En el prefacio del informe se explica: “La contribución de una inflación baja y estable a estos objetivos nunca se hace tan evidente como cuando no existe: la huida de la moneda local puede desestabilizar al sistema financiero y desembocar en crisis, la destrucción del sistema de precios complica la productividad y la generación de empleo genuino, el impuesto inflacionario golpea a las familias más vulnerables y propicia redistribuciones de riqueza en favor de las más pudientes. Una inflación baja y estable previene todo esto”. Para lograr que esta inflación baje y se mantenga estable, y evitar así una mayor redistribución de la riqueza en favor de las familias más pudientes, el BCRA comenzará a utilizar un régimen de metas de inflación.

El año 2016 será un período de transición hacia el comienzo de las metas de inflación, durante 2017 (ver imagen). El BCRA va tratar,  el resto del 2016, de que la inflación se sitúe debajo del 25% (i.a.) en diciembre. La evaluación y las perspectivas que realizó la autoridad monetaria explican que el aumento de la inflación respondió a una “fuerte corrección de precios relativos operada como consecuencia de la expectativa y posterior materialización del incremento en el tipo de cambio oficial y las alzas en las tarifas de varios servicios públicos que se encontraban muy rezagadas, especialmente en el área metropolitana”.

En síntesis, la devaluación generó el aumento de precios y fue acompañada de una mayor presión, al alza, por el aumento de la tarifa en los servicios públicos. Para contener esta dinámica de cambio en los precios relativos, el BCRA decidió optar por una “política monetaria de sesgo contractivo”. El informe continúa afirmando que esta política logró contener la inflación en el primer trimestre. ¿Fue así?

Por otro lado, en el primer trimestre no hay signos de recuperación del nivel de actividad. El consumo sigue sin dar muestras de recuperación, a contramano de lo que evidencia el comercio exterior. Como la sociedad civil sigue escuchando desde el Gobierno nacional, el informe también, que la recuperación comenzará en el segundo semestre, esta recuperación será posible por basarse: “en la eliminación de distorsiones que pesaban sobre diferentes actividades, la recuperación del acceso a los mercados internacionales de crédito voluntario a partir del acuerdo alcanzado con los tenedores de deuda pública en litigio y el ordenamiento macroeconómico en curso”.

No obstante, los datos que provee el informe no son muy alentadores: las ventas en supermercados y en centros de compras, medidas en términos reales (utilizando el Índice de Precios al Consumidor Buenos Aires y el Índice de Precios al Consumidor San Luis), cayeron un 4,8% sin estacionalidad (s.e.) y 6,4% s.e., respectivamente, en relación con el trimestre anterior.

Otro indicador de la situación es la recaudación tributaria ligada al consumo (IVA-IVA bruto), que se redujo 2,2% (s.e.). Esta caída del consumo privado se explica por el aumento de la inflación. Siguiendo en esta línea, el consumo público, por cambio de gobierno y retraso en la ejecución de las partidas, acompañó al gasto primario del sector público nacional no financiero, que disminuyó en términos reales un 5% i.a.

Por lo tanto, los datos y las perspectivas que emanan del informe de política monetaria muestran un panorama complejo para el resto del 2016. El informe de precios de la ciudad de Buenos Aires arrojó un cambio en los precios relativos en el mes de abril del 6,5% y una inflación interanual del 40%, lo que supera los picos de 2014 y 2015 (ver imagen). La devaluación de enero de 2014 se realizó y alcanzó el 20%, sin mover las tarifas; eso permitió amortiguar el impacto que tuvo dicha política y que fue acompañada de una expansión del gasto primario. En este caso, la devaluación del actual Gobierno alcanzó el 40%, devaluación que, confirma el informe, impactó en los niveles de precios y fue acompañada por una suba en las tarifas y una contracción del gasto primario.

En abril de 2014 la inflación (i.a.) alcanzó un pico del 38% —medida por el IPCBA—, pero en abril de 2015 estuvo en 27% y para el mes de noviembre fue del 24 por ciento. Los números de los precios relativos hasta ahora, entre diciembre de 2015 y abril de 2016, muestran un acumulado del 21,8% y, si sacamos el mes de diciembre de 2015, el primer cuatrimestre de 2016 acumula una variación de precios del 17,9%, según el IPCBA. Si proyectamos este acumulado del primer cuatrimestre, el nivel de precios podría superar el 50% (ver imagen).

El BCRA deberá pensar en algo más que una política monetaria contractiva para contener la variación de los precios relativos y la inflación.

La canasta total relevada por IPP arroja una variación acumulada, tomando los datos del 1º de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, del 42,45 por ciento. En el caso de los alimentos, el acumulado fue del 48,35%; bebidas, 15,10%; aseo personal, 25,59%, y limpieza para el hogar, 9,71%, en el mismo período.

Sin embargo, la decisión del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de sugerir que se adopte como referencia los índices de precios de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de San Luis arrojó, en diciembre de 2015, resultados muy distintos en estos dos distritos. En el caso del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba), la variación mensual fue del 3,9%, pero la variación interanual fue del 27 por ciento. Camino al centro del país, el IPC San Luis para el mismo mes fue una variación mensual del 6,5%, en alimentos y bebidas fue del 4,2%, con una variación interanual que superó el 31 por ciento.

Para el mes de enero de 2016, el IPCBA fue del 4,1% mensual y el interanual alcanzó el 29%; mientras que en el IPC San Luis la variación mensual fue del 4,2% y el interanual alcanzó el 35,1 por ciento. Las variaciones mensuales fueron cercanas con respecto a lo que había dado en diciembre de 2015, aunque eso no evitó la partida de Graciela Bevacqua.

El acumulado del Ipcba hasta enero de 2016 fue del 8% y el IPC San Luis, de 10,7 por ciento. Si tomamos los datos del IPP, el acumulado, en los primeros noventa días, puede estar entre un 11,66% y un 14,36 por ciento. Mientras tanto, hay que esperar cómo impactará el aumento de los combustibles. Recién en junio se espera que el Indec publique datos.

Pero una frase constante y contundente es que “la emisión de dinero genera inflación”. O que “el gasto descontrolado genera inflación”. Si a uno se le rompe el motor del auto, no va a llamar al médico para que lo arregle. Apela a un mecánico. Por eso los economistas tienen que recurrir a los manuales y las definiciones ya acordadas como consenso general. De ello surge: ¿quién emite dinero? El Banco Central, ¿y cómo lo hace? A través de la base monetaria que se puede contraer o expandir según decida la autoridad monetaria.

Retomando el latiguillo, emitir (crear) dinero genera inflación o por lo menos impactaría directamente en el aumento de precios. Observemos que entre enero y febrero de 2015 se contrajo la base monetaria por -35.557 (ene-16) y -29.195 (feb-16) millones de pesos, principalmente, entre los factores que explican la base monetaria, por los títulos en pesos del BCRA. Esta contracción de las variaciones mensuales de la base monetaria tuvo como correlato una variación de precios tomando el IPC San Luis y IPP de 4,2% y 3,66%, mientras que, para el mismo periodo de 2015, la base monetaria se contrajo -14.570 (ene) y -1.586 (feb), pero la variación de precios fue del 2,08% y 1,47%, según el IPC Provincia, en el mismo periodo. Esto muestra que la frase “emitir genera inflación” por lo menos no se cumple. Porque contrajeron dinero y la variación de precios se mantiene por encima de los datos de 2015 para el mismo período.

Si el déficit tiene relación con el nivel de inflación, como tantos economistas o periodistas indican, utilicemos el caso de la Unión Europea para pensar este postulado cuasiuniversal.

Los datos del informe del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES), Déficit en Argentina y la Unión Europea 2014 y del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) Scalabrini Ortiz, Coyuntura mensual junio/15, contribuyen a evidenciar un persistente déficit del Gobierno que ha influido poco en los niveles de inflación de la Unión Europea. Hasta la crisis del 2008, el déficit fiscal no superó el promedio del -3,5 %, la tasa de inflación fue del promedio 2,3 %, sin grandes alteraciones. En el año emblemático del 2008 la tasa de inflación anual alcanzó los 3,7 %.

El déficit fiscal en porcentajes del PIB, entre 2009 y 2013, fue del -7 % y -4 %, pero ante este amplio déficit la tasa de inflación anual no se disparó. No obstante, no podemos dejar de observar que entre 2008 y 2009 la reducción de la tasa de inflación cayó del 3,7 % (2008) al 1 % (2009). En paralelo, el déficit fiscal (% del PIB) creció a su máximo histórico del -7 %. Entonces, a mayor déficit del Gobierno -en la UE- le sigue un período de desaceleración de los precios o, dicho de otra forma, deflación, lo cual pone en cuestionamiento la cuasicientífica frase: maquinita, déficit e inflación.

Si uno continúa e insiste con el postulado de déficit-inflación, entre 2009-2012 la reducción del déficit fiscal tendría que haber influido en la reducción de la tasa anual de inflación. ¿Se redujo? No, es más, pasó del 1 % al 2,6 %. Como resultado de este proceso de altas tasas de inflación y déficit fiscal estable, la tasa de desempleo fue del 12,1 % en 2013 (E-19).

Los principales países de la Unión Europea han experimentado fuertes procesos deficitarios (medido como porcentaje del PIB). Tanto Alemania, Grecia, España, Francia, Holanda como Reino Unido, a partir del 2009 profundizaron sus déficit a un promedio del -7,5 % como porcentaje del PIB. Las tres economías críticas son Reino Unido, Grecia y España. Aunque haya una reducción del déficit fiscal, los niveles de desempleo siguen siendo crecientes, como lo expresan los países.

El caso argentino plantea un panorama que sirve para comparar, en el período 2003-2012 hubo un superávit (promedio) del 2 % como porcentaje del PIB. El superávit fiscal se mantuvo entre 2003 y 2010; recién en los años 2011, 2012 y 2013 se pasó un déficit fiscal del -2,59 %, -2,18 % y -1,77 % del PIB, respectivamente. En este contexto hubo una reducción del déficit del Gobierno y los niveles de precios se mantuvieron estables y no descendieron, como sí viene ocurriendo durante este 2015.

Los datos que presentan los medios de comunicación y ciertos sectores políticos están en millones de pesos. La realidad es que lo medimos como porcentaje del PIB, para poder compararlo con otros países. Otro detalle es que en la zona europea es aceptable un déficit del 3 % del PIB; este dato confirmaría que estamos dentro de los estándares internacionales, no así los casos de Francia o Inglaterra.

Además, la contracara de la economía argentina es que mantuvo una tasa de desocupación del 7 %, mientras que la zona europea alcanza el 11,1 % en 2015.

En síntesis, podríamos decir que la inflación no tiene relación con el déficit fiscal o la maquinita, ni acá ni en Europa. La explicación de la inflación debe buscarse en otras teorías y en los nuevos aportes sobre cuáles son las causas de la inflación en una economía periférica y con una estructura productiva diferente. Para el caso argentino, podemos decir que los niveles de déficit fiscal en porcentaje del PIB están dentro de los estándares internacionales que estipula la Unión Europea. Este déficit fiscal en el caso argentino, a partir del 2009, estuvo sustentado por una política macroeconómica de desendeudamiento; en el período a partir de 2011, las obligaciones externas fueron las más altas; entre 2011-2015, una recuperación de las reservas a niveles récord y una tasa de desocupación de alrededor del 7 %. Esto fue posible en tanto el Estado logró reactivar la economía en dos momentos, uno interno en el 2001 y en el contexto internacional a partir del 2008.

No se puede decir abiertamente que la inversión social que ha realizado el Estado sea la variable de ajuste ante una desaceleración económica. Cuando el consumo privado, entre 2008-2015, pasó del 66 % al 73 % del PIB, sostuvo la demanda agregada y evitó los fuertes efectos del contexto internacional. Un punto frágil es la transferencia de recursos al exterior durante el período 2008 y 2015, que ante un consumo creciente exista un retroceso en la inversión, que alcanza niveles del 20 % del PIB, cuando en el período 2003 y 2008 fue de un 25 %. Por ello, fue clave en el período posterior al 2008 la inversión social y pública para mantener los niveles de ingresos, bajas tasas de desocupación y distribución del ingreso, como se viene haciendo desde el año 2003.

Esto es lo que plantea Eduardo Jorge: “La expansión de dichas ramas industriales quedaba basada, al igual que la de la producción primaria, en la demanda externa”, o sea, nuestras formas tradicionales de comercio exterior. Por ello es importante diferenciar dentro de la industria manufacturera el rol de cada sector y su aporte al sector económico en términos de divisas, trabajo y capital. Porque muchas de estas grandes industrias vinculadas al sector externo condicionan el desarrollo en la periferia; una frase de este sector mercado externista fue, en los treinta, “Comprar a quien nos compre”. Así se gestó una alianza entre sectores agrarios e industriales, bajo la hegemonía política de los primeros, diría Eduardo Jorge. Que luego, acumulando capital, lograron una diversificación en sus activos y sus negocios, y constituirían nuevas alianzas, influenciados por el contexto internacional. Hubo algunas experiencias en regulación del comercio exterior como el IAPI, la Junta de Granos y Carnes, así como momentos en que la regulación para una mayor distribución desató conflictos que invitaban al debate de proyectos de nación, como fue la resolución 125 (2008).

Dentro de las disputas agrarias como criadores e invernadores también existieron los enfrentamientos entre los industriales “naturales” y “artificiales”, como los denominara Jorge. Los artificiales se constituirían en la CGE y disputarían contra la alianza UIA-Agrarios (SRA, CRA, Coniagro). En la actualidad, dicho enfrentamiento se resolvió con la imposición de un proyecto de nación basado en el endeudamiento, la privatización, los bajos salarios y el alto desempleo en dos momentos: de dictadura cívico militar 1976-1983 y profundizado bajo la convertibilidad de 1991-2001.

Siguiendo con la industria de alimentos, en el plano internacional, para el caso de la ganadería los insumos están concentrados en diez corporaciones que controlan el 16 % del mercado, con Cargill como una de las principales corporaciones. En el caso de los granos Monsanto, Dupont y Syngenta dominan el 53 % del mercado mundial; y en el caso de pesticidas seis empresas dominan el 76 % del mercado, donde las tres empresas antes nombradas dominan el 37 %. En el caso de las industrias de alimentos, solo diez empresas procesan uno de cada tres productos que se consumen en el mundo, algunas de ellas son Nestlé, Pepsico, Kraft, Coca-Cola, Unilever y Cargill.

En el caso argentino, podemos notar la existencia de la concentración y de la importancia del sector alimentos y bebidas. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre grandes empresas, de las 500 empresas el 57 % está concentrado en industria manufacturera, donde el principal sector intra-industria es alimentos y bebidas, con un peso del 19 % para el año 2013 y con un aporte para el mismo año al total de la facturación del 23 %. Otro documento nos permite complementar el análisis, el informe de dinámica empresarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que indica que las grandes empresas en el sector alimentos entre 1996 y 2002 pasaron de un 2,9 % a un 3,1% en el total de empresas del sector. Entre 2002 y 2008 se pasó del 3,1 % al 3 %, para finalizar en el año 2013 con una concentración de 2,9 %. Además, este sector concentró entre 1996 y 2013 el 30 % de los créditos al sector privado.

Entre las principales empresas de alimentos encontramos a Molinos Río de la Plata, Arcor y Ledesma, que manejan distintos segmentos de ventas de aceites, flanes, gelatinas, jugos, bizcochuelos, conserva de vegetales y de frutas, polentas, mermeladas, postres, dulces, tomates y salsas, galletitas, alfajores, barra de cereales, azúcar y papel. Será por este lado la respuesta para monitorear los precios.

Las veinte principales personas que compraron dólares para atesoramiento suman unos u$s 268,34 millones, lo que representa un 12% de lo fugado. En la lista encontrarnos nombres como Blaquier, Carlos Pedro Tadeo, u$s 11,12 millones; Brito, Jorge Horacio, u$s 13,53 millones; Bein, Miguel Ricardo, u$s 15,08 millones; Eskenazi, Sebastián u$s 13,58 millones. Por el lado de las empresas que por precaución atesoraron dólares tenemos a: Siderar SACI, u$s 19,36 millones; Bayer, u$s 19,14 millones; Abbot Laboratories Argentina SA, u$s 18,73 millones; Tarjeta Naranja SA, u$s 19,36 millones. Las veinte principales empresas que atesoraron suman un total de u$s 363,57 millones, representan un 17% de lo que se fugó durante el 2011. Entre ambos representan casi un tercio de lo que se fugó durante el 2011.

Esto mostró un alerta en la economía, que poco a poco había facilitado los dólares para atesorar o fugar o una combinación de ambas. Situación que derivo en el recrudecimiento de las regulaciones del dólar en noviembre de 2011. Por lo tanto, como se describió, se generó una reticencia a invertir en la economía y se retroalimentaron las expectativas devaluatorias, amplificadas por determinados medios de comunicación; porque en paralelo el tipo de cambio ilegal se distanciaba del legal entre junio de 2010 y noviembre de 2011, para alcanzar un dólar ilegal a $7.510 para comienzos de 2013. Este dato fue utilizado para acelerar una devaluación del 30% o 40%, como dijo Federico Sturzenegger (PRO) al proclamar que existía un atraso cambiario del 40%.

Esta descripción anterior comenzó a tener sus consecuencias y a materializarse en los datos económicos, mostrando el comportamiento de algunos sectores económicos que decidieron desacelerar su inversión. En el caso de la industria manufacturera, todo parece indicar que al verse obstaculizada la inversión financiera en forma de atesoramiento o fuga, decidieron dejar de invertir en la producción de manufacturas e incrementaron los permisos de importación. Aunque las ventas al público crecían la producción manufacturera crecía a un ritma menor, situación que podríamos asociar a un posible escenario de especulación y espera de una depreciación drástica de la moneda.

El contexto de recesión internacional (2009-2012) tensó el escenario nacional: los datos muestran que el primer trimestre de 2013 contra el 2012 el Estimador Mensual de la Industria (EMI) arrojó un acumulado del -1,31%, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) dio un -1,33% y la liquidación de divisas en el primer trimestre de 2013 fue de u$s 3.988 millones y en el mismo periodo de 2012 fue de u$s 4.692 millones, una merma de u$s 704 millones, aunque el tipo de cambio se siguió depreciando. Ante este panorama, las políticas económicas de acuerdo de precios, la creación de opciones de inversión para los grandes ahorristas (bonos dólar linked, suba de acciones), fueron dejando atrás las expectativas devaluatorias. Aun así, todavía hay grupos económicos que apuestan a la devaluación.

Según un informe de coyuntura del Centro de Estudios Económicos y Sociales – Scalabrini Ortiz (CESO), ya hacia el tercer trimestre del año “el EMI arrojo una suba interanual del 1,1%; el sector de la construcción creció un 7%, explicado -principalmente- por la obra pública y la construcción de vivienda privadas que refleja el impacto del plan ProCreAr; mientras el consumo interno mantuvo su dinamismo gracias a la estabilidad de empleo, la mejora en los salarios, de las jubilaciones y asignaciones por encima de la inflación”.

En el frente externo, todavía resta por liquidar entre 10 y 15 millones de toneladas de soja (2012/13) en tanto que las importaciones siguieron su camino alcista aunque la producción manufacturera creció solo un 1,1%, debido al despegue de algunos sectores fuertemente deficitarios en divisas como el automotriz y la electrónica. Entonces, mientras la economía muestra signos de estabilidad y proyecta terminar el año sin sobresaltos, con una tasa de desocupación del 6,8%, todavía existen algunas corporaciones económicas y personas que apuestan a una devaluación y sus consecuencias.

Nadie a ciencia cierta puede adivinar cuándo termina esta novela. Sólo sabemos que el año 2012 le subió el rating a la discusión al probar que la inflación podía subir aún con la economía en recesión e indicando que quizás ahora la convergencia entre ambas podría estar más cerca. Según el IPC-Congreso, la inflación trepó a 25,6% en 2012 y superó en 3 puntos porcentuales el registro de 2011.

Las conclusiones que presenta el informe no tienen en cuenta que dicho índice, IPC-Congreso, no ha podido demostrar con exactitud la veracidad de su metodología para medir la variación de precios. Esto fue denunciado por la Secretaria de Comercio Interior:

Estos registros fueron creciendo año tras año hasta llegar a estimaciones para el actual que proyectan índices anuales de hasta el 35%. La Secretaría de Comercio Interior les reclamó hace un mes que presenten sus métodos de medición. Dos consultoras, Efimac, de Miguel Kiguel, y www.abeceb.com, de Dante Sica, no llevan a cabo ningún tipo de encuesta o muestreo de precios. Realizan sus estimaciones utilizando una fórmula que computa la evolución de la emisión monetaria y el gasto público, un procedimiento que no tiene ninguna relación con la realización de un IPC. Fiel, que en los noventa fue presidida por Ricardo López Murphy, informó que realiza un muestreo de apenas 90 productos en 150 locales de la Ciudad de Buenos Aires; Ecolatina, la consultora fundada por Roberto Lavagna, informó que mide 80 precios, en 120 comercios, de los que 80 están radicados en la ciudad autónoma.

Así se demuestra la precariedad de la estimación, lo cual puede estar llevando a conclusiones erróneas o por lo menos poco precisas para ser utilizadas como medida de inflación. Cabe otra aclaración: no es lo mismo decir “índice de precios” que “inflación” o que “costo de vida”. En el “informe N°35, “El IPC-Congreso confirma que bajo la inflación”, del CEMOP se encuentran estas definiciones:

Índice de Precios al Consumidor: El principal objetivo es medir la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en la zona seleccionada en comparación con los precios vigentes en el año base.

Inflación: La inflación es un concepto más amplio que el Índice de Precios al Consumidor. Comprende, además de las variaciones de precios de los bienes y servicios de consumo de los hogares, la evolución de los bienes y servicios exportados, de los utilizados como consumo intermedio de las industrias y los destinados a la acumulación como inversión bruta fija o variaciones de existencias y los precios de los bienes importados, entre otros. La inflación es el aumento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía. Continuo porque se sostiene a lo largo del tiempo, y generalizado porque afecta a todos los precios.

Costo de vida: El costo de vida es un concepto teórico que busca reflejar los cambios en el monto de gastos que un consumidor promedio destina para mantener constante su nivel de satisfacción, utilidad o nivel de vida, aceptando -entre otras cosas- que pueda intercambiar permanentemente su consumo entre bienes y servicios que le brindan la misma satisfacción por unidad de gasto. Su ponderación es compleja porque se basa en conceptos subjetivos (nivel de satisfacción).

Entonces, tomando el IPC-Congreso como medida de la inflación, el informe del Banco Ciudad agrega que dicha inflación es causada por la emisión monetaria. Planteado de esta forma tendría que existir una causalidad entre amabas variables. Para corroborar dicha causalidad utilizaremos, suponiendo que es cierto que el IPC-Congreso mide la inflación, los datos de Base Monetaria e IPC-Congreso.

Del gráfico y los datos se infiere que existe una correlación leve, pero que no explicaría la causalidad directa entre emisión monetaria y variación de precios (ICP-Congreso). Entre junio y julio de 2011 la variación de precios paso de 1,50% a 1,70%; mientras que en el mismo periodo la base monetaria varió de 3,18% al 5,14%; la primera varió en un 0,20 puntos porcentuales, en tanto que la segunda varió en 2,04 puntos porcentuales. La magnitud mayor de la base monetaria no influye en la magnitud de la variación de los precios.

Durante 2012, en los primeros meses de enero y febrero, la emisión monetaria paso de 5,01% a -5,79%, una fuerte contracción monetaria que se expreso en una variación de los precios del mismo periodo, 1,90% a 1,65%, una contracción levemente de 0,25 puntos porcentuales, lo que estaría confirmando la poca relación causal entre estas dos variable. En el mismo año entre los meses de mayo y junio la variación de la base monetaria pasa de 1,44% al 5,86%, un crecimiento de 4,42 puntos porcentuales, mientras que la variación de los precios pasó de 1,71% al 1,63%, un decrecimiento de menos de 1 punto porcentual, en el mismo período. La misma contradicción ocurre para los meses posteriores al cobro de aguinaldo, de julio y agosto, la variación mensual de la base monetaria pasa de 6,44% a 2,38%, un contracción de 4,06 puntos porcentuales; en tanto que la variación de los precios experimentó un incremento de 1,76% a 1,91%, un crecimiento de menos de 1 punto porcentual. La magnitud de la contracción de la base monetaria estaría haciendo crecer levemente la variación de los precios.

Si tomamos todo el periodo de mayo de 2011 a mayo de 2013 se demuestra que la estabilidad de la variación de los precios no tiene relación con las variaciones porcentuales de la base monetaria. Se puede inferir que puede existir una leve correlación entre ambas pero nunca que existe causalidad entre emisión e inflación. No hay que olvidar la dudosa procedencia de los datos del IPC-Congreso que antes comprendía a 14 consultoras y que actualmente son 20.

En consecuencia, si 2012 fue un año de elevada inflación con respecto al 2011, como dice el informe del Banco Ciudad, las variaciones porcentuales de los precios no tuvieron grandes oscilaciones; no es el caso de la base monetaria, que tuvo fuertes oscilaciones durante el 2011 y 2012 y a su vez con un pico negativo que refleja la contracción de la base monetaria que no se expresó en los precios (siempre suponiendo que seguimos la lógica de que la inflación es una cuestión de emisión monetaria). En muchos puntos entonces no se cumple la causalidad propuesta por el Banco Ciudad y ciertos sectores políticos de oposición. Otro detalle del informe del Banco Ciudad es que toma sólo tres meses (ver gráfico) en el año para demostrar esa causalidad, y no las variaciones mensuales de ambos durante 2011, 2012 y los primeros meses de 2013 para analizarla.