la deuda por parte de las provincias. Lo mismo había ocurrido antes de 1995, cuando la deuda provincial con los por entonces todavía no privatizados bancos provinciales ofreció una vulnerabilidad financiera que nos costó la crisis de 1995.

Si por no poder bajar más el gasto público, para cerrar completamente el déficit se tuvieran que mantener o, peor aún, incrementar, los impuestos distorsivos, entonces la recuperación productiva de la Argentina no llegará nunca. En realidad, es imprescindible que el Gobierno elimine impuestos distorsivos, tal como ha comenzado a hacerlo con las retenciones, aun cuando por algunos años esa eliminación pueda significar mantener déficits fiscales.

Por estas razones, sostengo que el nuevo endeudamiento a plazos largos y tasas razonables de interés, que sirva para hacer viable la eliminación de impuestos distorsivos, no va a crear sino que va a ayudar a resolver problemas.

En cuanto a que el endeudamiento en dólares puede llevar a un exceso de entrada de dólares al mercado cambiario y a una sobrevaluación del peso, se trata de un peligro muy fácil de aventar. Hay que limitar el endeudamiento externo, digamos bajo ley extranjera, a los montos que haya que pagar al exterior por vencimientos de capital e intereses en dólares u otras monedas extranjeras, más el gasto público, que, por consistir en importaciones de bienes o servicios, debe ser abonado a proveedores del exterior. En cuanto al endeudamiento externo en el que pueda incurrir el sector privado, hay que dejar que sirva para el abastecimiento fluido de importaciones de insumos y de bienes de capital, o dejar que el sector privado pueda mantener los fondos en el país en cuentas en dólares hasta tanto deban utilizarlos para pagar gastos en el exterior.

La oferta neta de dólares en el mercado único de cambios tiene un componente comercial, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y un componente financiero, el saldo de la entrada y la salida de capitales. Los capitales entran cuando hay confianza y salen cuando hay desconfianza. Crear desconfianza para que no entren dólares, que es lo que ha sucedido en los siete últimos años, al hacer un manejo absurdo de la deuda y del mercado cambiario, es el peor de los negocios para cualquier economía.

Un mercado libre de cambios, con libre movimiento de capitales y con un sistema bimonetario, es la mejor forma de asegurar que el país mantendrá su economía con los equilibrios macroeconómicos que son imprescindibles para lograr estabilidad y crecimiento. En ese sentido, el Gobierno va por buen camino.

Pero ahora, para evitar una tragedia, tanto los griegos como la Troika tienen que evitar que el corralito se transforme en un corralón. Es decir, tienen que evitar que Grecia se vea obligada a transformar compulsivamente depósitos y préstamos bancarios en dracmas. Si ello ocurre, los ahorristas griegos que no lograron sacar sus euros del país o que no tienen sus ahorros en euros billetes, perderán un gran porcentaje de sus depósitos, tal como los perdieron quienes tenían depósitos en dólares en Argentina en enero de 2002, cuando Duhalde decidió pesificar compulsivamente.

Si los griegos y Europa permiten que el corralito se transforme en corralón, los griegos van a sufrir un ajuste fiscal y una caída de los salarios reales mucho mayor a la que se estaba produciendo a causa de la austeridad impuesta por la Troika. Grecia volverá a ser una economía con alta inflación y muy inestable. Además, Europa recuperará poco o nada de los 240 mil millones de euros que Grecia le debe. Es probable que en caso de que el corralito se transforme en corralón, Grecia termine dejando la Unión Europea y entrando en la órbita geopolítica de Rusia.

Ojalá esta terrible perspectiva lleve al gobierno griego y a Europa a evitar que ello ocurra. Las expresiones de la directora del FMI, Christine Lagarde -completamente distintas a las que hizo en  2001 Horst Köhler, el entonces titular del organismo internacional, cuando en Argentina nos vimos obligados por las circunstancias a imponer el corralito- parecen orientadas a ayudar a que exista una salida ordenada del problema de la deuda griega con Europa y que las restricciones a la extracción de euros de los bancos se puedan remover con Grecia siguiendo en la Eurozona y en la Unión Europea. Puede que la triste experiencia Argentina, a pesar de la muy mala interpretación que hacen algunos economistas norteamericanos y locales de las supuestas bondades del corralón, no cometan el trágico error que el gobierno argentino cometió en enero de 2002.

Las perspectivas de estabilidad, recuperación y crecimiento sostenido de Grecia son mucho mejores si evitan que a las restricciones a la extracción de euros le siga la dracmización de la economía Griega. El pueblo griego parece intuir que la reintroducción del dracma no va ayudar sino que provocará una muy injusta redistribución de riqueza y que costará muy caro en términos de la calidad de vida en el país donde nació la democracia. Si se hace el referendum el próximo domingo, apuesto a que la gente votará porque haya una solución ordenada y Grecia continúe en la Eurozona y en la Unión Europea.

No evitarán seguir haciendo austeridad, pero habrán evitado una verdadera tragedia. En caso de errar, “tragedia griega” ya no será un género teatral de la Grecia Antigua sino una dolorosa realidad del país helénico del siglo XXI.

Durante el período en que acompañé al Presidente Menem, primero como Canciller y luego como Ministro de Economía, logramos consolidar y refinanciar toda la deuda no registrada (a través del régimen de consolidación de pasivos, ley 23.982) y re-estructurar la deuda que estaba en default (a través del Plan Brady). Conseguimos financiamiento de organismos multilaterales para atender los vencimientos y financiar el déficit fiscal que se produjo desde el año 1995 a causa de la Crisis Tequila. Al cabo de esos siete años, la deuda pública (neta de activos financieros) no aumentó . En realidad, declinó ligeramente. Al final del año 1996, ascendía a 91 mil seiscientos millones de dólares.

Durante esos siete años, la composición de la deuda por tipo de instrumento y prestamista cambió mucho. Aumentó la deuda con los organismos financieros multilaterales, especialmente con el FMI. Este financiamiento se consiguió a tasas bajas de interés, del orden del 4 % anual. Desapareció la deuda por préstamos sindicados (que había sido la fuente de financiamiento de los años 70s y 80s y devengaban intereses del orden del 10% anual) y aparecieron los Bonos Brady, que pagaban una tasa de interés del 6.25 % anual, además de haberse iniciado con una quita en el capital de 35%. Aparecieron los Bocones (bonos de consolidación de deudas previsionales, con proveedores y de regalías hidrocarburíferas) que devengaban un interés semejante al de los Bonos Brady y en 1993 se comenzaron a colocar, en forma lenta, bonos globales y letras externas en distintas monedas y con tasas de interés del orden del 10 % anual. De este tipo de deuda se alcanzó a colocar alrededor de 17 mil quinientos millones de dólares. El monto de intereses pagados por la deuda pública durante 1996 ascendió a 4 mil cien millones de dólares.

Los tres años siguientes de la gestión del presidente Menem, cuando yo ya no estaba en su Gobierno, la deuda pública aumentó de 91 mil seiscientos millones a 111 mil ochocientos millones de dólares. A este aumento contribuyeron varios factores: la fuerte liquidez internacional del año 1997 (los capitales que dejaban de ir a Asia venían a la Argentina porque había superado exitosamente la Crisis Tequila), la competencia entre el presidente Menem y el gobernador Duhalde por la candidatura presidencial del Peronismo y, a partir del segundo semestre de 1998, el aumento del déficit por la recesión que comenzó en ese momento y se extendió hasta 2002. La recesión va siempre acompañada por caídas en la recaudación de impuestos.

En este período, la que más aumentó fue la deuda instrumentada en forma de bonos globales y letras externas. Ella pasó de 17 mil seiscientos millones de dólares a fines de 1996 a 43 mil seiscientos al final del gobierno del presidente Menem. Esta deuda, que pagaba intereses de entre el 10 y el 12 % anual aumentó en 26 mil millones de dólares, seis mil millones de dólares más que el aumento del endeudamiento total. Esto significa que se cancelaron, a su vencimiento, créditos que pagaban tasas de interés más bajas. Por consiguiente, la factura anual de intereses subió mucho, no sólo porque subió la deuda, sino porque se hizo más onerosa. Durante el año 1999, el costo de intereses ascendió a 8 mil doscientos millones, prácticamente el doble que la factura de intereses en 1996.

Durante este mismo período aumentó en alrededor de 15 mil millones de dólares la deuda de las provincias, principalmente con el sistema bancario argentino. Esta deuda se pactó a tasa flotante y con intereses equivalentes a la tasa BADLAR (pagada por los depósitos de más de 1 millón de dólares) mas 7 % anual, a pesar de que estaba garantizada por los recursos de la coparticipación federal de impuestos. Esta deuda nunca se registró como deuda pública nacional, pero constituyó el ingrediente más oneroso y peligroso de todo el proceso de endeudamiento del período de la convertibilidad. Fue el origen de los activos incobrables del sistema bancario que lo llevaron a la insolvencia en el año 2001. Hasta 1996 las provincias no habían podido garantizar deudas con los recursos de la coparticipación federal, porque mientras yo fui Ministro de Economía lo habíamos prohibido por decreto. Lamentablemente este decreto fue derogado a fines de 1996.

Cuando asumió como Presidente de la Nación Fernando De la Rúa, la deuda no sólo era elevada y onerosa, sino que comenzaba a despertar desconfianza entre los tenedores externos. No sólo el candidato presidencial Eduardo Duhalde había comenzado a sugerir una moratoria durante la campaña electoral, sino que la diputada Elisa Carrió, el diputado Mario Cafiero y otros, comenzaron, desde el inicio mismo de la gestión de la Alianza, a la que pertenecían, a hacer denuncias de ilegalidad de la deuda y a pregonar que se debía interrumpir su servicio. El endeudamiento de las provincias comenzó a transformarse en activos cuasi-inmovilizados de los bancos, que para no dejarlos caer en deuda irregular, tenían que otorgar nuevos créditos para que las provincias pudieran afrontar el pago de intereses. Hacia 2001 la tasa que pagaban las provincias sobre alrededor de 20 mil millones de dólares era del 20% anual (BADLAR 13% mas 7% de margen). Eso significaba una factura anual de intereses del orden de los 4 mil millones de dólares.

Para financiar las amortizaciones y pagos de intereses, el gobierno del Presidente De la Rúa recurrió, mientras pudo, al mercado voluntario de bonos, de tal manera que la deuda instrumentada en forma de bonos globales y letras bajo ley extranjera pasó de 47 mil ochocientos millones de dólares a 73 mil trescientos millones al 30 de junio de 2001. Para lograr la ordenada de esta deuda, que había llevado a los tenedores a reclamar tasas de rendimiento extremadamente elevadas, el Gobierno comenzó a buscar el apoyo del FMI y de los organismos internacionales de crédito. Lo hizo a través del denominado ¨Blindaje¨ de fines de 2000 y de las sucesivas renegociaciones y ampliaciones, la última de las cuales se aprobó en agosto de 2001 y estuvo condicionada a la reestructuración ordenada de la deuda con el sector privado. La deuda con los organismos internacionales de crédito, especialmente con el FMI, aumentó de 20 mil trescientos millones de dólares al comienzo de la gestión De la Rúa a 32 mil cuatrocientos millones a diciembre de 2001 y estaban pendientes de desembolso alrededor de 10 mil millones de dólares adicionales que podrían haberse obtenido al final del proceso de re estructuración ordenada de la deuda. Lamentablemente esto último nunca ocurrió debido al golpe institucional de diciembre de 2001.

Durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, la deuda pública nacional aumentó de 111 mil ochocientos millones de dólares a 134 mil setecientos millones, pero con un cambio de composición fundamental: buena parte de ese aumento fue con recursos de los organismos financieros internacionales, por los que se pagaron tasas de interés de entre el 4 y el 7 % anual y, además, con la primera etapa de la re estructuración ordenada de la deuda se logró reducir  la deuda instrumentada en bonos  globales y letras del tesoro a sólo 38 mil 700 millones de dólares. Esta reducción, desde los 73 mil trescientos millones de junio de 2001, se logró gracias a la primera etapa de la reestructuración ordenada de la deuda que permitió transformar una buena proporción de los bonos globales bajo ley extranjera en préstamos garantizados. Estos últimos, además de estar bajo ley nacional, pagaban una tasa máxima de interés del 7 %. En esta primera etapa de la reestructuración ordenada de la deuda, que se lanzó el 1 de noviembre y quedó concluida el 30 de noviembre de 2001, también se logró convertir en préstamos garantizados a toda la deuda de las provincias, con lo que en lo sucesivo éstas iban a pagar 7 % en lugar del 20 % que llegaron a devengar durante 2001.

Cuando se hizo cargo del Gobierno Eduardo Duhalde, en el año nuevo de 2002, estaba preparada para ser lanzada la segunda etapa de la reestructuración ordenada de la deuda que perseguía canjear los bonos globales, letras del tesoro y bonos Brady , todos ellos bajo ley extranjera, que aún circulaban por el mundo por un monto global de 45 mil millones de dólares, por bonos que no devengarían más del 5 % anual de interés y que extenderían todos los plazos de vencimiento en 3 años. Gracias a la primera etapa de este proceso, el Estado contaba con los votos necesarios (para la mayor parte de los bonos globales, especialmente los más onerosos) para imponer clausulas de salida consentida. Estas clausulas tienen la virtud de cambiar la jurisdicción de los bonos que no aceptan entrar en el canje, siempre y cuando se consigan votos  favorables del 66 % de los bonos originariamente emitidos de cada serie. De haberse aplicado esta metodología, no hubieran quedado holdouts, o los que hubieran quedado no tendrían la posibilidad de litigar como buitres.

Lamentablemente, el golpe institucional de 2001 generó el peor de los defaults imaginables: al disponer la pesificación compulsiva de todos los contratos en dólares firmados bajo ley argentina, se le impuso una quita del orden del 66% a los acreedores internos del país: los depositantes en dólares en los bancos locales y los titulares de préstamos garantizados y cualquier otra acreencia bajo ley argentina. Por supuesto, los tenedores de préstamos garantizados pudieron recuperar los bonos originales bajo ley extranjera, que habían entregado a cambio del mutuo que ahora el Estado incumplía. De esta forma se revirtió la reestructuración ordenada y muy beneficiosa que se había concluido el 30 de noviembre anterior. Quedaron entonces, también defaulteados, una cifra mucho mayor a la que había dejado el gobierno de De la Rúa pendiente de re-estructuración.

Esta deuda estuvo en default por más de cuatro años. Durante ese período el país tuvo que hacer un enorme esfuerzo para terminar cancelando la deuda con los organismos internacionales que menos interés le cobraban, emitió bonos en pesos y en dólares bajo ley argentina que terminaron siendo muy caros o defaulteados gradualmente a través de la tergiversación del índice CER, colocó bonos muy onerosos a través del gobierno de Venezuela y terminó reestructurando la deuda defaulteada en 2005 y 2010, con una metodología que creó las condiciones para que prosperaran los reclamos judiciales de los fondos buitres. Como consecuencia, el endeudamiento que tendrá Argentina al final del gobierno de Cristina Kirchner será mucho más gravoso y peligroso que el que tenía al final del Gobierno de De la Rúa.

Al último día de 2013, la deuda pública (neta de activos financieros) ascendía a 231 mil millones de dólares. Es decir, aumentó casi 100 mil millones de dólares en relación con la que existía al final de 2001. Dentro de esta deuda hay componentes muy onerosos y peligrosos: las sentencias incumplidas, tanto las de la justicia argentina en favor de los jubilados como las que consiguieron los fondos buitres, que mientras más se demoran en ser pagadas devengan intereses punitorios, costas y otras contingencias. Además existe el peligro de la aceleración de la deuda instrumentada a través de los bonos reestructurados. Y existe una enorme deuda con el Banco Central, que esta institución tiene que financiar emitiendo LEBACs . Éstas pagan una tasa de interés cada vez más elevada para evitar que la gente siga disparándose hacia el dólar. Gran parte de la deuda en dólares bajo ley argentina ha sido colocada a la par en el ANSES y cuando ésta entidad tiene que salir a venderlos para obtener liquidez, tiene que soportar fuertes descuentos. Esto significa que el Gobierno se está endeudando a tasas en dólares superiores al 14 % anual. Si la administración nacional o las provincias comienzan a emitir bonos a tasa flotante, BADLAR más un margen significativo, como se rumorea, estarán reeditando el mismo fenómeno que entre 1997 y 2001 llevó a la insolvencia al sistema bancario argentino.

Es no sólo incierto e injusto que la Presidenta Cristina Kirchner atribuya el problema de la deuda a los gobiernos que le antecedieron, sino que es sumamente peligroso para el futuro que su Gobierno siga haciendo una administración de la deuda como la que caracterizó a las gestiones de Eduardo Duhalde, Néstos Kirchner y a la suya propia. A finales de 2015, la deuda que ascendió a 231 mil millones de dólares en diciembre de 2013, puede llegar a superar los 270 mil millones de dólares y tener un perfil de vencimientos y un costo de intereses bastante peor que el que tenía la deuda al final de 2001.