El último estudio de consumo en población general realizado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) data del 2010. Tomando como referencia el uso reciente de drogas (prevalencia mes) dentro de la franja de personas comprendida entre 50 y 65 años, se observa que el 1,1% dijo haber consumido tranquilizantes sin prescripción médica, porcentaje similar a la población de entre 25 y 34 años. Fuentes del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Argentina ampliaban la mirada y estimaban que 9 de cada 10 adultos mayores de 65 años tomaban psicofármacos.

Por otra parte, al margen del consumo de drogas legales, como el alcohol o el tabaco, el 0,3% de los encuestados dijo haber consumido marihuana (contra un 5,5% de la franja comprendida entre los 15 y los 24 años). El problema es que por entonces, al amparo del fallo Arriola (2009) y a la creciente naturalización del uso de cannabis, ya comenzaba a detectarse una tendencia a suministrar marihuana como tratamiento o paliativo terapéutico, como forma de aliviar muchos males de la edad, o simplemente como forma de evasión. También es necesario advertir que el uso cada vez más frecuente de marihuana entre adultos mayores tiene mucho que ver con el envejecimiento de una franja poblacional que, en la década del sesenta o los tempranos setenta, no reprochaba una conducta asociada a la rebeldía, al cuestionamiento del orden, a la transgresión de las normas.

Como advertí al comienzo, hace casi seis años que Argentina carece de indicadores sobre esta problemática. Y sin datos fiables es imposible diseñar políticas fiables. No obstante, frente a la ceguera cuantitativa, existe evidencia empírica que permite comprender ciertas particularidades del uso o el abuso de drogas en esta población.

Por un lado, el uso indebido de fármacos por automedicación, por desconocimiento o por deterioro de la salud mental, incluso en combinación con el alcohol, que genera severos riesgos. Por el otro, la necesidad de diseñar abordajes diferenciados para aquellos consumidores de iniciación temprana, que arrastran una problemática hasta su vejez, de aquellos consumidores de iniciación tardía, reactivos a circunstancias de la vida como pueden ser una separación, una enfermedad, el fallecimiento de la pareja o de un ser querido, o bien la soledad.

Otro factor a considerar es el papel que juega la industria farmacéutica, que cíclicamente incorpora nuevos psicofármacos al mercado. La creciente afición por recetar varios medicamentos a la vez y durante plazos más largos a los pacientes mayores es todo un síntoma del marketing de las drogas legales, que presiona y estimula su masificación.

En el año 2008, el Observatorio de Drogas de la Sedronar y el Instituto Gino Germani presentaron un estudio sobre el creciente fenómeno de la medicalización de la infancia por diagnóstico de déficit de atención, como forma de estandarizar conductas y aplacar comportamientos. Del mismo modo, quizás sea propicio comenzar a indagar acerca de la sobremedicalización y el maltrato farmacológico en la vejez con igual sentido.

En Argentina también se da un fenómeno tan particular como preocupante que echa sus raíces en la crisis político-económica del 2001 y que perdura hasta hoy en ciertos nichos de pobreza estructural. Estamos frente a una tercera generación de consumidores problemáticos de drogas, mayoritariamente personas en situación de extrema vulnerabilidad social. En esta tríada abuelos-padres-nietos, la mayor invisibilidad dentro de la estigmatizante concepción adicción-pobreza recae sobre los más ancianos.

Lo que no se ve o no se pone en agenda no se transforma en problema. Sin problema es probable que no exista intervención estatal. El creciente número de personas mayores con problemas de consumo de sustancias amerita una readecuación de enfoques y una articulación de esfuerzos entre agencias estatales que abordan la temática.

Salvo circunstancias mediáticas, hoy el consumo de drogas en general en Argentina es un problema olvidado u omitido por la sociedad. El consumo o la adicción en adultos mayores profundizan aún más la visión de ciudadanos olvidados, de sujetos de descarte, de doble invisibilidad. En una sociedad vertiginosa, cortoplacista y fóbica al transcurrir del tiempo, que considera lo viejo como material de descarte, la tercera edad constituye un complejo desafío.

En 1970, las personas mayores de 65 años representaban el 7% de la población en Argentina. De acuerdo con el último censo del 2010, esta franja etaria ya supera el 10 por ciento. Y si tomamos proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) que indican que hacia 2050 el 25% población tendrá 60 años o más, resulta más que necesario comenzar a trabajar con mirada de largo plazo en políticas públicas que atiendan las particularidades de ese fenómeno demográfico.

Por su alcance, penetración, fácil acceso y capilaridad, las campañas preventivas a través de los medios masivos de comunicación siempre han sido herramientas predilectas para los técnicos y los tomadores de decisión. Pero, ¿son los spots, los mensajes audiovisuales y los afiches callejeros verdaderamente efectivos al momento de prevenir? ¿Puede un posicionamiento público de un Estado frente al uso indebido de drogas definirse en términos de mayor o menor cantidad de campañas preventivas mediáticas?

Lo que antes parecía una verdad incuestionable sobre la efectividad de estas intervenciones, hoy presenta ciertas debilidades. La principal de ellas es la imposibilidad de determinar fehacientemente la rentabilidad de una campaña de prevención pública masiva en términos de costo-beneficio. Porque al momento de saber si todo el gasto estatal ha servido de algo, las mediciones de los efectos concretos no abundan. Y una política pública no medible no puede ser considerada política pública.

Sin embargo, el principal reclamo ciudadano ante acontecimientos públicos en los que el consumo de drogas es común denominador es que no existen campañas preventivas en los medios de comunicación. En momentos en los que Fleco y Male reaparecen como estandarte de la supuesta inacción del Estado en este campo, adhiero a lo expresado días atrás por Alberto Andalor, secretario de Prevención de Adicciones del Gobierno de la provincia de La Rioja: “La prevención es un proceso, no es un impacto. Y no se puede estar viviendo de impactos, porque la sociedad llega un momento en que no quiere saber más del tema”.

Queda claro que si es por hablar de campañas oficiales en medios masivos y vía pública, durante los últimos años podríamos enumerar diversas acciones que desmitifican la idea de la ausencia de acciones. Por ejemplo, campañas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) como “En esto no queremos ser campeones” (2006), “El bicho te quema” (2008), “Hablemos” (2009), “Responsabilidad compartida” (2012) o “El Paco te mata” (2014) se suman al recorrido iniciado en el verano de 1990 con “Sol sin drogas” (repetida en 1995 con Diego Armando Maradona), “Fleco y Male” (1997) y “Maldita cocaína” (2000), entre otras.

La debilidad, en todos estos casos, fue la falta de articulación de esos esfuerzos en un plan de prevención estratégico a mediano y largo plazo, y una acción segmentada con mirada federal como fruto de un amplio consenso entre actores. Sin decisión política, resulta inviable el sostenimiento en el tiempo de estas iniciativas. Y si lo que se buscó fue el efecto por sobre la campaña en sí, las acciones inevitablemente quedan diluidas en la historia como repercusión mediática. Posiblemente “Maldita cocaína” sea el mejor ejemplo de lo que implica apuntar a un efecto y no a un proceso.

Sobre el fracaso general de las campañas de prevención del consumo, cabe citar al reconocido especialista Hugo Míguez: “No había que hacer campañas, como si los caminos a recorrer desde la prevención en salud fueran los mismos que los de la mercadotecnia. Es mucho más complejo: el objetivo debería haber sido devolver el sentido de las cosas, y eso era territorio de la educación y no del marketing preventivo”. Para Míguez, el problema es haber estereotipado la adicción desde los mensajes publicitarios, sin haber reprochado la normalización del consumo y la tolerancia social a estas prácticas.

En tiempos en los que existe sobreabundancia de información sobre las drogas y sus efectos, quizás lo más inteligente sería abandonar de una buena vez el concepto de riesgo disuasorio para pasar a un activismo social que retome la idea de responsabilidad compartida, eje de aquella efímera campaña de Sedronar en la que los protagonistas no eran actores de casting, sino verdaderos ejemplos de cambio social frente a la problemática.

Dice José Larralde que el perdón se inventó para aliviar la conciencia y seguir bufando honestidad. En perspectiva, las campañas de prevención de drogas en medios masivos de comunicación estarían ocupando un papel similar en nuestro imaginario colectivo. Frente a una ciudadanía que suele reaccionar, iracunda, ante los embates del marketing noticioso, pero que ante la dilución del tema drogas y adicciones de la agenda informativa vuelve al blindaje, a su apatía y su hermetismo, debemos apelar a estrategias de sensibilización con mirada de largo plazo.

No se debe apelar a la retórica cuando, al momento de redactar esta columna, hay cinco jóvenes fallecidos y cinco internados en grave estado por presunta intoxicación debido al uso de drogas sintéticas. Pero la instancia es propicia para generar conciencia en torno a un problema del cual nadie habla demasiado. Parecería que se requiere de una desgracia para que los medios de comunicación posen la vista sobre un fenómeno preocupante, que quienes trabajamos la temática lo advertimos desde hace diez años.

El último informe con rigor metodológico sobre consumo de drogas entre estudiantes de enseñanza media, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), daba cuenta de una tendencia alarmante en la magnitud del consumo de éxtasis entre jóvenes de 14 a 17 años durante el período 2001-2011. En diez años, la prevalencia de vida pasó del 0,2% al 2,1%, un aumento de casi mil por ciento.

Los patrones de uso también cambiaron. La mayoría de los usuarios hoy combinan pastillas con otras sustancias, preferentemente alcohol, lo que constituye una práctica de alto riesgo porque profundiza los efectos nocivos para el organismo. De allí que la visión fomentada por los propulsores del libre uso de drogas, con énfasis en aplicar protocolos de reducción de daños, tiene poco sustento real frente al hecho de que facilitar agua mineral como forma de evitar la deshidratación no modifica ciertas conductas irresponsables, ni mucho menos colabora en la necesaria prevención del uso indebido de drogas.

Otro indicador a tener en cuenta es la expansión mundial en la oferta de drogas sintéticas. El último informe del Observatorio Europeo de la Droga y Toxicomanías (OEDT) y Europol alerta sobre el crecimiento y la aparición de nuevas drogas de síntesis. Ya se han relevado 560 sustancias de este tipo, cien de las cuales fueron detectadas sólo en 2015. Argentina no es ajena a esta corriente.

Por eso no sólo es fundamental la actualización permanente de las listas de sustancias ilícitas y el desarrollo de sistemas de alerta temprana sobre estas tendencias mundiales para el ámbito de la reducción de la oferta. También se requiere desarrollar mejores protocolos de intervención en las salas de urgencias toxicológicas, con la incorporación y la utilización de instrumentos que permitan determinar, con certeza, si la sustancia que generó la emergencia es realmente la que la persona creyó haber consumido, y no otra. De nada vale discutir el nombre fantasía en la jerga, cuando lo fundamental es conocer con exactitud la verdadera composición molecular de la sustancia ingerida, para un correcto abordaje clínico.

Frente a todos estos escenarios, lo determinante en materia de políticas públicas es la posición que asume un Estado como tutor de la salud y la seguridad ciudadana. Partiendo de una premisa que pretende velar por la integridad de la ciudadanía y minimizar los costos asociados al uso indebido de drogas, el debate sobre la legalidad o la ilegalidad es asunto secundario. El problema sigue siendo el elevado consumo de drogas, los factores de riesgo, los imaginarios culturales y la tolerancia general a ciertas prácticas disvaliosas y autolesivas. Porque tan riesgosa como la composición química de una sustancia o su estatus normativo es la pasividad que asumimos, como sociedad, frente a esta epidemia que no diferencia clases sociales.

El punto de partida es determinar qué se entiende por marihuana en este proyecto. Porque si bajo esta denominación ubicamos a la planta de Cannabis sativa, sin clasificarla según la concentración del principio THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) y del CBD (cannabidiol), estaríamos incurriendo en un error por omisión que podría abrir una peligrosa caja de Pandora.

Ambos compuestos se encuentran presentes en la planta, tienen la misma fórmula química y peso molecular, pero varían ligeramente en su estructura y, sobre todo, en su efecto. El primero es un activador de los receptores endocannabinoides, con impacto preponderantemente cerebral-mental psicoactivo. El segundo se comporta como un antagonista del THC, que reduce su efecto psicoactivo. Así, la mayor concentración de THC en la planta (que ha ido variando con el correr de los años hasta niveles sumamente riesgosos para la salud) identifica a las especies cuya finalidad es la del uso recreacional y que es conocida comúnmente como marihuana. Por su parte, las plantas con mínima presencia de delta-9 (inferior al 0,3%) y alta preponderancia de CBD (hasta un 40%) se podrían denominar cáñamo.

A simple vista, y exceptuando algunas características morfológicas menores, no existen diferencias entre ambas variedades de Cannabis sativa. La única forma de comprobarlo es mediante análisis de laboratorio, situación que torna compleja su individualización, su trazabilidad y su control de posibles desvíos en el caso de que se optara por autorizar el cultivo.

Hecha esta salvedad, cabe preguntarse qué se entiende entonces por marihuana medicinal. Durante estos últimos años existe un fuerte estado de opinión pública en torno a las ventajas sanadoras y terapéuticas de la planta en crudo y de sus compuestos cannabinoides, sintetizados, para tratar algunas enfermedades o aliviar determinados síntomas. A esta altura del avance de la ciencia, de la investigación y hasta de la misma evidencia empírica en torno a esta hipótesis, es innegable que existe abundante material para respaldar la necesidad de profundizar en este campo.

Así lo entiende el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, según sus siglas en inglés), organismo rector del Gobierno de los Estados Unidos en materia de investigación científica sobre el fenómeno de las drogas y las adicciones, que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Durante el año fiscal 2015, esta entidad respaldó 281 proyectos de investigación sobre cannabinoides con una inversión de 111 millones de dólares. Dentro de este paquete, 49 estudios examinaron las propiedades terapéuticas de los cannabinoides y otros 15 se focalizaron en el CBD.

Más estudios siguen en marcha. Pero, por el momento, los investigadores no han efectuado suficientes ensayos clínicos a gran escala que demuestren que los beneficios de la planta de la marihuana (contrariamente al de los cannabinoides sintetizados) pesen más que los efectos nocivos sobre la salud de aquellos pacientes en tratamiento con esta modalidad. Son varios los factores que demuestran que la marihuana fumada cuenta con menos propiedades terapéuticas que sus principios químicos naturales aislados en laboratorio y trasformados en medicación, incluyendo los efectos sumamente perjudiciales sobre los pulmones, el daño neuronal y la potencialidad de desencadenar una adicción. Asimismo, frente a la extrema variabilidad en la concentración de cannabinoides en los casos de marihuana fumada o ingerida por vía oral, resulta imposible estandarizar y ajustar una dosis.

Un punto que juega en contra de las posibilidades de ampliar el campo de investigación sobre marihuana es que Estados Unidos tiene una legislación bastante restrictiva al respecto. En 1970, durante la Presidencia de Richard Nixon, se sancionó el Acta de Sustancias Controladas. Esta determinó cinco listas de vigilancia, categorizó a las drogas comprendidas en la lista I como las más peligrosas, con mayor potencialidad de abuso y posible dependencia, y sin uso medicinal aceptado. Además de la marihuana, presente en este agrupamiento, se encuentra la heroína, el LSD y el éxtasis. Particularmente, la cocaína y la metanfetamina quedaron incluidas en la lista II (sustancias con uso medicinal aceptado bajo severas restricciones). Esta decisión normativa, que fuera adoptada sin basamento en la comunidad científica, es la que rige aún en Estados Unidos y la que condiciona no sólo sus posibilidades clínicas, sino también la mirada cultural sobre el fenómeno.

En simultáneo, y frente a la prohibición federal, varios estados han avanzado en los últimos años en la legalización de la marihuana con fines medicinales. Otros han restringido esta habilitación al uso del CBD. Apenas cuatro (Alaska, Colorado, Oregon y Washington) la legalizaron con fines también recreacionales. En once estados sigue rigiendo la prohibición absoluta. En este escenario, que algunos denominan limbo normativo, resulta sumamente particular que el mayor caudal de ciudadanos que acude a los dispensarios con recetas habilitantes para poder adquirir marihuana medicinal (con fines recreativos) está comprendido en la franja de los 20 a los 30 años. En un país como Argentina, tan apego a la ruptura de reglas, es probable que esta situación se replique e incluso se extienda hasta la población por debajo de los 18 años (como por ejemplo ya sucede con el expendio de bebidas alcohólicas).

Por otro lado, es indudable que la planta de Cannabis sativa es mayormente conocida por sus propiedades psicoactivas y, en cierta forma, por sus posibilidades y sus potencialidades medicinales. Pero restringir la mirada únicamente a esta opción terapéutica, como lo hace el proyecto impulsado por la diputada Conti o la propuesta del intendente de General Lamadrid, es acotar el amplio espectro de otros usos industriales que van desde la producción de papel, fibras textiles, aceite comestible (con altas propiedades nutritivas y anticolesterol), cosmética, pinturas o simplemente como biomasa. Como referencia vale remontarse a la experiencia de Villa Flandria, en la localidad bonaerense de Jáuregui, en la década de 1950.

Por eso es necesario tener un enfoque integral y no circunscribir las miradas a un solo escenario, más cuando se trata de una toma de posición del Estado frente a un fenómeno social que despierta interés y atención. Cuando hablamos de política pública nos referimos a un proceso de identificación de un problema, un diagnóstico, una cuantificación, un plan de intervención integral y el diseño de herramientas de medición para poder evaluar el impacto positivo-negativo de esa política pública.

En este proceso, la evidencia científica juega su papel preponderante. Pero el sentido común también debe estar presente en este tipo de definiciones, más cuando se trata de paliar el sufrimiento de personas que no responden a los tratamientos médicos tradicionales para ciertas patologías, o bien cuando la intervención clínica agrava sus dolencias, o crea efectos secundarios a raíz del uso de ciertos medicamentos. En estos casos extremos, de índole estrictamente humanitaria y compasional, nadie puede oponerse, por citar un ejemplo, entre tantos otros cientos, a la administración de aceite de cannabidiol a una niña de 3 años con epilepsia refractaria.

Las voces de los activistas canábicos que promueven su legalización hoy se entremezclan con las de las familias que reclaman por la salud propia y por la de sus seres queridos. Es necesario separar para no aumentar la confusión. Actualmente, y por fuera de cualquier modificación normativa en la ley 23737, existen suficientes mecanismos para ingresar al país, mediante trámites en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, compuestos canábicos para uso compasivo (e incluso otras drogas ilegales con fines médicos-científicos).

La clave, a mi juicio, es implementar una ventana de monitoreo de todos estos antecedentes, tomando como base centros hospitalarios de referencia, con intervención de profesionales de universidades de prestigio, que permitan ensayos clínicos controlados en condiciones médicas específicas, a los efectos de sistematizar datos y recolectar suficiente evidencia para una correcta toma de decisión. El trabajo del doctor Marcelo Morantes es, en este sentido, un punto de partida, una referencia y una orientación.

El debate sobre el uso medicinal-terapéutico de la marihuana nos ubica en un escenario en el cual la ciencia, la evidencia y el sentido común comienzan a converger, y obligan a poner en duda cualquier prejuicio de base que impida una reflexión abierta, desapasionada y plural. Mientras tanto, quizás el mayor tabú a vencer no sea una ley, sino la falta de información seria, los prejuicios de un cierto sector de la comunidad médica y de la sociedad en general, y los oportunismos de quienes pretenden utilizar esta cruzada humanitaria como un caballo de Troya que permita liberar el uso recreativo de la marihuana.

Si bien la conceptualización de guerra a las drogas desde lo actitudinal debería ser innegociable para cualquier política pública que conjugue salud y seguridad, es sumamente temeraria la pretensión de readecuar la ley de seguridad interior 24059 para permitir al Ejército intervenir en la represión del narcotráfico.

Primero, porque implica un profundo desconocimiento de las dinámicas y las mutaciones propias del crimen organizado, que carcome desde la invisibilidad no sólo mediante el tráfico de drogas, sino también utilizando las rutas seguras para la logística de actividades ilegales, como la trata de blancas, el contrabando, el tráfico de armas, el lavado de activos y otras más.

Hoy la narcocriminalidad se mueve con las mismas herramientas de gestión que cualquier empresa multinacional, maximizando ganancias y atenuando pérdidas. No es a través de las armas, sino mediante mecanismos económico-financieros de ruptura de los circuitos de blanqueo de capitales que se les puede infligir mayor daño. No es a través de la fuerza militar que se resuelve un problema de índole social y exclusivamente civil.

Segundo, porque no existe un sólo país que haya salido indemne y victorioso luego de decretar la intervención de sus fuerzas armadas como estrategia de reducción de la oferta. La experiencia regional demuestra desde la evidencia empírica, no desde la ideología, que es sumamente arriesgado combatir con armas bélicas a un enemigo tan concreto como difuso.

Recapitulando, el Plan Colombia fue un acuerdo bilateral entre el Gobierno de ese país y los Estados Unidos, que fue aplicado durante el período 2000-2012. Si bien dos tercios de los 8 mil millones de dólares iban a ser destinados inicialmente a políticas de desarrollo institucional y revitalización de la economía, finalmente casi el 80% de los fondos del plan fueron destinados al Ejército, a campañas de fumigación y otros programas para combatir el cultivo, la producción y el tráfico ilícito de drogas.

Aunque la violencia en Colombia ha disminuido y se ha logrado una satisfactoria reducción de las zonas cultivadas con coca, en este resultado es necesario incluir las elevadas cifras de muertes civiles, las poblaciones desplazadas, la irrupción de fuerzas paramilitares, la violencia urbana y la destrucción de ecosistemas tan ricos como el de la Sierra Nevada (Santa Marta).

Así que como Colombia planteó en los noventa los riesgos y los desafíos de la conformación de un narco-Estado a partir de la rentabilidad del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, hoy México se sitúa en un escenario muy similar, con eje en la producción y el tráfico de drogas de síntesis, pero con niveles de violencia claramente superiores a los tiempos de Pablo Escobar.

En diciembre del 2006, el por entonces presidente de México, Felipe Calderón, destinó a más de 6.500 soldados mexicanos al estado de Michoacán para combatir a los traficantes de drogas. En las primeras semanas de esta cruzada militar murieron 62 personas. Así, el Gobierno mexicano no sólo desencadenó una guerra difusa contra el crimen organizado, sino también desató una disputa de poder territorial entre cárteles, algunos de ellos conformados por ex miembros élite del mismo Ejército.

Según Human Rights Watch, la cifra de muertes en casos de violencia relacionados con la droga entre 2006 y 2012 en México, fecha en la cual concluye la ofensiva militar, asciende a más de sesenta mil personas. Mayolo Medina Linares, ex secretario de Seguridad Pública de México, arriesga que entre el 2000 y el 2014 se registraron aproximadamente 129 mil asesinatos.

La experiencia mexicana demuestra que implicar al Ejército como eje central de una política de reducción de la oferta significa contabilizar miles de muertos en una guerra que nunca se gana. No sólo eso: en Argentina, una propuesta de este tipo sería el verdadero detonante para la denominada mexicanización que denuncia el papa Francisco. Centenares de bandas criminales desorganizadas, unidas y convertidas en organizados cárteles regionales.

Por otra parte, un aspecto nodal de estas propuestas —quizás tan o más peligrosas que la denominada guerra a las drogas— es la utilización de efectivos militares para la pacificación de las villas. Principalmente, el Frente Renovador parte de la estigmatizante premisa de responsabilizar a la villa del problema de la droga, el narcotráfico y la delincuencia. La mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico no viven en estos barrios precarios donde se corta la luz, donde las ambulancias no entran, donde rebalsan los efluentes cloacales.

¿Qué significa “pacificar” un asentamiento, cuando resulta imposible hablar de paz sin antes discutir inclusión social o la mismísima dignidad humana?

La estrategia de pacificación del massismo toma como modelo la experiencia brasileña de las Unidades de Pacificación Policial (UPP) en favelas, lanzadas en 2008 por el gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, e implementadas por su secretario de Seguridad, José Mariano Benincá Beltrame.

Desde hace un par de años, el principal propulsor de importar desde Brasil esta modalidad represiva es el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Desde la Fundación Concordia, think tank del Frente Renovador, De la Torre se ha ocupado de difundir el modelo de Río de Janeiro, ha organizado charlas académicas con Beltrame como principal orador, ha enviado a sus funcionarios cercanos a conocer el programa de ocupación militarizada del territorio y a formarse en este cuestionado abordaje.

Aunque algunos resultados son presentados como panaceas, es necesario mostrar la integralidad de la fotografía de un programa cuya raíz es netamente violenta. Las UPP sólo pueden establecerse en las favelas luego de la irrupción en combate de las tropas de elite del Batallón de la Policía Militar (BOPE), quienes durante las primeras 72 horas de accionar barren y limpian la zona. Dicha militarización de la comunidad se prolongará durante uno o dos meses, hasta la llegada de los “pacificadores”.

Desde la ONG brasileña Justicia Global definen a las UPP como “una tecnología gubernamental de control poblacional y territorial de las favelas, bajo el argumento de una guerra contra el narcotráfico, marcada por una sistemática violación a los derechos humanos, entre las que se destacan ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias”.

Las estadísticas no son demasiado alentadoras y se prestan a poner en tela de juicio la efectividad de esta política defendida por Fundación Concordia. Luego de los tres primeros años, en los que bajó la tasa de criminalidad en las favelas afectadas por el programa, en 2013 el Instituto de Seguridad Pública reveló que los homicidios aumentaron casi un 17% en comparación con 2012. Ya para 2014 se comenzó a producir una reorganización de las dinámicas del narcotráfico en Río de Janeiro, que provocó los primeros ataques comando a las UPP y un nuevo desafío frontal de parte de los grupos terroristas contra el Estado.

Ante la sistemática irrupción de propuestas electoralistas que impulsan un modelo de probada ineficiencia resulta necesario comprender que la guerra, en cualquiera de sus facetas, admite una zona gris de excesos. Disparar en medio de un pasillo o una calle de una villa, entre niños con guardapolvos, amas de casa que hacen sus compras o personas que se ganan el pan en forma honrada, invocando la guerra al narcotráfico, es parte del tenebroso lema de justificar el fin con cualquier medio.

La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente para la Victoria (FPV) Mauricio Gómez Bull, apunta a la reforma de los estatutos de las asociaciones deportivas para democratizar la toma de decisiones, la descentralización del deporte de alto rendimiento mediante la creación de direcciones regionales, la modernización de las estructuras deportivas del Estado con sentido federal y la creación de la denominada asignación universal por deporte (AUD).

Este nuevo subsidio, que se asociaría a la asignación universal por hijo (AUH), apunta a cubrir las cuotas sociales de clubes, escuelas deportivas o polideportivos, con el fin de garantizar el acceso de aquellos con menos posibilidades de hacerlo.

El proyecto original del oficialismo también establecía la creación de un ente nacional de desarrollo deportivo (Enaded), financiado con base en la afectación impositiva de productos de consumo masivo que interfieren con la salud de la población. Puntualmente, los autores del proyecto preveían incorporar una carga fiscal al tabaco (1,5 % de la venta de cigarrillos), al alcohol y a las bebidas gaseosas (0,45 centavos sobre el precio total de venta al público).

La propuesta incluso había recibido el beneplácito del titular de la Comisión Nacional de Drogadependencia de la Comisión Episcopal Argentina, el padre José María “Pepe” Di Paola: “Que millones de chicos puedan practicar deportes en el país tres veces por semana en un club o en una parroquia es la mejor prevención para todas las adicciones en los jóvenes que estamos sufriendo”.

Sin embargo, debido a la férrea negativa de algunos diputados del FPV y de la oposición (en su mayoría, representantes de provincias vitivinícolas o tabacaleras), el oficialismo decidió eliminar el pretendido financiamiento para no frenar el espíritu del proyecto y debatir este apartado por separado. De este modo, además de recortar prematuramente los fondos del Enaded, también quedó trunca la posibilidad de aplicar una valiosa herramienta preventiva a la cual me he referido en columnas anteriores: la utilización de la fiscalidad correctiva como forma de limitar y desalentar el acceso a ciertas sustancias nocivas.

Hace años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene instando a la adopción de estrategias para combatir el uso excesivo de alcohol y del tabaco mediante el incremento impositivo y la regulación publicitaria. Más si se tiene en cuenta que este tipo de impuestos, que algunos pretenden interpretar como una estrategia meramente recaudatoria, apunta a desincentivar el consumo de ciertas sustancias por el daño que causan a la salud y el consecuente impacto sobre el sistema público-privado de atención médica.

Resulta sumamente extraña la posición de los diputados que rechazaron el financiamiento del Enaded bajo el argumento del impacto fiscal sobre las economías provinciales. Porque si de tributos se trata, Argentina es uno de los países con la carga impositiva sobre bebidas alcohólicas más baja a nivel mundial. Por ejemplo, el vino tiene un tipo cero en el gravamen sobre bebidas alcohólicas (algo que no sucede en otros países viticultores). Las cervezas tributan en concepto de impuesto interno una tasa del 8 % sobre la base imponible respectiva, muy lejos del promedio mundial de 42,6 %. Con respecto a los destilados y los licores, la carga impositiva también es relativamente baja en comparación con otros países: 20 % contra 73,9 % de media.

Por otra parte, es necesario resaltar que desde el 2005, las bebidas espumantes gozan de una importantísima exención impositiva. Esto impacta positivamente en las cifras de consumo del mercado interno y en las exportaciones. Es más: el Instituto Nacional de Vitivinicultura registró una variación positiva del 166 % en la venta de vinos espumantes entre 2002 y 2012. Entre 2014 y 2015, el crecimiento en el consumo interno fue del 7 %. A priori, el encarecimiento de 0,45 centavos sobre cada botella no parece representar una sentencia de muerte a este pujante sector.

En lo que respecta al tema de las bebidas no alcohólicas, es interesante observar lo que sucedió en otros países que avanzaron en un sentido similar. En México, como parte del paquete de medidas lanzadas desde la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes a fines de 2013, la reforma hacendaria que entró en vigor el primer día del mes de enero del 2014 incluyó un impuesto del 8 % en alimentos calóricos y un 10 % en bebidas azucaradas (gaseosas, jugos y otras).

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública mexicano, el consumo de bebidas azucaradas cayó en promedio un 6 % durante el 2014 y alcanzó su mejor resultado en diciembre, cuando el desplome fue del 12 %. Así y todo, frente al catastrófico escenario de una contracción del mercado, la principal empresa embotelladora del país aplicó una estrategia corporativa integral que le permitió reducir el impacto comercial del impuesto a menos de la mitad (3,9 %) de lo que estimaban los especialistas (8 % al 13 %).

En el caso del tabaco, y aunque desde hace algún tiempo ya se aplica el criterio de fiscalidad correctiva, lo que se recauda en función de los impuestos a la venta apenas llega a cubrir el 50% del costo sanitario asociado. En 2014, según un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), el sistema sanitario público y privado necesitaba unos 24 mil millones de pesos para atender las complicaciones causadas por el consumo o la exposición pasiva al humo de tabaco, más del doble de lo que el Estado recauda anualmente en concepto de impuestos a los cigarrillos (unos 10 mil millones de pesos).

El informe también indagaba en cómo impactaría un potencial aumento del 50 % sobre el precio de los cigarrillos. Solo en la Argentina, el consumo disminuiría un 15 % y morirían hasta 3200 personas menos por año por las enfermedades que provocan el consumo y la exposición al humo de tabaco.

Más grave aún es hacer notar que a una década del Convenio Marco para el Control del Tabaco impulsado por la OMS, considerado el primer tratado de salud pública internacional y suscrito por el 90 % de los países del mundo, Argentina aún no lo ha ratificado. Es el único en Latinoamérica en no hacerlo.

Frente a la contundencia de las cifras y los argumentos, la retórica monetarista-individualista no puede tener cabida en el marco de un Estado de bienestar, que necesita sustentar su base recaudatoria para poder ampliar políticas inclusivas y sociales fundamentales. Cuando está en juego el desarrollo de actividades físico-recreativas, la igualdad de oportunidades de acceso, el cuidado de la salud y la prevención del uso de drogas, argumentar en torno al supuesto impacto fiscal sobre las economías provinciales raya lo mezquino.

Los lobbys no entienden de vulnerables ni de postergados. Las políticas públicas, especialmente las de corte social, no pueden no hacerlo. Desmerecer el formidable rol inclusivo del deporte en defensa de intereses privados es voltear la mirada hacia las recetas de una década no tan lejana, y hacia la cual muchos argentinos ya no desean retornar.

En la novela de Alan Glynn, Los campos oscuros, Eddie Spinola es un adicto a la droga MDT-48, una sustancia que le permite explotar todo el potencial del cerebro y alcanzar el éxito soñado. Una droga que explota al máximo las funciones cerebrales, que permite procesar la información recibida de una manera ultrarrápida para resolver cualquier tipo de problema, que ayuda a desarrollar una capacidad de aprendizaje infinita. Una droga que, en síntesis, lo vuelve excepcionalmente inteligente y distinto del resto.

Si esta droga existiera, y si nos fuera garantizado el éxito y la prosperidad bajo la improbada certeza de un nulo impacto sobre nuestra salud física y mental futura… ¿Nos arriesgaríamos a dar ese paso? La pregunta, con fuerte basamento ético, ya circula en muchos trabajos científicos publicados de un tiempo a esta parte alrededor del mundo.

En un análisis publicado recientemente, investigadores de la University of Oxford y de la Harvard Medical School trazaron un relevamiento de estudios efectuados desde enero de 1990 hasta diciembre del 2014, en el que se investigaban la acción cognitiva de la droga modafinilo (tradicionalmente usada para tratar trastornos de sueño). La conclusión a la que arribaron es tan sorprendente como temeraria: el modafinilo podría ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, a planificar y a pensar mejor.

El estudio no parte de una hipótesis al azar. Sucede que el modafinilo, junto a otra batería de fármacos como el Concerta (metilfenidato) o el Adderall (sales anfetamínicas), han empezado a ser utilizadas por jóvenes y por adultos que, por fuera de toda indicación médica relacionada con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), buscan incrementar su rendimiento académico y su productividad laboral. Ni el modafinilo ni el metilfenidato comparten la misma composición química. Sin embargo, sus efectos “benéficos” en el plano cognitivo son similares.

Las denominadas “drogas inteligentes” existen desde la década del cincuenta. Pero no fue hasta entrados los noventa que su comercialización explotó de forma exponencial. En este sentido, un relevamiento estadísticos efectuado en Estados Unidos dio cuenta de un fenómeno alarmante: solo 1,5 % de la población adulta comprendida entre los 26 y los 34 años estaba tomando alguna medicación por TDAH en 2008. Hacia 2012, el porcentaje se había casi duplicado.

Frente a la supuesta inocuidad del uso de este tipo de psicoestimulantes (que algunos relativizan comparando su efecto con el mismo malestar que provoca la ingesta de varias tazas de café), las estadísticas también arrojan otro enfoque basado en la evidencia empírica. De acuerdo con la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (conocida como SAMHSA por sus siglas en inglés), entre 2005 y 2011 el número de emergencias hospitalarias asociadas al uso no médico de estos estimulantes en población joven se triplicó. Algunos estudios científicos han demostrado que el uso a largo plazo del modafinilo pueden afectar los patrones normales de sueño. Por su parte, en casos particulares y en dosis elevadas, los estimulantes como el Adderall han evidenciado indicios de psicosis.

No existe ficción en torno a la MDT-48 de la novela Los campos oscuros, ni fantasía cinematográfica detrás de la píldora NZT-48 que Eddie Morra ingiere en la película Sin límites. Estas “drogas inteligentes” existen y forman parte desde hace tiempo de esta sociedad ultramedicalizada en la que vivimos. El interrogante de origen, con fuerte basamento ético, es hasta dónde queremos llegar con todo esto.

Por la misma razón que están prohibidos los esteroides y otras drogas, algunas organizaciones deportivas han empezado a incluir a los psicoestimulantes utilizados para tratar el TDAH dentro de sus listados de sustancias vetadas. El doping es un engaño que se sanciona duramente. Para el espíritu del deporte es inadmisible el uso de drogas como forma artificial y deshonesta de mejorar el rendimiento físico y la performance.

¿La misma posición adoptarían las empresas que buscan optimizar al máximo sus ganancias, minimizando pérdidas de rentabilidad e incorporando procesos que mejoren su productividad? ¿Podrían ser los fármacos una nueva forma de inescrupulosa maximización de ganancias en el ámbito laboral? ¿Se sancionará a aquellos empleados que logren rendimientos de hasta 16 horas continuas gracias al uso de estimulantes, o será una cualidad más que bienvenida, como ya sucede con los parámetros de eficiencia establecidos en algunas multinacionales?

Muy pronto, sin darnos cuenta, podríamos estar encerrados en un laberinto sin salida, compitiendo en una carrera alocada por potenciar nuestras habilidades intelectuales, por obtener mejores calificaciones académicas, por acceder a más títulos, por obtener el mejor empleo, por incrementar nuestra productividad laboral, por generar más ingresos y por trepar en la escala social apelando a una trampa química que nos torne exitosos, que nos haga felices…

Una realidad tan tenebrosamente similar a la ficción que imaginó Aldous Huxley.

En una pregunta, miles de preguntas similares. Una madre que simboliza el sentir de cientos de otras madres que ven cómo la vida de sus hijos se les fuga ante los ojos sin poder hacer nada. La incertidumbre de una madre que representa el relato de tantas otras acredita situaciones de violencia vividas, o intervenciones policiales por agresiones, o delitos cometidos como consecuencia de intoxicaciones, o disturbios causados en estado de intoxicación o incluso de abstinencia, o detenciones.

A menudo, el mismo desconocimiento de las autoridades públicas que intervienen ante denuncias desesperadas se constituye en una barrera enorme para brindar contención o ayuda a tiempo. Respuestas tales como: “Es mayor de edad, no podés obligarlo”, o soluciones paliativas de: “Lo detenemos unas horas en la comisaría hasta que se le pase”, o consejos tales como: “Tenés que solicitar al juez una orden de exclusión del hogar”, demuestran que lo que faltan no son recursos, sino herramientas y capacitación de cómo enfrentar la problemática.

Por otra parte, retomando la pregunta inicial, hace tiempo que existe total consenso en que las internaciones involuntarias deben concebirse como un recurso terapéutico excepcional, en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, o bien se hayan agotado todos los recursos previos. Sabemos que el tratamiento de rehabilitación más efectivo siempre será el que se inicie por voluntad propia. Así lo aconsejamos.

El problema actual gira en torno a la consideración o al criterio que ciertos equipos interdisciplinarios aplican al momento de determinar si una situación de consumo problemático conlleva “riesgo cierto e inminente” para el individuo o para terceros, y al excesivo énfasis puesto sobre el concepto de libertad a expensas del concepto de salud.

Porque la ley de salud mental, vista como instrumento de resguardo de garantías de los pacientes desde la perspectiva de derechos, es sumamente válida. Pero, a la vez, es restrictiva en cuanto a los tiempos, el tipo de tratamiento y los procedimientos para llegar a una internación. Incluso algunos militantes de la norma ven como un atentado a los derechos de las personas la internación forzada, y se olvidan del paciente, de su necesaria recuperación, y de sus familias. La perspectiva de derechos no debería anteponerse a la perspectiva de salud, especialmente en situaciones de riesgo efectivo. Sin embargo, sucede.

No obstante, y a pesar de las innumerables trabas y dificultades, la posibilidad de un tratamiento compulsivo de personas con dependencia síquica o física a las drogas queda contemplada claramente en el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en rigor el primer día de agosto.

En la sección correspondiente a las limitaciones a la capacidad jurídica, el artículo 32 del nuevo código indica: “Un juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes”.

Están legitimados para solicitar la declaración de capacidad restringida el propio interesado, el cónyuge y el conviviente, los parientes dentro del cuarto grado y el Ministerio Público Fiscal. La sentencia queda sujeta a determinadas restricciones previstas en el artículo 31, entre las cuales sobresalen su carácter excepcional, la necesaria intervención interdisciplinaria, y la priorización de alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y las libertades.

Asimismo, a lo largo de todo el articulado vuelve a surgir como condición fundamental la garantía de los derechos del interesado, la supervisión y el seguimiento permanente del caso y la menor afectación posible de la autonomía personal de la persona bajo restricción.

Nadie puede discutir el espíritu de todo el marco procesal previsto en la sección tercera del nuevo Código Civil y Comercial, que exige agotar todas las instancias previas antes de proceder a una internación compulsiva.

Sin embargo, la protección de persona (anteriormente regulada en el artículo 482 del viejo código) es una medida cautelar que pretende velar por la salud y la integridad de las personas con consumo problemático o adicción a sustancias psicoactivas, proteger a su entorno familiar y salvaguardar, por razones de interés general, la seguridad y el orden público de la población. Se trata de una valiosa herramienta jurídica a disposición de todas las personas que hoy se preguntan: “¿Cómo hago para lograr la internación compulsiva de mi hijo?”.

El tratamiento forzado es una medida ciertamente impopular dentro de un vasto sector del pensamiento progresista, que coloca al uso de sustancias en la esfera de los derechos privados, alejado de cualquier posible intervención estatal. Frente a la posible reideologización del nuevo conjunto normativo, se vuelve necesario evidenciar que la autonomía de las personas en situación de consumo problemático de sustancias ya se encuentra invalidada, y que el eje de la protección de persona invocada en una medida cautelar de este tipo es, justamente, la restitución de su salud y el derecho a gozar nuevamente del libre albedrío.

A partir de las dinámicas propias de las políticas públicas y de los contextos en los que se fueron desarrollando, durante todos estos años de trabajo hemos podido advertir que las estrategias sobre drogas, especialmente en su aspecto sociosanitario, han puesto desde siempre un excesivo énfasis sobre la sustancia como agente corruptor. La droga, su tragedia, y la paz del entramado social puestos en peligro permanente por los adictos y los narcotraficantes.

Por estos días, reorientar esta mirada sustanciocéntrica nos lleva a discutir con claridad qué y cuál es verdaderamente el problema de fondo. A indagar en nuestras representaciones sociales acerca de lo que creemos que incluye ese difuso conjunto de componentes. Desde esta perspectiva, es necesario comprender que el problema de las drogas no es un dato natural, que no se deduce del orden de las cosas. Por el contrario, es el resultado de un proceso de producción simbólica, donde se contraponen y balancean los saberes expertos de la evidencia contra los mecanismos disciplinarios de las ideologías. Y este contrapeso permanente se va tanto hacia un lado de la balanza como hacia el otro.

Tácitamente, existe consenso entre los diversos actores que moldean las políticas públicas sobre drogas en que es necesario desplazar el énfasis excesivo puesto sobre la palabra droga hacia el concepto de individuo, y hacia la relación que cada cual establece con la sustancia.

Sin embargo, y a pesar del renovado consenso de adoptar el enfoque de derechos humanos con el sujeto como elemento central constitutivo de toda política de drogas, en la pugna por delimitar el sentido que se le da a la nueva conceptualización algunas definiciones predominan y comienzan a excluir a otras.

La primera de ellas fue la categorización del problema de las adicciones bajo el paraguas de la salud mental. La principal virtud de la Ley Nacional 26.657 es haber ampliado la base de derechos de los pacientes. Su principal falencia es confundir el derecho a la libertad con el derecho a la salud y menospreciar el acto de amor que implica una oportuna intervención terapéutica en todo caso en el que, por efecto de las drogas, el individuo paradójicamente ha perdido su autonomía y su libertad. Una ley que falló por falta de militancia previa se apropió prematuramente del diagnóstico, se enraizó institucionalmente y hoy se erige como una fuerte traba para la comprensión integral del fenómeno.

En esta renovada cruzada por re-apropiarse de la producción simbólica del concepto “problema de las drogas” y sus diversas categorizaciones, el hedonismo parece nacer como otro de estos nuevos enfoques. Exaltar el “derecho al placer y al goce individual como eje de la política”, indica Milton Romani, secretario de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay.

El mercado encuentra también voceros políticos para sembrar en terreno fértil la expansión de sus intereses. La legalización de las drogas es el punto de encuentro entre los más recalcitrante del libertarismo y los más bobos del progresismo. Unos defienden la libertad absoluta del individuo y, por carácter transitivo, la libertad del mercado y el libre juego de la oferta y la demanda. Los otros reivindican el derecho al autodaño, sin evaluar los contextos sociales ni las situaciones en los que se dan los consumos. El común denominador entre ambas corrientes es la exclusión del Estado de la tutela de la salud, especialmente de la de los más vulnerables.

Bajo el filtro de todo este incipiente discurso, la mirada centrada en la persona abriría la ventana a la interpretación de la (imposible) existencia de un yo individual alejado de un nosotros colectivo. Hace 300 años, el escritor liberal Daniel Defoe publicó una suerte de renuncia, una oda al triunfo del hombre contra sí mismo. El náufrago Crusoe ejemplifica el tan mentado derecho de acción individual y privado, en un territorio solitario sin afectación a terceros, en pleno uso de las libertades, sin intervencionismo estatal de ningún tipo. Con la irrupción en escena de Viernes, la utopía se vuelve tan irrealizable como la ficcionada isla de Libertaria.

A un año de la Cumbre Mundial de Drogas, que para muchos representará una oportunidad sin precedentes para reorientar el marco internacional de control de estupefacientes, el mayor riesgo de no poner en evidencia los entramados ideológicos que confluyen bajo esta nueva discusión es que, una vez institucionalizado, el discurso hegemónico cristalizará culturas políticas, privilegiará ciertos intereses y definirá criterios institucionales que luego serán sumamente difíciles de torcer.

El problema de las drogas no puede ser reducido a la perspectiva de lo personal e individual, pues se trata de un fenómeno que, más a menudo de lo que se piensa, tiene proyección colectiva y adquiere connotaciones sociales de impacto mayúsculo. Frente a la dialéctica que nos impone catalogar el uso de drogas (legales e ilegales) como un derecho privado e individual a proteger, debemos defender la representación del bienestar colectivo y la tutela del bien común como límite a esta extrapolación en permanente avance.

Un exceso de mirada sobre el individuo nos lleva a perder de vista el conjunto, a ese yo que solo puede existir en el nosotros. Debemos llevar el plano de la discusión hacia el concepto de redes.

Por eso, el abordaje de los diversos problemas de consumos y otras situaciones de sufrimiento social implica que la atención debería ubicarse ya no en la sustancia, ni tampoco tanto en el sujeto, sino en las conexiones que se producen dentro del tejido social de cada comunidad. En esta premisa tampoco pueden estar ausentes estrategias públicas de contextualización que contemplen los diferentes niveles de vulnerabilidad, factores endógenos y exógenos, y toda la multiplicidad de condiciones sociales en las que se dan los consumos de drogas.

Debemos dejar de ver al adicto como un sujeto pasivo, mero beneficiario de las políticas parche de asistencia, un frío número dentro de las estadísticas, un paria caído del sistema, e incorporarlo como protagonista de los procesos de cambio social que se implementen a nivel comunitario.

Creo que como nunca esta nueva conmemoración internacional del 26 de junio nos invita a interpelar nuestras más profundas certezas. Hemos aprendido que no todo consumo es adicción, pero que todo consumo representa un riesgo. Hemos aprendido que el individuo está por encima de la sustancia, pero que el yo no debe estar por sobre el nosotros. Hemos aprendido la necesidad de ampliar las miradas, apartarnos de la criminalización de los usuarios, pero alertar también sobre el peligro de caer en ciertas miradas superfluas que solamente contribuyen a reducir la percepción de riesgo y aumentar así la tolerancia social. Hemos aprendido.

Abrirnos al debate y a la respetuosa interpelación permitiría discutir las convicciones y las dudas, a la luz de lo que ya desandamos y, por ende, conocemos. Es hora de atrevernos a la duda como método, a razonar desde otros ángulos, a intentar comprender las motivaciones que otros sectores de pensamiento encuentran para fundamentar sus posicionamientos favorables a la regulación o la legalización de ciertas drogas, posturas que van más allá de la dicotomía prohibir o permitir.

De ninguna manera esto implicará claudicar en nuestras convicciones. Lo peor que nos puede pasar es seguir cayendo en el riesgo de suponer que todo lo demás que no concuerda con nuestra perspectiva es ideología, y que solo en nuestro estandarte flamea, altiva e inmaculada, la única verdad absoluta.

El eje de la fundamentación está puesto siempre sobre aquellas causas iniciadas por tenencia de drogas para consumo personal. Pero si uno se sumerge en el desglose e interpretación de lo que se estudia, surgen datos sumamente interesantes que aportan al debate y permiten una mejor comprensión de este fenómeno tan pero tan complejo.

A simple vista, y desde una simplificación porcentual, el planteo abolicionista siempre encuentra mucho de asidero. Porque al margen de que la 23.737 – que penaliza cualquier tipo de tenencia de drogas- sigue en plena vigencia, existe de por medio el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia, que en 2009 sentó las bases para que toda persona que tenga en su poder alguna sustancia para estricto uso personal no sea detenida ni procesada, en resguardo de la autonomía personal y el derecho a la intimidad. Pero esto en la práctica no sucede.

De acuerdo con el nuevo informe elaborado por la Fiscalía Federal N°6 de la Capital Federal, durante la última quincena de diciembre de 2014, uno de cada tres expedientes iniciados a través del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº9 correspondieron a tenencia de drogas para consumo personal, marihuana en la amplia mayoría de los casos.

No es la primera vez que el fiscal Federico Delgado realiza este ejercicio de análisis estadístico. En junio de 2014, de las 277 investigaciones iniciadas durante su turno en la fiscalía federal de Comodoro Py, la mitad de las causas tramitadas (53% del total) fueron por tenencia para consumo. Y durante el último turno del 2013, en el 44% del total se repitió la tendencia. Además, en ambos relevamientos, el fiscal buscó también reflejar los argumentos y el denominado “olfato” que las fuerzas de seguridad tienen en consideración a la hora de dar inicio a una causa por tenencia de sustancias para consumo. Llamativamente, en la mitad de esos casos, la persona se encontraba consumiendo drogas en la vía pública.

El primer dato interesante que surge del relevamiento efectuado por la Fiscalía Federal N°6 tiene que ver con la aplicabilidad (o no) de la ley 23.737, o del criterio Arriola, para esa mitad de causas que se iniciaron por consumo de drogas en la vía pública. La mirada de los jueces muchas veces pareciera apoyarse en referencias subjetivas o experiencias personales para dictaminar la nulidad de este tipo de infracciones, y no en las leyes. La normativa en vigencia reprime a aquel que “usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público”. Por su parte, y en igual sentido, del fallo de la Corte Suprema se desprende que la nueva jurisprudencia no es aplicable en situaciones de consumo en la vía pública.

Segundo dato oficial a tener presente: ningún consumidor va a la cárcel. Según Delgado, los expedientes contra usuarios de drogas quedan archivados en el 100% de los casos, previo sobreseimiento de los imputados, en virtud de la aplicación de la citada jurisprudencia que emana del fallo del 2009.

Hasta aquí, la fría certeza de los números y las estadísticas referidas a la aplicación de la ley 23.737 y su relación con la doctrina Arriola. Pero esta mirada estrictamente jurídica está vaciada del sentido socio-sanitario que los legisladores incluyeron en la ley de estupefacientes que aún rige en nuestro país, pero que no es aplicada en todo su espíritu.

En el 2010 la SEDRONAR, junto con el Observatorio de Drogas de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un minucioso estudio que analizó 8.752 causas ingresadas entre 2007 y 2009 en los tribunales federales de la Capital. Este desglose cuali-cuantitativo, que analizó un período de tiempo previo al fallo Arriola, demostró que apenas el 1,3% de las causas por tenencia de drogas (115) tuvieron una sentencia que obligó a los consumidores a realizar cursos de educación preventiva o tratamientos de recuperación (según artículos 16 al 22 de la ley 23.737).

Este informe vino a demostrar hace 5 años lo que el fiscal Delgado sostiene actualmente. En los juzgados federales, los casos contra consumidores de drogas se cierran casi al mismo tiempo en que comienzan a ser investigados, que nadie va preso por consumir drogas, y que no existe una evaluación interdisciplinaria para determinar si la persona está afectada por un consumo problemático que requiera una intervención terapéutica.

Es interesante analizar la particular decodificación que la ciudadanía parece haber efectuado del fallo Arriola, la representación social dominante, y los permisos y licencias que surgen de dicho imaginario para transgredir la norma. Pero también es necesario debatir acerca de la selectividad que utiliza la justicia para los casos de tenencia de drogas.

Es sugestivo que incluso antes de Arriola – y hasta la actualidad-, las sentencias judiciales parten de la aplicación de criterios tan subjetivos como “es exagerado abrir un proceso por un cigarrillo de marihuana” o “el consumo se termina en la salida de la adolescencia”.

Lo preocupante es que la justicia siga sin comprender el alcance social de algunos de sus fallos, que van mucho más allá de un acto teóricamente individual, autónomo y privado.