Desde hace mucho tiempo es muy claro que ningún dirigente político serio apoya la política exterior de Cristina. Yo lo señalé en los primeros párrafos del epílogo de mi libro Camino a la estabilidad. Dije entonces:

“A fines de marzo de 2014, cuando estoy terminando de escribir este libro, en la ciudad de Cambridge y he podido seguir desde acá la visita a Estados Unidos de Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa y un grupo grande de políticos que participaron en un seminario en la Universidad de Harvard, incluidos Ernesto Sanz y Juan Manuel Urtubey, no me caben dudas de que el nuevo Gobierno, cualquiera sea su signo político, va a producir un giro importante en la política exterior de Argentina. La virtual alianza ideológica de los Gobiernos de los Kirchner con el régimen venezolano y el denominado socialismo del siglo XXI desaparecerá y Argentina retomará la línea de política exterior de los Gobiernos de [Carlos] Menem y [Fernando] de la Rúa.”
“Será muy importante que Argentina, que en 1998 consiguió ser incluida en el G-20, aproveche esa pertenencia para demostrar que está dispuesta a respetar las reglas de juego que emergen de los tratados internacionales que el país firmó y ratificó y a apoyar un creciente proceso de integración global en el que prevalezca la paz y todas las naciones puedan avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus pueblos.”

Estoy seguro de que Urtubey fue sincero y dijo la verdad cuando habló de política exterior en nombre de Scioli. Lo asombroso es que Cristina no lo haya advertido. En realidad, lo sabe desde hace mucho tiempo. Pero su estrategia, de una perversidad sin límites, es seguir poniendo condicionamientos a Daniel Scioli, a quien dice apoyar, pero dejando en claro que está dispuesta a entregarle el Gobierno, pero no el poder.

Ojalá Scioli, si llega a la Presidencia, comience designando canciller a Juan Manuel Urtubey. Estará enviando una primera señal importante de cambio, tal como lo hizo Menem en 1989, antes incluso de definir con claridad la nueva organización económica y social que impulsaría durante su Presidencia.

Es paradójico, porque quienes hoy denuncian los peligros de una fuerte devaluación son los mismos que desde 2002 en adelante pregonaban la teoría del crecimiento basado en el tipo de cambio real alto y ponderaban la pesificación decidida por Eduardo Duhalde en ese año, que fue la causa de una devaluación mayor al 300 %.

En aquella época parecían no ser conscientes de que el tipo de cambio real alto significaría salarios reales bajos. Puede que ahora hayan aprendido la lección y sinceramente quieran proteger a los salarios en el futuro. Pero lo dudo mucho. Creo que se equivocan, porque no entienden el funcionamiento de la economía argentina y no han reflexionado suficientemente sobre su historia.

No caben dudas de que las exportaciones han perdido competitividad y de que hay fuertes síntomas de atraso cambiario en el mercado oficial. A pesar de que los índices de tipo de cambio real dan cuenta de que este está en un nivel semejante al del año 2001, la pérdida de competitividad de las exportaciones es mayor a la que existía en aquel año. La evolución de las exportaciones, tanto en valor como en volumen, lo demuestran: A lo largo de 2001 las exportaciones crecieron 1 %. En lo que va del año 2015, comparado con los mismos meses del 2014, las exportaciones cayeron 17 %. La evolución de los precios de exportación no fue más desfavorable en 2001 de lo que fue en los últimos 12 meses.

Una extrapolación poco informada podría llevar a la conclusión de que ahora, para recuperar la competitividad de las exportaciones a través de la libre flotación del peso en un mercado único de cambios, será necesaria una devaluación de más del 300 %, como la que se produjo en 2002. Esta es una conclusión errónea.

En 2001 era opinión generalizada que para recuperar la competitividad de las exportaciones se necesitaba una devaluación del peso no mayor al 40 % y si la devaluación se hubiera decidido disponiendo la flotación del peso sin pesificación de depósitos y préstamos en dólares, el tipo de cambio nominal hubiera subido probablemente a no más de 1,4 pesos, sobre todo si la libre flotación se disponía luego de concluida la reestructuración ordenada de la deuda. Esa devaluación no hubiera tenido un impacto inflacionario significativo, por lo que el tipo de cambio real hubiera aumentado en la misma magnitud.

Lamentablemente, la libre flotación del peso se dispuso luego de haberse dictado la pesificación forzosa de todos los contratos en dólares. Esa medida significó más que cuadruplicar la cantidad de pesos en circulación y, por consiguiente, el tipo de cambio nominal saltó a más de 3 pesos por dólar, lo que provocó una caída estrepitosa de los salarios reales, un aumento la desocupación y llevó a niveles extremos los índices de pobreza, que ya eran muy altos a fines del 2001, pero escalaron a niveles catastróficos en los meses siguientes.

Mirando la situación actual, la recuperación de la competitividad de las exportaciones no requerirá una devaluación monetaria nominal muy superior al 40 % en el mercado oficial, si es que se hace decidiendo la flotación del peso en un mercado libre y único de cambios. Es decir, si se hace eliminando de entrada el cepo cambiario, corrigiendo el sesgo antiexportador de la estructura impositiva y anunciando un plan consistente de estabilización macroeconómica. De hecho, una devaluación del peso en el mercado oficial de esta magnitud significaría al mismo tiempo una apreciación del orden del 20 % en el mercado paralelo, dado que hoy la brecha cambiaria se ubica en alrededor de 60 %.

Claro que si se hacen las cosas mal, la devaluación, a lo largo del año 2016, puede llegar a ser tan grande como lo fue en el año 2002.

Hacer las cosas mal significa mantener el cepo y dejar que siga operando el mercado paralelo como un mercado ilegal, seguir cobrando los impuestos que desalientan las exportaciones y pretender ajustar el tipo de cambio nominal en el mercado oficial al 2 % o 3 % mensual. Mientras tanto se sigue emitiendo mucho dinero para financiar un déficit fiscal que no logra ni reducirse ni financiarse con endeudamiento a tasas moderadas. Si se sigue este camino, lo más probable es que la brecha cambiaria aumente aún más, no se corrija la pérdida de competitividad de las exportaciones, sigan sin entrar capitales y finalmente se terminen las reservas líquidas del Banco Central. En ese caso, el Gobierno se verá obligado a decidir una fuerte devaluación, que correrá el riesgo de transformarse en un Rodrigazo, igual al de junio de 1975.

Seguramente los optimistas sostendrán que en el peor de los casos esta devaluación extrema no provocará una explosión inflacionaria, argumentando que no la produjo en 2002. La gran diferencia es que en 2002 la economía venía de un fuerte proceso de capitalización, existía mucha desocupación tanto de mano de obra como de capacidad instalada; no se arrastraba atraso tarifario alguno y el déficit fiscal tenía como único origen el pago de altas tasas de interés sobre la deuda. Hoy la economía no tiene capacidad instalada subutilizada, sino que enfrenta cuellos de botella por falta de inversión, no existe fuerte desocupación, al menos por el momento, las tarifas de servicios públicos están muy desactualizadas y el déficit fiscal es enorme, aún sin contar el pago de intereses sobre la deuda. Es decir, la situación se parece mucho más a la de principios de 1975 que a la de fines del 2001.

Quienes sostienen que no debe eliminarse el cepo cambiario y, por el contrario, se deben mantener las políticas actuales con pequeños cambios graduales en el tipo de cambio y en otros precios relativos, sin cambios significativos en las políticas monetaria y fiscal, lejos de garantizarle al próximo presidente que se evitará un deterioro de los salarios reales, le están dando un pésimo asesoramiento que hará que su Gobierno sufra un desgaste extremo antes de la elección de medio término en 2017 y el país asista a un agravamiento trágico de la situación de pobreza de los argentinos.