La medida no puede ser más auspiciosa, como bien señala la gobernadora: “Es necesario evaluar para saber qué tenemos que mejorar”. Es claro que no puede tener más razón. Sin embargo, también remarcó: “Para mí, como mamá, la evaluación es orientadora, porque me permite saber cómo está mi hijo en relación con lo que se enseña”, lo cual no es posible en virtud del artículo 97, de la ley 26206 de educación nacional, sancionada en 2006. El mencionado artículo establece: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

¿Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos?

Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren. Por supuesto, también priva de información valiosa a la hora de decidir a qué escuela enviar a sus hijos a aquellos padres para quienes sus posibilidades económicas no convierten a la educación pública en la única alternativa factible, lo que la transforma en un virtual monopolio, con todos los costos que ello implica.

No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin el apoyo y la participación activa de los padres, muchos de los cuales tienen en su imaginario la fantasía de que la educación argentina se encuentra en crisis, pero que la educación que reciben sus hijos en el colegio al cual concurren es adecuada.

Por eso la revolución educativa debe comenzar en el Congreso, no en las aulas. Muchos maestros son tan víctimas del sistema como los alumnos y arriesgan hasta su integridad física para educar a nuestros hijos. Modificar el artículo 97 de la ley 26206 es imprescindible. Los padres se deben enterar.

Restringir el acceso a los resultados de evaluaciones educativas obliga a creer ciegamente en la capacidad y la buena fe de aquellos encargados, circunstancialmente, de dirigir la política del sector. ¿No es esto más costoso que la posibilidad de cualquier estigmatización? La realidad educativa provista por la última década es prueba fehaciente de ello.

¿Cuáles son dichos ejes? Como sintetiza Infobae en su edición del 12 de febrero pasado, acompañando la transcripción completa del documento firmado en Purmamarca: “Entre los puntos salientes se encuentra la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad; el desafío de incorporar progresivamente la jornada extendida a través de actividades escolares, artísticas y deportivas; y el compromiso de crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, cuyo propósito será promover los procesos de evaluación a nivel nacional y obtener datos precisos que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes”.

Es claro que cada uno de estos ejes habría de mejorar nuestra realidad educativa, no tengo duda alguna de ello. Pero de ninguna manera constituyen la revolución educativa que nuestro país requiere, sino una evolución hacia una mejor educación, adecuada para un país que enfrenta una situación mucho menos crítica que la que sufrimos.

El diccionario de la Real Academia Española define el término revolución como ‘un cambio rápido y profundo en cualquier cosa’. Las medidas propuestas no producirán un cambio rápido y profundo en nuestra realidad educativa, sino una mejora demasiado gradual para, en palabras de nuestro Presidente, “insertar a la Argentina en el siglo XXI”.

¿Qué entiendo por una revolución educativa? Muchos son los posibles ejemplos. Enfrentar la deserción en el secundario y en la universidad con realismo, no sólo con buenas intenciones. Admitir que millones de jóvenes que no estudian ni trabajan son recuperables, si buscamos esquemas educativos que contemplen sus necesidades y realidades de vida. Reincorporar a la sociedad productiva a millones de personas que subsisten basándose en planes sociales, mediante su educación y el entrenamiento profesional. Devolverles a los padres el poder que nunca debieron perder sobre la educación de sus hijos, ¿quiénes sino ellos deberían ser los más estrictos fiscalizadores de una educación de excelencia? Enfrentar a los sindicatos docentes, los más férreos defensores del statu quo; sin hacerlo, ninguna revolución educativa es imaginable. Proveer educación de calidad a los niños de las familias económicamente más desfavorecidas, demostrando que todo niño puede aprender (pero para ello es necesario terminar con la doble moral argentina).

Desarrollar cada uno de estos ejemplos constituye una nota en sí mismo. Por ello, cerraré esta breve columna ilustrando el último de ellos, dada la facilidad de hacerlo y el hecho de que, mediante una adecuada difusión, habría de contar con el apoyo social indispensable para contrarrestar la oposición de los sindicatos docentes.

En Uruguay existe una legislación que facilita el funcionamiento de escuelas privadas, pero gratuitas, en barrios profundamente carenciados. Esta permite el financiamiento de escuelas como el liceo de la Iglesia Católica Jubilar y el liceo laico Impulso. Ambos, centros educativos gratuitos de gestión privada que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, que alcanzan rendimientos académicos comparables con las mejores escuelas del país.

Su financiamiento es factible, como señala la página web del liceo Impulso, pues, dada la legislación impositiva, “las empresas donan cien pesos y el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta”.

A modo de anécdota, el principal diario de Montevideo, El País, señala: “Uno de los primeros aportantes del liceo Jubilar fue el papa Francisco, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires”.

¿Cuál es el costo político de una legislación de estas características? ¿A quién perjudicaría? La evidencia uruguaya nos provee la respuesta, la oposición del sindicato docente es abierta y la disputa en el Congreso, intensa.

Pero cabe preguntarse, como a mediados del año pasado lo hizo el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, en una entrevista televisiva en defensa de este tipo de instituciones: “¿Dónde mandarían a estudiar a sus hijos los políticos?”. Cuando el periodista le respondió que seguramente a escuelas privadas, el cardenal se preguntó: “Si fuera así, ¿por qué no les dan a los pobres lo que les dan ellos a sus hijos?”.

La ilustración es contundente, una legislación como la del país vecino facilitaría la educación de aquellos niños que menos tienen y, por ende, más necesitan. ¿Qué mejor ejemplo de justicia social?

Una legislación como la uruguaya podría constituirse en el puntapié inicial para una verdadera revolución educativa en la cual el Estado y la sociedad civil se complementen para cambiar una realidad educativa que ensombrece el futuro de nuestro país, en un mundo en el cual el capital humano tiene cada vez mayor importancia.

Una revolución educativa es factible e indispensable, pero para ello es necesario que la sociedad internalice la emergencia educativa que enfrentamos, mucho peor que la emergencia energética o la de cualquier otra área que el Gobierno considere adecuado declarar en estado de emergencia.

Una revolución educativa es factible e indispensable, pero la Declaración de Purmamarca constituye un paso gradual hacia una mejor educación en un país normal. La Argentina hoy no lo es y por ello la declaración es insuficiente para dar inicio a la revolución educativa que deseo que se encuentre en los sueños del Presidente y que podría constituir el comienzo de una Argentina muy distinta a la que hoy nos toca vivir.

Por años la coalición de izquierda del Frente Amplio se ha opuesto a un sistema educativo que permita a los padres elegir la escuela a la que concurrirán sus hijos, independientemente de sus posibilidades económicas, argumentando que el mismo subvencionaría la educación privada en perjuicio de la educación pública.

El pasado 21 de octubre Tabaré Vázquez resaltó en una entrevista la posibilidad de otorgar vouchers a estudiantes para asistir a instituciones privadas. Afirmó que accederían al beneficio quienes quieran y lo merezcan, tras una evaluación del Ministerio de Educación. Aclaró que no había una cantidad estimada de beneficiarios.

Tabaré inmediatamente se encontró bajo fuego amigo. El sindicato docente no tardó en oponerse, igual recepción encontró dentro de su partido. Mientras tanto, su candidato a vicepresidente, Raúl Sendic, intentaba calmar las aguas al afirmar que “el voucher es una herramienta transitoria que permitirá mantener una cobertura donde la infraestructura de la educación pública no está desarrollada, pero la gran apuesta es a la educación pública”.

Por su parte, la oposición presentaba una foto tan confusa como el oficialismo. El candidato a la vicepresidencia del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, acusó a Tabaré de proponer un modelo neoliberal: “Vázquez ha confesado que quiere privatizar la educación pública, a la chilena, porque eso significa el sistema de bonos o vouchers. Nosotros vamos a defender la educación pública, no como Vázquez y el Frente Amplio que [casi] renuncia a ella, apostando a agrandar la brecha entre lo privado y lo público”.

Sin embargo, como señala el senador por el Partido Nacional, Gustavo Penadés,  la propuesta de Tabaré “es una vieja idea del Partido Nacional de las campañas de 1994 y 1999”. Es más, no es necesario siquiera remontarse a los 90 para encontrarla entre las propuestas de dicho partido. En la pasada campaña de 2009 su referente en educación había declarado que “para revertir la desigualdad de la educación pública uruguaya se debía recurrir a los vouchers” y este año el asesor del candidato a presidente Luis Lacalle Pou, Juan Dubra, defendió el modelo chileno de vouchers, resaltando que “este es otro ejemplo de una política efectiva en educación, que Uruguay ha decidido ignorar”. 

Frente a la magnitud de la disputa interna, Lacalle twitteó que “la versión de  Jorge Larrañaga sobre los vouchers es la que sostiene el Partido Nacional y su equipo de educación”.

Por su parte, Tabaré, bajo fuego cruzado con una oposición que prefiere olvidar que alguna vez propuso la misma idea, el sindicato docente y su propio partido, aclaró en una nueva entrevista del 23 de octubre que su propuesta será aplicada en no más de 30 casos excepcionales, dado que el principal compromiso del Frente Amplio es fortalecer la educación pública a la cual “le da preferencia absoluta”.

¡Treinta niños! A tres días de una elección presidencial, Tabaré Vázquez debió dedicar su tiempo a explicar que su comentario sobre los vouchers estaba dirigido, como mucho, a 30 niños ¡Un absurdo!

¿Qué mejor ilustración del término tabú que la mención de los vouchers educativos? ¿Será por ello que nos resulta tan difícil escuchar en nuestro país a un político que se atreva a proponerlos?