En el prefacio del informe se explica: “La contribución de una inflación baja y estable a estos objetivos nunca se hace tan evidente como cuando no existe: la huida de la moneda local puede desestabilizar al sistema financiero y desembocar en crisis, la destrucción del sistema de precios complica la productividad y la generación de empleo genuino, el impuesto inflacionario golpea a las familias más vulnerables y propicia redistribuciones de riqueza en favor de las más pudientes. Una inflación baja y estable previene todo esto”. Para lograr que esta inflación baje y se mantenga estable, y evitar así una mayor redistribución de la riqueza en favor de las familias más pudientes, el BCRA comenzará a utilizar un régimen de metas de inflación.

El año 2016 será un período de transición hacia el comienzo de las metas de inflación, durante 2017 (ver imagen). El BCRA va tratar,  el resto del 2016, de que la inflación se sitúe debajo del 25% (i.a.) en diciembre. La evaluación y las perspectivas que realizó la autoridad monetaria explican que el aumento de la inflación respondió a una “fuerte corrección de precios relativos operada como consecuencia de la expectativa y posterior materialización del incremento en el tipo de cambio oficial y las alzas en las tarifas de varios servicios públicos que se encontraban muy rezagadas, especialmente en el área metropolitana”.

En síntesis, la devaluación generó el aumento de precios y fue acompañada de una mayor presión, al alza, por el aumento de la tarifa en los servicios públicos. Para contener esta dinámica de cambio en los precios relativos, el BCRA decidió optar por una “política monetaria de sesgo contractivo”. El informe continúa afirmando que esta política logró contener la inflación en el primer trimestre. ¿Fue así?

Por otro lado, en el primer trimestre no hay signos de recuperación del nivel de actividad. El consumo sigue sin dar muestras de recuperación, a contramano de lo que evidencia el comercio exterior. Como la sociedad civil sigue escuchando desde el Gobierno nacional, el informe también, que la recuperación comenzará en el segundo semestre, esta recuperación será posible por basarse: “en la eliminación de distorsiones que pesaban sobre diferentes actividades, la recuperación del acceso a los mercados internacionales de crédito voluntario a partir del acuerdo alcanzado con los tenedores de deuda pública en litigio y el ordenamiento macroeconómico en curso”.

No obstante, los datos que provee el informe no son muy alentadores: las ventas en supermercados y en centros de compras, medidas en términos reales (utilizando el Índice de Precios al Consumidor Buenos Aires y el Índice de Precios al Consumidor San Luis), cayeron un 4,8% sin estacionalidad (s.e.) y 6,4% s.e., respectivamente, en relación con el trimestre anterior.

Otro indicador de la situación es la recaudación tributaria ligada al consumo (IVA-IVA bruto), que se redujo 2,2% (s.e.). Esta caída del consumo privado se explica por el aumento de la inflación. Siguiendo en esta línea, el consumo público, por cambio de gobierno y retraso en la ejecución de las partidas, acompañó al gasto primario del sector público nacional no financiero, que disminuyó en términos reales un 5% i.a.

Por lo tanto, los datos y las perspectivas que emanan del informe de política monetaria muestran un panorama complejo para el resto del 2016. El informe de precios de la ciudad de Buenos Aires arrojó un cambio en los precios relativos en el mes de abril del 6,5% y una inflación interanual del 40%, lo que supera los picos de 2014 y 2015 (ver imagen). La devaluación de enero de 2014 se realizó y alcanzó el 20%, sin mover las tarifas; eso permitió amortiguar el impacto que tuvo dicha política y que fue acompañada de una expansión del gasto primario. En este caso, la devaluación del actual Gobierno alcanzó el 40%, devaluación que, confirma el informe, impactó en los niveles de precios y fue acompañada por una suba en las tarifas y una contracción del gasto primario.

En abril de 2014 la inflación (i.a.) alcanzó un pico del 38% —medida por el IPCBA—, pero en abril de 2015 estuvo en 27% y para el mes de noviembre fue del 24 por ciento. Los números de los precios relativos hasta ahora, entre diciembre de 2015 y abril de 2016, muestran un acumulado del 21,8% y, si sacamos el mes de diciembre de 2015, el primer cuatrimestre de 2016 acumula una variación de precios del 17,9%, según el IPCBA. Si proyectamos este acumulado del primer cuatrimestre, el nivel de precios podría superar el 50% (ver imagen).

El BCRA deberá pensar en algo más que una política monetaria contractiva para contener la variación de los precios relativos y la inflación.

El camino de reconversión comenzó con reducir en el ámbito estatal la cantidad de trabajadores que cumplían labores en distintos programas y que viabilizaban la política pública para regular las interacciones entre consumidor y empresa o permitir una mayor proximidad entre la población y las instituciones estatales en un territorio de amplia extensión.

El núcleo del argumento en el discurso es que no hubo crecimiento económico y se amplió la planta estatal. El primer punto se demuestra con que el crecimiento en Argentina fue superior al de Estados Unidos entre 2010 y 2015, según lo describe el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos del Fondo Monetario Internacional.

El segundo punto son los trabajadores estatales en los distintos niveles de la administración pública (nacional, provincial, municipal, empresas públicas y bancos oficiales). Para ello hemos construido, con base en datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la situación del trabajador estatal.

Primero, los datos de FIEL corroborarían lo dicho por el presidente Macri: la planta estatal entre 2003 y 2015 pasó de 2.210.169 a 3.488.758, un incremento de 1.278.589. Ahora, ¿en qué nivel del Estado creció más la cantidad de trabajadores? Según la imagen A, fue a nivel provincial y municipal: creció en 818.179 y 138.359 trabajadores, respectivamente. En cambio, a nivel nacional la fuerza de trabajo creció en 224.498. Durante el año 2016, los despidos alcanzaron a 26.231 trabajadores, la composición de los despidos fue a nivel municipal de 16.697, nacionales en 6.664 y provincial en 2.870 personas. Despedir a un millón y medio de trabajadores en el Estado (nacional, provincial, municipal) implicaría volver a los niveles del período de convertibilidad (2002).

Se observa, en la imagen A, una expansión en la cantidad de trabajadores estatales en tres períodos: entre 1973-1975, 1983-1989 y 2003-2015. Los períodos de reducción en la cantidad de trabajadores en el Estado son dos: 1976-1982 y 1989-2002, principalmente en el período de convertibilidad (1991-2001).

No obstante, en la administración nacional, para el año 2015 había 656.786 trabajadores, nivel menor al de 1989 (698.949) y levemente superior al año 1975 (638.016). El impacto mayor en la reducción de trabajadores en el Estado (administración nacional) se da con mayor virulencia en el período 1990-2002 (ver imagen B). Entre 1976-1892, los trabajadores en la administración nacional se redujeron en 94.782 y para el período 1990-2002 fue de 189.941, se duplicó la cantidad de reducción del personal a nivel nacional, principalmente en el período de convertibilidad.

Una excusa que se utiliza para justificar estas reducciones en el personal estatal, tanto en los períodos anteriores como en el actual, es que existe un peso importante en el gasto público. Según el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Elementos sobre el presupuesto 2016, la remuneración de los trabajadores en la administración nacional representa, del gasto total, el 12%, mientras que “la prestación de la seguridad social” representa el 39 por ciento. Si el objetivo es reducir la planta actual de trabajadores para achicar el gasto, no alcanzaría y todo haría pensar que se buscaría recortar otras partidas del gasto público (2016).

Al cumplirse cuarenta años del golpe cívico militar de 1976, que se estén implementando las políticas de reducción de trabajadores en el Estado y la desregulación económica y financieras sólo provoca la profundización de las diferencias existentes, porque justamente, en estas últimas cuatro décadas, dos períodos tuvieron políticas económicas de achicar el Estado en territorio tan extenso como el argentino, donde las políticas públicas provinciales deben ser acompañadas por las políticas de la administración nacional para lograr una desarrollo económico social equitativo.

La canasta total relevada por IPP arroja una variación acumulada, tomando los datos del 1º de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, del 42,45 por ciento. En el caso de los alimentos, el acumulado fue del 48,35%; bebidas, 15,10%; aseo personal, 25,59%, y limpieza para el hogar, 9,71%, en el mismo período.

Sin embargo, la decisión del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de sugerir que se adopte como referencia los índices de precios de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de San Luis arrojó, en diciembre de 2015, resultados muy distintos en estos dos distritos. En el caso del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba), la variación mensual fue del 3,9%, pero la variación interanual fue del 27 por ciento. Camino al centro del país, el IPC San Luis para el mismo mes fue una variación mensual del 6,5%, en alimentos y bebidas fue del 4,2%, con una variación interanual que superó el 31 por ciento.

Para el mes de enero de 2016, el IPCBA fue del 4,1% mensual y el interanual alcanzó el 29%; mientras que en el IPC San Luis la variación mensual fue del 4,2% y el interanual alcanzó el 35,1 por ciento. Las variaciones mensuales fueron cercanas con respecto a lo que había dado en diciembre de 2015, aunque eso no evitó la partida de Graciela Bevacqua.

El acumulado del Ipcba hasta enero de 2016 fue del 8% y el IPC San Luis, de 10,7 por ciento. Si tomamos los datos del IPP, el acumulado, en los primeros noventa días, puede estar entre un 11,66% y un 14,36 por ciento. Mientras tanto, hay que esperar cómo impactará el aumento de los combustibles. Recién en junio se espera que el Indec publique datos.

Pero una frase constante y contundente es que “la emisión de dinero genera inflación”. O que “el gasto descontrolado genera inflación”. Si a uno se le rompe el motor del auto, no va a llamar al médico para que lo arregle. Apela a un mecánico. Por eso los economistas tienen que recurrir a los manuales y las definiciones ya acordadas como consenso general. De ello surge: ¿quién emite dinero? El Banco Central, ¿y cómo lo hace? A través de la base monetaria que se puede contraer o expandir según decida la autoridad monetaria.

Retomando el latiguillo, emitir (crear) dinero genera inflación o por lo menos impactaría directamente en el aumento de precios. Observemos que entre enero y febrero de 2015 se contrajo la base monetaria por -35.557 (ene-16) y -29.195 (feb-16) millones de pesos, principalmente, entre los factores que explican la base monetaria, por los títulos en pesos del BCRA. Esta contracción de las variaciones mensuales de la base monetaria tuvo como correlato una variación de precios tomando el IPC San Luis y IPP de 4,2% y 3,66%, mientras que, para el mismo periodo de 2015, la base monetaria se contrajo -14.570 (ene) y -1.586 (feb), pero la variación de precios fue del 2,08% y 1,47%, según el IPC Provincia, en el mismo periodo. Esto muestra que la frase “emitir genera inflación” por lo menos no se cumple. Porque contrajeron dinero y la variación de precios se mantiene por encima de los datos de 2015 para el mismo período.

Ahora, ¿era necesaria esta modificación de los derechos de exportación? Observemos el contexto del sector agrícola. Si utilizamos el clasificador único uniforme internacional (CIIU a 4 dígitos) en términos de empleo, el sector cultivo de cereales, oleaginosos y forrajeras tuvo un crecimiento, entre el tercer trimestre de 2002 y tercer trimestre de 2014, de un 46,9%, en tanto que el cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales, para el mismo período, contó con un crecimiento del empleo del 108,5 por ciento. Sin embargo, si tomamos el CIIU a 3 dígitos, los cultivos agrícolas crecieron un 50%, lo que evidencia que el crecimiento del empleo de los cultivos agrícolas estuvo impulsado por el resto de cultivos no cerealeros y oleaginosos. Estos cultivos industriales, frutas, hortalizas y legumbres son de escaso aporte a las divisas, pero resultan fundamentales para el mercado interno.

Por ello, al aplicar una medida a todos los sectores por igual, sin distinguir el peso que tiene cada cultivo en la economía sólo profundiza una situación difícil de resolver en este último tiempo y tiene que ver con cómo se reparte la torta generada entre capital y trabajo. Para ello tomemos los conceptos de excedente bruto de explotación (EBE), que significa la participación del ingreso que no se llevan los asalariados. Para saber cuánto les corresponde a los asalariados tomemos el concepto de remuneración al trabajo asalariado (RTA). En tanto que el ingreso mixto bruto (IMB) es la expresión reservada para el saldo contable de la cuenta de generación del ingreso de las empresas no constituidas en sociedad, propiedad de los miembros de los hogares (que no son cuasi sociedades). Es mixto, porque no puede diferenciarse la porción de ese ingreso que corresponde a la retribución al trabajo de la que corresponde a la retribución de los activos que intervienen en el proceso productivo (capital, activos no producidos, etcétera).

Estos tres conceptos no dan un panorama de cómo está la situación en el sector agropecuario, el cual mantuvo una informalidad del 80% hasta el momento de implementación de la reforma del Estatuto del Peón Rural (2012), que bajó la informalidad en un 60 por ciento. Antes de adentrarnos en los datos de los derechos de exportación, observamos este reparto entre capital y trabajo. En el año 2004 la participación en el valor agregado bruto (a precios básicos) por parte del capital (EBE) fue del 82,5%, mientras que el trabajo (RTA) alcanzó solamente el 15,3 por ciento. El punto de quiebre tiene ver con las modificaciones de instrumentación política que permitieron cambiar un poco la situación del trabajo. Por ello, la participación del trabajo pasó de 19,5% (2008) a 28,2% (2013). El capital cedió 9,2 puntos porcentuales en el mismo período.

Ahora, en esta situación de recuperación del trabajo en repartición del ingreso, se sanciona la derogación de los derechos de exportación para el sector agropecuario, con reducciones del 5% a la soja tanto pellet como aceite, que pasa a un 27% y el poroto queda en un 30 por ciento. Esta política de casi anulación de los derechos de exportación es similar a la aplicada durante la convertibilidad (1991-2001), sólo que en ese período los derechos de exportación eran casi nulos.

Los complejos oleaginosos (soja, girasol y otros) en el período 2002 y 2014 aportaron unos 188.524 millones de dólares; el complejo cerealero (maicero, triguero, arrocero y otros) aportó unos 72.173 millones de dólares y el complejo bovino contribuyó con 40.253 millones de dólares. El total de exportaciones en el período en cuestión totalizó unos 744.855 millones de dólares, teniendo en cuenta el resto de los complejos exportadores.

Solamente el complejo soja representó un acumulado en el período de 175.635 millones de dólares. Este complejo tiene derechos de exportación diferenciados para los derivados de la oleaginosa, por ello se tomó el máximo de 35% para porotos y poder calcular la pérdida de ingresos.

El complejo oleaginoso, entre 2002 y 2014, representó el 25% del total exportado; el cerealero un 9,6%; y el complejo bovino solamente un 5,4 por ciento. El aporte en divisas como complejo exportador agropecuario significó un 40% de los ingresos en divisas.

Los principales productos, como los cerealeros y los oleaginosos, tienen un derechos de exportación: soja y poroto, 35%; girasol y aceite, 32%; trigo y pan, 23%; sorgo, 20 por ciento.

Haciendo una estimación de cuánto aportaron al fisco los derechos de exportación, podemos contabilizar que, entre 2002 y 2014, se ha acumulado un total de 440.667 millones de pesos. Suma que, por año, alcanza un total de 33.879 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que solamente la soja y sus derivados aportan, en promedio, el 46% del total de los derechos exportación, con los datos de 2014 podríamos afirmar que la medida de derogación de dicho gravamen podría significar una pérdida fiscal (o de las arcas fiscales) de entre 15 mil y 18 mil millones de pesos. Entonces, solamente un año sin la recaudación por derechos de exportación significarían el equivalente a un año de lo presupuestado en 2014 para el Ministerio de Salud (Administración Central) o 13 años de aportes de impuestos a las ganancias. Este último, entre 2002 y 2014, acumuló unos 17.273 millones de pesos.

Si el déficit tiene relación con el nivel de inflación, como tantos economistas o periodistas indican, utilicemos el caso de la Unión Europea para pensar este postulado cuasiuniversal.

Los datos del informe del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES), Déficit en Argentina y la Unión Europea 2014 y del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) Scalabrini Ortiz, Coyuntura mensual junio/15, contribuyen a evidenciar un persistente déficit del Gobierno que ha influido poco en los niveles de inflación de la Unión Europea. Hasta la crisis del 2008, el déficit fiscal no superó el promedio del -3,5 %, la tasa de inflación fue del promedio 2,3 %, sin grandes alteraciones. En el año emblemático del 2008 la tasa de inflación anual alcanzó los 3,7 %.

El déficit fiscal en porcentajes del PIB, entre 2009 y 2013, fue del -7 % y -4 %, pero ante este amplio déficit la tasa de inflación anual no se disparó. No obstante, no podemos dejar de observar que entre 2008 y 2009 la reducción de la tasa de inflación cayó del 3,7 % (2008) al 1 % (2009). En paralelo, el déficit fiscal (% del PIB) creció a su máximo histórico del -7 %. Entonces, a mayor déficit del Gobierno -en la UE- le sigue un período de desaceleración de los precios o, dicho de otra forma, deflación, lo cual pone en cuestionamiento la cuasicientífica frase: maquinita, déficit e inflación.

Si uno continúa e insiste con el postulado de déficit-inflación, entre 2009-2012 la reducción del déficit fiscal tendría que haber influido en la reducción de la tasa anual de inflación. ¿Se redujo? No, es más, pasó del 1 % al 2,6 %. Como resultado de este proceso de altas tasas de inflación y déficit fiscal estable, la tasa de desempleo fue del 12,1 % en 2013 (E-19).

Los principales países de la Unión Europea han experimentado fuertes procesos deficitarios (medido como porcentaje del PIB). Tanto Alemania, Grecia, España, Francia, Holanda como Reino Unido, a partir del 2009 profundizaron sus déficit a un promedio del -7,5 % como porcentaje del PIB. Las tres economías críticas son Reino Unido, Grecia y España. Aunque haya una reducción del déficit fiscal, los niveles de desempleo siguen siendo crecientes, como lo expresan los países.

El caso argentino plantea un panorama que sirve para comparar, en el período 2003-2012 hubo un superávit (promedio) del 2 % como porcentaje del PIB. El superávit fiscal se mantuvo entre 2003 y 2010; recién en los años 2011, 2012 y 2013 se pasó un déficit fiscal del -2,59 %, -2,18 % y -1,77 % del PIB, respectivamente. En este contexto hubo una reducción del déficit del Gobierno y los niveles de precios se mantuvieron estables y no descendieron, como sí viene ocurriendo durante este 2015.

Los datos que presentan los medios de comunicación y ciertos sectores políticos están en millones de pesos. La realidad es que lo medimos como porcentaje del PIB, para poder compararlo con otros países. Otro detalle es que en la zona europea es aceptable un déficit del 3 % del PIB; este dato confirmaría que estamos dentro de los estándares internacionales, no así los casos de Francia o Inglaterra.

Además, la contracara de la economía argentina es que mantuvo una tasa de desocupación del 7 %, mientras que la zona europea alcanza el 11,1 % en 2015.

En síntesis, podríamos decir que la inflación no tiene relación con el déficit fiscal o la maquinita, ni acá ni en Europa. La explicación de la inflación debe buscarse en otras teorías y en los nuevos aportes sobre cuáles son las causas de la inflación en una economía periférica y con una estructura productiva diferente. Para el caso argentino, podemos decir que los niveles de déficit fiscal en porcentaje del PIB están dentro de los estándares internacionales que estipula la Unión Europea. Este déficit fiscal en el caso argentino, a partir del 2009, estuvo sustentado por una política macroeconómica de desendeudamiento; en el período a partir de 2011, las obligaciones externas fueron las más altas; entre 2011-2015, una recuperación de las reservas a niveles récord y una tasa de desocupación de alrededor del 7 %. Esto fue posible en tanto el Estado logró reactivar la economía en dos momentos, uno interno en el 2001 y en el contexto internacional a partir del 2008.

No se puede decir abiertamente que la inversión social que ha realizado el Estado sea la variable de ajuste ante una desaceleración económica. Cuando el consumo privado, entre 2008-2015, pasó del 66 % al 73 % del PIB, sostuvo la demanda agregada y evitó los fuertes efectos del contexto internacional. Un punto frágil es la transferencia de recursos al exterior durante el período 2008 y 2015, que ante un consumo creciente exista un retroceso en la inversión, que alcanza niveles del 20 % del PIB, cuando en el período 2003 y 2008 fue de un 25 %. Por ello, fue clave en el período posterior al 2008 la inversión social y pública para mantener los niveles de ingresos, bajas tasas de desocupación y distribución del ingreso, como se viene haciendo desde el año 2003.

Esto es lo que plantea Eduardo Jorge: “La expansión de dichas ramas industriales quedaba basada, al igual que la de la producción primaria, en la demanda externa”, o sea, nuestras formas tradicionales de comercio exterior. Por ello es importante diferenciar dentro de la industria manufacturera el rol de cada sector y su aporte al sector económico en términos de divisas, trabajo y capital. Porque muchas de estas grandes industrias vinculadas al sector externo condicionan el desarrollo en la periferia; una frase de este sector mercado externista fue, en los treinta, “Comprar a quien nos compre”. Así se gestó una alianza entre sectores agrarios e industriales, bajo la hegemonía política de los primeros, diría Eduardo Jorge. Que luego, acumulando capital, lograron una diversificación en sus activos y sus negocios, y constituirían nuevas alianzas, influenciados por el contexto internacional. Hubo algunas experiencias en regulación del comercio exterior como el IAPI, la Junta de Granos y Carnes, así como momentos en que la regulación para una mayor distribución desató conflictos que invitaban al debate de proyectos de nación, como fue la resolución 125 (2008).

Dentro de las disputas agrarias como criadores e invernadores también existieron los enfrentamientos entre los industriales “naturales” y “artificiales”, como los denominara Jorge. Los artificiales se constituirían en la CGE y disputarían contra la alianza UIA-Agrarios (SRA, CRA, Coniagro). En la actualidad, dicho enfrentamiento se resolvió con la imposición de un proyecto de nación basado en el endeudamiento, la privatización, los bajos salarios y el alto desempleo en dos momentos: de dictadura cívico militar 1976-1983 y profundizado bajo la convertibilidad de 1991-2001.

Siguiendo con la industria de alimentos, en el plano internacional, para el caso de la ganadería los insumos están concentrados en diez corporaciones que controlan el 16 % del mercado, con Cargill como una de las principales corporaciones. En el caso de los granos Monsanto, Dupont y Syngenta dominan el 53 % del mercado mundial; y en el caso de pesticidas seis empresas dominan el 76 % del mercado, donde las tres empresas antes nombradas dominan el 37 %. En el caso de las industrias de alimentos, solo diez empresas procesan uno de cada tres productos que se consumen en el mundo, algunas de ellas son Nestlé, Pepsico, Kraft, Coca-Cola, Unilever y Cargill.

En el caso argentino, podemos notar la existencia de la concentración y de la importancia del sector alimentos y bebidas. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre grandes empresas, de las 500 empresas el 57 % está concentrado en industria manufacturera, donde el principal sector intra-industria es alimentos y bebidas, con un peso del 19 % para el año 2013 y con un aporte para el mismo año al total de la facturación del 23 %. Otro documento nos permite complementar el análisis, el informe de dinámica empresarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que indica que las grandes empresas en el sector alimentos entre 1996 y 2002 pasaron de un 2,9 % a un 3,1% en el total de empresas del sector. Entre 2002 y 2008 se pasó del 3,1 % al 3 %, para finalizar en el año 2013 con una concentración de 2,9 %. Además, este sector concentró entre 1996 y 2013 el 30 % de los créditos al sector privado.

Entre las principales empresas de alimentos encontramos a Molinos Río de la Plata, Arcor y Ledesma, que manejan distintos segmentos de ventas de aceites, flanes, gelatinas, jugos, bizcochuelos, conserva de vegetales y de frutas, polentas, mermeladas, postres, dulces, tomates y salsas, galletitas, alfajores, barra de cereales, azúcar y papel. Será por este lado la respuesta para monitorear los precios.

Justamente la regulación del dólar dio inicio a la desaceleración económica que coincidió con la profundización de la crisis internacional. La baja de las tasas de interés a nivel internacional, la contracción del comercio y la falta de recuperación de las principales economías puso sobre el escenario el rol de China para traccionar al resto de las economías.

En este contexto, la economía nacional comenzó 2014 con una devaluación del 24% -pasó de $6,5 a $8,1 por dólar- , la cual se estabilizó con un tipo de cambio que está cerrando este año alrededor de 8,5 mientras que el dólar “ilegal” se desplomó .

Pero volviendo a principios de mes, cuando las industrias comenzaban a especular con la posibilidad de una devaluación brusca que nos llevaría al punto de quiebre del gobierno, también se sumó la especulación de las transnacionales. Los distintos acuerdos económicos con los sectores permitieron calmar las aguas internamente luego de una disputa fuerte en tiempos de paritarias. Los niveles de precios marcaban ahora un piso de 29% (variación de precios interanual). Este piso que medido por otras consultaron arrojaba un 40%, pero hay que ser prudentes, ninguno de los detractores del IPC-Oposición va ajustar su actualización de salarios por ese índice, caso el Jefe de la Municipalidad de Buenos Aires y los trabajadores estatales. Aunque no nos olvidemos que el gabinete de la CABA actualizó su salario en un 40% en 2013[1] contra 2012.

En la mitad del año, cuando se estuvo por lograr cerrar el frente externo (Club de Paris, REPSOL), ante una falta de divisas que fue la causante de la devaluación de enero, situación que posibilitaría acceder o no a los mercados externos se profundiza la crisis con los fondos buitres. No es que el gobierno precisara cerrar el frente externo para acceder a los mercados externos; eso fue una zoncera, primero porque la Argentina estaba en default desde que decreto la cesación de pagos el ex presidente puntano en 2002. Segundo, entre 2003 y 2013 la Argentina estuvo en el 4to lugar de receptora de IED, o sea, la clave del crecimiento, inclusión social y empleo estuvo en la planificación del Estado y no tanto en la llegada de IED, aunque llegaron inversiones y fueron en su mayoría sectores manufactureros, construcción y servicios. Entonces, la necesidad de cerrar el frente externo se hizo para lograr que las transnacionales pudieran continuar acompañando las inversiones que vino haciendo el Estado.

Los fondos buitres pusieron de nuevo en conflicto a sector políticos internos que se alinearon bajo la consigna “pagarles” y los que querían respetar lo acordado con el 92,4% de los acreedores que habían ingresado al canje 2005 y 2010. Mientras la situación de la economía real argentina no despegaba de su desaceleración producto de la regulación de los dólares, se suma la estrategia de la industria automotriz que en el año 2013 vendieron 5 autos por minuto y no pudieron preveer situaciones de retroceso en la economía y por eso en el primer semestre, ante un impuesto a los autos de alta gama, decidieron aumentar los precios de autos de consumo masivo y expulsar-suspender trabajadores.

El frente externo, para el segundo semestre, siguió protagonizado por los fondos buitres y su necesidad de imponer a la Argentina un pago por u$s 1600 millones que llevaría a la inevitable deuda jurídica de u$s 500.000 millones si no se respetaba los acuerdo con el 92,4%. Esta “inestabilidad financiera” producto de las desregulaciones financieras en el corazón de la economía norteamericana fue discutida hasta en la ONU ante la imposibilidad de que los Estados puedan no reestructura sus deudas soberanas. El resultado fue que el Consejo de la ONU propuso buscar los mecanismos para regular este tipo de actividad que atentan contra los Estados y sus ciudadanos. Sin embargo, la situación no queda ahí, la llegada del ex secretario de comercio para América Latina Gutiérrez (sep-14) que le propuso al gobierno acordar con los fondos buitres, de lo contrario habría 5 momentos de desestabilización[2] y uno tiene que ver con acelerar la cotización del dólar “ilegal” (ver imagen). Primero, la devaluación del 24% y la posterior liquidación de activos en dólares de los bancos los hizo ganar millones de pesos en un día al sector financiero acosta de bajar las presiones cambiarias en aquel momento pero aún así la problemática estuvo en la mediatización del dólar ilegal. Con la nueva conducción del central en octubre del corriente se logro apaciguar y calmar las operaciones en el mercado ilegal de divisas. El cierre del año, aunque el conflicto de los buitres sigue, muestra que la economía argentina lograría estabilizar las presiones cambiarias debido a los aportes de los swaps de China por u$s 2.314 millones, las exportadoras cerealeras aportarán unos 4.000 millones más si adelantan exportaciones por el “dollar linked” en unos u$s 1.700 millones, y por último el reciente aporte de las telefónicas por u$s 765 millones por inversiones en 3G y 4G.

En síntesis, lo que está latente y en una disputa en la estructura productiva argentina y condiciona parte de su desarrollo es el control por la divisa. Algunos sectores lo utilizan para ahorro, por AFIP salieron unos u$s 2.869 millones, las transnacionales y grandes contribuyentes para girarlos al exterior en sus diversas formas (elusión y evasión) y el gobierno que precisa la divisa para continuar el procesos de desarrollo que viene sosteniendo en un mundo en crisis. Lo pendiente para el 2015 es el agujero de los dólares que salieron por AFIP, lo que marca la necesidad de pesificar la economía y la recuperación de los sectores económicos que dinamizan el empleo y reflexionar sobre la “estabilidad financiera” que aportó China en un contexto de acuerdos de libre comercio con EEUU que está negociando en el Pacifico. En qué nos puede afectar.

Las especulaciones de ciertos productores, fábricas de aceites y exportadoras de cereales y oleaginosas pone sobre la mesa la necesidad de continuar debatiendo estos temas. A ello se suma este comunicado del Banco Nación que indica que podría haber estado ocurriendo una cierta especulación de productores que utilizaron los créditos de granos para acopio de maíz y trigo para combinarlo con silobolsas (para el acopio) de granos de soja.

En la mesa coordinada por Agustina Gallardo (CCC), “La comercialización de granos en Argentina”, Carlos León (Cátedra Giberti, IADE), Juan Ferrero (Secretario de Producción, Rufino, Santa Fe), Pedro Peretti (FAA/Grito de Alcorta) y quien escribe esta síntesis el debate fue en torno a la estructura productiva. Si la medimos según los datos de Estructura Sectorial Cambiaria muestra que la Industria Manufacturera generó un déficit de u$s 30.127 millones mientras que el sector agropecuario tuvo un superávit de u$s 214.147 millones entre 2003-2013. El sector Cerealero y Oleaginoso es responsable en un 90% (Informe Comercio Exterior y EPD, CCC).

Lo que evidencia que la idea de estructura productiva desequilibrada sigue vigente. Por otro lado, y ante estos obstáculos del comercio exterior se propuso crear una “Agencia de Granos Pública” bajo “control social” de consumidores, pequeños y medianos productores, cooperativas y otras instituciones vinculadas al sector. No obstante, si este fuese el fin, se quedaría corto, también se presento la necesidad de regular las semillas (no ceder ante la presión de las multinacionales como Monsanto) y el transporte carga, en ello también es relevante, la reactivación de la industria naval, como se viene haciendo con los ferrocarriles; Arturo Jauretche decía que en comercio exterior vender a precio FOB es de una estructura productiva colonial, y en cambio vender a CIF significaba tener una industria naval que transporte las mercancías en ultramar. Esto significa no sólo regular el comercio exterior sino regular y recuperar el Río Paraná, nuestra segunda Vuelta de Obligado ya que las empresas trasnacionales exportadoras de cereales y oleaginosas (Bunge, Cargill, Dreyfus, Nidera) dominan los puertos y terminales en Rosario, San Lorenzo, San Martin, Quequen y Bahia Blanca.

Entre las propuestas se planteo, además del impuesto inmobiliario rural, avanzar en un impuesto al latifundio, por ejemplo, en Santa Fe hay propietarios con 126.000 hectáreas o en Entre Ríos donde Pedro Pou (Universidad de Chicago / CEMA / Presidente el BCRA 1996-2001) tiene unas 50.000 hectáreas.

El expositor de Rufino ante la problemática de sojización que “genera desigualdad”, describió una herramienta denominada “valor en origen” junto a la idea de que los intendentes son los que  representan la “cercanía de la política”: si 10.000 toneladas (básica siembra) se genera 15 puestos de trabajo y la industrialización (galletitas o pastas) genera el doble de puestos de trabajo. El Molino que permite esta industrialización está en manos de una cooperativa ya que había quebrado luego del periodo 1991-2001.

Este ejemplo vino en sintonía de tener chacras mixtas pero junto a la necesidad de un “Instituto de Colonización” que permita distribuir la tierra para la producción agroalimentaria de consumo interno. Para lograr esto último también es necesario tener una política agraria diferenciada según el sujeto agrario. Si se pudo nacionalizar las AFJP, ¿por qué no se podrían recuperar estas instituciones que permitan bajar los niveles de especulación que realizan los grandes productores, acopiadores, fabricas aceiteras y empresas exportadoras de cereales y oleaginosas?

Tras el discurso de la Presidenta de esta semana, apareció nuevamente la preocupación respecto del acopio de parte de la cosecha de soja realizada por los grandes productores. Esta nueva escalada especulativa en particular se genera en un contexto de fuerte baja en los precios internacionales del cultivo. Por ello, las razones de la reticencia a la venta solo podrían explicarse por la estrategia de hacer caer la oferta de dólares, generar un salto devaluatorio y obtener una renta extraordinaria que compensen la caída de precios.

Según puede estimarse por datos oficiales de exportaciones en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES de exportación, todavía restaría por comercializar entre un 42% y un 52%, lo que representa entre u$s 7.000 y u$s 11.000 millones, de la cosecha 2013/14.

Las consecuencias del acopio no solamente afectan al mercado cambiario, sino también el resultado fiscal. Porque al evitar comercializar la cosecha y con ello liquidar las divisas de magnitud entre u$s 7.000 a u$s 11.000 millones se habrían podido cancelar las obligaciones (capital más intereses) de 2014 y 2015 que serán de u$s 7.091 y u$s 12.430 millones[1], respectivamente. Lo que evidencia que la voluntad individual de un sector económico está poniendo en peligro a la voluntad general.

El último informe (oct14) de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura muestra que la producción de soja para la campaña 2013/14 ha sido record. Con un crecimiento del 9,5% con respecto a la campaña anterior. En términos de toneladas es una campaña muy superior a las últimas dos, alcanzando los 53 millones, cuando en la campaña 2011/12 fue de 40 millones. La industrialización creció de 33 a 43 millones de toneladas. La exportación pasó de 6 a 10 millones de toneladas.

En relación a ello según datos del Fondo Federal Solidario (fondo donde se coparticipan las retenciones a la soja) para septiembre de 2014 la recaudación fue un 1,4% menor que el mismo periodo de 2013. Lo que significó que el acumulado para los primeros 9 meses de 2014 fue de u$s1524 millones mientras que para el mismo periodo de 2013 fue de u$s 1.546 millones (Gráfico 1).

No obstante durante el 2013 el promedio del tipo de cambio fue de 5,43 pesos por dólar mientras que para los primeros 9 meses de 2014, promedio, el tipo de cambio alcanzó 7,99 pesos por dólar. Con una moneda 45% depreciada en comparación al año anterior, la decisión fue acopiar en momentos de caída de precios internacionales. En este sentido, la pérdida por no vender en el momento adecuado rondaría los u$s 2.000 millones y no solo afectaría a los productores sino también al Estado (principalmente las provincias) en concepto de derechos de exportación. Solo si comparamos septiembre de 2014 contra 2013 nos da que cayo la liquidación de divisas en u$s 589 millones (Gráfico 2).

Por ello, resulta interesante preguntarse por las herramientas que tiene el Estado para poder coordinar las presiones cruzadas que se reciben desde el sector e intervenir, a favor del equilibrio macroeconómico por un lado, y en beneficio de los pequeños productores que no tienen espalda financiera para realizar estas maniobras, por el otro. La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo. Una alternativa podría ser una empresa estatal de comercio de granos, dependiente del Poder Ejecutivo o un área dentro de otra empresa de capitales públicos, que tenga como objetivo proteger el ingreso de los productores y resguardar la soberanía alimentaria nacional.

Pero ¿qué es el IDH -Índice de Desarrollo Humano- o qué mide? El IDH es una medida resumen de la evaluación de progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas: El indicador de una vida larga y saludable se mide por la esperanza de vida; el acceso al conocimiento se mide a través de la media de años de escolaridad para la población adulta y los años esperados de escolarización para los niños en edad de ingreso escolar; y el nivel de vida se mide por el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita expresado en dólares internacionales constantes de 2011, convertidos por la paridad del poder adquisitivo (PPA)[1]. El IDH está comprendido en un rango entre 0 y 1; cuanto más se aproxima a 1, mayor es el nivel de desarrollo humano.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,  el Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra que en América Latina se redujo la inequidad y aumentó el desarrollo humano aunque a un ritmo lento en comparación al período 2000-2008. Esta desaceleración del desarrollo humano es atribuible a la crisis financiera de 2008, según el informe. La propuesta del organismo es la creación de un Fondo Monetario Latinoamericano para evitar estas crisis financieras que afectaron a diferentes economías periféricas.

Por otro lado, el FMI publicó sus proyecciones para la región: el 2014 cerrará con un crecimiento económico del 2% y el 2015 la tasa de crecimiento será del 2,6%, similar al del año 2013 pero inferior al crecimiento del 2012 (2,9%).

Para el caso argentino los resultados fueron los siguientes: El valor del IDH para el 2013 fue 0,808, posicionando al país, junto con Chile y Cuba, dentro de la categoría de muy alto desarrollo humano y en la posición 49 de los 187 países y territorios considerados. Entre 1980 y 2013, el valor de IDH de Argentina aumentó 0,665 a 0,801, un incremento de 21, 5 por ciento. En términos anuales, representa un aumento de alrededor del 0,59 por ciento. Entre 1980 y 2013, la esperanza de Argentina de vida al nacer aumentó 6,8 años; la media de años de escolaridad aumentó en 3,1 años y los años esperados de escolaridad aumentaron en 5,1 años; y el Ingreso Nacional Bruto per cápita de Argentina aumentó en un 47,4 por ciento entre 1980 y 2013 (en valores constantes PPA[2]).

Una novedad del informe es la medición de la cuestión de género, el Índice de Desarrollo de Genero (IDG) muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre los logros femeninos y masculinos. En el informe, la Argentina tiene un valor de IDG de 0,381 ocupando el puesto 74 de los 149 países considerados en el Índice 2013. En Argentina, el 37,7 por ciento de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 57 por ciento de las mujeres adultas han alcanzado un nivel secundario o superior de educación en comparación con el 54,9 por ciento de los hombres.

Entonces, mientras la desigualdad de ingresos ha aumentado en varias regiones, en América Latina y el Caribe ha disminuido, en parte debido a la expansión de la educación y las transferencias públicas a los pobres. En la región también se ha ido cerrando la brecha en las desigualdades en salud. Y para el caso argentino el IDH corrobora los avances en lo económico-social, acompañado de un IDG según el cual las mujeres tiene un nivel de educación superior al de los hombres; lo anterior se explica por la regulación y planificación estatal, aun sin ser el principal país receptor de inversión extranjera directa -entre 2002 y 2014 Argentina ocupó el cuarto lugar. Lo que demuestra que la economía nacional pudo desarrollarse con casi nulo endeudamiento externo y bajos niveles de inversión extranjera directa.