El beneficio de inventario es una institución del Derecho Civil, específicamente en materia de sucesiones, en virtud de la cual los herederos tienen el derecho de responder por las deudas del causante, sólo hasta el monto de los bienes que integran la sucesión. En virtud de este mecanismo la aceptación de la herencia por parte de los herederos queda supeditada a la realización de un inventario de los bienes del causante y de las deudas que ha dejado, para limitar su responsabilidad por las mismas hasta el valor que alcancen aquellos.
En materia de sucesión política, es decir cuando asume un nuevo gobierno, no existe el beneficio de inventario, razón por la cual el gobierno sucesor tiene que hacerse cargo de la administración del país con todas las deudas y obligaciones que vienen del gobierno anterior y de los que le precedieron, sin ningún tipo de reserva ni limitación, salvo por supuesto las que fueron contraídas violando las leyes nacionales.
Estas son las condiciones en que asumió el nuevo Gobierno el 10 de diciembre, al igual que lo vienen haciendo las anteriores administraciones, debiéndose ajustar al principio de que el Estado sigue siendo el mismo, cualquiera sea la ideología política del gobierno de turno. Es decir que prevalece el principio elemental de la continuidad jurídica del Estado.
Aunque estas opiniones pueden parecer elementales, resultan necesarias frente a la prédica reiterada de la ex Presidenta cuando en sus interminables monólogos, generalmente en cadena nacional, proclamaba como una epopeya el supuesto “desendeudamiento del país” encargándose de destacar que se trataba de una deuda no contraída por su gobierno.
Sin perjuicio de la inexistencia del beneficio de inventario, sería conveniente que el Gobierno recién asumido, establezca en forma clara, precisa y fundada, en qué condiciones recibe el país, realizando un inventario, balance y auditorías de todas las áreas de la administración pública para que se determinen las responsabilidades correspondientes. La necesidad de estas medidas se torna más imperiosa, si se tiene en cuenta que los que gobernaron el país entre 2003 y el 9 de diciembre de 2015 destruyeron el sistema de estadísticas oficiales y establecieron la mentira y la falsedad como un modo sistemático de engañar a la opinión pública, cuando no ocultaron maliciosamente la publicación de algunos índices, como el de la pobreza e indigencia por ejemplo.
Los integrantes del nuevo Gobierno en todas sus áreas deben tomar conciencia de que si no realizan un detalle serio y preciso del estado en que recibieron el país y lo da a conocer públicamente, se los hará responsables en el futuro de las consecuencias dañinas producidas y por producirse a raíz de las gravísimas irregularidades, desatinos y mala praxis cometidas por el gobierno kirchnerista.
Sería largo de enumerar el conjunto de datos revelador del estado real del país al 9 de diciembre de 2015, pero a título de ejemplo considero necesario que se conozcan por lo menos los datos referidos a: reservas netas del Banco Central y monto del dinero circulante; deuda pública externa e interna del Estado Nacional y de las Provincias; índices reales de pobreza, indigencia, desocupación y de trabajo informal; incremento de empleados públicos desde 2003; producción de petróleo, gas y energía eléctrica y su evolución desde 2003; monto anual de lo gastado en la importación de gas y otros combustibles desde 2003; monto total de lo gastado en publicidad oficial desde 2003, con indicación de los medios, programas y periodistas beneficiados; determinación del destino de los fondos confiscados a las AFJP y deuda del Estado con ANSES; cantidad total de recursos ingresados al país por retenciones e impuestos a las exportaciones desde 2003; índice de la presión tributaria y cantidades recaudadas, año por año, desde el 2003.
Por cierto que existe mucha otra información de importancia que debe integrar el inventario y balance y que seguramente se podrá ir conociendo cuando las autoridades recién asumidas puedan realizar las auditorías e investigaciones pertinentes.
Considero que una magnífica oportunidad para hacerlo será en ocasión del discurso que dará el Presidente Mauricio Macri al hacer la apertura de sesiones del Congreso ante la Asamblea Legislativa el próximo el 1° de marzo de 2016, en el que, según lo exige el artículo 99 inciso 8° de la Constitución, debe dar cuenta del estado de la Nación.