Al caer la tarde, el Palacio de Tribunales se cubrió con variopinto paisaje que ya no asombra por novedoso, pero escandaliza por la realidad que desnuda. Miles de ciudadanos comunes pidiendo justicia, no para criminales o para sus víctimas, tampoco para desaparecidos, despedidos o indultados.

El pueblo pedía justicia para los encargados de impartirla: los justiciables clamando por los derechos de los “justiciantes”. Funcionarios con altísimos cargos institucionales en el tercer poder del Estado nacional pidiendo ayuda a la ciudadanía para que no avasallen sus derechos. Unos y otros con sus familias, esposas de jueces y magistrados varios gritando “justicia, justicia”, de la misma manera que lo suelen hacer las mamás de tantas víctimas inocentes de la sensación de inseguridad.

Claramente esta escena ya repetida es la lógica reacción ciudadana a los cada vez más escandalosos atropellos que la mala política le propina al Poder Judicial, pero no por eso la situación es menos patética. Es como ver al policía pidiéndonos que lo defendamos de un ladrón que le mete miedo, o que el médico nos diga que la sangre le causa impresión. Es el mundo del revés en su máxima expresión. Es o debe ser la última señal de alarma antes de la explosión final.

No hay ninguna posibilidad de que este desesperado acto social pueda ser evaluado como exitoso. No importa si fueron mil, diez mil o cien mil personas, si se cantó mucho, poco e incluso si se emparentó al amenazado juez subrogante Cabral con el heroico sargento del ejército de San Martín. El fracaso está originado en la propia necesidad de recurrir al pueblo para peticionar por algo tan básico como la independencia judicial. Una reacción social que indica más un acto reflejo de defensa que una acción a la espera de un cambio de rumbo en la tozudez presidencial. Algo tan risueño como el airado reclamo de la mamá del ministro Randazzo, al pedir por la maldad que le hicieron al “nene”. No solo Máximo tiene una madre aguerrida, según parece.

Pero si pensaba que el día terminaba allí… La noche de Teté le reservaba aún un plato más fuerte, más sabroso y más difícil de digerir. ¡Qué digo un plato, una cena completa, con entrada, principal, postre y discurso! Un discurso no apto para generales, brigadieres y almirantes con problemas de digestión.

A contrario sensu de lo acontecido en 2014, oportunidad en que la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tuvo a los militares juntando orín hasta el 25 de agosto para honrarlos con su presencia en la tradicional cena de camaradería castrense, la correspondiente a 2015 fue disparada con escasas 48 horas de anticipación, de tal suerte de hacer coincidir el acto con la anteriormente resumida marcha de apoyo al Poder Judicial.

Mansos de mansedumbre total, los “altos mandos” no atinaron a esbozar las dificultades operativas que entrañaba montar todo lo necesario con tan poco tiempo. La existencia de una “cuenta corriente gastronómica” facilita las cosas, pues los cubiertos se pagan por adelantado y para todo el año. Pero entorchados coroneles tuvieron que supervisar personalmente la puesta a punto del salón Libertador del Ministerio de Defensa con muy poco tiempo de antelación para la agilidad operativa de fuerzas armadas que virtualmente están paralizadas desde hace años.

250 oficiales de las Fuerzas Armas, más ministros, más jefes de las Fuerzas de Seguridad, más algún que otro fiscal amigo de la milicia, se calzaron sus uniformes de gala y se aprestaron a ocupar las mesas prolijamente repartidas entre las tres armas y acorde a las jerarquías, para comer sin casi hablar y escuchar a los postres una clase magistral sobre su propia profesión; para aprender algo de lo que ya saben; para enterarse de mejoras operativas que nunca vieron; y para agradecer a Dios que en virtud de las normas castrenses al comandante no se lo debe aplaudir al final de cada frase. Algunos aún recuerdan que son miliares y no militantes.

El primer reclamo presidencial no fue dirigido a comandante uniformado alguno, fue más bien abstracto. Deja el poder sin tener “una generala o una almiranta o una brigadiera”. Tal vez por ello se lleve las palmas la difunta Juana Azurduy. Si de palmas hablamos, la jefe de Estado parece saber mucho de barcos y aviones, pero no aprendió en años a distinguir los grados de sus subordinados de uniforme. Amable como pocos, el jefe de nuestra marina de “guerra” sonreía angelical, cuando su comandante le preguntaba: “¿Qué lleva un almirante en los hombros?”.

Acto seguido, surgió la exitosa defensa de nuestra fragata Libertad. Exitosa, claro está, porque sabiamente en esa ocasión el Poder Ejecutivo puso al frente de la negociación a diplomáticos de carrera. No dijo nada la Presidente de los almirantes pasados a retiro sin tener la menor culpa por la torpe decisión de mandar al buque escuela a un puerto sobre el que nada conocíamos. Tampoco dijo por qué la embajadora de los mares está guardada en un muelle oculto a la vista de su pueblo (este año hizo solo un viaje, paseando turistas militantes por la ciudad feliz).

Ya sin militares con rudas caras pintadas, pero sí con almirantes con prolijas barbas candado, también fue pródiga la primera mandataria en recordar lo mucho que se ha realizado en materia de educación en los institutos dependientes de las fuerzas. “Hemos repartido notebooks en todos los liceos militares”. Es verdad; también lo es el hecho de que esos cadetes que estudian en institutos del Estado pagan una cuota que supera los 2500 pesos mensuales, más sus libros, más sus uniformes; así que podría decirse que en un país con educación gratuita, en este caso se la han cobrado.

No dijo nada, por ejemplo, sobre la escuela más antigua que existe en el ámbito del Ministerio de Defensa, fundada por su prócer favorito. La Armada declara (y es verdad) que no tiene partida presupuestaria para dar comida, o al menos una taza de mate cocido caliente, a los cadetes de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano.

La creación de un comando de “ciberdefensa” fue expuesta con orgullo presidencial, pero nada se dijo sobre miles de balas, toneladas de pólvora y hasta un misil perdidos sin novedad.

Revitalización declamada de la industria para la defensa, orgullo para todos, pero compramos en concreto cuatro barcos viejos para la Armada, con serios problemas en sus motores y que no servirán para patrullar el mar argentino, ya que su velocidad y su configuración no los tornan aptos para ello.

Y siguió la arenga, con el Almirante Irízar, el barco en el que ya gastamos miles de millones de pesos y que por ahora no tiene la menor posibilidad de ver más hielo que el que existe en la heladera del comedor.

Digo que los límites de esta revisión se desconocen, porque día tras día nos sorprendemos con nuevos alcances y consideraciones, que no han dejado afuera ni a José Gervasio de Artigas, Juana Azurduy y lógicamente la más reciente que incluye a Cristóbal Colón.

Al sólo efecto de priorizar la reflexión antes que la polémica, permítame el lector aclarar, que más allá de lo que personalmente pueda yo pensar de cada una de las acciones antes descriptas, no se puede negar que han sido inspiradas por un gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía y que las medidas que han llevado -por ejemplo- al pasar de la obediencia debida y el punto final, al procesamiento de centenares de uniformados, gozan de plena legalidad de forma y de fondo; y que en democracia todos tenemos libertad de pensamiento y opinión pero además tenemos obligación de aceptar lo que los organismos de la democracia disponen.

Asimismo es una realidad innegable que al margen del proceso democrático local, toda América Latina parece haberse alejado del riesgo de interrupciones democráticas con militares como protagonistas. El dudoso triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, y el desplazamiento de Fernando Lugo en Paraguay son cuestiones que pueden ser discutidas pero que no se comparan a la vieja asonada militar.

Así las cosas, quienes vivimos como jóvenes o adolescentes los gobiernos militares de la Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas, la Revolución Argentina de Onganía, y el Proceso de Videla y Massera nos fuimos imbuyendo de la nueva y sana costumbre de la democracia perpetua- a la que cualquier argentino sub 30 concibe naturalmente como la única forma válida de gobierno

Pero como ocurre cada vez que una sociedad afronta procesos que imponen cambios de paradigma, la coexistencia de diferentes formas de pensamiento forjadas en circunstancias históricas distintas trae aparejados duros enfrentamientos (gracias a Dios retóricos en la mayor parte de las veces) que crean antagonismos entre los adherentes a alguna de estas clásicas posturas: “teoría de los dos demonios”, “genocidio unilateral contra jóvenes idealistas”, “guerra contra la subversión” y alguna que otra variante de ellas.

Como el hombre es un animal de costumbre y como además la acuciante realidad deja cada vez menos tiempo para el análisis histórico, los militares fueron desfilando hacia las cárceles, las marchas en su defensa fueron desapareciendo del paisaje urbano y el tema militar -para ser honestos- pasó a estar último en la tabla de posiciones de la actualidad nacional (casi al punto de irse a la “B”).

El incendio del Irizar, el embargo de la Fragata Libertad, el papelón antártico de Puricelli, el fallecimiento de Videla y algún que otro hecho aislado, devolvieron el mundo de los uniformados a las pantallas de televisión y primeras planas de los diarios, de forma muy puntual y acotada.

Hasta ahora… Desde hace un par de semanas, políticos, periodistas, analistas militares de primer nivel, senadores, organismos de DDHH y hasta programas de chimentos han vuelto a colocar en lugar protagónico no sólo a un general de nuestro ejército sino a la razón de ser de la actividad militar argentina.

Y es aquí donde necesariamente corresponde “parar máquinas” y atreverse a repensar si todo lo que con el ya nombrado amparo legal y consenso político hemos revisado en los últimos años no nos ha colocado en una paradoja que nos obligue a desandar en parte nuestros pasos, para justificar nuestros actos del presente.

En una columna anterior, he señalado que a diferencia de lo ocurrido en países como Chile, Brasil o Uruguay, la Argentina -al margen del castigo impuesto a los militares condenados por hechos relacionados con los ’70- pareció “colocar en penitencia” a todo el aparato militar de la Nación y, más aún, la Defensa de la Nación pasó a ser una especie de tabú para la clase política de casi todos los signos. Es sabido que en las apetencias de los “ministeriables” de 1983 hasta el presente, difícilmente el Ministerio de Defensa haya sido considerado algo más que un premio consuelo para quien fue “honrado” con esa cartea. Baste con indagar cómo tomó el actual ministro su designación para el cargo.

Presupuesto casi nulo (mayormente destinado al inevitable pago de salarios), inversión inexistente, presencia pública cercana al cero, desplantes muchas veces innecesarios y reformas legales y reglamentarias hechas más bien para limitar al máximo la actividad militar que para adecuarla al presente, han sido una constante.

Sí. Es verdad, estamos en Haití y en algunas otras misiones de paz. E intentamos armar algún que otro radar, un vehículo gaucho (más bien gauchito) y mostramos la decadencia militar en Tecnópolis, pero creo que todos sabemos en donde estamos parados en materia de defensa.

Y de la mano de ese coto a las “ínfulas uniformadas” renunciamos para usar a nuestros militares y a sus medios y capacidades para cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad interior a diferencia de lo que hacen casi todos los países del mundo cuando la situación lo amerita . También (respecto a aquel pasado tenebroso) determinamos que un cabo, un teniente de fragata o un general eran exactamente lo mismo a la hora de rendir cuentas ante la justicia por los “excesos cometidos” en aquella lucha o como cada uno de nosotros guste llamarla.

Y de nada valieron los argumentos de más de uno de los jerarcas procesados cuando se declaraban absolutamente responsables por las ordenes por ellos dictadas, pretendiendo desligar a jóvenes oficiales o suboficiales de cualquier responsabilidad. En virtud de aquel viejo axioma militar (vigente al menos hasta la actual revisión de la historia) sobre que “las ordenes no se discuten, se cumplen”.

Así fue que marcharon presos, almirantes y generales pero también quienes por aquellos años eran tenientes y cabos. Sin chistar o chistando poco, sin fugarse hasta que alguna cámara de apelaciones se apiadara de ellos y sin esperar ni pretender que las nuevas generaciones de uniformados se aparten de sus deberes para salir en su defensa.

Todos recordarán que el ex comisario Luis Patti, siendo ya diputado electo, terminó preso porque alguien lo reconoció por su voz a pesar del tiempo transcurrido y del hecho de haber sido un muy joven oficial por aquellos días. Hubo un caso de un oficial naval que al parecer bromeó ante un detenido con el nombre de una conocida avenida de la zona norte de Buenos Aires, colocado en honor a un antepasado suyo y al que luego su apellido coincidente con el nombre de esa avenida lo delató; y así mil historias.

Y llegó un día en el que cuando todo parecía hacernos creer que esta forma de haber “resuelto nuestro pasado” estaba totalmente cerrada a discusión alguna, la realidad se empeña en colocarnos en una especie de “segundo tiempo” de un partido de fútbol en el que los protagonistas han cambiado de arco. Y los que antes se erigieron en severos fiscales y custodios de la democracia, la república y los derechos humanos, tratan ahora de justificar algo que -en opinión de muchos que fueron condenados y tildados de fascistas defensores de genocidas- era una verdad de manual. Los jefes ordenan, los subordinados obedecen.

Ahora -según nos dicen-, no siempre está mal echar mano a los aparatos de inteligencia militar para espiar un poquito para adentro y no se siempre se puede dejar sin trabajo y menos aún condenar a una persona adulta y llena de galones, por lo que tal vez pueda haber hecho cuando era sólo un humilde subordinado con inescrupulosos superiores.

Y no parecería ilógico imaginar ahora; a algún encumbrado funcionario nacional, rodeado de asesores, sobre un escritorio repleto de discursos de campaña, de copias de expedientes judiciales, de fotos de marchas y escraches, hojeando el famoso Nunca Más en su versión riojana y exclamando, totalmente desorientado, “Y ahora… ¿qué hacemos?

La creación del sistema denominado “Transparencia” al que se accede simplemente googleando “ONC” (Oficina Nacional de Contrataciones) es tan simple de entender que a poco de navegar sus páginas cualquier novel aspirante a contratista descubre cuáles son las condiciones que debe cumplir si desea vender un lápiz al Estado nacional, ofrecer un recital en una fiesta para todos y todas o reparar un rompehielos.

No es por cierto imposible trabajar legalmente para el Estado; inscribirse como proveedor, elegir el rubro o rubros en los que se ofrecen servicios, presentar balances, antecedentes y fundamentalmente demostrar cada cuatro meses mediante un certificado fiscal emitido por la AFIP que no se tiene deuda fiscal son las premisas básicas que, si no se cumplen (junto a otras ), deberían indicarle al aspirante a contratista que es mejor abstenerse.

Tan perfecto es el sistema que la propia Oficina Nacional de Contrataciones ha organizado reiterados cursos para funcionarios y contratistas, por los cuales todos los que alguna vez hemos Estado de uno u otro lado del mostrador estatal sabemos perfectamente cuáles son las reglas de juego.

Recientemente tomó estado público una millonaria contratación por parte de la Secretaría de Cultura para contar con los servicios artísticos del cantante Fito Páez; no se hizo en forma directa con el cantante sino por intermedio de la productora artística Siberia SA.

La perfección del sistema de contrataciones al que aludimos permitió que a pocos minutos de conocerse los detalles de la contratación, cualquier ciudadano desde su PC pueda comprobar que Siberia SA no posee certificado de habilitación fiscal para contratar con el Estado (lo que no implica que sea evasora o nada por el estilo, simplemente no puede contratar porque no cumplió el trámite de solicitar la constancia fiscal de libre deuda) y lo que es peor es que esa empresa jamás se inscribió como proveedora del Estado. Lo que resulta bastante difícil de explicar es cómo habrá sido el pago a esta firma, ya que el sistema sólo habilita el depósito en cuenta corriente bancaria a proveedores registrados (recordemos que el sistema es perfecto).

La noticia escaló por la fama del protagonista más que por la suma involucrada (una nimiedad en comparación al gran derroche estatal) pero se suma a otros escándalos recientes en materia de contrataciones públicas, como por ejemplo la bochornosa campaña antártica que insumió 90 millones de pesos contratados en parte con monotributistas y empresas intermediarias radicadas en el exterior con el triste agregado de que, a diferencia de Fito (que no defraudó a su público), el servicio contratado para atender a las bases antárticas fue pésimo.

Bueno es recordar que se debió licitar un servicio de transporte antártico, porque desde hace años el rompehielos Almirante Irizar intenta ser reparado con poco éxito en una dependencia estatal (Tandanor) que por más buena voluntad que detente por parte de obreros y directivos no es el lugar adecuado para una tarea de semejante envergadura si se lo compara con los también estatales Astilleros Río Santiago, ubicados -claro está- en el hostil territorio bonaerense.

Así las cosas, sean un par de millones o decenas de ellos, sea un recital de un par de horas o una reparación naval de 6 años, se trate de la intención de reemplazar el tradicional desfile y las canciones patrias por cantantes de rock ataviados con bolivarianos colores o de asegurar la subsistencia de cientos de argentinos haciendo patria en el continente blanco, todas estas contrataciones públicas tienen un denominador común que excede incluso a la primaria sospecha de corrupción. Satisfacen irracionales caprichos.

Varios jefes y expertos navales recomendaron oportunamente a la entonces ministra Nilda Garré sobre la conveniencia de reparar el rompehielos en un astillero de envergadura como lo es Río Santiago (el astillero que construyó buena parte de los buques de la Armada, Fragata Libertad incluida).

Pero el capricho ministerial determinó que el destino fuera otro y el gustito ya nos va a costar casi 1000 millones de pesos (dos rompehielos y medio). La gestión Garré acertó, no obstante, con la elección del reemplazo del averiado Irizar y durante varias campañas el buque ruso Vasily Golovnin cumplió su tarea con eficiencia y a un costo razonable. Pero su sucesor al frente del ministerio de defensa, Arturo Puricelli, quiso ponerle su impronta a la gestión y contrató a un buque apto para transportar automóviles pero totalmente inadecuado para la tarea requerida. Otro caprichito… el que por mucho que sea defendido por el actual ministro Agustín Rossi, tiene a la base Marambio al borde del colapso.

Falta saber ahora cuál habrá sido el funcionario que nunca llegó a ver desde una cómoda butaca de algún teatro a Fito Páez y se dijo así mismo “ahora que tengo la manija, lo contrato y listo… total con media hora de recaudación por impuesto al cheque, retenciones al agro, ganancias a la cuarta categoría o alguna pavada de esas lo pago”.

El anterior párrafo es una mera construcción imaginaria, pero sirve para graficar y para preguntarse cuáles serán los criterios de quienes manejan desde su área de acción los dineros públicos y para reflexionar sobre si realmente no lo estarán usando como si fuera propio.

Solemos escuchar más veces de lo que quisiéramos frases tales como “yo que les pago el sueldo”, “aquí les traje ayuda”, “voy a hacer esto, aquello o lo de mas allá” como si realmente estuviéramos conducidos por un grupo de mecenas que gentilmente nos abren su billetera para satisfacer nuestras necesidades primarias, secundarias y terciarias.

Y lo grave del asunto es que cuando se echa mano a lo que es de todos en forma irresponsable o delictual pero sabiendo que no es propio, puede surgir (tal vez) el arrepentimiento, el miedo a ser descubiertos y/o el temor al castigo judicial. Pero cuando se hacen tropelías administrativas y económicas con la convicción de que encima están bien hechas, estamos en problemas ya que ninguna barrera inhibitoria aplica a quienes no llegan a percibir la diferencia entre lo que está bien o lo que está mal, entre lo legal o lo ilegal.

Hace muchísimos años un superior me reprochó severamente por haber perforado un mamparo (pared) de mi camarote para colgar un retrato familiar: “No muchacho, eso no se hace”. Aunque me costó entenderlo, tenía razón. “Mi camarote” no era mío, era el lugar que el Estado nacional me brindaba para que pueda vivir dignamente mientras cumplía mi trabajo de marino, lo que es sustancialmente diferente.

Serios problemas nos aguardan si los “timoneles de la Nación” siguen perforando los bienes y recursos del país con el mismo criterio con el que irresponsablemente perforé el mamparo de mi camarote, pero con el agravante de no contar con superior alguno que les diga “No muchachos, así no”.

Y como el todo siempre es superior a alguna de las partes, tal vez sea la ciudadanía la que deba advertir y corregir el error; en paz, en democracia, en libertad pero con absoluta severidad, antes de que por tanto perforar y perforar la Nación se vaya a pique.