A la ausencia de un régimen de responsabilidad penal juvenil y en su lugar la solitaria vigencia en América Latina de un “Régimen Penal de la Minoridad” que por lo demás lleva la firma del máximo genocida de la historia de este país (el decreto 22.278 de 1980 con firma de Jorge Rafael Videla), se deben sumar la acumulación de denuncias todavía no procesadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denuncias que provocan, según las palabras de un Comisionado, que “ya no sabemos cómo conmover al Estado argentino”.

Fiel a esta desgraciada tradición, la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP)con la firma de los Jueces Catucci y Riggi nos acaba de regalar (con el impecable voto en disidencia de la Dra. Ana María Figueroa) el día 20 de noviembre, justamente el día en que se cumplen 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, una perla más en este collar de vergüenzas.

Para decirlo en palabras simples, el voto de mayoría, de la causa ccc 38893/2014/CPC2, con argumentos tan pueriles cuanto insuficientes, ha rechazado la incontestable facultad de la Procuración Penitenciaria, para controlar justamente el aspecto más tenebroso de la política del Ejecutivo Nacional en materia de infancia: las cárceles de menores. Tomando por buena y definitiva la  palabra del órgano encargado de la ejecución de la privación de libertad (la SENNAF) quien afirmó que (a pesar de la ausencia mas absoluta desde el 2008, incluso de la mas elemental información, cual es el numero de los privados de libertad),  “no hay ningún agravamiento de las condiciones de privación de libertad”.

Para dar un broche de oro a esta triste ironíma la CNCP, usando la palabra de quien justamente debía ser su objeto de control y preocupación, dio por cerrada la cuestión y confirmó el carácter técnicamente siniestro de la política oficial en esta área.

Una incomprensible decisión mayoritaria de la CNCP que contradice incluso los postulados mas elementales del iluminismo histórico que ya a fines del siglo XVIII propugnaba la existencia de prisiones que saliendo de la noche del Medioevo, debían poseer muros de cristal como presupuesto imprescindible de la libertad y democracia que el mundo estaba trabajosamente conquistando.

Hace ya muchos años que la única política de Gobierno en la materia parece ser la de un secretismo y oscuridad que la negativa sistemática a cualquier forma de control no complaciente, no hace otra cosa que confirmar.

Este encubrimiento de la justicia y del órgano de la administración destinado sistemáticamente al ocultamiento, ha tenido consecuencias macabras. Hace unos días, ha fallecido un menor de edad en una celda de aislamiento del “Instituto” Agote de la Ciudad de Buenos Aires, producto de las quemaduras que, ahora sí, tarde y sin remedio, una justicia, esperemos menos complaciente, tendrá que investigar.

En la sentencia, la Corte Interamericana condenó al país por haber aplicado penas de reclusión perpetua a menores de edad dictadas con base en el régimen penal de la minoridad (decreto de la dictadura militar 22.278 de 1980). La Corte instó como lo hizo diez años atrás en el caso Bulacio a derogar el mencionado decreto y a sancionar un régimen penal juvenil respetuoso de la Convención de los Derechos del Niño y de la ley de infancia 26.061.

A continuación de ese histórico fallo, el diputado Manuel Garrido de la UCR, presentó un proyecto de responsabilidad penal juvenil que reproduce la iniciativa legislativa que impulsada por los senadores Miguel Pichetto (FPV), Rubén Giustiniani (FPCyS), Gerardo Morales (UCR) y por la ex senadora Marita Pérceval (FPV) obtuvo por unanimidad media sanción en 2009 en la Cámara de Senadores, proyecto que lamentablemente luego perdió estado parlamentario debido a que no tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados.

Hace pocos días con las declaraciones del candidato a diputado por el oficialismo, Martín Insaurralde, donde anuncia la necesidad de crear un régimen penal juvenil inexistente hoy en la Argentina, se refuerza esta tendencia a instalar en la agenda política un tema urgente y prioritario para la infancia. En consecuencia, de ser sinceras las señales que evidencian un consenso sobre el avance hacia un proyecto de reforma del sistema penal juvenil acorde a la Constitución, es oportuno aprovechar el momento para abrir el debate de los proyectos y conseguir la esperada sanción. De no ser así, estaríamos ante una estrategia electoral que lo único que logra es traer mayor confusión y banalidad como la que pretende afirmar que un sistema de responsabilidad penal juvenil implica la baja de la edad de imputabilidad y el ingreso de los niños al sistema penal de adultos.

Un sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina, donde el decreto vigente permite la discrecionalidad para los menores de 16 años, la privación de libertad sin las garantías del debido proceso y penas de reclusión perpetua, comprende tanto para el colectivo de adolescentes y jóvenes, como para el conjunto de la sociedad y especialmente para el Estado, hacerse responsable de sus actos de una manera justa y democrática.