Según datos del BCRA, con un tipo de cambio nominal en torno a los 14 pesos, el valor real de la divisa volvió a niveles de finales del año pasado, con lo que perdió casi la mitad de la competitividad ganada en diciembre.

¿Por qué ocurre esto? Son varios los factores que explican este escenario, y hay que analizar sus tendencias para determinar si el atraso cambiario se consolida, o es sólo una cuestión transitoria:

1)     La inflación continúa en ascenso luego de la unificación cambiaria y el ajuste de tarifas, o del “reacomodamiento de precios relativos”, como lo denominan desde el Gobierno.

2)     El incremento de la oferta de divisas luego de la salida del default, con una demanda menos dinámica.

3)     Las altas tasas de interés hacen más atractivos los activos nominados en pesos, lo que ameseta la demanda de dólares.

Los factores 2 y 3 determinan el descenso del tipo de cambio nominal. El excedente de dólares, explicado por su sobreoferta y la escasa demanda, debido a que las carteras se están pesificando por los altos rendimientos convalidados por el BCRA, llevó al dólar a valores de enero. En tanto, el factor 1 presiona aún más sobre el tipo de cambio medido en términos reales.

No obstante, todos estos factores son transitorios. En primer lugar, el BCRA se encuentra bajando la tasa de interés que paga por la Lebac a 35 días, la cual actúa como referencia, debido a que el dólar se encuentra “quieto” y la inflación “núcleo” (excluidos los incrementos que se dan una sola vez, ligados al aumento de tarifas) se está desacelerando. De esta forma, el tipo de cambio real, con precios subiendo más despacio, tendrá menos margen de apreciación.

Por otra parte, el ingreso de divisas es estacional, debido al excedente generado por el sector externo y la entrada por cuenta capital comenzará a disminuir en los próximos meses. Asimismo, la reducción de la tasa de interés comenzará, en algún momento, a presionar sobre la demanda de divisas (debido a que los agentes volverán a dolarizar sus carteras por los menores rendimientos en pesos), por lo que el tipo de cambio nominal retomará su tendencia alcista.

En este escenario, entonces, se espera un dólar “barato” hasta julio-agosto, el cual luego comenzará a subir, en línea con el resto de los precios. En tanto, una menor inflación contribuirá a detener el deterioro del poder de compra del tipo de cambio.

El nuevo Gobierno ha generado sentimientos encontrados en la población. Por ambos lados encontramos personas, sectores, que alaban y critican distintas aristas de una misma medida de la administración entrante. Es decir, las decisiones económicas del Gobierno de Mauricio Macri han puesto sobre la mesa la discusión sobre qué intereses deben ser atendidos primordialmente. En ese sentido, ¿deben solucionarse primero las cuestiones más micro, las que tienen un impacto inmediato en la población o deben mejorarse las condiciones macroeconómicas —alivianar la presión fiscal, establecer reglas de juego claras, etcétera— para que las empresas recuperen su nivel de actividad y así pueden trasladar su bonanza al resto de la comunidad?

Ahora bien, es interesante ver, no lo que ha ocurrido precisamente en estos meses de nuevo Gobierno, sino adentrarnos, aunque sea subrepticiamente, en lo que ha sido la gestión de la anterior administración, que, quiérase o no, ha planteado las condiciones a las que debe atenerse en el corto y mediano plazo la nueva administración. A tal efecto, un punto crucial es el atinente a los servicios públicos, más que nada cuando hoy en día el sinceramiento de las tarifas ha más que contribuido a la espiralización de la inflación.

De este modo, para el presente análisis debemos partir de los siguientes presupuestos —algunos generalizables para todos los países y otros propios del medio local, frutos de nuestra idiosincrasia:

(i)            inelasticidad de demanda de los servicios públicos,

(ii)           política de subsidios,

(iii)          inflación,

(iv)         transferencia de ingresos al resto de los sectores económicos.

Es decir, estos cuatro conceptos se encuentran íntimamente relacionados y confluyen para alimentarse recíprocamente —a tal efecto se podría sumar como un quinto elemento el gasto público, que naturalmente lo ubicaríamos entre la política de subsidios y la inflación.

Volviendo a lo anterior, partimos de la base de que los servicios públicos, a diferencia de la mayoría de los bienes y servicios del resto de la economía, tienen una demanda mayormente inelástica. Es decir, la magnitud de su demanda no responde en el mismo orden en que se altera su precio. Ello lo decimos porque se trata de servicios, por qué no, esenciales para la comunidad, razón por la cual su utilización tiene en cierta medida prevalencia sobre el resto de los servicios existentes en el mercado.

En otras palabras, al ser esenciales para atender necesidades básicas de la sociedad, su aprovechamiento será privilegiado frente a otros bienes y servicios que atiendan necesidades superfluas o no tan indispensables. Y en ese sentido, al tratarse de bienes y servicios cuyo consumo tiene un nivel de saciedad más determinado, o mejor delimitado, no existe, en consecuencia, una tendencia a aumentar considerablemente su consumo en caso de una disminución considerable del precio —tal vez pueda haber despilfarro en caso de que el precio sea irrisorio, pero nadie va a consumir realmente más porque en definitiva el despilfarro no es consumo.

Siguiendo con ello, es necesario ahora tratar el segundo y tercer ítem mencionados —política de subsidios e inflación— de manera conjunta, dado que su interrelación es la que explica, y justifica, a la primera de ellas. La inflación, aumento generalizado de los precios, ha sido la constante y gran preocupación de los últimos años, tanto del Gobierno como de los contribuyentes. Naturalmente, uno de los paliativos empleados por la administración anterior ha sido la política de subsidios sobre aquellos servicios esenciales utilizados por el contribuyente, por el ciudadano de a pie, léase: agua, luz, transporte, etcétera. En ese sentido, si bien bajo este sistema quien recibe el servicio pagará un precio que no permite la rentabilidad per se del servicio, el humor social no se desmadrará. Ahora bien, no obstante el anclaje de las tarifas, observamos que la inflación en ningún momento ha detenido su curso, lo cual nos lleva al cuarto punto: transferencia de ingresos al resto de los sectores económicos.

Cuando el Gobierno fija el precio de los servicios públicos mediante el congelamiento de tarifas, lo que está provocando es que la participación del gasto en dichos servicios sobre el gasto total de cada persona se vaya reduciendo, lo cual genera como contrapartida una mayor asignación de recursos económicos al resto de los bienes y servicios cuyos precios no están fijados.

A su vez, hay que tener presente que la inflación va paralelamente erosionando la capacidad de ahorro de las personas, quienes, al ver lo insuficiente de su excedente para poseer el bien de capital arquetípico del ahorrista —la casa propia—, deciden volcar ese saldo a consumo. Dado la inelasticidad de la demanda de los servicios públicos, ese consumo inexorablemente caerá en la demanda del resto de los bienes y servicios de la economía. Es decir, el congelamiento de precios de un sector determinado de la economía en el marco de un consumo artificialmente alto, fomentado por la expansión del gasto público y el desincentivo, o práctica eliminación, de la capacidad de ahorro, nos conduce principalmente a dos efectos, entre otros:

(i)            en términos de precios, un fuerte aumento de precios en los sectores que se encuentran cartelizados,

(ii)           en términos de demanda, crecimiento considerable de la demanda de bienes y servicios recreativos o de lujo.

Con respecto al primer punto, es moneda corriente escuchar la queja, tanto de productores como de consumidores, quienes, atomizados, se encuentran a merced de las grandes cadenas. Estas, atentas a la falta de competencia, propenden a la utilización de prácticas abusivas. Mientras que respecto al segundo, es también dable observar la expansión del consumo hacia rubros no tan difundidos hasta hace unos años a nivel local, como lo es principalmente el turismo.

A modo de conclusión, lo que hemos observado en nuestro país a lo largo de los últimos años ha sido la ineficacia de la política de subsidios a los servicios públicos como lastre para el aumento generalizado de precios. Es que, en definitiva, cuando se congelan los precios de dichos rubros, se mantiene el nivel de ingresos de la sociedad y la capacidad de ahorro a la baja, se está de alguna manera habilitando mayores partidas presupuestarias para el resto de los sectores de la economía. Al no operar en situación de competencia, estos encuentran mayores incentivos en incrementar sus ingresos vía aumento de precios que vía aumento de demanda, lo cual se traduce inexorablemente en inflación.

En otras palabras, tal vez si se hubiese producido hace muchos años el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos, cuya demanda, como hemos dicho, es prácticamente inelástica, ello hubiera contraído el consumo artificialmente alto y se hubiera contenido el aumento generalizado de precios.

El simple hecho de contar con un programa que permita que conozcamos los objetivos del ente emisor constituye un paso fundamental. La principal importancia radica en el anclaje de las expectativas inflacionarias: sabiendo que el Banco Central cumplirá su objetivo principal de mantener estable el valor de la moneda, mencionado en el artículo tercero de su Carta Orgánica, las expectativas se “irán acomodando” a lo planteado en el plan, de acuerdo con el manejo de la política monetaria, la cual se llevará a cabo a través del establecimiento de un corredor de pases activos y pasivos y de la tasa de interés de Lebac a 35 días.

En un esquema como el descrito, la cantidad de dinero es una variable endógena, y se vuelve exógeno el tipo de cambio, principal variable “manejada” por la gestión anterior, ya que en la administración actual las intervenciones en el mercado de cambio son ocasionales y la experiencia reciente muestra que en la actualidad para estabilizar el valor de tipo de cambio es más efectiva la suba de tasas de interés que la compra o la venta de divisas.

Sin embargo, no es momento de pensar que el problema de la inflación se va a solucionar de un día para el otro, por el simple hecho de que el Banco Central tenga un plan para combatirla, ya que es un fenómeno multicausal: el mismo ente emisor plantea en su programa que si bien la inflación estimada inicialmente para este año debería ubicarse entre el 20%-25%, según estimaciones de Census Economics, es más factible que se ubique en el rango 31,8-33,4 por ciento. Y probablemente, el próximo año también se encuentre en torno al 19,9%, por encima de la meta de 12%-17 por ciento.

Asimismo, es importante destacar que si bien la inflación medida a través del IPC en los últimos meses se encuentra en niveles altos, parte importante de estas alzas se debe al reacomodamiento de precios relativos que se está realizando en la economía (quita de subsidios y ajustes de tarifas de servicios públicos, unificación cambiaria). Por lo tanto, no son subas de precios que se va a mantener en el tiempo, tal como se define a la inflación, sino que son incrementos que se dan una sola vez. Por este motivo, desde el Gobierno dan por descontado que en los próximos meses la inflación comenzará a descender (sin descontar, por supuesto, que parte de la reducción de la inflación puede explicarse por una caída en el nivel de actividad de algunos sectores).

Por otra parte, no podemos pretender que en poco más de cuatro meses se solucionen las distorsiones micro y macroeconómicas acumuladas durante muchos años. Esto es sólo el comienzo, sin embargo —por ahora— parece ir en el sentido correcto.

El BCRA ha dejado muy clara su posición de no convalidar un dólar en torno a los 16 pesos para evitar una mayor presión sobre el nivel de precios de la economía, y la utilización de todas las herramientas de política monetaria a su alcance han generado no sólo una caída en la cotización de la divisa norteamericana, sino también un cambio en las expectativas de los agentes.

El principal error del BCRA fue creer que el mercado de divisas se había estabilizado rápidamente, luego de la salida del cepo cambiario. Redujo muy rápido la tasa de interés de Lebac de corto plazo y, aunque continuó absorbiendo el excedente de pesos, los menores rendimientos de los activos nominados en pesos generaron que parte importante del dinero en circulación se volcara al mercado de cambios y presionara sobre el dólar, hasta llevarlo a niveles que el Gobierno parece no estar dispuesto a aceptar.

Si bien por el momento la estrategia de Federico Sturzenegger y su equipo ha sido exitosa para hacer retroceder la cotización del dólar, hay que estar atentos: la creciente emisión de Lebac de corto plazo, con un alto rendimiento hace que todos los meses el BCRA tenga que renovar los papeles o emitir más pesos; ambos con efectos negativos para la economía en el mediano plazo.

Por un lado, la mayor emisión de letras incrementa el déficit cuasifiscal (diferencia entre el cobro y el pago de intereses): es el rojo que no se ve. Por otra parte, la expansión monetaria presiona aún más sobre el nivel de precios de la economía, lo que termina atrasando el tipo de cambio real y genera nuevas necesidades de incrementos en la cotización nominal del dólar. Tanto esfuerzo para nada.

En este contexto, para sortear con éxito este escollo, la clave es ingresar dólares en la economía, anclar las expectativas y darle espacio a la autoridad monetaria para bajar la tasa y descomprimir el efecto recesivo de la tasa de interés alta.

Afortunadamente para el ente emisor, las próximas semanas comienza el segundo trimestre, el cual siempre es el mejor, porque la estacionalidad de las exportaciones juega a favor. Sin embargo, el mercado se pregunta cuál será el piso del dólar para el Central, ya que es posible que los traders cerealeros comiencen a hacer cuentas si les conviene liquidar a un dólar por debajo de los 15 pesos o esperar el repunte de la divisa.

En el peor de los escenarios, el BCRA aún puede poner sus esperanzas en el canal financiero: el acuerdo definitivo con los holdouts permitiría la apertura total de la cuenta capital y facilitaría el ingreso de dólares.

Como puede apreciarse, los escenarios posibles son múltiples e inciertos, y crean numerosos dilemas tanto para la autoridad monetaria como para los agentes en general. No obstante, el BCRA, en lugar de concentrarse tanto en el dólar, debe tener su mirada puesta en el peso: recién podrá comenzar a reducir la tasa de interés cuando la política de descenso de pesos del mercado tenga efectos sobre la inflación.

¿Qué explicó, en parte, esta suba? La menor tasa de interés, ubicada por debajo de la tasa de inflación esperada luego de las sucesivas bajas llevadas a cabo por la autoridad monetaria, volvió a despertar el apetito por el dólar, que parecía controlado durante las primeras semanas pos-cepo, cuando las tasas reales eran positivas: el BCRA pecó de optimista y bajó la tasa muy rápido.

Durante las primeras jornadas de avance del dólar, para evitar que la suba del dólar siga “fogoneando” la inflación y con el objetivo de contener una corrida especulativa, el BCRA intervino en el mercado de divisas, con poco éxito.

Recién después de que el martes, en la licitación de Lebac, subiera la tasa de corto plazo (35 días) seis puntos, hasta llegar a 37% y generar un overshooting de tasa de interés, la cotización de la divisa norteamericana comenzó a ceder, reabrió la puja entre el dólar y las tasas, la cual desde hace más de un mes se había definido a favor de las posiciones en divisas por la tendencia a la baja de los rendimientos en pesos en un contexto de aceleración de la inflación local.

La suba de la tasa de interés del martes quitó presión a la cotización del dólar, en un contexto en el que las reservas aún están bajas y está pendiente la apertura de la cuenta capital (entrada de capitales vía inversión extranjera directa y endeudamiento) y el comienzo de la temporada de ingreso de dólares comerciales.

La cuenta es simple: a 35 días, mientras el dólar se ubique por debajo de 16,46 pesos, es más rentable apostar al peso que al dólar. Y el plazo coincide con la primera semana de abril, época en la que comienza a incrementarse la oferta de dólares comerciales por la nueva cosecha de soja.

El resultado de los primeros días de esta medida parece indicar que, al menos en el corto plazo, el mercado apostará al peso, luego de que la cotización de la divisa cediera de manera consecutiva sin intervención en las jornadas posteriores a la suba de la tasa. Y el BCRA muestra que está dispuesto a anclar las expectativas, “poniendo” la tasa de interés al nivel que sea necesario.

La caída del 17% de las exportaciones anuales se explicó casi en su totalidad (16%) por el descenso de precios, mientras que las menores cantidades sólo representaron una caída del 1 por ciento. En tanto, en el caso de las importaciones, si bien en el año cayeron un 8%, crecieron un 5% en cantidades pero se redujeron los precios un 13 por ciento.

No obstante, el desempeño comercial del año fue muy heterogéneo por regiones, aunque la creciente globalización y la fuerte expansión de la región Asia Pacífico (compuesta por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático —Asean—, China, Corea, Japón e India en el bloque de países estimados en forma conjunta por el Indec) permitió que esta se ubicara cabeza a cabeza con el Mercosur en cuanto a destino de las exportaciones argentinas y superara al bloque sudamericano con los envíos a nuestro país.

En términos de exportaciones, el Mercosur como destino de los envíos nacionales representó el 24% del total (13.829 millones de dólares), contra el 23%, equivalente a 13.128 millones de dólares de Asia Pacífico. Este fuerte incremento de la participación asiática se debió a que, si bien las exportaciones enviadas a ese continente se incrementaron un 1%, explicado principalmente por la venta de productos primarios a China, las ventas al Mercosur se desplomaron un 26% durante 2015, debido a la fuerte contracción que está sufriendo Brasil.

En tanto, analizando la procedencia de las importaciones, Asia Pacífico representó el 28% de los envíos a Argentina (16.842 millones de dólares), frente al 23% (13.969 millones de dólares) provenientes del Mercosur. Este resultado se explicó porque las compras a los países con los que compartimos el bloque regional descendieron un 8% respecto a 2014, mientras que las importaciones de Asia aumentaron un 7%, debido, en parte, a compromisos asumidos para intercambiar materias primas por manufacturas (intermedias y finales).

Asimismo, si bien con ambos bloques el país tuvo déficit comercial, con el Mercosur fue de 140 millones de dólares y con Asia Pacífico, casi treinta veces mayor: en 2015 el rojo comercial alcanzó los 3.714 millones de dólares, lo que indica una relación mucho más asimétrica que con nuestros países vecinos.

Estas cifras sirven para ilustrar el notable avance de la región de Asia Pacífico, no sólo a nivel mundial, sino como destino de nuestros productos y proveedor de importaciones. Estos cambios en el patrón de intercambio comercial también generan la necesidad de modificar los esquemas de inserción internacional del país.

Si bien Argentina siempre ha buscado fortalecer los vínculos con los países socios del Mercosur, la relación entre los miembros parece estar desgastada hace un tiempo. A eso hay que sumarle la inestabilidad económica de Brasil, principal economía del bloque y socio comercial de Argentina. En tanto, si bien la relación con la región asiática no se encuentra tan consolidada a nivel general, durante los últimos años se ha fortalecido el vínculo con China, segunda economía del mundo.

En este escenario, es necesario analizar las potencialidades y las dificultades existentes entre el país y ambas regiones para profundizar los espacios de integración, ya que el intercambio con las dos regiones posee distintas características, lo que genera la necesidad de reforzar ambos frentes, sin descuidar ninguno.

No obstante, el país debe encontrar la forma de romper la dependencia con China, basada en el intercambio de recursos naturales por bienes manufacturados. Para eso, una de las posibilidades sería expandir las relaciones comerciales con India y los países de la Asean, para aumentar la diversificación de las exportaciones.

No obstante, el nuevo debate pasa por el plazo en el que las nuevas estadísticas estarán vigentes, principalmente el índice de precios al consumidor (IPC), debido a su rol de termómetro de la economía.

Por un lado, están aquellos que argumentan que es necesario contar de forma urgente con nuevas estadísticas, sobre todo de precios, para monitorear la evolución del primer período de gestión del nuevo Gobierno. La devaluación y el ajuste tarifario en meses tan cercanos a las paritarias sin un índice de oficial da lugar a que cada parte involucrada en las negociaciones utilice la versión del indicador que mejor se adapte a sus pedidos.

En esta misma línea argumentativa se menciona que contar con un IPC es de suma importancia en un escenario en el que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central se encuentran implementando políticas antiinflacionarias —metas fiscales, de inflación y contracción monetaria— que buscan cambiar las expectativas de los agentes, acostumbrados a vivir durante los últimos años con altas tasas de inflación. No es una tarea sencilla, mucho menos si no se cuenta con un indicador que demuestre si las políticas adoptadas están haciendo converger el nivel de precios a las metas de inflación.

Del otro lado ese encuentran los que mencionan que, en lugar de tener estadísticas rápidamente, hay que tomarse el tiempo de generar estadísticas “buenas”. Reconstruir los indicadores no es una tarea sencilla, ya que las series que se han confeccionado a partir de 2007, en la mayoría de los casos, no siguen los criterios metodológicos internacionales. Por lo tanto, en un primer momento se debe realizar un diagnóstico de lo que hay, para comenzar a producir nuevos números.

En el caso del IPC, por ejemplo, es necesario volver a confeccionarlo a través de las recomendaciones propuestas en el Manual de Índice de Precios al Consumidor elaborado por los organismos de Naciones Unidas, metodología de referencia a nivel internacional. En este manual se detallan los procedimientos que deben llevarse a cabo para construir un indicador comparable con los del resto de los países. Los IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis están elaborados con esta metodología de referencia. Por esta razón, el Indec ha decidido utilizarlos hasta que se publique el nuevo IPC.

A modo de resumen, para elaborar un IPC, en primer lugar, debe realizarse una encuesta de gasto de hogares representativa, según el nivel de cobertura que se decida adoptar, con el fin de estimar los ponderadores del IPC.

Una vez realizado esto, se deben establecer los procesos de recolección de precios: frecuencia, especificación, cobertura geográfica, entre otros, y capacitar a los encuestadores. Recién a partir de ese momento se calcula el IPC en dos etapas, hasta llegar al indicador sintético.

Sin lugar a dudas, a pesar del ejemplo muy resumido, queda claro que elaborar un IPC que cumpla con todas las especificaciones requeridas para ser consistente y comparable no es un trabajo que se pueda realizar de un día para el otro, si el objetivo es tener “buenas” estadísticas y reconstruir la credibilidad del Indec.

Es por eso que, si bien es importante tener un indicador para analizar la evolución de los precios y el cumplimiento o no de las metas de inflación, es aún mucho más importante tener un índice que refleje la verdadera trayectoria de los precios de la economía, con el objetivo de modificar las expectativas inflacionarias, y que el programa económico tenga éxito.

En el nuevo escenario mundial, el fortalecimiento de la integración de América Latina dotaría de mayor peso global a la región, por lo que la convergencia entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Alianza del Pacífico constituiría una oportunidad histórica de avanzar en un esquema de integración.

Este acercamiento permitiría a ambos bloques diversificar la estructura productiva y exportadora de la región, en un contexto de fuertes cambios en el esquema económico internacional: el dinamismo económico se ha trasladado de los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a la región Asia-Pacífico. Esto implica que la articulación entre espacios comenzaría desde el punto de vista económico, en el que la región cuenta con numerosas fortalezas y tiene algunas dificultades por superar; en el largo plazo, debería trabajarse en consensos de base a nivel político, lo que permitiría que cada país conserve su soberanía.

Las principales fortalezas que se verifican en el espacio amplio conformado por los dos bloques comerciales son la marcada expansión de la clase media y del mercado consumidor que se originó en los últimos años y la abundante dotación de recursos naturales estratégicos, que confieren a la región numerosas ventajas comparativas naturales.

Desde el punto de vista de la expansión de la clase media, el crecimiento de los mercados internos y las políticas llevadas a cabo durante los últimos años han permitido que aumente el ingreso por habitante: la conjunción de estos factores ha expandido el consumo en el mercado regional.

La abundante dotación de recursos naturales es otro activo estratégico. La región posee numerosos activos minerales, energéticos, es una potencia agrícola —concentra el 52% de la producción mundial de soja, el 16% de la de carne y maíz, y el 11% de la de leche. Asimismo, cuenta con un tercio de las reservas mundiales de agua dulce y un 15% de la superficie agrícola mundial— y posee una gran reserva de biodiversidad, especialmente en Amazonia. No obstante, el gran desafío al que se enfrentan los países es agregarles valor y conocimiento para generar encadenamientos entre las actividades extractivas, las de procesamiento y los diversos servicios modernos asociados a las cadenas de valor agroalimentarias.

En tanto, entre las principales debilidades se encuentran el pobre desempeño exportador —el que, a su vez, cuenta con una alta participación de recursos naturales y un escaso contenido tecnológico— y la baja inserción en la economía del conocimiento. Respecto a la primera, se observa que durante los últimos años la participación de las exportaciones en el comercio mundial ha permanecido estancada, a pesar de los altos precios de los commodities de los últimos años, verificados hasta 2011.

Asimismo, al escaso dinamismo de las exportaciones agregadas se suma la alta dependencia de las materias primas, sobre todo en América del Sur. A fin de poner la situación en contexto, a comienzos de la década pasada, las materias primas representaban el 25% del valor exportado, mientras que en 2011 llegaron a representar más del 40%, explicado principalmente por sus altos precios. La caída que se verifica en la cotización de los commodities de los últimos años no ha hecho más que desplomar los ya estancados envíos al exterior.

Si bien durante el período mencionado los exportadores se beneficiaron de la mejora en sus términos del intercambio y del valor de las exportaciones, la fuerte concentración en la producción de sectores primarios presenta aspectos negativos, tales como la dificultad de diversificar la estructura productiva y exportadora, y la mayor vulnerabilidad ante los cambios en los precios de los commodities.

Por otra parte, tanto los países del Mercosur como los de la Alianza del Pacífico presentan una baja inserción en la economía del conocimiento. Esto se observa cuando se analiza la generación de conocimientos patentables, área en la que América Latina presenta serios déficit: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el año 2012 la región concentró poco más del 2% de las solicitudes mundiales de patentes, lo que se vincula de manera directa con el bajo gasto como porcentaje del PBI que se destina a investigación y desarrollo (I+D).

De esta forma, la prevalencia de las materias primas y de manufacturas basadas en bajos costos laborales en la canasta exportadora regional no hace sino reflejar las carencias que exhibe la región en educación, ciencia, tecnología e innovación.

Por lo tanto, si bien el acercamiento inicial entre ambos bloques es muy reciente, deben destacarse los puntos sobre los que se centra la discusión hoy en día. Los países miembros buscan un avance gradual y flexible en cuestiones como la movilidad de personas, la integración energética y de infraestructura, entre otros temas sobre los que los dos bloques ya han avanzado.

No obstante, por ahora no está en los planes la creación de un bloque conjunto con integración arancelaria, debido a que mientras la Alianza de Pacífico alcanzó la desgravación de más del 90% de los productos entre sus miembros, el Mercosur tiene un arancel externo común variable entre 0% y 20%, pero con libre circulación de bienes y servicios entre sus países miembro. En este contexto, no es realista postular una integración en esta materia.

Por tanto, en la actualidad el objetivo es aprovechar las condiciones naturales de América Latina para incrementar el comercio con Asia, la región más interesada en las materias primeras que produce América Latina. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la necesidad de industrializar las economías latinoamericanas, las cuales no pueden continuar como proveedoras de materias primas: se torna necesario agregar valor y conocimiento.

Lo remarcable del hecho es que demuestra que la autoridad monetaria ha dejado de estar excesivamente preocupada por la cotización de la divisa norteamericana (es más, desde la liberalización del cepo cambiario no ha intervenido en el mercado de divisas). La ha dejado flotar en una banda amplia, recuperando su herramienta de política económica, la monetaria, con el objetivo de utilizarla para reducir la inflación.

Si bien la inflación es multicausal, la creciente (y desmedida) emisión monetaria de los últimos años para financiar el déficit fiscal ha presionado sobre el nivel general de precios de la economía, problema que desde el primer día de su gestión Federico Sturzenegger ha decidido atacar.

De esta forma, el eje de la preocupación ya no es el valor del dólar, sino del peso. El Gobierno anterior dejó un gran excedente de pesos en circulación, que desde la primera semana de gestión el ente emisor ha comenzado a absorber. Este último martes, día de licitación de las Lebac, el Banco Central (BCRA) quitó de circulación casi 23 mil millones de pesos (3,7% de la base monetaria) —sumando 67 mil millones de pesos desde la salida del cepo— de la mano de un recorte de tasas, las cuales se ubicaron en el 32%, dejando abierta la puerta para el repunte del dólar.

El recorte de seis puntos de la tasa de interés, que se ubicó en el 38% a la salida del cepo cambiario, con un tipo de cambio por debajo del esperado por el mercado, reabrió el apetito por la divisa norteamericana, a la vez que le permite al ente emisor seguir acomodando la cantidad de dinero en circulación, con un menor costo que hace unas semanas.

No obstante, si bien una política restrictiva en términos monetarios es una condición necesaria para controlar el problema de la inflación, no es suficiente. Para que esta sea efectiva en el largo plazo debe eliminarse la discrecionalidad, a fin de modificar las expectativas de los agentes, que en los últimos años se acostumbraron a vivir en un país en el que sobraban los pesos.

Asimismo, para reforzar la credibilidad de la nueva política monetaria es necesario reformar la Carta Orgánica del BCRA, para que el objetivo de la autoridad monetaria vuelva a ser el de preservar el valor de la moneda y que esta pueda cumplir sus funciones, principalmente la correspondiente a depósito de valor, función que durante los últimos años el dinero no ha cumplido. En un contexto de alta inflación, un peso hoy vale (mucho) más que un peso mañana, con lo que se privilegia el consumo sobre el ahorro y, por lo tanto, sobre la inversión.

En este escenario, no podemos esperar una solución mágica, después de convivir varios años con altas tasas de inflación. Para combatirla, el equipo económico deberá luchar en varios frentes. Sin embargo, los primeros pasos dados por la autoridad monetaria parecen estar en la dirección correcta, y eso ya es toda una señal.

El 22 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de reforma de la Carta Orgánica, la cual se puso en vigencia el 28 de ese mes y generó las condiciones necesarias para que la autoridad monetaria pueda llevar adelante la política ultraexpansiva que viene realizando los últimos años.

Los puntos más importantes de la reforma fueron el cambio del objetivo primario y fundamental del ente emisor, que era preservar el valor de la moneda, por uno que indicó que debe promover la estabilidad monetaria, financiera y el desarrollo económico con equidad social, en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, lo cual es más cercano al concepto de un banco de desarrollo que de un banco central. Para llevar a cabo ese nuevo mandato, se ampliaron las posibilidades que el BCRA tiene de financiar al Tesoro, ya sea mediante adelantos transitorios (emisión monetaria), ya sea con reservas internacionales.

De esta forma, se convalidó la existencia de un esquema de dominancia fiscal en el que se perdió una herramienta de política económica: la monetaria. El BCRA ya no determina la cantidad de dinero en circulación (o la tasa de interés) de acuerdo con las necesidades de mantener estable el valor de la moneda, sino que se encuentra “atado” a las necesidades de financiamiento del Tesoro.

El esquema convalidado con la reforma permitió que el Gobierno incremente el gasto público por encima de sus recursos, lo que llevó a la economía a un déficit fiscal que este año cerrará en torno al 6,3% del PBI.

La emisión monetaria, al crecer por encima del 30% interanual, no ha hecho más que alentar las presiones inflacionarias, las cuales no son mayores porque la economía se encuentra estancada y el tipo de cambio atrasado —debido a que incrementa su valor por debajo de la tasa de la suba del nivel general de precios— actúa parcialmente como ancla antiinflacionaria.

Por otra parte, la discrecionalidad otorgada a la autoridad monetaria para el manejo de las reservas internacionales ha llevado a la actual situación de una economía que opera con una creciente escasez de divisas, profundizada por el atraso cambiario y la falta de confianza, lo que genera un constante drenaje de reservas. Nadie quiere quedarse con pesos que cada vez valen menos.

Por lo tanto, si bien existen numerosos desequilibrios que deben corregirse, una de las prioridades es modificar nuevamente la Carta Orgánica del BCRA para volver a generar confianza y fortalecer el valor de la moneda doméstica, acompañando una política fiscal y monetaria consistente con la reactivación económica y la desaceleración de la inflación.  Adicionalmente, la autonomía de la autoridad monetaria generará cambios en las expectativas inflacionarias y cambiarias.

Sin embargo, el BCRA no podrá romper el esquema de dominancia fiscal hasta que Alejandro Vanoli abandone la Presidencia del ente emisor y, según sus últimas declaraciones (y a pesar de estar imputado por la causa que investiga la venta de dólares a futuro), se resiste a abandonar su sillón, aun si el vencedor de la segunda vuelta resulta ser Mauricio Macri.

De cara a un nuevo ciclo, es necesario un Banco Central que actúe como tal y que se convierta en un elemento central de una política antiinflacionaria integral. Por lo tanto, es imperioso que recupere su herramienta de política económica y opere en pos de mantener la estabilidad de precios en lugar de ser sólo una maquina de imprimir billetes para financiar el creciente derroche del Estado.