Si bien el GAFI dijo en un comunicado que el Gobierno de Rafael Correa ha tomado algunas medidas para cambiar la situación, como por ejemplo la adopción de ciertas modificaciones al código penal que criminalizarían los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el informe deja a las claras que existen grandes deficiencias en la aplicación estratégica de este tipo de medidas, y que de no llevar a la práctica las recomendaciones antes de febrero del próximo año, el país será objeto de sanciones acordes a la situación.

La historia sobre como Ecuador llegó a ser parte de esta lista comienza en el año 2010, cuando tras una serie de alertas por parte del GAFI, el procurador general del Ecuador, Diego García Carrión, propuso a dicha institución un plan de acción el cual incluía una serie de reformas al código penal. Esta aparente buena voluntad del gobierno ecuatoriano le valió una mejora en el “ranking” del GAFI, pero no por mucho tiempo.

En febrero del 2012, Ecuador volvió a caer lugares en dichas listas y más tarde, en junio de este año, el GAFI emitió un ultimátum, diciendo que de no cumplir con los lineamientos propuestos y las recomendaciones emitidas, el organismo se vería obligado a accionar consecuentemente.

Entre junio y octubre de este año, el gobierno de Rafael Correa intentó montar un show mediático para mostrar su supuesta disposición política a promover dichas reformas. Lo hizo intentando aprobar en tiempo record en la Asamblea Nacional la reforma del código penal, la cual en teoría incluirá algunas de las recomendaciones del GAFI. Sin embargo, el verdadero objetivo de Correa no era hacer caso a dichas recomendaciones, si no más bien aprovechar la “presión” del GAFI para aprobar rápidamente y casi sin debate una nueva ley que se ajuste a su propia agenda y avance su plan autoritario.

De esta manera, y utilizando el pedido del GAFI como excusa, Correa está logrando en tiempo record y casi sin debate que la Asamblea Nacional apruebe un nuevo código penal el cual criminaliza la injuria, censura la opinión diferente y facilita los mecanismos de persecución política a través de la vía judicial. Un paso más hacia el control de la justicia. Como era de esperar, Ecuador no cumplió con el plan propuesto ni con las recomendaciones del GAFI, las cuales iban mucho más allá que la simple inclusión de algunos nuevos artículos en el código penal. Es por eso que el GAFI decidió extender el ultimátum hasta el próximo febrero. Hoy por hoy, Ecuador no ofrece ni las garantías necesarias, ni la institucionalidad suficiente, ni la disposición a trabajar coordinadamente con la comunidad internacional para combatir el lavado de dinero, y sobre todo, existe una enorme brecha entre lo que el gobierno dice y lo que efectivamente hace.

El ejemplo más claro de esta situación es el caso de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Cuando el tema salió a la luz pocos meses atrás, el fiscal general Galo Chiriboga anunció que se abriría una investigación al respecto. Sin embargo, al día de hoy, la Fiscalía General del Ecuador ha detenido la investigación sobre la empresa Fondo Global de Construcciones. Esta empresa, supuestamente proveedora de material de construcción para el “plan vivienda” en Venezuela, registró exportaciones a Venezuela por más de 135 millones de dólares, pero no ha registrado ningún tipo de operaciones de producción en Ecuador. Fuentes me indican que los propietarios de esta compañía estarían vinculados directamente a los más altos funcionarios de ambos gobiernos, y que incluso existirían lazos con grupos irregulares colombianos.

Esta grave circunstancia no debería sorprender a muchos. Rafael Correa ha dejado en claro durante los años que lleva en el poder que no le interesan en absoluto los estándares internacionales y que él hace todo mejor que el resto del mundo. A Rafael Correa le gusta ir en contra de los estándares internacionales. Esto esta claro en materia de derechos humanos, donde él mismo ha promovido la persecución a periodistas y opositores, y ha amenazado con abandonar el sistema interamericano de derechos humanos. En materia comercial, Correa ya ha actuado caprichosamente en reiteradas ocasiones, como por ejemplo cuando tomo la decisión unilateral de abandonar el Sistema Andino de Preferencias Comerciales con Estados Unidos.  Lo ocurrido con el GAFI es ejemplo de lo que sucede en materia financiera internacional, donde Correa, yendo en contra de todos los consensos y recomendaciones del exterior, elige obviarlas, ya sea por rebelde o por cómplice, poniendo en juego la estabilidad de su país.

Semanas atrás, diversos medios de comunicación dentro y fuera de Ecuador reportaron la existencia de un elaborado mecanismo de lavado de dinero a través del cual empresas ecuatorianas exportaban contenedores vacíos a Venezuela utilizando el Sucre como medio de pago. El mecanismo funciona de la siguiente manera:

(1) Una empresa ecuatoriana declara exportaciones a Venezuela por un valor muy superior al real. En otras palabras, estas exportaciones son ficticias. (2) El importador venezolano deposita en el Banco Central de Venezuela -o el órgano correspondiente-, bolívares al valor en Sucres de esa exportación. (3) El Banco Central de Venezuela registra luego un balance en Sucres a favor del Banco Central de Ecuador. El Banco Central de Ecuador considera este balance como parte de sus reservas de libre disponibilidad. (4) El Banco Central de Ecuador paga al exportador en dólares. (5) En muchos casos el exportador gira dichos dólares a paraísos fiscales tales como Suiza, Panamá o Hong Kong. (6) Unos 6 meses más tarde, el Banco Central de Venezuela paga al Banco Central del Ecuador los dólares correspondientes a la deuda en Sucres.

Tomando en consideración que Ecuador tiene como moneda de curso legal el dólar americano y por tanto su estabilidad monetaria depende fundamentalmente de suficiente provisión de dólares a sus reservas, el hecho de que el Banco Central de Ecuador registre como parte de sus reservas de libre disponibilidad los dólares producto de “exportaciones ficticias” a Venezuela, es decir, alrededor de mil millones de dólares anuales, o entre un 25-30 % de las reservas del Banco Central, tiene serias implicaciones para la estabilidad monetaria, financiera, comercial y macroeconómica del país.

El problema es que existen razones por las cuales Venezuela puede en cualquier momento dejar de pagar los saldos adeudos al Banco Central del Ecuador: después de 14 años de control de cambios y corrupción, el país se encuentra vacío de dólares. Segundo, ¿por qué habría Venezuela de cancelar lo adeudado proveniente de importaciones ficticias, en este escenario de escasez de divisas?

Además, otro de los mecanismos a través del cual Ecuador debería asegurarse la provisión de dólares indispensables para su estabilidad monetaria, es asegurar un flujo de creciente de exportaciones en general, y principalmente con Estados Unidos, su principal socio comercial. Sin embargo, Rafael Correa no tuvo mejor idea que anunciar unilateralmente el fin del ATPDEA (sistema de preferencias que facilitaba las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos). Esto significa que Ecuador pondrá en riesgo el comercio con su principal socio comercial, perjudicando la entrada de divisas que como ya dijimos son fundamentales para el mantenimiento de la estabilidad financiera del país.

Correa puede insistir que este otro hueco en la entrada de divisas será cubierto gracias al incremento de las operaciones comerciales con Venezuela y otros países vecinos. Lamentablemente, como ya explicamos, la falta de transparencia en estas exportaciones representa un riesgo inmensurable.

Mientras todo esto ocurre, el pasado 21 de Junio el GAFI (Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero) anunció que Ecuador no ha hecho suficiente progreso en la lucha contra el lavado de dinero. Ecuador comparte la lista del GAFI con países tales como Siria, Pakistan, Myanmar, etcétera. Así mismo, el GAFI anunció que de continuar haciendo caso omiso a las recomendaciones emitidas, Ecuador se vera sometido a represalias acordes con la gravedad de esta situación. En otras palabras, Correa podría estar llevando a su país a la peor lista del GAFI, en la cual sólo se encuentran Irán y Corea del Norte.

¿Hasta que punto puede una economía ser sostenida por flujos de divisas que no son transparentes? En el caso de Ecuador, debido a la dolarización, las reservas de libre disponibilidad no son ni más ni menos que los depósitos que todas las instituciones del sector público y las instituciones del sector bancario realizan en el Banco Central. Esto significa que la estabilidad monetaria, financiera, comercial y macroeconómica del Ecuador, depende en buena medida de capitales provenientes principalmente de exportaciones ficticias.