El Comodoro Luis Py obviamente no le debió su grado a la Fuerza Aérea, ya que le tocó vivir en una época en la las aves seguían manteniendo monopólicamente la supremacía en el aire. Luis Py fue un valiente español que a poco de arribar a nuestro país, en 1843, se incorporó a lo que por entonces era la “Escuadra Argentina” (luego Armada Argentina), llegando a servir a la patria como Comandante Militar de la isla Martín García. La nación, generosa con los hombres que sirvieron a ella, lo recuerda a diario ya que su nombre figura en varias localidades del país -incluso en plena ciudad de Buenos Aires una calle lleva su nombre. La arteria en cuestión no es demasiado extensa, pero en los últimos años ha sido testigo de incontables hitos judiciales que han marcado a fuego el rumbo de nuestra sociedad.

Como todos sabemos, en Comodoro Py tienen su sede los tribunales federales en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires. El fuero criminal federal es el que atiende todas las cuestiones que atañen a denuncias penales contra funcionarios públicos o contra particulares que hubieran afectado los intereses del Estado Nacional. Por sus estrados han transitado, sin solución de continuidad, funcionarios, ex funcionarios, empresarios, militares y, como frutilla del postre, el primer vicepresidente de la Nación en Funciones.

Curiosamente, en la misma calle y justo frente a los tribunales mencionados tiene su sede el Estado Mayor General de la Armada,  el llamado Edificio Libertad. Las escalinatas de ambos inmuebles están prácticamente enfrentadas. He sido testigo muchísimas veces de la partida de muchos militares requeridos por la Justicia, que eran convocados a presentarse en el predio militar, para luego recorrer a pie los pocos metros que separan ambos edificios. En la mayoría de los casos era un viaje de ida, ya que inmediatamente quedaban detenidos para enfrentar cargos por delitos relacionados con la lucha contra la guerrilla de los 70.

Conforme pasaron los años, la mística de la detención fue sufriendo variantes. En un principio, la Armada cumplía institucionalmente un rol de “nexo” entre la libertad y la prisión. Los jueces requerían a la autoridad militar que se ponga a determinadas personas a su disposición, estas personas eran citadas e incluso asesoradas por el cuerpo de auditores navales sobre determinados aspectos del proceso que enfrentarían, siendo incluso acompañados y asistidos en la gestión judicial.

Luego la cosa cambió. El argumento sobre la condición de igualdad ante la ley y la negación de todo tipo de privilegios especiales hizo que ante una orden de detención o de comparecencia ante un magistrado, los citados fueran detenidos o convocados en sus domicilios particulares y que se le ordenara a la Marina abstenerse de prestar cualquier tipo de asistencia “oficial” a quienes debían enfrentar por su exclusiva cuenta y riesgo la responsabilidad por los eventuales delitos por los que eran convocados.

El 9 de junio de 2014, una vez más una de las “orillas” de Comodoro Py se tiñó con la mística habitual que aflora en cada jornada en la que algo importante pasa.

Algunos cientos de manifestantes, en su mayoría trabajadores del Congreso Nacional y de algunos municipios transportados con micros abonados con partidas oficiales, se agolparon con bastante orden para vivar al imputado vicepresidente. Con total naturalidad, un señor que armaba una enorme pantalla gigante confesó ante la prensa que era proveedor del Congreso Nacional, aportando incluso el costo de sus servicios (algo así como $ 20.000) El imputado Boudou solicitó por escrito permiso para llevar cámaras del medio “Senado TV” para inmortalizar su declaración indagatoria -natural recurso de defensa de cualquier imputado por un delito- y además se solicitó permiso para llevar al cuerpo de taquígrafos del Congreso (el Congreso de la Nación; ese cuyos gastos pagamos todos )

Ambas realidades han tenido lugar en un lapso de apenas una década. Un decenio, casualmente, también conducido por una misma gestión política que nos “enseñó” a todos y a todas que en la Argentina no hay privilegios, ni fueros especiales, ni prebendas ni ninguna diferencia entre sus ciudadanos, vistan ropas civiles, uniformes militares o atuendos eclesiásticos. Demás está decir que es perfecto que así sea.

Pero debo confesar que el panorama que rodea la declaración indagatoria del imputado Amado Boudou, al menos el que se vislumbra mirando por un ventanal desde la “orilla de enfrente”, me confunde un poco. Tengo mucho temor que una vez más en nuestro querido país se cumpla con aquella para nada democrática premisa: “ Los argentinos somos todos iguales, pero unos son más iguales que otros”