Frente a la realidad del default, recrudeció en las últimas horas la discusión acerca de las posibles consecuencias que sufrirá la economía argentina. En un intento por razonar lo más objetivamente posible ante un escenario a futuro, es recomendable hacer un poco de memoria sobre lo que ocurrió en el país desde la última instancia de cesación de pagos, en diciembre de 2001, para luego aventurar algunas conjeturas.

La economía argentina mantuvo una presencia activa en los mercados financieros internacionales en parte gracias a la re-estructuración de la deuda adquirida a fines de los ’70 y comienzos de los ’80 con el Plan Brady. Esta participación, sin embargo, fue interrumpida en forma abrupta con el default en 2001 y el posterior abandono del Plan de Convertibilidad.

Desde ese momento, el país entró en un período en el que dejó de acceder a la posibilidad de financiamiento externo. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, con la reestructuración de parte de la deuda en default y los precios internacionales de los commodities favorables a las exportaciones argentinas, esta situación no significó un problema. Por el contrario, las arcas argentinas no dejaron de disfrutar de continuos superávits. Esta dinámica siguió por algún tiempo en la primera presidencia de Cristina Fernández, aunque ya con algunos altibajos -especialmente durante la época de la crisis financiera en Estados Unidos.

Sin embargo, transcurridos los primeros meses de la segunda gestión de la Presidente, la situación económico-financiera del Estado nacional, como así también el frente externo, comenzó a deteriorarse en parte por la percepción cada vez más generalizada de problemas provocados por las variables internas de la economía, entre ellos los efectos de la inflación sobre la competitividad de los productos argentinos y el mercado cambiario, lo cual llevó a implementar el sistema monetario que todavía tiene vigencia. Esta situación parece haber llevado al Gobierno a intentar un regreso a los mercados financieros internacionales, expresado este año con el pago realizado al Club de París. Por supuesto, el objetivo era (y es) volver a tomar préstamos en los mercados financieros a través de una nueva emisión de bonos públicos.

En medio de estos intentos apareció la confirmación del fallo del juez Thomas Griesa acerca de la necesidad de pagar a los llamados holdouts (tenedores de bonos en default). El fracaso de las negociaciones con los fondos buitre afecta, primero, la posibilidad de regresar a los mercados financieros internacionales en el corto plazo. Si bien no se vería alterada una situación que se vive a nivel local desde hace más de 12 años, con las necesidades de financiamiento que tiene el Gobierno para solucionar el déficit fiscal, la continuidad de este escenario no es una buena noticia.

Esto implica una mayor presión sobre el frente interno para evitar un incremento importante en el déficit potencialmente financiado por préstamos del Banco Central que deriven en una emisión monetaria. Este riesgo está contemplado desde hace meses en la percepción de los analistas, pero el problema es que el default prolongaría una especie de “agonía” en lo económico: un estado de alta inflación y desaceleración (o recesión) en la actividad económica y el empleo, escenario en el que nos encontramos desde hace meses.

El otro gran problema aparecerá en el horizonte de quien asuma el gobierno en 2015, porque allí parece visualizarse una situación de mayor complejidad. El default implicará una baja en la reputación internacional que, con alta probabilidad, hará más dificultoso financiar actividades de desarrollo productivo de alta inversión, como la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. También la propia situación de default probablemente causará una demanda por parte de inversores internacionales hacia el nuevo gobierno sobre cómo salir de tal situación. Por eso llama la atención el silencio de la oposición acerca de estas consecuencias. Debería comenzar a trabajar muy seriamente sobre cómo, si llegan a asumir el poder en diciembre de 2015, solucionarán este problema. Sin embargo, no se observan demasiados movimientos en ese sentido. Y eso sí que es preocupante para la población en general.