Como ya dijimos anteriormente, debemos generar inversiones para dinamizar la economía. Una de las formas de generar inversión es a través de la construcción y para darle dinamismo al mercado de propiedades (“mercado del ladrillo”, que siempre seduce en forma histórica a los argentinos), la compra-venta de viviendas. Para ello, la actual administración ha generado un nuevo esquema de créditos hipotecarios indexados por inflación (UVI) en el cual se requiere un 30% aproximadamente de los ingresos contra lo que se solicitó hasta el viernes 8 de abril de 2016 para acceder a él, aunque sufrirá el ajuste por inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en cada una de sus cuotas.

Todo esto sería muy loable en un país con un nivel inflacionario normal dentro del esquema mundial, o sea, entre 4% y 6% anual, pero no en un contexto como el de nuestro país, en la actualidad con una inflación anual proyectada para el 2016 del orden del 38% al 40% y para el 2017, cercana al 30 o 32 por ciento. Además, se prevén paritarias del 28%-30% en 2016 y del 25%-27% para el 2017.

Para que todo quede mucho más claro, significa que ante una cuota de un departamento de dos ambientes promedio, el crédito sería equivalente a 1.100.000 pesos y la cuota inicial, alrededor de nueve mil pesos e ingresos cercanos a los 28 mil pesos. Esto indicaría que a lo largo del primer año de su aplicación sería necesaria una cuota cercana a los 12.500 pesos y en 2017, a 16.600 pesos, lo que supera una relación del 35% cuota-ingreso. Ante este tipo de crecimiento podríamos encontrarnos en un caso similar a la famosa circular 1050, con los alcances y los resultados nefastos que supo tener en su momento tanto para la economía nacional como, sobre todo, para las familias que componen nuestro país, porque hacía impagables las cuotas de cada uno de los hogares, pero siempre generaba riquezas de las formas más espurias y llegaba hasta la usura.

A forma de corolario, podríamos decir que esta es una de los formas del liberalismo para tratar de convertirse en un populismo de derecha, o sea, el cambio de un relato por otro que los únicos que lo sufren son los trabajadores.

También debemos reconocer que en los primeros días de este nuevo Gobierno se empiezan a mostrar signos de tratar de enmendar todo esto, los más a la vista son hasta el momento la eliminación de retenciones (que si bien no son parte explícita del sistema tributario en su origen, sí lo son por el monto que representan en la recaudación nacional) y lo que sería la eliminación del impuesto a los vehículos de alta gama. Si tomáramos esta combinación, estaríamos reduciendo la presión en el orden del 3 o 4 por ciento nominal, pero la real en el orden del 6 o 7 por ciento. Sobre el tema también puedo incluir que debería eliminarse un número de 30 a 34 impuestos de los 40 en total que posee nuestro país y que representan el 13% de la recaudación total. Entonces, para decirlo más claro aún en cinco impuestos se concentra el 87% de la recaudación total del país.

Tengamos en cuenta que la recaudación total de nuestro país se encuentra cercana a los 1.500.000.000.000 pesos este año, contra un PBI a precios de mercado del orden de los 3.100.000.000.000 pesos. Todos estos números generan en definitiva cuellos de botella en cuanto a los medios de producción y generación de empleo necesarios para el crecimiento de nuestro país. Producir este tipo de efecto lleva en un plazo más cerca que lejano hacia la tendencia a la recesión con inflación que poseemos.

En el orden de lo necesario en el aspecto tributario debemos ser racionales y previsibles para proveer a nuestra nación de la seguridad jurídica que hace falta y permitir que lleguen las inversiones tan deseadas para el crecimiento de nuestra economía, para salir de una recesión inútil en este momento de la economía global.

Si seguimos reencausando las cosas en este camino establecido hasta ahora, sin menospreciar a los trabajadores —que son quienes más sufren los períodos de recesión e inflación como consecuencia de poseer ingresos fijos—, estaremos todos dispuestos a realizar el esfuerzo que nos pidan, pero si, en cambio, empiezan a establecerse puntos de contactos en los cuales no se incluyan a los trabajadores, será necesaria la intervención que tenga que realizarse para explicarle a la gente cuáles son las medidas que decidan y que todos tomen conocimiento de los efectos que ellas tendrán sobre su forma de vida.

El anteriormente mencionado proyecto no es ni más ni menos que la impresión de billetes de 200, 500 y 1.000 pesos a los efectos de facilitar las transacciones comerciales, aunque indefectiblemente esto traerá aparejado un nivel de inflación superior al habitual durante los meses de enero y febrero.

En cuanto a lo positivo, es de utilidad para facilitar las transacciones comerciales, si se sacaran del circuito comercial algunas de las tres series de billetes de 100 pesos que hoy coexisten (Roca, Evita y Madres de Plaza de Mayo), de las que se mandaron a fabricar 80 millones adicionales de la misma denominación en las sedes de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), ex Ciccone Calcográfica (Buenos Aires), Casa de la Moneda de Chile y de Brasil, a los efectos de saldar los sueldos y los aguinaldos del mes de diciembre de 2015.

En cuanto a lo negativo, al no retirarse de la calle alguna de las series nombradas de esa fabricación, se provocaría un mayor nivel de precios al consumidor, o sea, inflación.

Por otra parte, sería conveniente que se aclarara que existe la decisión política en este momento para emitir definitivamente los billetes de esas denominaciones, puesto que las placas para fabricar billetes de 200 y 500 pesos yacen en la bóveda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde el año 2009, momento en que se encontraba en la Presidencia de la entidad cambiaria Martín Redrado. Sólo se esperaba la orden del Poder Ejecutivo Nacional, que nunca llegó, ni en esa ni en gestiones posteriores.

Por ello, sería muy oportuno aclarar que no todo lo que brilla es oro en la economía, ni existe nada nuevo bajo el sol en esta materia, sino que todo hay que saberlo interpretar en el momento adecuado, pero siempre dentro de un plan económico integral.

1. Que esa Alianza sólo se habría creado por parte de quien poseería la mayor fuerza electoral y mejor posicionamiento ante la sociedad a expensas de dar funcionalidad al oficialismo nacional y ante la división constante de la oposición para llevar al país a proseguir con el oficialismo actual. Eso podría ser consecuencia o instrumento para la continuidad de los negocios realizados en forma conjunta entre Nación y Ciudad.
2. El temor del candidato principal de esa nueva Alianza a enfrentarse dentro de un mismo espacio con alguien surgido de un espacio mucho más popular; de hecho, cuando le tocó confrontar el pasado 16 de mayo en José C Paz –pleno conurbano GBA- éste le vació el espacio de vecinos y lo dejó sin nadie a su alrededor.  La falta de presencia pública constante le significaría un ostracismo político -ante la duda, se dice que ya habría pedido lista para presentarse en el mes de diciembre en Boca Juniors.
3. Que la presentación de sus equipos técnicos lleve a la gente a reconocer la incoherencia económica de quien viene ostentando la propuesta de eliminar impuestos mientras que en CABA su ministro de economía ha aumentado 800% la tasa de Alumbrado-Barrido y Limpieza (ABL) e incluso creó el Impuesto Territorial que no existía en el Distrito llevándolo a valores similares a la tasa de ABL.
4. Reconocer que su asesor de imagen se está equivocando aquí tanto como se equivocó en Brasil con la candidata que asesoraba (Marina Silva) quien no llegó siquiera a ingresar a la segunda vuelta electoral.

Con todo esto lo que debe generarse es únicamente una Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria lo más amplia posible, para generar la alternancia democrática que quiere la sociedad. Por ello, a favor del pueblo y de la República se debió aceptar una PASO amplia, sin condicionamientos, para confrontar uno a uno en el turno electoral de octubre con el oficialismo nacional que supuestamente también tendrá una PASO en todas las categorías.

-          falta de ingreso de divisas internacionales (dólares estadounidenses)

-          salida de divisas, como consecuencia de las compras al exterior, que salen desde el B.C.R.A.

-          incremento de pesos circulantes en la calle

-          niveles de inflación mayores a los convenidos hasta el mes de mayo de 2014, lo que acentuaría una espiral inflacionaria combinada por expectativa y por costos de los insumos, llegando a cerca del 55% anual

-         incremento del número de empleados que pagan impuesto a las ganancias, licuándose el aumento de paritarias y tornándolo inviable

Por todo lo anterior, estamos en condiciones de afirmar que el segundo semestre de 2014 no sólo no será un lecho de rosas sino que podría representar un verdadero calvario para el Gobierno nacional que trata de mantener las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina en torno a los U$S 28.000 millones, aunque con los pagos a realizar entre septiembre y diciembre/2014 -alrededor de U$S 1.000 millones, más los pagos de costos e insumos en el orden de los U$S 2.000/3.000 millones- y ante la falta de ingresos que aseguren un flujo de fondos, nos encontraríamos con un nivel de reservas internacionales a fin de año de cerca de U$S 25.000 millones, con todos los problemas que ello traería aparejados para el país y el futuro gobierno. Lo que en la calle se llama normalmente embarrar la cancha, con la idea de que sería factible el regreso en el 2019.                                           

A partir de esta definición, podemos preguntarnos qué pasaría por ejemplo si nos enteramos de que existen acciones de empresas muy solventes que operan en la Bolsa que poseen valores momentáneos en el orden del 20 ó 25% de su valor normal… Indudablemente la respuesta es que, si dispusiéramos de los fondos necesarios, compraríamos esas acciones esperando el momento en que vuelvan a sus valores habituales o normales para revenderlas y obtener así una ganancia directa y libre de impuestos -por encontrarse este tipo de transacciones exentas de ellos- o esperar y tratar de cobrar el total de los recursos comprometidos.

Entonces ¿cuál sería la diferencia entre nuestro accionar y el de los fondos internacionales? ¿Seríamos “buitres” incluso nosotros por tratar de tener una pequeña ganancia?

Esto claramente corresponde al relato que emana de la cúpula del poder político en nuestro país para tratar de revertir en la opinión pública  las consecuencias negativas que resultan de la prepotencia y la soberbia del “no pensamos pagarles”, mensaje comunicado por todos los medios de prensa nacionales e internacionales.

Por todo esto tenemos que entender que la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa corresponde a la continua dilación de nuestro país en cuanto a los distintos fallos de conciliación dictados con anterioridad desde hace aproximadamente 5 años e incumplidos constante y regularmente por los abogados que defienden los intereses nacionales en base a directivas de nuestro Poder Ejecutivo, plenamente convencido de que esta situación no estallaría antes de fines de 2015 y sería el “regalo” para la próxima administración.

Nunca imaginaron que detonaría la situación en estos momentos como consecuencia de los distintos acuerdos logrados para saldar las deudas contraídas en el CIADI y organismos internacionales (como la expropiación de YPF a Repsol y el Club de París).

En definitiva, es la propia impericia del gobierno la que nos llevó a esta situación de “default técnico parcial” como consecuencia de una deuda de U$S 1.330 millones pero que en realidad llevaría a una suma cercana a los U$S 16.000 millones.

Con todo esto, deberíamos preguntarnos: ¿son fondos buitre o se trata de una expresión más del relato para llevar a la población a una confrontación generada desde ese mismo relato? ¿No están acaso los buitres dentro de nuestras fronteras?

Pero -como siempre, existe un pero- nadie sabe el nivel real de exportaciones que se van a dar en el mes de marzo y, en caso de hacerse realidad la estimación de que los productores sólo lleguen a exportar la cantidad necesaria de granos como para mantener los gastos de sus campos, entonces su nivel de retenciones (o también llamado “derechos de exportación”) podría llegar a ser en un nivel máximo entre U$S 1.500 y U$S 2.000 mil millones de dólares, lo que no le alcanzaría al gobierno para efectuar la cobertura de reservas necesarias para tranquilizar al mercado interno. Como sabemos, la economía como ciencia social que es se basa específicamente en los niveles de expectativa, credibilidad y confianza que cada administración genera en su ciudadanía es sólo el reflejo de esa circunstancia. Teniendo en cuenta lo demostrado por la ciudadanía desde el mes de junio/julio de 2013 a la fecha y exteriorizado en las elecciones primarias como generales del año próximo pasado, ese capital de confianza y credibilidad es lo que hoy el gobierno nacional no posee.

Debemos dejar plenamente en claro que no es el propósito de estas breves palabras promover ni generar ningún tipo de movimiento especulativo sino solamente establecer un diagnóstico y expresar algunas alternativas que probablemente ocurran en un momento muy próximo de nuestro país. Por todo esto cabe señalar que también debemos entender que el problema que afecta a los productores en sí no es el valor que posee la conversión de la moneda extranjera pertinente –en este caso el dólar estadounidense, mayoritariamente- con la moneda nacional, sino que la problemática que enfrentan es el nivel de los derechos de exportación –retenciones- del 35% de la misma y la no utilización por parte de los contribuyentes siquiera de una porción de ellos a cuenta de algún otro tributo recaudado por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Sin olvidarnos, claro está, el detrimento que esta situación genera en su estado financiero particular y de la asimetría que poseen las firmas jurídicas constituidas en forma regular o las personas físicas con referencia a los “pooles” de siembre y fideicomisos agrícola-financieros.

Lo más importante a entender es que en todos los países del mundo la cobranza de impuestos trata de realizarse sobre la mayor cantidad posible de ciudadanos, también en lenguaje técnico se llama “ampliación de la base de contribuyentes”, y puede realizarse de dos maneras distintas.

Una es mediante la no actualización de los montos mínimos sobre los que se deben pagar impuestos, lo cual a través de los aumentos constantes de los precios en forma continua se van incorporando una mayor cantidad de ciudadanos que los abonan. La otra es a través de la eliminación de exenciones (productos, servicios o actividades) lo que a su vez permite bajar la tasa de los impuestos que paga la mayor parte de la población.

Entre las anteriormente expresadas, debemos decir que la primera es potencialmente causante de problemas económicos complejos puesto que nos damos cuenta en el último momento que puede generar casos de aumentos desmedidos de precios, degradación de los ingresos de aquellas personas que viven gracias a una relación de dependencia y hasta una paralización de la actividad económica como consecuencia de la pérdida de valor de la moneda, y dicha problemática puede alcanzar niveles muy grandes.

En cambio, si observamos detenidamente la alternativa número dos,  nos podemos encontrar con que una disminución de tasas impositivas puede traer aparejada una baja de los precios de los productos y servicios que se venden en un país e incluso esta baja de tasas puede llegar a tener como efecto posterior una revaluación de la moneda del país y hasta un aumento de la recaudación nacional de impuestos en lapsos de corto plazo para una Nación (hasta 2 años) produciendo una sensación de bienestar en la población y promoviendo la reincorporación de las ganancias de las empresas en el circuito de la producción y no en lo financiero.