Así fue que dispuesto a honrar a quienes lo ungieron en el cargo, el nuevo secretario ya nos ha comunicado su primera gestión en procura de poner en jaque a la mismísima corona Británica, anunciando urbi et orbi que “serán sancionados civil y penalmente quienes realicen tareas de pesca en las adyacencias de nuestras islas sin el correspondiente permiso de pesca emitido por nuestro país”. Ya alguna vez le he comentado -amigo lector- que la porción sumergida de la patria se divide en tres partes: mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Esta última es la porción que se extiende desde la línea de más bajas mareas hasta las 200 millas mar adentro y en la cual, como estado ribereño, Argentina ejerce plenos derechos de explotación de sus recursos pesqueros y riquezas provenientes del lecho y subsuelo marinos.

Brevemente acotemos que a efectos de organizar la explotación racional de la pesca, nuestro país cuenta con un Régimen Federal de Pesca establecido por ley, que dispone el funcionamiento de un Consejo Federal Pesquero en el que representantes de todas las provincias con litoral marítimo y la Nación fijan los cupos de extracción de cada especie, las zonas de pesca y de veda, y el otorgamiento de permisos de pesca a buques tanto argentinos como extranjeros (que abonan el respectivo canon). Las decisiones de este consejo tienen en cuenta los dictámenes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que es el organismo independiente que realiza el estudio del la población ictícola en las distintas pesquerías del país.

En este contexto, todas las embarcaciones pesqueras que operan en la zona económica exclusiva circundante a Malvinas con permisos entregados por las autoridades kelper, lo están haciendo en realidad en aguas argentinas, lo que ha merituado la severa advertencia de nuestro flamante secretario de estado. Obviamente, la amenaza deviene abstracta en tanto y en cuanto esa porción de nuestro territorio no está bajo nuestro control tal como lo reconoce la propia AFIP cuando nos cobra el 35% de recargo para viajar a Puerto Argentino y cuando incluye a Malvinas como “territorios vinculados al Reino Unido”.

Anticipándose a nuestra sana crítica, la resolución indica que las sanciones apuntan a aquellas empresas pesqueras que operen en ambos mares (el usurpado por Inglaterra y el sujeto a nuestra soberanía efectiva), para lo cual se iniciarán “investigaciones” para ver cuáles son esas empresas y aplicar sobre ellas “todo el rigor de la ley”. A todo esto, claro está, primero habrá que modificar la ley, ya que la actual nada indica de aplicar ninguna sanción o prohibición a quienes operen en Malvinas y en el litoral marítimo continental en forma simultánea. Una vez que hagamos nuestros propios deberes, las empresas pesqueras internacionales harán los suyos, creando empresas paralelas sobre las que no ejerceremos el menor control y que serán las que operen en Malvinas, con alegres tripulantes saludando a nuestros buques de patrulla desde sus popas cargadas de pescado argentino.

Hablando de patrullas, la advertencia generalizada se complementa con la indicación expresa de un aumento sustancial de las actividades de patrullaje en nuestra zona económica exclusiva, algo sin lugar a dudas muy plausible, pero ya no para los ilegales pescadores malvinenses, sino para los cientos de buques que pescan en forma ilegal en nuestro propio mar soberano y que son muchísimos más que los que preocupan al secretario Filmus. Claro que habría que avisarle al funcionario que hace años que venimos descuidando por falta de medios (lease, barcos y aviones) nuestros 2.800.000 km2 de mar continental.

Con todo, justo es reconocer que todo lo que se haga (aun a título declamativo) para reafirmar nuestros derechos sobre Malvinas es bueno. El mundo debe recordar cada mañana que aquí en el lejano sur hay un pueblo dispuesto a no resignar lo que por derecho le corresponde. Si alguien pesca, extrae petróleo o explota de modo alguno nuestro mar hoy en poder del usurpador, que sepa al menos que está cometiendo un delito.

Ahora, sería mucho más auspicioso que el Estado argentino (algo más perenne que un determinado gobierno) ofrezca un discurso sin dobleces a la hora de pergeñar una estrategia sobre el tema Malvinas. La ya comentada torpeza de considerarlas fiscalmente extranjeras, so pretexto que no existe modo de implementar una excepción para los pocos argentinos que una vez al año viajan a honrar a sus muertos, es un despropósito mayúsculo.

Pero no es menos desafortunada (en este contexto) la decisión que hemos tomado respecto a impedir la llegada de cargas procedentes de nuestro país al puerto de Montevideo para ser luego reembarcadas con destino a otros mares, lo que ha producido un daño económico de proporciones mayúsculas a la mencionada terminal. Usted se preguntará amigo lector que tendrá que ver una cosa con la otra; mucho, muchísimo le diría. Una de las mayores dificultades que afronta cualquier estructura naviera que quiera operar en las lejanísimas islas Malvinas es el apoyo logístico. Dónde reaprovisionarse, dónde cargar combustible y fundamentalmente dónde reparar los buques. Siendo impensable hacerlo en puertos argentinos, el puerto de Montevideo aparece como la opción natural para hacerlo. ¿Cómo hará nuestro canciller para pretender lealtad charrúa a la hora de no aceptar en sus instalaciones portuarias a barcos procedentes o con destino a Malvinas, cuando le acabamos de quitar a ese mismo puerto el 50% de su operatividad? ¿Cómo declamar unidad “mercosuriana” si cuando nos conviene ignorar que somos un bloque político y comercial, lo ignoramos?

Tal vez la respuesta a este interrogante no la tenga ningún economista famoso, ningún brillante diplomático ni siquiera un estadista con mayúsculas, quizás sea más simple y se trate sencillamente de algo que por estos días parece ser uno de los bienes más escasos del mercado gubernamental. Me refiero al sentido común.

Como usted recordará, amigo lector, el origen del embargo se debió al reclamo efectuado por un fondo de bonistas que no entraron en el canje de la deuda soberana de  Argentina, y que creyeron ver en la obtención de esta medida con poco sustento jurídico una buena forma de causar una conmoción política y social de envergadura tal, que diera lugar alguna alternativa más beneficiosa para sus intereses.

Y, tal como ha ocurrido ya en otras situaciones tal vez mucho más dramáticas y terribles, los argentinos tan propensos muchas veces a dividirnos por cuestiones menores antes que a unirnos por grandes ideales, nos pintamos la cara de celeste y blanco, nos hicimos “expertos” en aparejos marineros, fuimos gavieros por tres meses, y nos abrazamos y festejamos -como si fuera el gol del triunfo en una final del mundial de fútbol- cuando el Tribunal Internacional del Mar ordenó al gobierno de Ghana liberar a ese pedacito de Patria que ansiaba inflar sus velas con el viento que la trajera de regreso a su apostadero natural.

Claro que, entretanto, no faltaron las alternativas y condimentos vernáculos que también son parte inescindible de la argentinidad al palo; funcionarios que movían a sus agentes de prensa para aclarar que no eran los responsables del desacierto operacional de haber colocado a nuestra nave en un puerto donde no sólo no teníamos embajador ni mucho menos agregado naval, sino que además pertenecía a un país sobre el que desconocíamos prácticamente todo. Un funcionario de la cancillería recordaba hace algunos días que fue una suerte descubrir a tiempo que el Comandante de la fragata debería llevar bebidas alcohólicas como único obsequio aceptable por parte de las autoridades ghanesas; ya que la falta de este etílico elemento en un encuentro protocolar podía ser tomado como una falta de cortesía por parte del anfitrión.

Pero mientras “sordos ruidos” y “balas de tinta” cruzaban los despachos de la Cancillería , el ministerio de Defensa, la secretaría de Comercio Interior y quién sabe cuántos despachos más, la heterogénea oposición política no perdió oportunidad de intentar sacar alguna tajada de lo que pintaba como desastre nacional; desde una diputada que afirmaba que la fragata no era un buque militar (atacando desde la retaguardia al principal argumento de nuestra defensa) hasta colectas para juntar los 20 millones de dólares para pagar la fianza y algunas otras más.

Es justo reconocer que, si bien el gobierno y sobre todo el canciller (tal vez por no pedir asesoramiento antes de actuar) arrancó errando el rumbo, ya que el Consejo de Seguridad no era el lugar indicado para plantear el reclamo, rápidamente descubrió que en la lejana Hamburgo veintiún expertos internacionales en derecho del mar (entre ellos una argentina) constituyen desde hace años el tribunal internacional que se ocupa de estas cuestiones. Hacia allí se dirigieron poniéndose en manos de la que tal vez sea la mayor experta de nuestra diplomacia en cuestiones de derecho internacional ; me refiero a la embajadora Susana Ruiz Cerutti, quien junto a un equipo de expertos diplomáticos, demostró ante el tribunal que el embargo dispuesto por la justicia de Ghana violaba la Convención Internacional de Derecho del Mar.

Fue así que ni tuvimos que cortar las amarras y escaparnos de noche (fábula marinera ideada por algunos bravos marinos que solo ven el mar desde la orilla y en verano), ni el Capitán Salonio tuvo que cumplir el viejo mandato del Almirante Guillermo Brown -“Es preferible irse a pique que rendir el pabellón”. La fragata volvió a casa “libre de culpa y cargo” y todos festejamos. Siendo que (también hay que reconocerlo) esta vez la “terquedad” presidencial, obtuvo un rotundo éxito.

Pero acallados los fervores nacionales y populares, pocos son lo que entendieron que lo que Hamburgo dispuso fue ni más ni menos que una medida cautelar y que se ordenó a las partes someterse a un arbitraje internacional  en La Haya para dirimir la cuestión de fondo.

A esa instancia Ghana llegaría con un reclamo por las pérdidas sufridas por la negativa argentina a mover la nave a un muelle con menos movimiento comercial que el famoso “muelle 11” que la retuvo durante 74 días, y la Argentina llevaría su exigencia de resarcimiento económico por los daños materiales y morales sufridos por la retención y además con una exigencia de desagravio al pabellón nacional.  Ya que un buque de guerra en puerto extranjero se comporta de la misma manera que una embajada; es decir es un pedazo de suelo patrio en el exterior.

En el medio de los preparativos para la instancia arbitral, la corte suprema de Ghana determinó que el juez de primera instancia que nos embargó el barco se había equivocado. Esto simplificó las cosas y finalmente se acaba de cerrar el arbitraje lo que da por finalizado de una buena vez el conflicto y por sobre todo le da a nuestro barco escuela y a todos los bienes del Estado Argentino equivalentes (buques y aeronaves militares) un adecuado barniz de inmunidad frente a embargos de “buitres, halcones o palomas financieras” ya que difícilmente alguien vuelva a invertir tiempo y dinero en propiciar medidas judiciales con finales adversos ya anticipados por los hechos resumidos en esta columna.

MORALEJA. Las guerras, una vez finalizadas, son estudiadas y analizadas durante años, en claustros militares, diplomáticos y políticos. No solo de los países beligerantes sino por el resto del mundo. De allí se suelen extraer conclusiones (según el caso) para hacer la próxima guerra de una manera “mejor” o para aprender del pasado y evitar una guerra futura (mucho mejor por cierto).

La crisis de la “Libertad” será estudiada por varias generaciones de diplomáticos, políticos y militares ya que fue el primer caso de embargo de una nave militar por cuestiones que no tenían que ver con un conflicto bélico. Hubo un antecedente de un rompehielos soviético hace algunos años pero con condimentos muy diferentes.  El tema está en la oportunidad  que tiene nuestra sociedad y en especial nuestra dirigencia en sacar el adecuado provecho a este rotundo triunfo político y diplomático.

La fragata Libertad no tendrá seguramente una formación de militares ghaneses pidiendo disculpas; rindiendo sus sables en respetuoso saludo ante el paso de la bandera de guerra de la unidad naval. Seguramente tampoco recibiremos un peso de indemnización. Aunque sí el mundo sabrá que fuimos víctimas de un acto ilegal, arbitrario e injusto.

Pero puertas adentro, nos debería servir a gobernantes y gobernados, para redescubrir el valor de las estructuras profesionales de la Nación. Hemos desarrollado en los últimos años una formidable capacidad innovadora intentando dar vuelta como a una media a las estructuras básicas de la Nación. Y tal vez sea bueno asumir que no nacimos como sociedad jurídicamente organizada en 2003. Traemos a cuestas 200 años de aciertos errores y horrores. Pero estos dos siglos nos han permitido también crear instrumentos jurídicos, técnicos y académicos que hacen por ejemplo que tengamos embajadores como la doctora Cerutti. Médicos talentosos que asombran al mundo con sus descubrimientos, arquitectos reconocidos, profesionales en cada campo de la ciencia, del deporte, del arte, etcétera.

Me preocupa cuando veo a tanto improvisado ocupando un cargo para el que no está preparado, cuando se privilegia la afinidad política por sobre el interés de la Nación. Cuando maneja la seguridad quien se formó para curar y cuando veo a nuestra Prefectura Naval custodiando el Parque Chacabuco mientras Gendarmería Nacional recorre la periferia del Puerto de Olivos.

Acabamos de tener un éxito rotundo sobre el que poca gente tomará el adecuado conocimiento, aprendamos de él; tal vez si en lugar de dinamitar el pasado, lo readecuamos al presente, podremos reforzarlo adecuadamente para proyectarnos al futuro.