En la novela de Alan Glynn, Los campos oscuros, Eddie Spinola es un adicto a la droga MDT-48, una sustancia que le permite explotar todo el potencial del cerebro y alcanzar el éxito soñado. Una droga que explota al máximo las funciones cerebrales, que permite procesar la información recibida de una manera ultrarrápida para resolver cualquier tipo de problema, que ayuda a desarrollar una capacidad de aprendizaje infinita. Una droga que, en síntesis, lo vuelve excepcionalmente inteligente y distinto del resto.

Si esta droga existiera, y si nos fuera garantizado el éxito y la prosperidad bajo la improbada certeza de un nulo impacto sobre nuestra salud física y mental futura… ¿Nos arriesgaríamos a dar ese paso? La pregunta, con fuerte basamento ético, ya circula en muchos trabajos científicos publicados de un tiempo a esta parte alrededor del mundo.

En un análisis publicado recientemente, investigadores de la University of Oxford y de la Harvard Medical School trazaron un relevamiento de estudios efectuados desde enero de 1990 hasta diciembre del 2014, en el que se investigaban la acción cognitiva de la droga modafinilo (tradicionalmente usada para tratar trastornos de sueño). La conclusión a la que arribaron es tan sorprendente como temeraria: el modafinilo podría ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, a planificar y a pensar mejor.

El estudio no parte de una hipótesis al azar. Sucede que el modafinilo, junto a otra batería de fármacos como el Concerta (metilfenidato) o el Adderall (sales anfetamínicas), han empezado a ser utilizadas por jóvenes y por adultos que, por fuera de toda indicación médica relacionada con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), buscan incrementar su rendimiento académico y su productividad laboral. Ni el modafinilo ni el metilfenidato comparten la misma composición química. Sin embargo, sus efectos “benéficos” en el plano cognitivo son similares.

Las denominadas “drogas inteligentes” existen desde la década del cincuenta. Pero no fue hasta entrados los noventa que su comercialización explotó de forma exponencial. En este sentido, un relevamiento estadísticos efectuado en Estados Unidos dio cuenta de un fenómeno alarmante: solo 1,5 % de la población adulta comprendida entre los 26 y los 34 años estaba tomando alguna medicación por TDAH en 2008. Hacia 2012, el porcentaje se había casi duplicado.

Frente a la supuesta inocuidad del uso de este tipo de psicoestimulantes (que algunos relativizan comparando su efecto con el mismo malestar que provoca la ingesta de varias tazas de café), las estadísticas también arrojan otro enfoque basado en la evidencia empírica. De acuerdo con la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (conocida como SAMHSA por sus siglas en inglés), entre 2005 y 2011 el número de emergencias hospitalarias asociadas al uso no médico de estos estimulantes en población joven se triplicó. Algunos estudios científicos han demostrado que el uso a largo plazo del modafinilo pueden afectar los patrones normales de sueño. Por su parte, en casos particulares y en dosis elevadas, los estimulantes como el Adderall han evidenciado indicios de psicosis.

No existe ficción en torno a la MDT-48 de la novela Los campos oscuros, ni fantasía cinematográfica detrás de la píldora NZT-48 que Eddie Morra ingiere en la película Sin límites. Estas “drogas inteligentes” existen y forman parte desde hace tiempo de esta sociedad ultramedicalizada en la que vivimos. El interrogante de origen, con fuerte basamento ético, es hasta dónde queremos llegar con todo esto.

Por la misma razón que están prohibidos los esteroides y otras drogas, algunas organizaciones deportivas han empezado a incluir a los psicoestimulantes utilizados para tratar el TDAH dentro de sus listados de sustancias vetadas. El doping es un engaño que se sanciona duramente. Para el espíritu del deporte es inadmisible el uso de drogas como forma artificial y deshonesta de mejorar el rendimiento físico y la performance.

¿La misma posición adoptarían las empresas que buscan optimizar al máximo sus ganancias, minimizando pérdidas de rentabilidad e incorporando procesos que mejoren su productividad? ¿Podrían ser los fármacos una nueva forma de inescrupulosa maximización de ganancias en el ámbito laboral? ¿Se sancionará a aquellos empleados que logren rendimientos de hasta 16 horas continuas gracias al uso de estimulantes, o será una cualidad más que bienvenida, como ya sucede con los parámetros de eficiencia establecidos en algunas multinacionales?

Muy pronto, sin darnos cuenta, podríamos estar encerrados en un laberinto sin salida, compitiendo en una carrera alocada por potenciar nuestras habilidades intelectuales, por obtener mejores calificaciones académicas, por acceder a más títulos, por obtener el mejor empleo, por incrementar nuestra productividad laboral, por generar más ingresos y por trepar en la escala social apelando a una trampa química que nos torne exitosos, que nos haga felices…

Una realidad tan tenebrosamente similar a la ficción que imaginó Aldous Huxley.

No todo está perdido. Siempre es posible una mirada más cercana, más humana, más social, que ponga al sujeto por encima del objeto, que logre disminuir la tolerancia social al uso indebido de drogas, pero que a la vez no resigne la hostilidad represiva contra los delitos de narcotráfico (macro y micro).

¿Y si en lugar de Holanda, Portugal o Uruguay, las respuestas a cómo establecer un ajustado balance en las políticas públicas sobre drogas estuvieran en nuestro país? Lejos de cualquier extrapolación forzada en materia de estrategias de reducción de la oferta y de la demanda de drogas, existen algunos indicios de que el modelo a seguir podría estar dentro de nuestras fronteras, en las tierras de Martín Miguel de Güemes.

Recapitulemos.

A fines del 2009, el gobernador Juan Manuel Urtubey dispuso por decreto la creación de la Agencia Antidrogas provincial, con la misión de asistir al Poder Ejecutivo en la planificación y programación de las acciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes en todo el territorio salteño. La puesta en funcionamiento de este organismo provincial articulador, dedicado específicamente a reducir la oferta, significó un primer paso fundacional: fijar la lucha antidrogas como prioridad en la agenda política.

De esta Agencia depende también el Consejo Consultivo Provincial sobre Drogas, órgano integrado por todas las dependencias oficiales con incumbencia en la materia, tanto en el ámbito provincial como municipal, junto con la Iglesia y diversos representantes de la sociedad civil. Un logro importante fue ampliar la base de participación en el diseño de políticas públicas en este campo.

Otro avance en la participación ciudadana y el empoderamiento de la comunidad lo constituyó el lanzamiento de los Consejos Barriales, que se comenzaron a implementar a principios del 2012 como un canal para incentivar la resolución vecinal de conflictos. Similares en su espíritu y en su mecanismo al sistema norteamericano de coalitions (coaliciones), la herramienta permite involucrar a los vecinos en pequeñas acciones preventivas que ayudan a mejorar cada barrio. Actualmente hay más de 800 Consejos funcionando en toda la provincia de Salta. Y en este escenario de participación vecinal, los programas de prevención comunitaria de drogas como el Multiplicar (2013, Consejo Consultivo Provincial sobre Drogas), encuentran terreno fértil.

En el plano normativo-legal, la reciente sanción por parte del Congreso provincial de la ley de “Tolerancia Cero” (instrumentada originariamente en la Ciudad de Salta como ordenanza) prohíbe conducir habiendo consumido estupefacientes, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que disminuya las aptitudes. La nueva ley apela al reproche administrativo o pecuniario como forma de reducir los accidentes, las muertes al volante, y los daños a terceros fruto de la irresponsabilidad de quienes conducen bajo los efectos de cualquier droga. 

En lo que respecta al ámbito de la seguridad, tradicionalmente se ha establecido una relación directa entre droga, adicción y delincuencia. Por un lado, el consumidor problemático o adicto que infringe la ley para poder conseguir sustancias, o que incurre en conductas delictivas bajo los efectos de una droga, y que luego de cumplir su condena se reinserta en la sociedad sin haber sido asistido en su dependencia. Por el otro, los dealers, transas y microtraficantes que, al amparo de una maleable jurisprudencia, se aprovechan de los resquicios legales de la tenencia para consumo, sin llegar nunca a juicio por cuestiones fácticas. Y entre medio, una confusa frontera imaginaria que ubica al eslabón más débil (los supuestos “perejiles”) como eje de las políticas represivas, en desmedro del gran narcotraficante.

La mejor forma que encontró el gobierno provincial salteño para quebrar este círculo vicioso fue mediante la implementación, como prueba piloto, de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), y la adhesión a la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. Cabe destacar que Salta es la tercera provincia en asumir esta competencia, además de Buenos Aires y de Córdoba.

Con relación a este último punto, los datos reflejan que a nueve meses de la entrada en rigor a nivel provincial de la ley 26.052, se produjeron 401 detenciones, 281 con requisitoria de elevación a juicio, y 76 personas con condena efectiva por vender drogas al menudeo. A la luz de los resultados, el nuevo proceso alentó a los vecinos a incrementar las denuncias por la confianza que depositan en el sistema. A la par, al Código Procesal Penal de Salta se le realizaron algunas modificaciones para mejorar la efectividad del trabajo policial en la materia. En el juicio, la figura de flagrancia permite utilizar plazos sumamente breves, y alcanzar una sentencia en 90 días para “perejiles”, dealers y micro-narcos.

Lo de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) merece un desarrollo aparte. No sólo por constituir una alternativa al encarcelamiento para personas con una dependencia, sino también por la mirada socio-sanitaria que aporta al ámbito de la seguridad. El proceso se inició en 2011 en cooperación directa con la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD).

Luego de una acordada reglamentaria de la Suprema Corte provincial, la prueba piloto se inició en octubre de 2013 para infractores bajo supervisión judicial mediante la figura de la probation. Dos equipos, 15 casos voluntarios cada uno, seleccionados previo examen médico para determinar que los participantes (tal es el término oficial y no estigmatizante utilizado para las personas que acceden al TTD) sufrían de dependencia a las drogas, más no otros trastornos mentales. Disminuir la reincidencia delictiva, aumentar la rehabilitación en situaciones de consumo problemático de drogas, y optimizar los costos y mecanismos judiciales, son algunos de los principales desafíos en proceso de evaluación.

Indudablemente, el último hito en materia de políticas públicas provinciales sobre drogas lo constituye el desdoblamiento de funciones de la secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones, que funcionaba hasta este año en el ámbito del ministerio de Salud. Entendiendo que el problema de las drogas requiere una mirada multidimensional que va más allá del erróneo encorsetamiento del fenómeno, la creación de la secretaría para el Abordaje Integral de las Adicciones bajo la órbita del ministerio de Derechos Humanos redefine una nueva mirada social, integral e inclusiva, con eje en el individuo.

De esta manera, Salta estableció tres claros pilares de abordaje: el control de la oferta a cargo de la Agencia Antidrogas, el tratamiento a cargo de la secretaría de Salud Mental (Salud), y la prevención multidisciplinaria como competencia de la nueva secretaría para el Abordaje Integral de las Adicciones (DD.HH).

A esto se le agrega la primera Unidad Coordinadora de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico, creada a comienzos del 2014. La misma está integrada por los ministerios de Justicia, Seguridad y Gobierno; la secretaría general de la Gobernación; la Agencia Antidrogas; la Procuración General; la Corte de Justicia y la Cámara Federal de Apelaciones, y articula el trabajo que llevan adelante los diferentes poderes del Estado.

Con una modelística propia, la provincia de Salta ha recorrido un interesante camino digno de ser explorado y replicado.
Voluntad y decisión política. Mirada transversal del fenómeno. Comprensión multidimensional. Articulación y sinergia entre los tres poderes. Cooperación y asistencia internacional. Políticas de seguridad con mirada socio-sanitaria. Alternativas al encarcelamiento. Empoderamiento comunitario. Normativas que reprochan el uso indebido de drogas y jerarquizan el concepto de daño a terceros. Abordaje desde la premisa de los derechos humanos. Participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas.

Quizás el norte este en nuestro norte.