La historia del fallo a favor del fondo NML comenzó en el año 2008, cuando éste compró bonos de la deuda argentina en cesación de pagos (default) que no entraron en el canje del 2005. El Gobierno, recordemos, había reestructurado la deuda después de la estafa del MegaCanje (con perjuicios para el país valuados en 55.000 millones de dólares) y el estallido de la crisis del 2001.

Con esos bonos en mano y una batería de recursos para ejercer lobby destinado a inclinar la balanza a su favor, los inversores especulativos iniciaron un proceso judicial en los EEUU, con la intención de cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos junto con intereses punitorios, y obtener así una ganancia financiera exorbitante. Con esos objetivos en mente, no ingresaron en las posteriores aperturas del canje en 2010 y 2013, con las que se logró que casi 93% de los acreedores aceptaran una importante quita del capital nominado.

Para que el accionar de los buitres pudiera efectivizarse, se necesitó de tres fallos judiciales: el del juez Griesa de Nueva York (2012), el de la Cámara de Apelaciones (2013) y el reciente de la Corte Suprema. Si bien el proceso jurídico y los sucesivos fallos se “ajustaron a derecho”, dichas decisiones no pueden dejar de verse como una postura política concreta, ya que estaban dadas las condiciones plenas para resolver a favor de la posición argentina de dar a todos los acreedores el mismo trato. Y no por una posición favorable a nuestro país, sino por el riesgo sistémico que supone dejar un precedente de este tipo para próximos procesos de reestructuración soberana de deudas.

Por otro lado, se debe sumar el juego que hacen las calificadoras de riesgo internacional, que ante una situación de default castigan a los países subiendo el llamado “riesgo país”, lo que encarece significativamente el costo del financiamiento y disipa las posibilidades de financiamiento genuino.

Así, el fallo pone a la Argentina entre la espada y la pared, porque posibilita el embargo de fondos para pagar la deuda reestructurada, acercando al país al default técnico. Si se optara por pagar, podrían generarse reclamos por alrededor de 50.000 millones de dólares, que dejarían a la Argentina muy debilitada y a merced de presiones especulativas internas que tampoco cesan (basta observar los movimientos del mercado cambiario ilegal para ver que nuevamente operan estimulando la incertidumbre y la especulación).

Por lo expuesto, la postura del gobierno nacional de considerar el fallo como una extorsión al país es completamente válida y sensata. Más aún teniendo en cuenta que se viene pagando regularmente y sin contratiempos la deuda reestructurada y que con el reciente acuerdo con el Club de París se normalizó el resto de las obligaciones financieras que había pendientes. Ambos hechos demuestran con creces la voluntad de pago existente.

Así, pues, la justicia norteamericana está avalando un sistema económico sostenido sobre la improductividad, la ganancia fácil y abultada a costa de los pueblos, desatendiéndose de las esferas de la producción de bienes y servicios, que son los ámbitos donde se agrega valor y se crea la mayor cantidad de puestos de trabajo con los salarios mejor remunerados.

A partir de ahora habrá que tomar conciencia de lo que realmente significa este desenlace jurídico, ya que si no se actúa en forma unida y coordinada en el plano interno y externo de cada país, se corre el riesgo de convalidar, bajo un ropaje legal, una rentabilidad exorbitante, a tasas que no se encuentra en ningún sector de la economía real, y cuya consecuencia serán menos inversiones por el giro del capital hacia la especulación.

Si triunfan los especuladores, las deudas las terminará pagando sin duda el ciudadano común, puesto que estos fondos no dudan en pisotear las conquistas sociales y económicas que benefician al colectivo popular a la hora de hacerse con sus jugosas ganancias. En nuestro caso, cada dólar que se lleven los fondos buitre significará menores recursos para el desarrollo del país en el largo plazo.

Además, no solo se actuó en forma contraria a los intereses de nuestro país. Para dimensionar el reclamo argentino, el gobierno obtuvo el apoyo de naciones de todo el mundo (incluido el del propio gobierno de los EE.UU.), de los grupos de países más importantes (G20, G77) y de organismos internacionales como el FMI. Este se debe al establecimiento de un precedente negativo cuyo impacto se sentirá en todo mundo, puesto que se oscurece el horizonte de futuras renegociaciones para Estados altamente endeudados, cuando se está atravesando una crisis económica mundial que no se logra superar definitivamente y en donde no sólo las naciones en vías de desarrollo sienten los efectos del neoliberalismo financiero y del anarcocapitalismo salvaje.

El gobierno nacional actuó como corresponde. Señaló que va a honrar la deuda legítima (la reestructurada), articulando los mecanismos para ello, y que no se dejará extorsionar por el accionar de los fondos buitre, la justicia norteamericana y las calificadoras de riesgo. Dejó en claro, de esta forma, que esa postura es la políticamente correcta, porque respeta la confianza que los inversores demostraron tener en el país al aceptar una importante quita de capital y porque nunca se tomó ni se tomará una sola medida que vaya en contra de los intereses de los argentinos. Éstos, en última instancia, gracias a su trabajo diario son los que pagan con su esfuerzo los compromisos contraídos por irresponsables administraciones anteriores.

Un buen ejemplo de ello es el tratamiento mediático que se lleva adelante sobre el incremento de la participación del Estado en la economía durante estos últimos años. Después de la debacle socioeconómica que produjeron tres décadas de neoliberalismo, cuyo pensamiento ideológico se resume en la frase acuñada por José Martínez de Hoz “achicar al Estado es agrandar la Nación”, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, uno de los pilares del éxito del actual modelo ha sido la recomposición del Estado como actor y regulador de la economía, aspecto que se encuadra en un proyecto político que entiende que un sólido estatismo de quienes gobiernan es una condición impostergable para el desarrollo del pais.

Por eso, para este último grupo, el aumento de la recaudación tributaria y el engrosamiento del gasto social, son vistos desde una perspectiva ideológica distinta, como condiciones necesarias para atender los derechos de aquellos sectores sociales más vulnerables, que el otro modelo dejó en exclusión.

En cambio, los defensores del “sálvese quién pueda”, se expresan sobre el mismo hecho con frases como “la carga tributaria no tiene freno” y se alarman con el record de recaudación del año 2013 del 32,7% del PBI a nivel nacional y del 47% si se agregan los tributos provinciales y municipales. Intentan así generarle al el lector la impresión de que el Estado le detrae (le quita) el dinero a los asalariados y a las empresas, afectando el consumo y la inversión. Preguntan cuándo es el día libre de impuestos, para armar el ranking de los países en donde las personas menos tienen que trabajar para mantener el erario público. No perciben el cobro de los tributos como un instrumento necesario para arribar a una sociedad más justa. Con esa lógica se empeñan en describir cuáles han sido los medios más eficaces para la coerción del ciudadano, y hablan del impuesto que hay que soportar por no hacer ajustes inflacionarios en las bases de cálculo, olvidándose de los más relegados (saber que sólo pagan ganancias el 10,2% de los trabajadores y el 0,7% de los jubilados).

Resulta paradójico que parte de los sectores que se quejan del peso del Estado son los primeros en reclamar ayuda pública cuando alguna circunstancia los ha dejado en bancarrota, y piden a gritos subsidios para recomponer sus penurias “por el bien de la economía, el trabajo y del país” (recuérdese el salvataje a los bancos y otras empresas tras la crisis del 2001 o los reiterados pedidos de subsidios o exenciones impositivas ante escenarios de sequías o inundaciones que hacen las entidades del campo).

En estos últimos años, el peso de los impuestos progresivos en la recaudación se ha incrementado, como en el caso del impuesto a las ganancias que pasó de representar el 4,98% del PBI en el 2004 al 6,40% en el 2012. Pero más aún se han incrementado las contribuciones sociales, que pasaron de representar el 3,04% al 8,31% PBI, lo que se explica por el crecimiento del empleo registrado, es decir, por el éxito del modelo. Por otro lado, el gasto social creció 7, 67 puntos porcentuales entre 1998 y 2009 representando el 27,7 % del PBI.

Así, el aumento en la recaudación tributaria es lo que le permitió al gobierno nacional el renacimiento de las políticas socialmente inclusivas. La Asignación Universal por Hijo, la jubilación de más de dos millones de personas con aportes incompletos, el aumento de las asignaciones familiares, los planes Argentina Trabaja, ProCreAr, Progresar, Conectar Igualdad y los subsidios a los servicios públicos constituyen políticas para comenzar a saldar la deuda social que dejó el vendaval neoliberal.

Por otra parte, con la mayor recaudación, el Estado ha venido realizando millonarias inversiones en infraestructura, con la construcción de miles de kilómetros de carreteras, producción de petróleo, centrales de generación eléctricas, ferrocarriles, escuelas, universidades, redes de gas, agua potable y cloacas, entre otras obras imprescindibles para el desarrollo económico y la transformación del país. La mejora en la distribución del ingreso, el fuerte crecimiento del empleo, del consumo popular y la inversión privada confirman los beneficios de un Estado presente. Por todo lo dicho, celebramos los guarismos que otros detractan.

Una de las claves del éxito del proyecto político kirchnerista encarado hace ya una década es el manejo de la política cambiaria local.

Los logros del gobierno en esta materia no serían tan elogiables si no fuera por el pasado nefasto que tiene nuestro país en relación con su moneda fetiche, el dólar estadounidense.

El precio del billete verde posee connotaciones que exceden por mucho las cuestiones económicas, ya que a lo largo de la historia su cotización ha sido utilizada como un claro factor de desestabilización o complicidad política. Los grupos con poder suficiente para operar sobre el tipo de cambio son consientes de lo que pueden hacer con esa fuerza, y por eso ponen el grito en el cielo cuando llega un gobierno que les disputa ese poder a favor del pueblo.

Los  extensos períodos de tipo de cambio fijo retrasado, como en los años ’90, con climas de permanente estallido social, o las súbitas devaluaciones como el Rodrigazo de 1975 que devaluó el peso un 160%, y el fin súbito de la convertibilidad, son escenarios de profundo desgaste y pérdida de legitimidad para cualquier gobierno democrático, que lo deja con serias con serias posibilidades de tener que dejar el poder.

Dichos contextos no se generan azarosamente, sino que son el resultado de modelos económicos y proyectos de país diametralmente opuestos al que vivimos hoy en día.

En ocasiones, el tipo de cambio se utilizó para liquidar la industria nacional y dar por barrida la idea de una Argentina industrialista. La época de Martínez de Hoz o la convertibilidad son ejemplos de ello. “¿Industria para qué? Nuestras tierras son las mejores del mundo”, sostenían (y siguen sosteniendo) los defensores de la argentina agroexportadora.

Otras veces el manejo del dólar se usó como “golpe de mercado” para derribar proyectos alternativos de país, distinto al que los hegemónicos tenían en sus cabezas. El marco normativo del pasado les permitía operar coordinadamente para presionar por medio de corridas bancarias sobre el precio de la moneda norteamericana. Para ellos, ¡viva el liberalismo! Y los que puedan, que compren dólares a su antojo. Las consecuencias sociales que traerían aparejadas las fuertes devaluaciones se encargarían de hacer el resto con el gobierno rebelde. Tras lograr sus objetivos de avasallamiento institucional, se hacían libres de culpa y cargo, ya que en la sociedad quedaba la idea de que el estallido se debía a las políticas equivocadas de los gobernantes.

En el plano estrictamente económico, los defensores permanentes de las devaluaciones buscaron siempre transferir ingresos de los sectores populares hacia los sectores ligados al comercio exterior o los más concentrados de la industria; ya que el salario real disminuiría, por el efecto explosivo en los precios en moneda local, beneficiándose con una reducción en sus costos.

Frente a todas esas alternativas antiindustrialistas y antipopulares, el gobierno nacional responde con creatividad, rapidez y profesionalismo.

Esto le permitió encontrar un equilibrio en la disyuntiva inherente al tipo de cambio: entre la necesidad de un valor competitivo que incentive las actividades industriales para no perder empleo, y de un valor que garantice un salario real digno para los trabajadores.

Gracias a ello logró alejar con éxito el histórico problema de la restricción externa, es decir, la crónica escasez de moneda extranjera para sostener el crecimiento y desarrollo de la economía que afectó por décadas al país, sin tener que aplicar drásticas devaluaciones.

En toda esta planificación se utilizaron múltiples instrumentos y una combinación de políticas que va más allá de las cuestiones estrictamente cambiarias. Veamos algunas de las más importantes:

• En primer lugar, el manejo del tipo de cambio nominal, que se adaptó suavemente pero con distinta intensidad según las necesidades del momento. Esto va de la mano con el manejo de la política fiscal, combinación que ayudó a sostener los puestos de trabajo. En este sentido, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que entró en vigencia con la Ley 26.739 en abril de 2012, dejó en claro que bajo este proyecto político, el dinero debe ser concebido como un instrumento económico, público y al servicio del pueblo.
• Otro punto crucial fueron las retenciones a las exportaciones, a fin de desacoplar el precio de las materias primas a nivel local de los internacionales en constante ascenso. La gente debe saber que gran parte de la escalada de precios de los últimos años es responsabilidad de los grupos políticos que, allá por el 2008, votaron en contra de la resolución 125.
• También es fue importante la política de administración de las reservas internacionales, comprando los dólares que sean necesarios para contraponerse a las fuerzas del mercado, y su posterior utilización en el proceso de desendeudamiento, que luego de una década logró reducir el porcentaje de deuda en moneda extranjera de un 96 a un 9% del PBI. El pago de 9.810 millones de dólares en 2005, es todo un símbolo de soberanía, ya que fue el comienzo de la emancipación y el fin del subyugo del capital financiero internacional.
• La aplicación de medidas para combatir el comercio desleal (antidumping) y las licencias no automáticas, para salvaguardar a la industria y el empleo, en un contexto de crisis mundial con excedentes de mercaderías que países como China buscaban colocar donde fuera. Esta medida contribuyó en el pico de la crisis mundial del 2009-2010 a mantener el saldo positivo de la balanza comercial.
• La administración del sistema de cambio, controlando la venta de moneda extranjera a fin de evitar operaciones en negro y el atesoramiento improductivo de esos sectores (fuga de capitales). En este sentido, las medidas implementadas por la AFIP en el año 2012 permitieron reducir el déficit en la cuenta de capitales en un 80%, que dada la crisis internacional y la consecuente caída en la demanda de nuestras exportaciones, de no haberse actuado al respecto, se habría generado una presión muy fuerte para devaluar el tipo de cambio.
• Además, como referencia de la competitividad del peso argentino, se tuvieron en cuenta la evolución de las cotizaciones de las monedas de los principales socios comerciales del país, como Brasil, y no solamente a la divisa yanqui.

Otra fortaleza notable, deriva de que todo el sistema aplicado es sumamente adaptativo, es decir que cuenta con la suficiente flexibilidad para intensificar alguna de las medidas cuando el contexto local o internacional lo requiere. Es decir, no hay un enamoramiento de las herramientas por sí mismas, sino el objetivo de garantizar los intereses de los sectores populares: el empleo y el poder adquisitivo del salario.

Frete a este despliegue de medidas, la oposición y los grandes medios de comunicación concentrados se preocupan por el precio del dólar ilegal: un puñado de operaciones cambiarias que no llegan al 5% de las operaciones de la balanza comercial y no influyen en el bolsillo de los argentinos. Y cuando proponen algo al respecto, hablan de volver al pasado, de libertad de mercado (para los mismos grupos de siempre), y de la necesidad de devaluar la moneda un 40% de una sola vez.