Cancelando visas y congelando activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para combatir las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El pasado 12 de febrero los venezolanos salieron masivamente a las calles para protestar por la agónica situación en la que el país se encuentra. Lo que comenzó con una protesta pacífica encabezada por jóvenes estudiantes, se convirtió en una situación insostenible debido a la muerte de por lo menos 12 personas en las últimas dos semanas, la detención arbitraria de cientos de jóvenes, una serie de acciones de represión y violaciones a los derechos humanos que jamás se había visto en el país, y la detención de uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López.
Esta escalada en los niveles de violencia fue acompañada por nuevas acciones de censura a la prensa por parte del presidente Nicolás Maduro. El mismo día 12 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones solicitó a todos los canales y radios del país que no transmitieran en vivo las protestas en las calles, y se dio la orden para que el canal de noticias colombiano NTN24, que se encontraba reportando la situación, fuese removido del aire. Al mismo tiempo, muchos sitios de internet fueron bloqueados por los operadores, e incluso, desde Venezuela, se cerró el acceso a fotos que usuarios de Twitter se encontraban publicando. El 19 de febrero, Maduro ordenó expulsar del país a corresponsales del canal CNN.