En los últimos doce años habíamos perdido por completo la referencia histórica de este día. Primero, fue la toma del poder por parte del Él, luego, el constante recuerdo de la “refundación” de la Patria, la exaltación del modelo, la profundización del relato y la épica de la mentira sistemática traída de la mano de adherentes rentados, conveniente o compulsivamente trasladados a la misma plaza protagonista de hechos indudablemente mucho más dignos que los vividos en el pasado reciente.

Hoy los argentinos nos lanzamos, aún casi sin poder creerlo, a la revalorización de las tradiciones republicanas que son parte de nuestro acervo cultural. Volvimos a aprender que el himno se canta y no se baila, que el padre de la patria nació en Yapeyú y no en Río Gallegos, que sus restos son custodiados por un regimiento histórico del Ejército Argentino y no por una empresa de seguridad privada pagada por un señor que está preso en el penal de Ezeiza por ser sospechoso de haber saqueado a la república en concurso real, con buena parte de las anteriores autoridades nacionales.

La sobria y discreta ceremonia oficial contrastó seguramente con los fastuosos festivales nacionales y populares donde estrellas del rock nacional lucían orgullosos atuendos revestidos en los colores de respetable pero ajena bandera de Venezuela. El pueblo no tuvo fiesta, el Estado no tuvo gasto y los ilustres patriotas del bajo y la batería no pudieron esta vez cobrar sus suculentos honorarios propios de las clases ricas para entretener a los más pobres.

También nos privamos este año de la profusa cartelería “espontáneamente” portada por el pueblo, pero prolijamente confeccionada en talleres gráficos públicos y privados a los que seguramente este año les escaseó el trabajo.

Con certeza, querido amigo, sus problemas y los míos seguirán siendo los mismos: la plata no alcanza, la inflación no cesa, la inseguridad nos sigue preocupando y es muy probable que mañana las cosas no estén mejor que ayer. ¿Pero no siente, en el fondo de su corazón, que estamos volviendo a ser una sociedad más normal?

Es que ni uno ni cien tedeums harán que dejemos de reclamar a nuestros gobernantes por todo aquello que creamos que está pendiente de resolución. Tampoco podrán esperar aquellos que nos gobiernan que, al salir de la Catedral, se encuentren con una sociedad más dispuesta a perdonar errores o hacer la vista gorda ante políticas desacertadas. Todo lo contrario, la escasas cien personas que vivaron al Presidente al finalizar el tedeum indican claramente que nadie anda con una billetera comprando voluntades y arriando a los más necesitados como ganado, pidiendo un aplauso forzado a cambio de un viático y una vianda. Nos indica, asimismo, que el pueblo argentino recuperó su libertad para adherir u oponerse según su libre albedrío y en buena hora que así sea.

Paralelamente, el relax propio del día inhábil nos permitió ser testigos de dos hechos que, si bien en sí mismos deberían estar ajenos al escrutinio social, nos conectan irremediablemente con aquella Argentina que queremos dejar atrás.

El ex juez Norberto Oyarbide parece totalmente decidido a relanzar su relación con la sociedad y como dejó de hablar por intermedio de sus fallos, lo hace ahora desde una particular versión del arte de la danza. Paralelamente, el diputado provincial y líder de La Cámpora, José Ottavis, denunciado penalmente por ejercer violencia de género, mutó: de ser protagonista de las páginas de la sección política de los medios de comunicación pasó a estar en boca de diversos cronistas del espectáculo ante su ruptura con la también procesada penalmente Victoria Xipolitakis.

Obviamente, y como le dije, ni usted ni yo ni nadie tiene el menor derecho a interferir en la vida privada (bueno, no tan privada) de personas que resuelven soltar sus caderas o romper una relación sentimental. ¿Pero qué ocurre cuando una de esas personas encarna la mayor vergüenza institucional que el Poder Judicial argentino soportó en los últimos 20 años? ¿Y qué pasa cuando otra de esas personas representa a uno de los mayores exponentes de un movimiento político que sometió a la nación al mayor desastre institucional del que se tenga memoria en democracia?

¿Es que todo es gratis? ¿Es que se puede haber sido responsable de parte del estropicio de la Patria y seguir por la vida como si nada?

Esperanza por el futuro y recuerdos del pasado, todo al mismo precio y en un solo día. Sentimientos encontrados, luces y sombres de un país raro, con grandezas y miserias, como todos, pero que curiosamente se nos presentan todas juntas en un mismo momento. Tal vez como suerte de advocación divina que nos muestra que el peligro de volver a lo peor de nosotros mismos está aún demasiado cercano como para hacernos los distraídos.

Feliz día de la patria para “todos y todas”.

Los cronistas especializados deben esforzarse para aclarar cada mañana por qué causa es que se presentan a declarar los ex socios de “la década ganada”. Es que son tantas las de cada uno de los otrora subordinados de Cristina Fernández, viuda de Kirchner (¿no es así la forma correcta de llamarla si es que desea usar su apellido de casada?).

Resulta así que un mismo ex funcionario puede ser testigo en una causa, imputado en otra, procesado en una tercera y, por qué no, absuelto en alguna otra. Claro está que, como somos argentos, nos dividimos entre quienes piden perpetua para todos y quienes organizan marchas del aguante para desembozadamente presionar a los jueces y los fiscales. Sobre todo si de ella se trata.

Esta semana, no obstante, el interés social y periodístico tuvo un drástico giro a partir de los sucesos ocurridos en Costa Salguero. Estuve tentado de escribir “fatalidad”, pero me parece que ese vocablo está reservado para sucesos que el hombre no puede modificar o que eran imprevisibles. Del que me voy a ocupar, por cierto, no lo era.

La conversación obligada a bordo de cualquier taxi desde hace unas semanas gira en torno a los “chicos malos de Uber”. Pero a partir del mega evento electrónico, con sólo consultar al tachero que nos transporta, podremos obtener un certero panorama de lo que encierra la noche porteña: las mega o no mega fiestas, las madrugadas repletas de jóvenes al borde del colapso por exceso de alcohol o drogas y algunas cositas más. Si nuestro interlocutor fuera un médico de guardia en un hospital municipal, nos ocurriría más o menos lo mismo. Y de a poco, si lo pensamos bien, todos tenemos en nuestro entorno familiar o de relación algún joven con su vida arruinada por el consumo de sustancias nocivas, o incluso algún muerto por sobredosis.

Time Warp no encierra nada nuevo, más allá del lamentable hecho de haberse cobrado la vida de cinco personas muy jóvenes para morir, al margen de tener al filo de la muerte a varios más. Sumado a que las muertes se produjeron en forma casi inmediata a la ingesta de droga, tal vez, si no hubiera sido así, cinco muertes, a los pocos días del evento, en hogares no conectados entre sí, no hubieran sido noticia; y lo peor, no hubieran llamado la atención a autoridad alguna.

En la búsqueda del culpable

Sin lugar a dudas, el abordaje de la problemática relativa a las adicciones, el contexto social en que se dan, los motivos por los que ocurren y los caminos para por lo menos moderar sus consecuencias exceden a este columnista, a la mayoría de sus lectores y —lamentablemente— a la mayoría de las autoridades que deberían ocuparse del tema. Pero resulta particularmente patético ver la forma en que ante el hecho consumado buena parte del aparto judicial y político han iniciado una suerte de fuego cruzado más orientado a deslindar responsabilidades que a encontrar soluciones.

Una de las primeras cosas que aprendí como marino es que había una institución que se llama Prefectura Naval Argentina, que, entre otras cosas, se ocupa de supervisar la construcción de buques desde la confección de sus planos hasta su puesta en servicio, de inspeccionarlos continuamente durante toda su vida útil, de habilitar a todo el personal navegante, desde capitanes de megabuques hasta timoneles de lanchas de paseo. Controlar el tránsito marítimo y fluvial, verificar la seguridad de muelles y embarcaderos, habilitar a peritos navales, controlar la pesca ilegal, formar a pilotos de yate. Además de ser auxiliares de la Justicia, de la aduana, de la autoridad portuaria, y la lista sigue.

El avance de la ciudad de Buenos Aires sobre el puerto y los sectores anexos, por un lado y la maldita inseguridad, por el otro, han hecho que también esta fuerza policial marítima cuide las calles del coqueto barrio de Puerto Madero, nos pida la cédula verde en la General Paz y controle el acceso a boliches donde miles de jóvenes pasan sus noches.

Así las cosas, hoy esta fuerza federal se encuentra en una encrucijada entre el aparente hecho de haber sido instruida por un secretario judicial sobre “aplicar controles laxos” a los asistentes a la fiesta electrónica, primero y a la posterior negación de tal circunstancia por parte del juez interviniente, sumado esto a una acusación de cierta connivencia de las fuerzas policiales, la seguridad privada y los organizadores con el narcotráfico.

Y si así fuera, sería el primero en pedir la más dura sanción contra los involucrados, vistan uniforme azul, verde o color arena. Lo mismo aplicaría para los funcionarios municipales que con responsabilidad en el tema no hubieran hecho lo que debían hacer.

Pero mientras unos y otros se debaten en sorda lucha, una, dos, diez fiestas se deben estar organizando, o varios boliches ajustan sus equipos de sonido y sus barras de tragos y quién sabe qué más, para el próximo fin de semana. Sin que nadie al parecer se preocupe por encontrar la manera de tornar un poco más evitable la “desgracia” semanal.

¿Nunca le pasó, querido amigo lector, de cruzarse en el ascensor o en la puerta de su casa con el vecinito que sale de ronda desde su propia casa con aparentes signos de pasar largamente el 0,5 de alcohol en sangre permitido para conducir un vehículo? ¿Nunca se preguntó si algún padre o madre estaría al tanto de esa situación? Porque, en primer lugar, si no se asume este hecho totalmente reservado al ámbito privado y familiar, estamos pecando de una gran hipocresía.

Pero, al margen de ello, hay una evidente responsabilidad del Estado a la hora de impedir que bandas de delincuentes disfrazados de empresarios de la noche nos maten a los chicos.

Hizo falta Cromañón para que los boliches tuvieran un bombero y un médico en su interior. ¿Qué debe hacer falta para que se implemente un sistema más estricto de control de alcohol y drogas en las fiestas electrónicas, gauchescas o lo que sea? ¿Qué derechos sagrados se estarían violando si se controla de otra manera el interior de los lugares de diversión nocturna? ¿Qué pasaría si en lugar de poner en la puerta de un boliche a un marinero formado para vigilar el agua se contara con personal específicamente entrenado para infiltrarse en el corazón del dancing y permitir que los chicos se diviertan pero sin llegar a salir en una bolsa de plástico?

¿Se violarían algunos derechos humanos? ¿Se avasallaría la intimidad? ¿Se militarizaría la diversión? Y… tal vez un poco. ¿Pero no sería mejor a la mañana siguiente tener un hijo quejándose de ello pero vivo?

Lo que debió ser simplemente la declaración indagatoria de una imputada, sospechada de cometer un delito contra el Estado nacional, mutó en un acto político de la más baja estofa; plagado de golpes burdos, chicanas trilladas y una efímera intención de demostrar un poder que ya es parte de la historia más que del futuro.

Es cierto que las imágenes pudieron generar cierta desazón en quienes anhelan una Argentina mejor, pero no lo es menos el considerar que sin el apoyo del Partido Justicialista estas manifestaciones no pasan de ser ruidosos actos testimoniales.

La vereda de enfrente. Es la que corresponde a la numeración impar de la avenida Comodoro Py y la que alberga a unos cuantos miles de hombres y mujeres, civiles y militares que trabajan en el edificio central de la Armada Argentina.

Estos argentinos fueron testigos del agolpamiento humano que se produjo justo frente a su lugar de trabajo. No han de traumarse seguramente por las mayores o las menores molestias que debieron sufrir para ingresar a sus labores cotidianas. Tal vez tampoco hayan sufrido en demasía por el particular párrafo que la ex mandataria hoy sospechosa en varias causas judiciales les dedicara cuando dijo algo así: “En las oficinas de enfrente se cobijan represores”. Ni tampoco cuando los cánticos (como siempre, dirigidos) comparaban al actual Presidente, electo por el 52% de los votos, con la dictadura.

Pero me atrevo a decirle, querido amigo lector, que cada uno de estos testigos privilegiados con los que intercambié opiniones sobre lo sucedido este 13 de abril tiene una lectura común: esta expresa una profunda preocupación por el método elegido por la ex Presidente para presionar a la Justicia y obtener impunidad ya no por contar con fueros, sino por generar miedo.

La democracia conquistada por la sociedad argentina está garantizada. Pero tal vez adolece de algunas enfermedades a las que conviene prestar atención, de la misma manera que atendemos nuestra propia salud. Hoy el Estado argentino delegó en un grupo de militantes uniformados la seguridad de una parte de la ciudad. Hoy se ejerció el derecho a veto a la circulación de personas a gusto y placer de vaya a saber uno qué personajes sin derecho alguno para hacer tal cosa. Hoy se agredió reiteradamente a una periodista, que además es mujer. ¿Será que la declamada igualdad de género hace que el elemental respeto que esa condición amerita ya no esté en vigencia?

Algún rezago judicial militante autorizó a que la sede judicial se embandere con pancartas en defensa de la imputada. Si somos todos iguales ante la ley y la conducta de los jueces sienta jurisprudencia, uno podría preguntarse: ¿A partir de ahora queda expedita la vía judicial para que los familiares y los amigos de estafadores, asesinos y violadores varios pongan carteles en defensa de los reos más diversos el día que les toca enfrentar a la Justicia?

Hoy no es un día alegre para la república, aunque sea un día importante para quienes deseamos que alguna vez los responsables de la mayor estafa institucional desde que se recuperó la democracia comiencen a pagar sus culpas. Hoy quien abusó del poder cuando lo tuvo se burló de las instituciones una vez más, pero ahora desde el llano. Hoy más que un gobierno, sucumbió ante la patota encubridora un Estado entero. Hoy tal vez por primera vez en la historia judicial moderna una imputada por un delito, lejos de retirarse con vergüenza, se subió a un palco para arengar a un grupo de ciudadanos que en muchos casos ni sabían lo que estaban haciendo en ese lugar.

Miles de voces profiriendo amenazas, otros miles mirando desde ventanales, una mujer agredida cobardemente, olor a choripán y banderas prolijamente distribuidas por una empresa de marketing. Ella, una vez más, exultante, descarada, impune. Una postal terrorífica que ya recorre el mundo y que lamentablemente implica un mensaje nefasto hacia un mundo que está con ganas de pensar que la patria había comenzado a cambiar. Y que justamente el cambio era algo más que una consigna partidaria. Dios nos ayude.

Esto no es caprichoso, la normativa internacional en la materia así lo establece e incluso ahora varios países, incluido el nuestro, han presentado ante la Comisión de Límites de la ONU propuestas para ampliar esa zona a 350 millas (aunque este adicional no comprende exclusividad en el aprovechamiento de los recursos).

Como nuestro mar es uno de los más ricos en variedades ictícolas, cada día cientos de buques pesqueros, argentinos, chinos, rusos y españoles, entre otros, extraen de sus aguas las más variadas especies. Muchos lo hacen dentro de la ZEE, abonando los derechos respectivos y operando en total legalidad, y otros lo hacen por fuera de las 200 millas, lo que no puede ser objetado por nuestro país. Pero una importante cantidad de flotas pesqueras (la china es la principal) opera en una línea que oscila entre el límite exterior de nuestra zona exclusiva y un franco avance al interior de esa zona. Las corrientes y otros factores hacen que los cardúmenes se desplacen y el pescador profesional detecta esos corrimientos y va tras los peces.

Para el caso de los pesqueros dedicados a la captura del calamar (como el hundido), el mecanismo de pesca es estático. Una vez que se detecta el cardumen, el buque detenido enciende poderosos reflectores que atraen a los calamares hacia la superficie, donde son capturados. En este caso particular, en el momento en que la PNA detecta al buque infractor, la nave suspende su tarea (obviamente esta es nocturna), apaga sus luces y francamente se da a la fuga, de la misma manera que lo haría un ladrón que es sorprendido infraganti. Luego, sucede la persecución, los reiterados pedidos para que la nave se detenga, los avisos a Cancillería, al Ministerio de Seguridad y al Juzgado Federal correspondiente.

Finalmente, y luego de todo lo que ya se sabe, Cancillería manifiesta su conformidad para que, de considerarlo necesario, el juez ordene hacer lo necesario para detener a la nave en franca rebeldía contra la autoridad marítima nacional.

Pasaron más de quince años sin que una autoridad naval argentina disparara sus armas a un blanco móvil en huida. Sí hubo muchos casos de disparo de ráfagas de amedrentamiento; la última hace poco más de una semana. El hecho no ha pasado desapercibido para varios analistas, que comienzan a marcar la diferencia entre una deliberada actitud política de “no molestar al socio” a otra diametralmente opuesta de plantarse en forma firme ante la violación de la norma.

No es menos cierto que existen sobradas sospechas de que, cumpliendo órdenes del armador de la nave, el capitán del pesquero aceleró el hundimiento de la nave. La razón es muy sencilla de entender. Estas naves por lo general no reúnen los menores requisitos reglamentarios para hacerse a la mar. Su casco, sus máquinas, sus sistemas de navegación difícilmente superen inspección alguna; su tripulación, excepto el personal imprescindible para navegar, normalmente no está debidamente certificada y las condiciones de trabajo lindan con el trabajo esclavo y la trata de personas.

Si el buque es finalmente detenido, el propietario sabe que además del decomiso de la carga y las multas de rigor, la autoridad marítima no autorizará la zarpada de la nave si no se la pone en orden de acuerdo con la normativa internacional en materia de seguridad de la navegación. Ni que hablar si los tripulantes no tienen la certificación adecuada. La decisión en estas condiciones no es muy difícil de adoptar. De hecho, estos buques jamás operan en solitario, ya que, como se vio, ni bien producido el naufragio, otras naves de la misma flota rescataron a los náufragos, por lo que quedaron en manos de la PNA solamente cuatro tripulantes. Estos, salvo el capitán, no sufrirán acción legal alguna, ya que no son responsables del posicionamiento de la nave en aguas prohibidas. Sólo quienes son responsables de la conducción náutica de la nave saben dónde se está pescando.

La “firme protesta” del Gobierno chino incluye un pedido a Argentina para que se adopten las medidas tendientes a evitar que este tipo de “acciones militares” se repitan en el futuro. En este mismo momento, hay cientos de buques chinos en el límite de nuestra ZEE, ¿qué pasará entonces cuando se detecte al siguiente buque infractor?

Los caminos posibles son solamente tres: hacer la vista gorda y dejar que nos roben en nuestras narices nuestros propios “socios estratégicos”; perseguirlos tratando de que tengan la buena voluntad de rendirse y mostrar el fruto de su ilícita actitud; o, luego de agotadas todas las instancias, afinar la puntería y detenerlos a como dé lugar. Una decisión de debería ser analizada en este mismo instante por las máximas autoridades nacionales, las que deberán optar entre seguir siendo una república indefensa o una nación que infunda respeto y ejerza su soberanía.

En el mediano plazo, habrá que hacer lo que hace mucho no se hace: equipar a las instituciones que deben patrullar y custodiar nuestro territorio húmedo con la suficiente cantidad de naves para que hagan tan importante nuestra presencia en el mar como para que ningún pirata oriental u occidental se anime siquiera a desenfundar una simple caña de pescar.

Con reconocimiento internacional, la superficie acuática, que llega hasta las 12 millas marinas (22,2 km) contadas a partir de la línea costera de más bajas mareas, se considera mar territorial. En esa porción de océano nuestro país ejerce soberanía plena, como en cualquier calle, ruta o montaña del territorio terrestre. Las 12 millas siguientes se denominan zona contigua, y si bien la soberanía ya no es total, todas las facultades de registro, control policial y judicial siguen en jurisdicción nacional. Finalmente, la zona económica exclusiva (ZEE) se prolonga hasta 200 millas mar adentro; en esa zona la navegación es totalmente libre para el tráfico marítimo mundial, pero el país se reserva en forma exclusiva la explotación de los recursos animales y minerales existentes en su superficie, el lecho y el subsuelo marino.

Hablamos de una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, que alberga, entre otras riquezas, una de las reservas pesqueras más importantes del mundo; casi todas las especies ictícolas más codiciadas y costosas del mercado mundial están presente en esta porción de patria.

El hecho netamente policial en el que un buque de la Prefectura Naval Argentina intenta capturar a un pesquero invasor que depreda nuestro mar en forma ilegal no es ni nuevo ni asilado. Tanto la Armada Argentina como la Prefectura Naval acumulan experiencia en la materia desde hace mucho tiempo. La pesca ilegal transita una delgada línea entre la infracción y el delito, dependiendo las circunstancias. Las imágenes de una nave policial disparando la metralla llaman la atención, pero no son otra cosa que la puesta en práctica de procedimientos preestablecidos para intentar imponer la autoridad por sobre el desparpajo con el que estos “visitantes indeseables” roban nuestra riqueza.

La actividad pesquera legal es la que realizan empresas nacionales o extranjeras que, mediante el pago de un canon, obtienen un permiso legal que determina qué especie, qué cantidad, en qué zona y en qué época del año se puede pescar. Cualquier otra actividad extractiva dentro de la ZEE es ilegal y por tanto punible. De ser apresada una nave infractora, además de las actuaciones judiciales, se produce al decomiso de la carga y al pago de una multa considerable. Normalmente la tripulación no es penada, pero sí el capitán y el jefe de navegación, por ser los responsables de observar que el buque a su mando no penetre aguas restringidas para la pesca.

Como se indicó, la responsabilidad del control de nuestro mar radica en la Prefectura Naval Argentina y en la Armada Nacional, que con matices, con superposición de tareas y a veces con diferendos administrativos, ambas instituciones hacen lo que pueden con recursos materiales que son infinitamente menores a los que serían deseables. En muchas ocasiones no sólo faltan buques; a veces no hay partida presupuestaria ni para el combustible de las pocas naves afectadas a la tarea.

Esta es la primera sangría que sufre a diario el país en el mar; si es difícil controlar, más lo es cuantificar las cifras que alcanza el robo perpetrado al final de cada jornada.

Arrojar dólares al mar

Con las altas y las bajas propias de una economía fluctuante que atravesó desde disparidad cambiaria hasta restricciones severas a las importaciones y, aunque parezca increíble, a sus propias exportaciones, el 95% del comercio exterior argentino se transporta por agua. Los principales destinos comerciales de nuestras exportaciones cruzan el Atlántico o lo trepan hasta el extremo norte del continente americano. Idéntica procedencia tiene buena parte de nuestras importaciones.

En ese ida y vuelta comercial, la logística del transporte juega un rol fundamental; tanto en un sentido como en el otro, la Marina Mercante nacional está totalmente ausente. Cada año superamos en millones de toneladas la producción agrícola respecto al período anterior. No obstante, el país no cuenta con un solo buque granelero para transportar nuestra producción.

El país se pierde de ingresar a sus arcas miles de millones de dólares en concepto de fletes, que pagarían quienes compran nuestra producción y, por otra parte, gasta otros miles en pagar a flotas extranjeras los fletes de nuestras propias importaciones.

El transporte marítimo es una actividad tan peculiar que el Estado tiene en ella seis ministerios involucrados: Economía, Transporte, Defensa, Seguridad, Trabajo y Cancillería. Tal vez por ello desde hace años distintos funcionarios abocados a administrarlo han fracasado estrepitosamente.

La gestión iniciada en diciembre, según confiesan allegados al área, encontró tierra arrasada; lo poco que se hizo durante el anterior Gobierno complicó más las escasas posibilidades de resurgimiento del sector. Inoperancia, soberbia y generosas dosis de corrupción firmaron casi un certificado de defunción.

La responsabilidad primaria en reacomodar este sector de la economía nacional recae en el Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, pero no solamente en él. Una compleja red de cámaras empresarias, una docena de gremios, algunos incluso enfrentados entre sí, áreas de gobierno con visiones e intereses en el sector contrapuestos y el insoslayable condimento de las desventajas comparativas a nivel internacional, hacen la tarea casi titánica. Por otra parte, si bien la cifra involucrada hace agua la boca de cualquier ministro de Economía, el sector carece de visibilidad. Un avión demorado en pista, un corte de ruta o un tren detenido en un andén hacen que la presión social y mediática movilicen a la política. “El mar es noticia cuando inunda nuestras costas, cuando hunde nuestras naves o cuando es vilmente saqueado por piratas, sin que podamos hacer nada por evitarlo”, sostienen con vehemencia quienes lo cuidan, lo defienden o simplemente lo navegan.

Los cambios anunciados presuponen una fuerte purga de al menos 22 generales para el caso del Ejército, dado que el designado general, Diego Suñer, ocupa el puesto 18.º en el orden de precedencia de la fuerza y a ello se le suman otros desplazamientos en el Estado Mayor conjunto y los que el propio nuevo jefe promueva una vez que proponga a quien lo secundará. El mensaje aquí fue claro: “Cuantos menos vestigios queden de César Milani, mejor”. Por ello es probable que algunos otros generales también deban abandonar las filas del Ejército.

Para la Armada y la Fuerza Aérea el criterio fue bien distinto. Se eligieron oficiales de entre los más antiguos y ambos, tanto el vicealmirante Marcelo Srur como el brigadier Enrique Amrein, con pergaminos más que suficientes para honrar con creces el cargo para el que han sido propuestos. No obstante, en ambas fuerzas y por debajo de ellos en la pirámide castrense, existen conspicuos oficiales militantes a los que el sentido común indicaría que les ha llegado su hora.

Hasta aquí lo que ha hecho Mauricio Macri es lo más fácil de hacer: producir un natural recambio de hombres, reemplazándolos con otros menos comprometidos con el Gobierno anterior. Pero el verdadero desafío con el que debe enfrentarse es el de producir de una vez el verdadero cambio que las estructuras militares de la patria necesitan desde hace ya más de tres décadas.

Tanto el ministro de Defensa Julio Martínez como su vice, Ángel Tello, conocen debidamente a las fuerzas. El primero viene de ser vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, mientras que Tello es un nombre del palo, profesor en academias de guerra, coorganizador de los famosos ciclos “Almirante Storni”, netamente navales, y estudioso de la cuestión militar; sabrá diferenciar la paja del trigo y filtrar adecuadamente una interesante cantidad de iniciativas que por estos días comienza a llegar a distintos despachos de asesores del Ministerio.

Aquel famoso suceso de militares chilenos cantando mientras trotaban por la costa de Viña del Mar: “Argentinos mataré, peruanos degollaré, bolivianos comeré” no es, por cierto, simpático, pero nos habla a las claras de cuáles son potencialmente las hipótesis de conflicto para las que Chile prepara a sus tropas, aunque ya no lo declamen cantando. Esto no es descabellado, un país arma sus defensas basándose en los peligros potenciales que puede enfrentar y para el caso de nuestros vecinos esos peligros no pasan ni por China ni por Rusia.

Nuestro país decidió unilateralmente eliminar toda hipótesis de conflicto. Una suerte de pensamiento mágico que indica que nunca jamás tendremos un conflicto con vecino alguno, ni por la medianera, ni por el agua, ni por una inmigración masiva. Dios quiera que así sea, pero entonces, si no hemos de tener conflictos externos y no las hemos de emplear para cuestiones internas, ¿para qué queremos tener Fuerzas Armadas?

Obviamente la respuesta a esta pregunta no es su eliminación, ya que dejar al país más indefenso de lo que ya se encuentra sería un error de consecuencias imprevisibles. Lo que deberá iniciar necesariamente la actual administración (sabiendo que en un período de gobierno no verá resultados que pueda mostrar con orgullo) es una profunda reestructuración de fondo y de forma en las estructuras militares de la nación.

Hoy tenemos un ejército que recobró notoriedad en los últimos años por las supuestas tareas de inteligencia interna que, de la mano del general Milani, fueron puestas al servicio personal de la ex Presidente y que involucran a la fuerza en temas tan turbios como escuchas ilegales a personalidades de la política, la Iglesia y los sindicatos, e incluso sospechas de participación en los sucesos que terminaron en la aún no esclarecida muerte del fiscal Alberto Nisman. Por estos días todos los medios de prensa dan cuenta de los estrechos nexos entre agentes de inteligencia de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los altos mandos de la fuerza de tierra.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea es hoy prácticamente testimonial, ya que casi no le quedan aviones en servicio. Sólo han existido espectaculares anuncios de producción en serie de aviones en el mercado local, los que por ahora no pasan de un prototipo que aún no vuela. Un intento de comprar material israelí se topó con la opinión en contra del ex director de Material de la fuerza, quien pagó con su puesto el haber osado arruinar un bonito negocio con escaso rédito para la aviación militar. Un claro ejemplo de lo que un militar con honor debe hacer.

La Armada Argentina, por su parte, libra una sorda lucha contra la Autoridad Marítima Nacional (la Prefectura Naval Argentina) para intentar subsistir. El tozudo control de actividades relacionadas con la Marina Mercante y su personal embarcado, la asistencia y el salvamento a personas en peligro en el mar, el control de los ríos y de la pesca ilegal y hasta la actividad antártica, son fuentes permanentes de conflicto. En rigor de verdad, mucha legislación que fue redactada en épocas en que la Policía Marítima dependía de la Marina de Guerra deberá ser actualizada para evitar enfrentamientos estériles entre servidores públicos pagados por un mismo patrón (el Estado nacional). Las actuales conducciones de los ministerios de Seguridad y Defensa parecen tenerlo claro y prometen solucionarlo a la brevedad. De hecho, están recibiendo propuestas al respecto.

Temas paradigmáticos, como la conveniencia de que un buque como el rompehielos Almirante Irízar (que no es de la Armada) o los buques hidrográficos de uso civil propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) sigan siendo tripulados por marinos militares en lugar de sus naturales tripulantes civiles, comienzan hoy a plantearse en boca de allegados al propio ministro de Defensa.

Pero el gran desafío pasará por responder la pregunta antes enunciada con realismo y tal vez con crueldad. El país ya no puede seguir soportando estructuras gigantescas pero vacías de contenido. Desde un Hospital Militar Central donde los enfermos caminan centenares de metros para ir de un servicio al otro dentro de un nosocomio derruido, que bien podría reemplazarse con un edificio más racional y moderno, que podría ser financiado sólo con el valor del terreno del actual emplazamiento. Pasando por barrios militares en las zonas más caras de la ciudad y edificios sede de las fuerzas en plena capital, cuando en realidad deberían ser redistribuidos en bases y cuarteles cercanos a las zonas que deben custodiar. Hasta el desprendimiento de todo el material obsoleto —cuando no inoperable—, que solamente sirve para emplear mano de obra en inútiles tareas de mantenimiento sin grandes resultados. Pintamos y repintamos barcos y tanques viejos una y otra vez.

Si Mauricio Macri es capaz de vivir en su propia casa y descansar el fin de semana en su propia quinta, ¿por qué una milicia pobre debe seguir quemando recursos en lujosas viviendas oficiales y verdaderas estancias de recreo para sus altos mandos? La pregunta en boca de un ciudadano es lógica, pero realizada por un funcionario de gobierno es mucho más que promisoria. Si hemos de cambiar, cambiemos a fondo y en todo lo que haga falta. Es ahora o nunca.

La noticia que recibió de parte de sus superiores una vez en tierra lo dejó helado. Había atacado al buque mercante argentino Formosa. Afortunadamente, sus bombas no estallaron y su metralla no hirió a nadie, algo que le permitió ciertamente continuar con su carrera militar sin cargar en su conciencia con la muerte de compatriotas aliados.

Le cuento esto, querido amigo lector, porque allá por 1982 la decisión política de la cúpula militar de recuperar Malvinas y la posterior derrota dejó entre sus muchas consecuencias algunas enseñanzas. Entre ellas, que no es lo mismo operar juntos que operar en conjunto.

Las Fuerzas Armadas argentinas, acostumbradas sólo a juntarse para pedirle a un presidente civil que abandone el poder, jamás habían ensayado una maniobra militar unificando códigos, procedimientos y demás cuestiones que hacen al abc de una operación militar combinada. Ni siquiera en la denominada guerra sucia habían operado en conjunto. Algo básico en cualquier país del mundo menos en Argentina, claro está.

Hoy, aunque sin armas, barcos o aviones y sin hipótesis de conflicto a la vista, al menos aprendieron la lección y existen procedimientos conjuntos y hasta una escuela de guerra común a las tres fuerzas. Lanatta y Cía., salvando las distancias, constituye el caso Malvinas de las fuerzas de seguridad.

Nuestro país, tal vez por su propia idiosincrasia, tiende a complicar cosas que en otras partes del mundo son más sencillas. Si usted transita por Chile, verá invariablemente de norte a sur a la “temible” Policía Nacional (los Carabineros). Si pasea por España, verá a la Guardia Nacional y si lo hace por Francia, le pasará lo mismo con la Policía Nacional (antes Sûreté).

Es cierto que la extensión territorial de nuestro país, sus vastas llanuras, sus montes y su enorme litoral marítimo tornarían poco práctico tener una única fuerza nacional que opere en todo el territorio, ya que sería casi incontrolable por la cantidad de personal y la diversidad de escenarios de actuación. La década ganada deja entre su pesada herencia no sólo la destrucción final de las Fuerzas Armadas, sino además problemas graves de organización entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Para ser justos, deberíamos indicar que, de 1983 a la fecha, los sucesivos Gobiernos democráticos parecen haber confundido el juicio y el castigo a algunos militares (tal vez el 1% del total de las fuerzas uniformadas del país en aquel momento) con la necesidad de castigar a las instituciones como tales.

Quien mayor esmero sin lugar a dudas puso en intentar doblegarlas, anularlas o directamente destruirlas fue el régimen iniciado en 2004 y que nos acompañó hasta hace apenas un mes atrás. Tanto en la milicia como en las fuerzas policiales se introdujeron “modernos conceptos” de formación, capacitación y conducción; se trató de minimizar lo más posible el “antidemocrático” verticalismo que las caracteriza; se crearon oficinas para los subalternos denuncien sin temor a sus superiores; se eliminaron los “bailes” a los cuerpos de cadetes y aspirantes. Ni que hablar del Código de Justicia Militar derogado y de los nuevos “protocolos” de operaciones policiales según los cuales un agente del orden debe poco menos que solicitar conformidad firmada por el delincuente antes de atreverse a detenerlo. Desenfundar el arma reglamentaria en la mayoría de los casos puede equivaler a que el uniformado sea considerado casi un asesino serial. Así, mientras muchos son sumariados, los delincuentes esperan en sus casas ir a atestiguar en contra del salvaje policía que quiso detenerlos.

Otras novedosas variantes introducidas por el modelo fue una fenomenal manera de incrementar los naturales recelos y competencias que fuerzas parecidas pero diferentes tienden a generar entre sí, y que la política (la buena) debe esforzarse por minimizar.

Pusimos prefectos en las calles de la ciudad. Incluso en tres comisarías de la zona sur sacamos a los comisarios y pusimos prefecturianos a dar órdenes a “federicos”. La Gendarmería desplazando a la Bonaerense y a varias otras policías provinciales y la Federal patrullando San Martín. Una mezcla explosiva perfecta. Pues no estuvo organizada de antemano, sino fue ejecutada a las apuradas, como respuesta a hechos de inseguridad consumados.

No quiero salirme del tema, pero llegamos al punto que hoy por hoy la mayor hipótesis de conflicto que tiene nuestra Armada no es una potencia naval extranjera, sino la propia Prefectura Naval Argentina, a la que la Marina Militar ve como una competidora con ventajas.

En los últimos años, es muy cierto que el Gobierno anterior equipó fuertemente a las fuerzas federales; es cierto también que el invento de las policías comunales con seis semanas de entrenamiento es un desastre. Pero lo más grave del asunto es que nadie parece haberse enterado de que cada fuerza fue creada para un campo de acción específico, con particularidades técnicas y operativas muy distintas. No es lo mismo perseguir a un pirata del asfalto que a un pesquero chino robando nuestros peces, se lo puedo asegurar.

Así las cosas y ante el innegable avance del flagelo del narcotráfico, no se gana nada apilando uniformes de colores distintos (unos con casco y chaleco y a su lado otros con sombrero playero). Unidad de mando, de control y dirección son el principio de cualquier operación conjunta, en la milicia, en la Policía y en un supermercado de barrio.

El caso Lanatta y Cía. ha sido más que elocuente. Usted, yo y todos vimos lo que vimos. No hace falta agregar nada, pero ahora, y tal vez gracias a este caso, habrá que trabajar seriamente en cómo hacer que un montón de gente corriendo sin sentido se transforme en un conjunto de profesionales trabajando en común. Será tiempo, tal vez, de ver qué rol pueden cumplir nuestras Fuerzas Armadas (las que por ahora están demasiado ociosas y aburridas, a falta de algo útil para hacer) en esta lucha que por ahora venimos perdiendo por goleada.

Todo dependerá del trato que queremos darle al flagelo narco. Si los tratamos como a rateros de poca monta o si, como el mundo está haciendo, los tomamos como una verdadera invasión externa a la soberanía nacional, a la seguridad de nuestro pueblo y al futuro de nuestros hijos.

Pero esta semana arrancó con dos fotos que marcan dos hechos bien distintos, aunque igualmente trascendentes.

El primero, la firme decisión de Gabriela Michetti de dar por terminados más de dos mil nombramientos truchos en el ámbito del Senado de la Nación y que, a pesar de haber sido realizados por el procesado ex vicepresidente Amado Boudou, son igualmente repudiados hoy tanto por el oficialismo como por el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) en la Cámara Alta.

Este suceso permite inferir que miles y miles de nombramientos similares serán extirpados del erario público y que muchos entusiastas militantes, hasta ahora rentados, deberán salir a las calles, pero no a manifestar, sino a buscar trabajo.

El otro hito quedó plasmado simplemente en una foto, pero implica una decisión de alto contenido político, tal vez comparable a la eliminación del cepo. No por sus efectos en la economía, pero sí por la valentía que implica su realización. La imagen a la que refiero, querido amigo lector, es el apretón de manos con el que dos jóvenes oficiales de la Policía Federal y de la Metropolitana sellaron el traspaso de parte de la fuerza federal más poderosa del país a la joven Policía Comunal porteña.

La imagen precisamente no muestra un acuerdo de cúpulas, sino que simboliza la unión de las bases. Para aquellos que supimos transitar los entretelones de estructuras verticalistas y con fuertes paradigmas culturales, este hecho implica una jugada política que sólo alguien dispuesto a ejercer el mando puede realizar.

Con el correr de los años , y sin poder soslayar el poder adquirido durante los Gobiernos de facto, las Fuerzas Armadas y de seguridad fueron adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones, muchas veces amparadas por la legislación vigente y otras por el mero hecho consumado.

La Federal entiende, hasta hoy, en los delitos precisamente denominados “federales”, pero también en la pelea entre vecinos, en las actas de choque (actualmente casi abolidas por decisión de las aseguradoras), en custodias complejas, pero también en la parada de la esquina y hasta en las menores contravenciones. Fue —hay que reconocerlo— el anterior Gobierno quien quitó de sus manos la confección de pasaportes y documentos de identidad, algo descabellado de imaginar en una sociedad moderna. ¿Qué tendrá que ver la Policía con la tramitación de documentos?

Mucho se ha dicho de la existencia de órdenes a los cuadros policiales sobre la necesidad de no votar al actual Presidente, por el peligro que implicaba para la fuerza su loca idea de desmembrarla. Pero lo cierto es que, al margen del recorte de poder que sufrirán altos mandos policiales (ya no serán tan altos), la medida es técnicamente impecable. Y es de esperar que la lógica resistencia institucional al cambio sea rápidamente superada por los cuadros intermedios y el desdoblamiento termine beneficiando a la sociedad en su conjunto, ya que la ciudad estará más segura y el resto de la fuerza podrá ocuparse de las cuestiones federales para las que fue creada, entre ellas, obviamente, el narcotráfico.

La década ganada, tan proclive a declamar su poco afecto a las instituciones policiales y militares, fue muy cuidadosa al diferenciar la necesidad que tenía de las primeras y la prescindencia de las segundas. Pero con una increíble vocación de estropear las cosas, alteró de tal manera el funcionamiento de las fuerzas federales que inundó las calles de prefectos y gendarmes altamente capacitados para ejercer el control de montes, rutas, ríos y mares y terminó enviando a los federales a patrullar el Gran Buenos Aires. Mostró a agentes de esa fuerza perdidos en las calles de San Martín, recurriendo a planos de papel para encontrar la calle en la que según su receptor de radio se estaba cometiendo un ilícito.

Por otra parte, en una errada creencia que cantidad vale más que calidad, se saturó a los municipios bonaerenses con agentes policiales locales simpáticamente denominados “pitufos” por su vestimenta azul, formados en seis semanas en lugar de los tres años que tarda en capacitarse un cuadro de las fuerzas federales. Las consecuencias no se hicieron desear mucho tiempo, gran cantidad de estos agentes han resultado heridos por su propia impericia en el manejo de sus armas y días pasados un agente local mató a un compañero sin la intención de hacerlo, pero por un accionar imprudente del armamento provisto.

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, al margen de dejarlas casi al borde de ser inoperables, se las transformó, a fuerza de castigo y ninguneo, en verdaderos guetos. En el afán de capear el temporal, se tomaron medidas internas muchas veces inteligentes y otras tantas ingeniosas para subsistir, aunque en muchos casos se terminó potenciando la corrupción interna y la aparición de negocios menores en monto pero nocivos por demás. Resultará primordial que las autoridades respectivas barajen y den de nuevo para dotar al país de estructuras militares tal vez más reducidas pero efectivas para cumplir su misión.

Un ejército con 55 generales es una burla y una Armada con 35 almirantes directamente es desopilante. Pero ya que le hablo de marinos, hay cuestiones a las que por varias razones 33 años de democracia aún no pudieron solucionar.

Si bien casi no tenemos barcos, el grueso del almirantazgo y cinco mil marinos y civiles se concentran en un enorme edificio a metros del coqueto Puerto Madero, cuando deberían estar distribuidos en las principales bases navales de nuestro frente marítimo. Decenas de propiedades en lugares carísimos de la capital federal y enormes quintas de recreo y hasta cabañas a orillas del Nahuel Huapí son destinadas a cobijar a los altos mandos. En lugar de ser vendidas y transformadas en recursos operativos para la fuerza y ni que hablar de la cantidad de organismos militares destinados a tareas de índole civil, como, por ejemplo, el manejo de la marina mercante, en manos de gente que estudió mucho para defender a la patria y no para estar examinando a marinos civiles, que además son controlados luego por la Prefectura Naval, que para eso está.

Es ahora o nunca. Se ha iniciado una etapa dispuesta, al parecer, a terminar no solamente con errores de la gestión anterior, sino con los vicios estructurales de la patria. Muchos se resistirán al cambio, pero somos muchos más los que nos resistimos a seguir pagando las fiestas y los lujos de unos pocos elegidos y la existencia de estructuras burocráticas sin sentido. La patria no lo resiste más.

Las patéticas imágenes del teniente coronel, médico Sergio Berni, inundando una escena de crimen en la que nada tenía que hacer, las mucho más patéticas expresiones de la ex Presidente de la nación, la controversia sobre lo ocurrido aquella madrugada, las dudas sobre si el médico de la prepaga pudo actuar o si no, y la vergüenza extrema por el accionar de una fiscal que nunca pudo concluir el primer paso de la investigación y determinar si Nisman se mató, si fue invitado a matarse o si lo hizo por propia determinación, marcaron el inicio de un 2015 que muy difícilmente será olvidado por aquellos a los que nos tocó vivirlo.

Es indudable que el suceso antes narrado, querido amigo lector, nos acompañó a lo largo de todo el año y aún hoy ocupa parte de nuestra agenda de interés, pero la vorágine de la política lo apartó muchas veces del foco de atención; aunque por su trascendencia, resulta inexorable que reaparezca una y mil veces hasta que lleguemos a la verdad.

Pero esencialmente el año que nos deja fue un ciclo electoral complejo y cargado de sorpresas. Primero, las PASO, con el intenso desfile de miserias por parte de los más conspicuos dirigentes del Frente para la Victoria, los inventores del sistema de primarias abiertas a los que no les gusta participar de su propia creación. La mascarada de múltiples candidaturas presidenciales que fueron borradas de un plumazo por la elección a dedo del candidato de ella (aunque, en el fondo, más que ungirlo lo terminó sepultando); Aníbal Fernández y su cruzada contra Julián Domínguez no dejó lugar a la menor fantasía: ambos pusieron toda la carne en el asador y se tiraron no sólo con índices de gestión, sino también con narcotraficantes vivos y muertos; incluyendo al hoy prófugo Martín Lanatta, y la asignación de responsabilidades hasta por la famosa entrevista televisiva.

El ocaso de la reina, su insufrible agonía y su súplica a quién sabe qué dioses del Olimpo para retardar el inexorable final de la entrega del poder, nos tuvo en un ridículo vilo ciudadano a efectos de no perder detalles de dónde, cuándo y cómo la banda y el bastón llegarían a manos del nuevo Presidente. Hasta la Justicia tuvo que laudar notificando a la señora que a las 00.00 del 10 de diciembre se tenía que ir.

Un festival de nombramientos, designaciones, ungimientos, ascensos, pases, transferencia de recursos y trapisondas administrativas varias marcaron los últimos meses de la nefasta década ganada para nada ni para nadie (bueno, sí, para ellos y los amigos de ellos). Miles de empleos públicos creados solamente para profitar con los dineros públicos o para entorpecer la gestión del sucesor, sea quien fuere el elegido, enmarcaron las últimas millas de la navegación k.

Un Poder Legislativo totalmente funcional a los pareceres, los caprichos y las conveniencias de ella estuvo obviamente a la lamentable altura de las circunstancias para modificar códigos legales, reasignar funciones a jueces y fiscales y preparar en todo lo que fuera posible el terreno para una huida exitosa y sin sobresaltos.

El Poder Judicial, dividido entre probos y pecadores, libró su propia batalla interna. Por un lado, muchos funcionarios intentaron colaborar hasta último momento con los deseos de la jefa, mientras que una buena parte del estamento judicial se puso firme frente al atropello y evitó realmente que el desastre institucional adquiriera dimensiones catastróficas e irrecuperables.

Y tal como siempre lo decimos desde esta columna, sectores periféricos del poder y con casi nulo impacto en la opinión pública, pero totalmente funcionales a la política y no la patria pusieron a sus hombres y sus medios al servicio de la continuidad del relato. Entre ellos, obviamente, las estructuras de inteligencia civil y militar. Ya que hablamos de uniformados, el rol de los máximos jefes de las Fuerzas Armadas de la nación en este año sería digno del accionar de un tribunal de honor militar, si no fuera porque el modelo arrasó con la justicia militar.

Y entre dimes y diretes llegamos a octubre y Aníbal comprendió que por más frases tan ingeniosas como groseras que ensayara María Eugenia Vidal sería ungida para recuperar una provincia arrasada por años de prostitución política. Daniel Scioli, entretanto, recibía una clara señal: la segunda vuelta sería difícil, muy claro estaba que mucha gente no lo quería y no tan claro estaba que los que decían quererlo lo quisieran de verdad.

Llegó el día de la verdad y perdieron. Aunque no querían irse, se fueron, cantando, gritando, protestando y amenazando, haciendo sus “innecesarias necesidades” en la puerta de la Catedral, renegando del 52% de un pueblo que al parecer no es digno de respeto y haciendo lo que mejor hacen: mentir, inventar y relatar.

Los otros asumieron y nos dieron al menos un poco de respeto en el trato y la normalidad en la formas. Claro que está todo por hacer, no estamos mejor, pero estamos un poco más calmados; sin arengas nacionalistas baratas y sin matones con gruesos bigotes. Sin censores de medios que les cobran peaje a sus empleados, sin cancilleres que negocien con terroristas, sin admiradores de dirigentes cubanos maduros ni Maduros venezolanos. En fin, con una tibia luz de esperanza. Tampoco digamos para extender cheques en blanco, pero al menos para escuchar la oferta.

Papá Noel nos trajo la condena para un grupo de funcionarios corruptos por primera vez en nuestra historia reciente. Nos trajo la libertad de elegir cómo ahorrar o gastar sin ser sospechados de traidores a la patria o tratados como delincuentes. Si tenemos la suerte de viajar, ya no es necesario informar en una planilla fiscal si lo hacemos por tren, subte o avión y si nos acompaña nuestra pareja o no tan pareja. ¿No es increíble a lo que habíamos llegado?

Mauricio Macri no es Dios, María Eugenia Vidal no es la Madre Teresa y Marcos Peña no es San José; eso está más que claro y, por otra parte, no necesitamos que lo sean. Pero son las caras visibles de una posibilidad de cambio. Cometerán errores; seguramente usted, yo y tantos otros como nosotros nos veremos más de una vez criticando su accionar, pero hay una ilusión. Hay una luz para probar otras cosas, otros modos y otras formas.

Arrancamos el año con una tragedia, lo terminamos con una esperanza. Brindo de todo corazón por usted, que me ha seguido todo el año, por nuestra patria, nuestras familias y porque Dios ilumine a los hombres y las mujeres que se hicieron cargo de una república en llamas.

Que 2016 sea nuestro año. ¡Felicidades!

Nos alegramos con algunas designaciones, nos preocupan otras y algunas nos resultan incomprensibles, pero como buenos demócratas respetamos en todos los casos la potestad de quien resultó ungido por el voto popular, para elegir a sus colaboradores

Como siempre le digo mi querido amigo lector, en un mar revuelto por acuciantes problemas financieros, económicos y sociales -más el agregado de las cuestiones relacionadas con la seguridad, la salud, la educación y tantos otros-, colocar a la defensa nacional en un plano de igualdad con los anteriores puede sonar a sus oídos como un exceso literario; obra de una deformación profesional.

No obstante, unas casi doscientas mil personas, más su entorno familiar, trabajadores contratados, contratistas privados y proveedores, conforman una masa humana que holgadamente supera el millón de ciudadanos que viven por y para tareas relacionadas con la defensa nacional. Con una afectación del 1% del PBI merecen un toque de atención.

La destrucción de las estructuras militares del país obviamente no está en discusión, más allá de los discursos de circunstancia que generales, almirantes y brigadieres se ven obligados a decir puertas adentro de los cuarteles, como para que la tropa no se desbande. Y más allá también de la innecesaria adhesión personal de las máximas autoridades militares a los postulados del relato K. Ellos habían jurado “defender a la Patria y a la Constitución Nacional hasta perder la vida”, en ningún momento prometieron adoctrinar a la tropa en las lides kirchneristas, inducir a sus subordinados a votar a un determinado candidato y mucho menos condenar al ostracismo militar a quienes no exteriorizaran desde el mando su subordinación a “Ella” y a sus amigos.

Pero así fueron las cosas y entonces la llegada al Ministerio de Defensa de un ministro (el ex diputado radical por La Rioja, Julio Martínez) al que durante años los mismos jefes militares que ahora se cuadran a su paso ningunearon cuando en su carácter de legislador hacia pedidos de informes para entender por ejemplo la nefasta reparación del rompehielos “Almirante Irizar”, la compra de chatarra rusa o la (afortunadamente suspendida) compra de aviones israelíes, hace que la cosa se complique un poco.

La historia reciente de la Patria aún presenta heridas abiertas por lo ocurrido en los años 70, con hechos que -de acuerdo a quien los relate- mutan de guerra anti guerrillera a matanza criminal por parte del Estado hacia jóvenes idealistas, con el aditamento de una controversia intelectual no resuelta (al margen de lo que ocurre en el ámbito de la justicia) entre la asignación de responsabilidades a los jerarcas político militares del Proceso, con los oficiales y tropa que cumplieron las órdenes recibidas.

Salvando las enormes diferencias entre aquella época y el régimen anteriormente en el poder, las FFAA de la Nación pasaron del desprecio liso y llano de 2004 (“No les tengo miedo…” les dijo Néstor, cuando gustaba de bajar cuadros) a la utilización lisa y llana de las mismas para la mera satisfacción de los intereses políticos de la facción en el poder antes que para sostener los superiores intereses de la Patria.

Almirantes y Generales (con mayor énfasis que los Brigadieres) compraron gustosos la idea de ser más militantes que militares, y embarcarse en las locuras irracionales de la “década ganada”. Fuimos a Ghana con la Fragata sin tener ni tan solo un estudio previo sobre lo que nos podía esperar allí. Y la mandamos a Cuba donde cosas no muy gratas acontecieron… y llenamos nuestros claustros militares con soldados chavistas y mandamos mujeres militares como agregadas de defensa al exterior, más allá que no fueran militares de profesión, sino profesionales civiles asimiladas a las FFAA para cumplir tareas de apoyo (un papelón internacional). También nombramos a una generala, para la que el Ejército no tiene funciones orgánicas asignadas.

Con una gravedad institucional superlativa, pusimos a los servicios de inteligencia militares a espiar puertas adentro y por sobre todo se obligó a muchos militares a ser cómplices silencios de emprendimientos que transitan una delgada línea que los pone al borde del liso y llano ilícito

La faraónica obra de traslado de la Ex ESMA, tiene como saldo además de un gasto de mas de 600 millones de pesos a valores de 2004/07 una decena de licitaciones públicas que terminaron en escándalo; un fastuoso predio naval en Vicente López a medio terminar; un montón de edificios viejos reciclados a costo sideral y pésima calidad de terminación; el escándalo del rompehielos con sus múltiples aristas que van desde tener al buque aún en un estado incierto de terminación -sin siquiera poder iluminarlo por temor al estado de su instalación eléctrica-, pasando por almirantes que transpiran al tener que explicar a sus nuevos jefes que es lo que falta, hasta el procesamiento de varios jefes navales por haber aprobado el alquiler de un buque de reemplazo que no servía para la tarea; ni qué hablar del emprendimiento inmobiliario que tuvo al servicio de Inteligencia del Ejército como protagonista; el alquiler de cuarteles para fiestas privadas, las mentiras sobre el proyecto Pampa; y tantas otras cosas a las que las nuevas autoridades tendrán que hacer frente y desenmarañar más temprano que tarde.

En un valioso intento por efectuar una transición ordenada, el Ministerio de Defensa no ha producido aún cambios en las cúpulas castrenses, a pesar de que éstas son responsables por acción u omisión de la mayoría de los entuertos que ahora el ministro Martínez debe desenmascarar.

Pero causa sorpresa ver que, al mejor estilo de lo que ha realizado la política barata a nivel nacional, puertas adentro de los cuarteles han comenzado a producirse pases y traslados de personal superior a criterio discrecional de las jefaturas salientes. Entre el martes y le miércoles de esta semana, por ejemplo, en la Fuerza Aérea se han dado a conocer traslados que resultan cuando menos “llamativos”.

No resulta descabellado suponer que quienes saben que en algunos días más dejaran el mando y que con ello se vería dificultada la posibilidad de “enjuagar” algunos trapos sucios, intenten cubrir cargos sensibles con hombres de su máxima confianza.

Qué curioso… a más de 30 años del triunfo de la democracia sobre la dictadura, cuando creíamos que nunca más la milicia intervendría en la política y que los cañones eran para defender al pueblo y no para atacarlo, venimos a descubrir que los vicios y la corrupción invadieron los cuarteles y sus comandos; una extraña variante de la tan denostada “obediencia debida” que augura volver a tener a muchos uniformados sentados en el banquillo, mientras que otros tantos civiles instigadores y responsables, se estarán reciclando para intentar, en algún momento, volver a las andadas.

Feliz Navidad para todos.