Pero ¿qué es el IDH -Índice de Desarrollo Humano- o qué mide? El IDH es una medida resumen de la evaluación de progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas: El indicador de una vida larga y saludable se mide por la esperanza de vida; el acceso al conocimiento se mide a través de la media de años de escolaridad para la población adulta y los años esperados de escolarización para los niños en edad de ingreso escolar; y el nivel de vida se mide por el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita expresado en dólares internacionales constantes de 2011, convertidos por la paridad del poder adquisitivo (PPA)[1]. El IDH está comprendido en un rango entre 0 y 1; cuanto más se aproxima a 1, mayor es el nivel de desarrollo humano.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,  el Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra que en América Latina se redujo la inequidad y aumentó el desarrollo humano aunque a un ritmo lento en comparación al período 2000-2008. Esta desaceleración del desarrollo humano es atribuible a la crisis financiera de 2008, según el informe. La propuesta del organismo es la creación de un Fondo Monetario Latinoamericano para evitar estas crisis financieras que afectaron a diferentes economías periféricas.

Por otro lado, el FMI publicó sus proyecciones para la región: el 2014 cerrará con un crecimiento económico del 2% y el 2015 la tasa de crecimiento será del 2,6%, similar al del año 2013 pero inferior al crecimiento del 2012 (2,9%).

Para el caso argentino los resultados fueron los siguientes: El valor del IDH para el 2013 fue 0,808, posicionando al país, junto con Chile y Cuba, dentro de la categoría de muy alto desarrollo humano y en la posición 49 de los 187 países y territorios considerados. Entre 1980 y 2013, el valor de IDH de Argentina aumentó 0,665 a 0,801, un incremento de 21, 5 por ciento. En términos anuales, representa un aumento de alrededor del 0,59 por ciento. Entre 1980 y 2013, la esperanza de Argentina de vida al nacer aumentó 6,8 años; la media de años de escolaridad aumentó en 3,1 años y los años esperados de escolaridad aumentaron en 5,1 años; y el Ingreso Nacional Bruto per cápita de Argentina aumentó en un 47,4 por ciento entre 1980 y 2013 (en valores constantes PPA[2]).

Una novedad del informe es la medición de la cuestión de género, el Índice de Desarrollo de Genero (IDG) muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre los logros femeninos y masculinos. En el informe, la Argentina tiene un valor de IDG de 0,381 ocupando el puesto 74 de los 149 países considerados en el Índice 2013. En Argentina, el 37,7 por ciento de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 57 por ciento de las mujeres adultas han alcanzado un nivel secundario o superior de educación en comparación con el 54,9 por ciento de los hombres.

Entonces, mientras la desigualdad de ingresos ha aumentado en varias regiones, en América Latina y el Caribe ha disminuido, en parte debido a la expansión de la educación y las transferencias públicas a los pobres. En la región también se ha ido cerrando la brecha en las desigualdades en salud. Y para el caso argentino el IDH corrobora los avances en lo económico-social, acompañado de un IDG según el cual las mujeres tiene un nivel de educación superior al de los hombres; lo anterior se explica por la regulación y planificación estatal, aun sin ser el principal país receptor de inversión extranjera directa -entre 2002 y 2014 Argentina ocupó el cuarto lugar. Lo que demuestra que la economía nacional pudo desarrollarse con casi nulo endeudamiento externo y bajos niveles de inversión extranjera directa.

El rol de los “fabricantes o comerciantes” siempre fue de la preocupación de los clásicos: Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) y Saint Simón (1760-1825). En la obra de Smith, “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”, describió que el “producto anual de la tierra y del trabajo de una Nación, o lo que es lo mismo, el precio conjunto de este producto anual, se divide {…} en tres partes: la renta de la tierra, los salarios del trabajo y el beneficio del capital” y señala que se constituye con ella “la renta de tres clases de la sociedad: de la que vive de rentas, de la vive de salarios y de la que vive de beneficios. Éstas son las tres grandes clases originarias y principales de todo sociedad civilizada”.

Estos beneficios de las clases, según el autor, esta “intima e inseparablemente vinculada con el interés general de la sociedad”. Es decir, que las clases sociales se vinculan en su designio civilizatorio sobre la base de del “producto anual de la tierra y del trabajo”. Pero ¿cualquier clase social podía/puede llevar conducir la economía de la sociedad civilizada? La respuesta del autor es un “no positivo”. Para Smith, la deliberación de los poderes públicos sobre los asuntos de comercio o de administración no pueden recaer sobre los que viven de la renta de la tierra. Asimismo, descarta que los obreros puedan comprender la relación del interés como clase con el interés general de la sociedad.

Pero recordemos, está hablando en el siglo XVIII. Si bien con los obreros es categórico, no menos deja de serlo con los que viven de los beneficios del capital: “el interés de esta tercera clase no se halla tan íntimamente relacionado, como el de las otras dos, con el general de la sociedad. Los comerciantes y fabricantes son, dentro de esta clase, las dos categorías de personas que emplean, por lo común, los capitales más considerables y que, debido a su riqueza, son objeto de la mayor consideración por parte de los poderes públicos. Como toda su vida se haya ocupada en hacer planes y proyectos, gozan de una mayor acuidad mental que la mayor parte de los terratenientes”.

Pero Smith advierte que, si bien existe esta clase de fabricantes y comerciantes que tiene condiciones para la administración en los poderes públicos, también existen quienes “trafican” manufacturas o quienes tienen un interés opuestos al bien público: “el interés del comerciante consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la competencia. La ampliación del merado suele coincidir, por regla general, con el interés del público; pero la limitación de la competencia redunda siempre en su perjuicio, y sólo sirve para que los comerciantes, al elevar sus beneficios por encima del nivel natural , impongan, en beneficio propio, una contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos”. Concluye su Libro Primero con una afirmación categórica: “Toda proposición de una ley nueva o de un reglamento de comercio que proceda de esta clase de personas deberá analizarse siempre con la mayor desconfianza, y nunca deberá adoptarse como no sea después de un largo y minucioso examen, llevado a cabo con la atención más escrupulosa a la par que desconfiada”.

¿Por qué reflexionamos y tomamos las conclusiones del texto de Smith? Por la simplicidad. Plantear la existencia de las clases sociales y de los intereses de cada una en relación a la sociedad civilizada, al decir de los liberales. Pareciera que, en palabras de Smith, la dirección de los asuntos públicos está, por acuidad mental, en manos de los comerciantes o fabricantes. Descarta, naturalmente, a los trabajadores y a los terratenientes que viven de renta y son holgazanes (“conviene más especular con la inflación y el dólar que producir”, Luis Etchevehere – InfobaeTv) en cualquier tarea de asuntos públicos.

Cabe la advertencia sobre el rol de ciertos fabricantes o comerciantes (de ahora en más industriales, al estilo del “Catecismo político de los industriales” de Saint-Simon), ya que pueden en muchos casos imponer su interés particular a costa del general y atentar contra la sociedad civilizada. Al poner su interés particular por sobre el conjunto, se convierten, según Smith, en barbaros. En términos de Saint-Simon, la insurrección de los industriales fue necesaria para ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad.

Las citas de los clásicos expuestas en el presente artículo nos permiten repensar el rol de los industriales en esta última década en la Argentina. Si reflexionamos en base al pensamiento de Smith, ciertos industriales en la Argentina serían incivilizados ya que ni si quiera hacen planes ni proyectos de inversión. El ejemplo del sector automotriz es claro. Tiene la utilización de la capacidad instalada industrial (UCI) al 57% (Mar-14), nivel similar al del año 2006. En 2009 la UCI-Automotriz toco el piso del 22%. Y además coincide con el comportamiento de la UCI general. Parecen terratenientes, no invirtieron en ampliar la capacidad industrial instalada ni lograron reducir los componentes importados en base a I+D. El Estado les aseguró un mercado interno y espacios en el Mercosur. Luego de años de crecimiento económico se apropiaron de la actualización de los salarios y protección por parte del Estado para su beneficio sectorial y ponen todo el peso de la desaceleración económico sobre los trabajadores. Y ni siquiera se han insurreccionado ante el poder terrateniente y trasnacional sino que han acordado la no inversión y vivir a cuesta de las mejoras de los trabajadores.

Por otro lado, están los grupos de economistas o grupos económicos que desde una perspectiva diferente analizan la economía Argentina con variables universales, como si los problemas económicos fueran similares a los que ocurren en las economías centrales. De esa forma llegan a proponer una única medicina, un solo camino para resolver problemas complejos. Simplemente sintetizan todo en un problema de corrupción, enfáticamente, corrupción del gobierno o del Estado.

Esta última perspectiva nos construye una lente que nos hace perder de vista la estructura productiva de un país como la Argentina y a algunos de sus operadores económicos. Como es conocido desde que estamos en los primeros años de nuestra enseñanza pública o privada, se nos muestra que la principal zona de país es la región pampeana, compuesta por cinco provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. Estas cinco provincias tienen las tierras de mayor calidad para producción agropecuaria. Esta producción agropecuaria hoy, con sólo tres productos (maíz, trigo y soja en aceite, harina y poroto), representa más del 45% en ingreso de divisas por exportaciones. O sea, la producción de estos productos, y que se ha extendido a zonas antes no sojeras como Santiago del Estero o Tucumán, ha producido un cambio en el destino y uso de la tierra que puede estar afectando a otros cultivos. Si bien esto -exportar productos de fuerte demanda externa, para economías en expansión y desarrollo industrial- es una característica de las economías periféricas, el dilema pasa por cómo afectan las decisiones de quienes comercializan las principales mercancías de exportación a otros sectores económico-sociales.

Una de las características del oro verde es que es un mercado de venta rápida ante las variaciones de los precios internacionales. Durante el periodo de convertibilidad la producción de soja promedio fue del 16 millones de toneladas, en tanto que durante el periodo 2003-2013 la producción alcanzó un promedio de 40 millones de toneladas anuales. En el período de convertibilidad fueron casi nulos los derechos de exportación e importación. El aumento porcentual de los derechos de exportación se volvió a utilizar en 2002. Durante el periodo posterior a 2002 los precios internacionales superaron los históricos, alcanzando un pico de 650 u$s/tn y la producción casi que se triplicó. Todo esto produjo una masa de gran ingreso en divisas que luego de la crisis del 2008 comenzó a desacelerarse, causado por la recesión del comercio internacional y distintos problemas en economías que demandan productos agroalimentarios, por ejemplo Egipto, principal importador de trigo, o China principal importador de soja que desaceleró su crecimiento pero que aún mantiene en alza la demanda externa.

En este contexto difícil a nivel internacional, las políticas económicas que se adoptaron en Argentina fueron, post-2008, mantener el poder adquisitivo de la población vía transferencias del Estado y redistribuir e incentivar la inversión pública vía otros mecanismo, como el “Fondo Federal Solidario (FFS)”, creado en 2009, que permite captar un porcentaje de los derechos de exportación a la soja (y derivados). Es un 30% de los derechos de exportación que tuvo como destino, principalmente, la obra pública provincial y municipal: pavimento, mantenimiento de hospitales y escuelas, plazas, etcétera.

Durante los primero diez meses de 2013, el FFS acumuló unos $8.784 millones, y la Ciudad de Buenos Aires recibió unos $214 millones; mientras que durante el mismo periodo de 2012 se habían acumulado unos $6.856 millones y la CABA percibió unos $174 millones. Aunque durante 2013 el FFS fue mayor al 2012, esto se explica por la depreciación de la moneda que permitió cambiar más pesos por dólar. Nombramos la CABA porque al no ser una zona de producción sojera, igual se adhirió a esta ley del 2009, la cual es voluntaria y no excluyente.

Aunque los precios internacionales disminuyeron sus valores, aún así el FFS fue mayor. Pero todavía existen algunos agentes económicos que acumularon parte de su producción de poroto de soja para liquidarlo cuando les parezca conveniente. Si bien los precios internacionales todavía generan incentivos a la producción de soja, existen otros agentes que son parte de la restricción interna; éste es el caso de las multinacionales que actúan en el comercio exterior. Son intermediarios en la liquidación de divisas que es el principal factor de expansión/contracción de la base monetaria. Otros dos factores son el sector público y sector privado.

Pero observemos los números de la liquidación de divisas. Porque unos de los problemas de la restricción externa tiene relación con la variable divisas. Que son necesarias para importar los productos que no se fabrican en el país o el pago de intereses de la deuda (fueron unos casi u$s 173.000 millones) o giro de utilidades y dividendos. Según el informe de coyuntura del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO), las importaciones continúan su tendencia alcista en estos primeros diez meses de 2013. Las reservas internacionales, según este informe de octubre de 2013, totalizaron u$s 33.971 millones, lo que implicó u$s 11.303 millones menos que el stock al cierre del mismo mes del año pasado y u$s 1.023 millones menos que el cierre del mes anterior. Además, los giros de utilidades y dividendos en el 2012 fue de u$s 253 millones, mientras que hasta octubre de 2013 fue de u$s 519 millones.

Tanto importaciones como giro de utilidades y dividendos muestran que el denominado “cepo al dólar” merece entrar en el terreno de la duda como variable explicativa de la economía. Desde el Central se explicó que el 75% de las divisas entre 2008-2013 fueron para pago de los intereses de la deuda externa. El otro 25% estará distribuido en la serie fuga de capitales y giro de utilidades y dividendos, más las importaciones (ver gráficos). Sin embargo durante 2008-2013 los sectores sociales dominantes fugaron del país casi u$s 73.761 millones. Pero veamos qué está pasando con la liquidación divisa. En los primeros diez meses desde 2008 a 2013 se liquidaron divisas por estos montos (en millones): u$s 19.344 (2008); u$s 14.313 (2009); u$s18.971 (2010); u$s 22.226 (2011); u$s 20.084 (2012); y u$s 20.862 (2013). Lo que muestra que se desaceleró la liquidación de divisas, entre 2012 y 2013 sólo creció un 3,87%. El FFS, que hace las veces de complemento a la inversión pública en provincias y municipios, ante esta merma en la liquidación de divisas no fue tan afectado ya que la depreciación del tipo de cambio permitió que sigan creciendo los montos destinados a él y su posterior distribución. Se paso de $4,49 a $5,39 por dólar.

Entonces, existe una serie de factores que ponen alerta en la especulación de los acopiadores de soja tiene que ver con que existen al menos unos 16 millones de toneladas de soja en stock. Esta podría contribuir a la restricción interna en la estructura productiva de una economía periférica como la Argentina: especulación del principal producto de exportación y transnacionales que dominan el comercio exterior y el ritmo de liquidación de divisas. Sólo nos cabe una pregunta final ¿Se podrá solucionar esta restricción interna? ¿La no liquidación de producción y divisas no estará comenzando a afectar a la economía nacional? ¿Cuánto representan los asalariados que ganan de $8.000, promedio, de esos u$s 73.761 millones que se fugaron?