Lo que debió ser simplemente la declaración indagatoria de una imputada, sospechada de cometer un delito contra el Estado nacional, mutó en un acto político de la más baja estofa; plagado de golpes burdos, chicanas trilladas y una efímera intención de demostrar un poder que ya es parte de la historia más que del futuro.

Es cierto que las imágenes pudieron generar cierta desazón en quienes anhelan una Argentina mejor, pero no lo es menos el considerar que sin el apoyo del Partido Justicialista estas manifestaciones no pasan de ser ruidosos actos testimoniales.

La vereda de enfrente. Es la que corresponde a la numeración impar de la avenida Comodoro Py y la que alberga a unos cuantos miles de hombres y mujeres, civiles y militares que trabajan en el edificio central de la Armada Argentina.

Estos argentinos fueron testigos del agolpamiento humano que se produjo justo frente a su lugar de trabajo. No han de traumarse seguramente por las mayores o las menores molestias que debieron sufrir para ingresar a sus labores cotidianas. Tal vez tampoco hayan sufrido en demasía por el particular párrafo que la ex mandataria hoy sospechosa en varias causas judiciales les dedicara cuando dijo algo así: “En las oficinas de enfrente se cobijan represores”. Ni tampoco cuando los cánticos (como siempre, dirigidos) comparaban al actual Presidente, electo por el 52% de los votos, con la dictadura.

Pero me atrevo a decirle, querido amigo lector, que cada uno de estos testigos privilegiados con los que intercambié opiniones sobre lo sucedido este 13 de abril tiene una lectura común: esta expresa una profunda preocupación por el método elegido por la ex Presidente para presionar a la Justicia y obtener impunidad ya no por contar con fueros, sino por generar miedo.

La democracia conquistada por la sociedad argentina está garantizada. Pero tal vez adolece de algunas enfermedades a las que conviene prestar atención, de la misma manera que atendemos nuestra propia salud. Hoy el Estado argentino delegó en un grupo de militantes uniformados la seguridad de una parte de la ciudad. Hoy se ejerció el derecho a veto a la circulación de personas a gusto y placer de vaya a saber uno qué personajes sin derecho alguno para hacer tal cosa. Hoy se agredió reiteradamente a una periodista, que además es mujer. ¿Será que la declamada igualdad de género hace que el elemental respeto que esa condición amerita ya no esté en vigencia?

Algún rezago judicial militante autorizó a que la sede judicial se embandere con pancartas en defensa de la imputada. Si somos todos iguales ante la ley y la conducta de los jueces sienta jurisprudencia, uno podría preguntarse: ¿A partir de ahora queda expedita la vía judicial para que los familiares y los amigos de estafadores, asesinos y violadores varios pongan carteles en defensa de los reos más diversos el día que les toca enfrentar a la Justicia?

Hoy no es un día alegre para la república, aunque sea un día importante para quienes deseamos que alguna vez los responsables de la mayor estafa institucional desde que se recuperó la democracia comiencen a pagar sus culpas. Hoy quien abusó del poder cuando lo tuvo se burló de las instituciones una vez más, pero ahora desde el llano. Hoy más que un gobierno, sucumbió ante la patota encubridora un Estado entero. Hoy tal vez por primera vez en la historia judicial moderna una imputada por un delito, lejos de retirarse con vergüenza, se subió a un palco para arengar a un grupo de ciudadanos que en muchos casos ni sabían lo que estaban haciendo en ese lugar.

Miles de voces profiriendo amenazas, otros miles mirando desde ventanales, una mujer agredida cobardemente, olor a choripán y banderas prolijamente distribuidas por una empresa de marketing. Ella, una vez más, exultante, descarada, impune. Una postal terrorífica que ya recorre el mundo y que lamentablemente implica un mensaje nefasto hacia un mundo que está con ganas de pensar que la patria había comenzado a cambiar. Y que justamente el cambio era algo más que una consigna partidaria. Dios nos ayude.

Como todos sabemos, en Comodoro Py tienen su sede los tribunales federales en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires. El fuero criminal federal es el que atiende todas las cuestiones que atañen a denuncias penales contra funcionarios públicos o contra particulares que hubieran afectado los intereses del Estado Nacional. Por sus estrados han transitado, sin solución de continuidad, funcionarios, ex funcionarios, empresarios, militares y, como frutilla del postre, el primer vicepresidente de la Nación en Funciones.

Curiosamente, en la misma calle y justo frente a los tribunales mencionados tiene su sede el Estado Mayor General de la Armada,  el llamado Edificio Libertad. Las escalinatas de ambos inmuebles están prácticamente enfrentadas. He sido testigo muchísimas veces de la partida de muchos militares requeridos por la Justicia, que eran convocados a presentarse en el predio militar, para luego recorrer a pie los pocos metros que separan ambos edificios. En la mayoría de los casos era un viaje de ida, ya que inmediatamente quedaban detenidos para enfrentar cargos por delitos relacionados con la lucha contra la guerrilla de los 70.

Conforme pasaron los años, la mística de la detención fue sufriendo variantes. En un principio, la Armada cumplía institucionalmente un rol de “nexo” entre la libertad y la prisión. Los jueces requerían a la autoridad militar que se ponga a determinadas personas a su disposición, estas personas eran citadas e incluso asesoradas por el cuerpo de auditores navales sobre determinados aspectos del proceso que enfrentarían, siendo incluso acompañados y asistidos en la gestión judicial.

Luego la cosa cambió. El argumento sobre la condición de igualdad ante la ley y la negación de todo tipo de privilegios especiales hizo que ante una orden de detención o de comparecencia ante un magistrado, los citados fueran detenidos o convocados en sus domicilios particulares y que se le ordenara a la Marina abstenerse de prestar cualquier tipo de asistencia “oficial” a quienes debían enfrentar por su exclusiva cuenta y riesgo la responsabilidad por los eventuales delitos por los que eran convocados.

El 9 de junio de 2014, una vez más una de las “orillas” de Comodoro Py se tiñó con la mística habitual que aflora en cada jornada en la que algo importante pasa.

Algunos cientos de manifestantes, en su mayoría trabajadores del Congreso Nacional y de algunos municipios transportados con micros abonados con partidas oficiales, se agolparon con bastante orden para vivar al imputado vicepresidente. Con total naturalidad, un señor que armaba una enorme pantalla gigante confesó ante la prensa que era proveedor del Congreso Nacional, aportando incluso el costo de sus servicios (algo así como $ 20.000) El imputado Boudou solicitó por escrito permiso para llevar cámaras del medio “Senado TV” para inmortalizar su declaración indagatoria -natural recurso de defensa de cualquier imputado por un delito- y además se solicitó permiso para llevar al cuerpo de taquígrafos del Congreso (el Congreso de la Nación; ese cuyos gastos pagamos todos )

Ambas realidades han tenido lugar en un lapso de apenas una década. Un decenio, casualmente, también conducido por una misma gestión política que nos “enseñó” a todos y a todas que en la Argentina no hay privilegios, ni fueros especiales, ni prebendas ni ninguna diferencia entre sus ciudadanos, vistan ropas civiles, uniformes militares o atuendos eclesiásticos. Demás está decir que es perfecto que así sea.

Pero debo confesar que el panorama que rodea la declaración indagatoria del imputado Amado Boudou, al menos el que se vislumbra mirando por un ventanal desde la “orilla de enfrente”, me confunde un poco. Tengo mucho temor que una vez más en nuestro querido país se cumpla con aquella para nada democrática premisa: “ Los argentinos somos todos iguales, pero unos son más iguales que otros”