Los adultos mayores constituyen, junto a los niños, la franja más vulnerable de nuestra sociedad, y por eso requieren de políticas públicas específicas para garantizarles una vejez digna. El veto de la presidenta a la Ley del 82% móvil que presentamos junto a Elisa Carrió deja ver que hoy no son una prioridad.
Desde 2003 a la fecha, el país de los “activos” casi duplicó su producto bruto y los recursos públicos se multiplicaron por diez. La realidad de los “pasivos” parece haberse quedado a mitad de camino, en el limbo de la supuesta “década ganada”. Los jubilados tienen que conformarse con algo injusto, con el argumento de que antes estaban peor. La relación de la jubilación mínima con el salario mínimo vital y móvil se mantiene fija oscilando entre el 60 y 70%. El haber medio, descontando la inflación, sigue en los mismos niveles de 2002. Tres de cada cuatro jubilados cobran la jubilación mínima de $2165 y a nueve de cada diez jubilados no le alcanza para cubrir sus gastos básicos, que la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad ha estimado en $4.298,39. Los tribunales de la seguridad social están colapsados por jubilados que reclaman la actualización que les corresponde, mientras Anses especula condenando a esperas interminables a quienes ya no tienen tiempo para esperar. Este gobierno convirtió las jubilaciones en un subsidio a la vejez; nunca entendió que una jubilación digna es un derecho adquirido por años de aporte y esfuerzo.