La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desató la polémica al modificar el sistema de calificaciones de la escuela primaria y retomar los aplazos, cuya eliminación se había hecho pública insólitamente el 11 de septiembre de 2014. Resaltó, además, que el 18 y 19 de octubre se realizarán evaluaciones de lengua y matemática a setecientos mil alumnos, alrededor de un tercio de los matriculados en las escuelas primarias y secundarias del ámbito público y privado en la provincia. Las evaluaciones serán anónimas, lo cual permitirá saber el nivel de conocimiento promedio de cada escuela, preservando la privacidad de los alumnos.

La medida no puede ser más auspiciosa, como bien señala la gobernadora: “Es necesario evaluar para saber qué tenemos que mejorar”. Es claro que no puede tener más razón. Sin embargo, también remarcó: “Para mí, como mamá, la evaluación es orientadora, porque me permite saber cómo está mi hijo en relación con lo que se enseña”, lo cual no es posible en virtud del artículo 97, de la ley 26206 de educación nacional, sancionada en 2006. El mencionado artículo establece: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

¿Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos? Continuar leyendo →