Sin embargo, las manifestaciones de intolerancia y autoritarismo siguen siendo marca registrada del “movimiento nacional y popular”. El último turno electoral les quitó la legitimidad popular con la que pretendían justificar su despotismo. A pesar de ello, la consigna paradójica de “El amor vence al odio” se ve contrariada en forma permanente por legisladores y referentes políticos del kirchnerismo, por periodistas y comunicadores que mantienen su alineamiento k y con militantes o adherentes al anterior Gobierno, que hacen uso de la violencia y la descalificación personal como recurso desesperado frente a una realidad que se niegan a aceptar.

Algunas muestras de esto fueron los insultos de la diputada Mayra Mendoza en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación, los exabruptos de Hebe de Bonafini o las intervenciones cotidianas de Diego Brancatelli en Intratables. Los militantes universitarios del kirchnerismo también hacen lo propio y se jactan de “resistir con aguante”, mientras ofenden, injurian y agravian a todo aquel que piense distinto. Muchos miembros de la Franja Morada han sido destinatarios de este accionar, que se intensificó en las últimas semanas, quizás a causa de la desesperación que les produce estar lejos del poder.

En la sede Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, todos nuestros carteles y material de trabajo son destruidos una y otra vez de manera sistemática. En la Universidad Nacional de San Martín, le prohibieron la entrada a la facultad a una alumna que participa de nuestra agrupación. Para resolver este inconveniente, la decana le sugirió que se dedicara a estudiar y abandonara la Franja Morada. La presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba es objeto de agresiones permanentes a través de una campaña de difamación y persecución en las redes sociales, orquestada por una agrupación k. En la Universidad Nacional de Quilmes, La Cámpora y la Juventud Universitaria Peronista (JUP) dedican sus horas de militancia a denostar a la Franja Morada, al acusarnos de “militontos” que tienen que “volver a la UCA y a la UADE”. En un paroxismo de la intolerancia, inauguraron el hashtag #ChauFranjaDeLaUNQ.

Estas actitudes no nos sorprenden ni desmoralizan, sino que nos dan más fuerza para seguir luchando por los derechos de nuestros compañeros, los estudiantes. La Franja Morada nació hace casi cincuenta años para resistir a las políticas de represión de la dictadura de Juan Carlos Onganía, en tiempos en que nuestras universidades eran intervenidas, en donde los bastones de la policía pretendían silenciar las voces de científicos, docentes y estudiantes. En aquellos años, nuestro compañero Santiago Pampillón cayó muerto de un balazo, mientras una marcha de estudiantes y obreros avanzaba por las calles de Córdoba. La actitud de la Franja Morada no fue de venganza ni revancha: sobre ese hecho sentamos las bases de nuestra organización a nivel nacional, para fortalecer nuestra lucha por los derechos estudiantiles, la libertad y la democracia. En tiempos de la Triple A y la dictadura militar de 1976, pregonábamos la vuelta pacífica a la democracia, mientras el Ruso Karakachoff y Mario Abel Amaya eran secuestrados, torturados y asesinados por defender las causas populares.

La conquista de la democracia llegó de la mano de Raúl Alfonsín, quien con mucho coraje, valor y tenacidad restableció el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, en un marco de paz y democracia. De ahí en adelante, la Argentina sigue viviendo en democracia, a pesar de los vaivenes políticos y sociales. A siete años del fallecimiento del padre de la democracia y en momentos en que la vigencia democrática está —una vez más— en juego, es importante recordar una frase de su discurso de Parque Norte, en 1985: “El pluralismo es la base sobre la que se erige la democracia y significa reconocimiento del otro, capacidad para aceptar las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de una sociedad libre”.

Las inundaciones, que develaron la falta de planificación y gestión del Gobierno bonaerense, fueron presentadas como catástrofes naturales cuyas consecuencias son imprevisibles e inevitables. Mientras se reclamaban medidas urgentes que permitan paliar el sufrimiento de los afectados por el temporal, se comprobaba que la provincia había subejecutado en un 60 % las partidas presupuestarias destinadas a mitigar los efectos de las inundaciones. A su vez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FPV) se embarcaba rumbo a Italia junto a su mujer, la embajadora de la sonrisa. La respuesta del Gobierno nacional frente a estos hechos fue atacar a la oposición, acusándola de orquestar la difamación de Daniel Scioli a través de un “ejército de twitteros”.

El 8 de agosto, en San Pedro de Jujuy, el clima de violencia política llegó a su punto cúlmine con un militante de la Unión Cívica Radical (UCR) herido de un balazo por la espalda. La historia tuvo el peor de los desenlaces diez días después, con la muerte de Ariel Velásquez. El estupor y la bronca por el fallecimiento de un joven de 20 años se expandieron por todo el país, sumándose al reclamo del radicalismo por justicia y cese de la violencia política. El hecho se enmarca dentro de una práctica común del brazo paraestatal del FPV jujeño: la Tupac Amaru y sus grupos armados tienen una cultura política patoteril, de amenazas y hostigamiento permanentes. El balazo a Ariel tuvo antecedentes como la quema de comités, las pintadas intimidatorias, las persecuciones a militantes y las amenazas para quienes osaban desafiar el poder de los “tupaqueros”.

Ante este hecho, CFK se despachó con una cadena nacional que quedará en los anales de la historia por su cinismo: acusó al radicalismo de “utilizar políticamente” la muerte de Ariel, argumentando que él era militante de la Tupac Amaru y mostrando como evidencia una ficha de afiliación y de inscripción a un colegio administrado por la Tupac. La mentira tiene patas cortas, y la arrogancia presidencial fue desmentida categóricamente por la propia familia de Ariel Velásquez, que denunció la exigencia de una afiliación compulsiva del joven para que pueda estudiar en la escuela Germán Abdala. Así se desmontó el perverso sistema de clientelismo político utilizado por el kirchnerismo, que se aprovecha de las necesidades del pueblo utilizando los recursos del Estado de manera arbitraria y en beneficio propio. El derecho a la vivienda, a la educación y al trabajo digno deben ser garantizados universalmente y no estar supeditados a la adhesión de las personas a un proyecto político determinado.

Llegó el fin de semana y la expectativa ciudadana se centró en las elecciones a gobernador para la provincia de Tucumán. En otro episodio digno de la ciencia ficción, hubo 42 urnas prendidas fuego, actos de violencia contra periodistas y militantes, falsificación de actas y resultados de escrutinio, todos ellos combinados con un aceitado sistema de clientelismo político y prebendas para “arrastrar” ciudadanos a las urnas. El voltaje de las elecciones tucumanas llevó a buena parte del país a repudiar las acciones de corrupción y violencia, exigiendo transparencia electoral y el fin del fraude político. Pero todos los recursos del Estado nacional estaban puestos para justificar el resultado cueste lo que cueste: el candidato a presidente del oficialismo se subió al Tango 01 para llegar a festejar el triunfo de Juan Luis Manzur, los canales oficialistas lo anunciaban como ganador sin tener resultados oficiales y se menospreciaban las denuncias de fraude alegando que la oposición “no sabe perder elecciones”.

La bronca contenida de los tucumanos canalizó en una convocatoria pacífica frente a la casa de Gobierno provincial, la cual fue reprimida brutalmente con balazos y gases lacrimógenos por policías parapetados en el edificio y efectivos de la Montada que perseguían a la multitud, sin distinguir a niños y ancianos, que también sufrieron la descarga de las fuerzas policiales. Una vez más, la máscara de un kirchnerismo defensor de los derechos humanos se cayó, demostrando el fascismo y el autoritarismo a flor de piel. De nuevo, el aparato comunicacional del Estado y los socios amigos del poder preferían ocultar lo que pasaba y las declaraciones de los funcionarios -que deberían dar respuesta ante la represión- daban vergüenza ajena.

Vivir en la Argentina se vuelve un desafío cada vez más duro para quienes no nos conformamos con esta realidad. Las expresiones de muchos ante estos hechos fueron de dolor, impotencia y desazón. Ante este tiempo histórico vale rescatar una frase de Albert Camus que dice:”La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual. Proviene de que no se perciben más las razones para luchar e, incluso, de que no se sepa si hay que luchar”. Resignarse ante la triste realidad de los hechos sería entregarle una victoria completa a quienes buscan que el pueblo se aleje de la política. Tenemos motivos para luchar, vamos a seguir, por la democracia que tanto costó conseguir.

Según la ley 26.939, el Digesto Jurídico Argentino debe reordenar y clasificar las leyes vigentes, haciendo un detalle de aquella legislación que se encuentra en desuso, fue derogada o “superada” por otra. Esa tarea exige una evaluación que, en este caso, excede lo meramente técnico y la convierte en una decisión política de trascendencia. Eso fue lo que hicieron notar los constitucionalistas Marcelo Alegre y Roberto Gargarella en un proyecto[1] de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) titulado “Principio de autonomía, libertad de conciencia y libertad religiosa”, el cual fue remitido a las autoridades de la Comisión Bicameral encargada de confeccionar el digesto. Allí, el único partido que se hizo eco del planteo fue la Unión Cívica Radical, que, a través de un dictamen suscrito por el diputado Manuel Garrido, planteó que el mencionado artículo “debe considerarse vigente y ser incorporado al anexo I del Digesto Jurídico Argentino”.

La mayoría oficialista de la Comisión Bicameral, acostumbrada a legislar según mandan de arriba y sin ejercicio aparente de raciocinio, dio su rotunda negativa al pedido de Garrido, argumentando que la ley 1420 había sido derogada “en su totalidad”. A partir de ahí, el reclamo trascendió los muros del Congreso y se instaló en el debate público. Restando la aprobación del Digesto por ambas cámaras del Congreso de la nación, esta inesperada polémica pone contra las cuerdas al kirchnerismo, que se ve obligado a modificar su actitud, aceptando la incorporación del artículo 8 con plena vigencia, o a mantenerla, lo que generaría un retraso de 131 años al autorizar la incorporación de contenidos religiosos en la escuela pública.

Es interesante rescatar la argumentación jurídica detrás de la defensa de la laicidad de la educación, en particular en los puntos que refieren a la plena vigencia del artículo 8 de la ley 1420, por no hallarse derogada ni implícita ni explícitamente. Estos fueron enumerados magistralmente y en forma taxativa por Alegre y Gargarella en el trabajo citado, y se pueden resumir de la forma siguiente:

1. El artículo 8.º de la ley 1420 no está alcanzado por los términos de la derogación implícita de las leyes 24.195 y 26.206.

Mas allá de que muchos artículos y las disposiciones de la ley 1420 se oponen a preceptos establecidos por las leyes 24.195 y 26.206 (los cuales en consecuencia deben ser considerados como derogados), no ocurre lo mismo con el artículo 8 de aquella, el cual no solo no entra en contradicción con estas normas, sino que es coherente con las disposiciones de estas. Un análisis minucioso del articulado de ambas leyes señala varios ejemplos que acompañan este razonamiento, tales como el respeto a la libertad de enseñar y aprender, el rechazo a todo tipo de discriminación, el principio de igualdad, el derecho de los alumnos a que se respete su integridad, su dignidad, su libertad de conciencia y de expresión, y hasta incluso el derecho de los pueblos originarios a preservar sus pautas culturales, entre otros. Tampoco se encuentra en las leyes citadas alguna norma que derogue de manera explícita el artículo 8 de la ley 1420.

2. Si se aceptara la interpretación que entiende que el artículo 8.º de la ley 1420 fue derogado implícitamente, esto conllevaría una violación de preceptos constitucionales.

Las leyes 1420, 24.195 y 26.206 constituyen -implícitamente en la primera y explícitamente en las dos restantes- reglamentaciones del derecho constitucional de enseñar y aprender, el cual está establecido no solo en nuestra carta magna, sino también en los tratados internacionales incorporados a ella. Por lo tanto, considerar derogado el artículo 8 de la ley 1420 implicaría violentar los principios de progresividad y de no regresividad. Nuevamente, el trabajo de Alegre y Gargarella resalta de manera categórica la importancia de estos principios a la hora de defender la vigencia del artículo en cuestión, señalando: “El principio de progresividad encuentra su fundamento en la obligación de desarrollo progresivo que los Estados tienen para lograr la efectividad plena de los derechos”, el cual se complementa con “la regla que establece el principio de no regresividad […] que el Estado no debe echar atrás el avance de un derecho ni -mucho menos- pulverizarlo”.

A la vista de estos argumentos, uno podría suponer que el kirchnerismo debería dar marcha atrás en su decisión de mantener al artículo 8 de la 1420 dentro del lote de normas “derogadas” en el Digesto Jurídico. Lamentablemente, el accionar del Gobierno nacional en materia de política educativa viene acumulando una serie de medidas contrarias a la idea de escuela y universidad públicas surgidas bajo el paradigma de la ley 1420 y la reforma universitaria, lo que hace pensar que la eliminación del artículo que garantiza la escuela laica pueda llegar a ser el corolario del desquicio en las medidas vinculadas a educación.

El Gobierno nacional ha asumido una posición ambigua en materia educativa, y si bien desde la gestión de Néstor Kirchner a la fecha ha manifestado defender la educación pública, con ciertos “hitos”, como el 6 % del PBI para la educación, la creación de nuevas universidades o la sanción de la ley de educación nacional 26.206, estos no han sido más que instrumentos demagógicos que intentaron esconder la continuidad de la política educativa de los noventa en adelante. Dicho sin eufemismos, el kirchnerismo ha mantenido la matriz neoliberal del sistema educativo argentino gestada en los años noventa por el menemismo y profundizada por ellos mismos.

Por eso no sorprende que el pasado 20 de julio se hayan cumplido 20 años de vigencia de la ley de educación superior sin que el Gobierno nacional haya avanzado en su derogación. Tampoco sorprende el intento de sanción de un código educativo en la provincia de Buenos Aires que pretendía eliminar el artículo 193 del Reglamento General de las Instituciones Educativas, el cual prohíbe la “colocación de símbolos religiosos o de partidos políticos en el ámbito de los edificios escolares”, para permitir solapadamente la instalación de la parafernalia kirchnerista y congraciarse a la vez con la Iglesia.

Tampoco sorprende la reciente homologación del Convenio Colectivo de Trabajo para los Docentes Universitarios, que no solo establece cuestiones referidas a la negociación salarial o a las condiciones de trabajo de estos docentes, sino que avanza reglamentando cuestiones de carácter académico y que, por tanto, deberían ser materia de decisión de cada universidad con base en el principio de la autonomía universitaria. Si homologando este convenio el kirchnerismo sepultó uno de los principios básicos surgidos de la reforma universitaria como el sistema de concursos abiertos de antecedentes y oposición para el acceso a una cátedra, bien podemos pensar que poco le importaría retrotraer nuestra escuela pública más de 130 años, abriendo la puerta nuevamente a la enseñanza religiosa y echando por tierra el paradigma de una escuela laica que respete la diversidad cultural y religiosa.

En el tramo final del Gobierno nacional, una discusión clave sobre nuestra educación vuelve a poner las cosas en claro: avanzando en la derogación del artículo 8 de la ley 1420, el kirchnerismo no hace más que poner la frutilla del postre a la debacle del sistema educativo.