Digo que los límites de esta revisión se desconocen, porque día tras día nos sorprendemos con nuevos alcances y consideraciones, que no han dejado afuera ni a José Gervasio de Artigas, Juana Azurduy y lógicamente la más reciente que incluye a Cristóbal Colón.

Al sólo efecto de priorizar la reflexión antes que la polémica, permítame el lector aclarar, que más allá de lo que personalmente pueda yo pensar de cada una de las acciones antes descriptas, no se puede negar que han sido inspiradas por un gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía y que las medidas que han llevado -por ejemplo- al pasar de la obediencia debida y el punto final, al procesamiento de centenares de uniformados, gozan de plena legalidad de forma y de fondo; y que en democracia todos tenemos libertad de pensamiento y opinión pero además tenemos obligación de aceptar lo que los organismos de la democracia disponen.

Asimismo es una realidad innegable que al margen del proceso democrático local, toda América Latina parece haberse alejado del riesgo de interrupciones democráticas con militares como protagonistas. El dudoso triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, y el desplazamiento de Fernando Lugo en Paraguay son cuestiones que pueden ser discutidas pero que no se comparan a la vieja asonada militar.

Así las cosas, quienes vivimos como jóvenes o adolescentes los gobiernos militares de la Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas, la Revolución Argentina de Onganía, y el Proceso de Videla y Massera nos fuimos imbuyendo de la nueva y sana costumbre de la democracia perpetua- a la que cualquier argentino sub 30 concibe naturalmente como la única forma válida de gobierno

Pero como ocurre cada vez que una sociedad afronta procesos que imponen cambios de paradigma, la coexistencia de diferentes formas de pensamiento forjadas en circunstancias históricas distintas trae aparejados duros enfrentamientos (gracias a Dios retóricos en la mayor parte de las veces) que crean antagonismos entre los adherentes a alguna de estas clásicas posturas: “teoría de los dos demonios”, “genocidio unilateral contra jóvenes idealistas”, “guerra contra la subversión” y alguna que otra variante de ellas.

Como el hombre es un animal de costumbre y como además la acuciante realidad deja cada vez menos tiempo para el análisis histórico, los militares fueron desfilando hacia las cárceles, las marchas en su defensa fueron desapareciendo del paisaje urbano y el tema militar -para ser honestos- pasó a estar último en la tabla de posiciones de la actualidad nacional (casi al punto de irse a la “B”).

El incendio del Irizar, el embargo de la Fragata Libertad, el papelón antártico de Puricelli, el fallecimiento de Videla y algún que otro hecho aislado, devolvieron el mundo de los uniformados a las pantallas de televisión y primeras planas de los diarios, de forma muy puntual y acotada.

Hasta ahora… Desde hace un par de semanas, políticos, periodistas, analistas militares de primer nivel, senadores, organismos de DDHH y hasta programas de chimentos han vuelto a colocar en lugar protagónico no sólo a un general de nuestro ejército sino a la razón de ser de la actividad militar argentina.

Y es aquí donde necesariamente corresponde “parar máquinas” y atreverse a repensar si todo lo que con el ya nombrado amparo legal y consenso político hemos revisado en los últimos años no nos ha colocado en una paradoja que nos obligue a desandar en parte nuestros pasos, para justificar nuestros actos del presente.

En una columna anterior, he señalado que a diferencia de lo ocurrido en países como Chile, Brasil o Uruguay, la Argentina -al margen del castigo impuesto a los militares condenados por hechos relacionados con los ’70- pareció “colocar en penitencia” a todo el aparato militar de la Nación y, más aún, la Defensa de la Nación pasó a ser una especie de tabú para la clase política de casi todos los signos. Es sabido que en las apetencias de los “ministeriables” de 1983 hasta el presente, difícilmente el Ministerio de Defensa haya sido considerado algo más que un premio consuelo para quien fue “honrado” con esa cartea. Baste con indagar cómo tomó el actual ministro su designación para el cargo.

Presupuesto casi nulo (mayormente destinado al inevitable pago de salarios), inversión inexistente, presencia pública cercana al cero, desplantes muchas veces innecesarios y reformas legales y reglamentarias hechas más bien para limitar al máximo la actividad militar que para adecuarla al presente, han sido una constante.

Sí. Es verdad, estamos en Haití y en algunas otras misiones de paz. E intentamos armar algún que otro radar, un vehículo gaucho (más bien gauchito) y mostramos la decadencia militar en Tecnópolis, pero creo que todos sabemos en donde estamos parados en materia de defensa.

Y de la mano de ese coto a las “ínfulas uniformadas” renunciamos para usar a nuestros militares y a sus medios y capacidades para cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad interior a diferencia de lo que hacen casi todos los países del mundo cuando la situación lo amerita . También (respecto a aquel pasado tenebroso) determinamos que un cabo, un teniente de fragata o un general eran exactamente lo mismo a la hora de rendir cuentas ante la justicia por los “excesos cometidos” en aquella lucha o como cada uno de nosotros guste llamarla.

Y de nada valieron los argumentos de más de uno de los jerarcas procesados cuando se declaraban absolutamente responsables por las ordenes por ellos dictadas, pretendiendo desligar a jóvenes oficiales o suboficiales de cualquier responsabilidad. En virtud de aquel viejo axioma militar (vigente al menos hasta la actual revisión de la historia) sobre que “las ordenes no se discuten, se cumplen”.

Así fue que marcharon presos, almirantes y generales pero también quienes por aquellos años eran tenientes y cabos. Sin chistar o chistando poco, sin fugarse hasta que alguna cámara de apelaciones se apiadara de ellos y sin esperar ni pretender que las nuevas generaciones de uniformados se aparten de sus deberes para salir en su defensa.

Todos recordarán que el ex comisario Luis Patti, siendo ya diputado electo, terminó preso porque alguien lo reconoció por su voz a pesar del tiempo transcurrido y del hecho de haber sido un muy joven oficial por aquellos días. Hubo un caso de un oficial naval que al parecer bromeó ante un detenido con el nombre de una conocida avenida de la zona norte de Buenos Aires, colocado en honor a un antepasado suyo y al que luego su apellido coincidente con el nombre de esa avenida lo delató; y así mil historias.

Y llegó un día en el que cuando todo parecía hacernos creer que esta forma de haber “resuelto nuestro pasado” estaba totalmente cerrada a discusión alguna, la realidad se empeña en colocarnos en una especie de “segundo tiempo” de un partido de fútbol en el que los protagonistas han cambiado de arco. Y los que antes se erigieron en severos fiscales y custodios de la democracia, la república y los derechos humanos, tratan ahora de justificar algo que -en opinión de muchos que fueron condenados y tildados de fascistas defensores de genocidas- era una verdad de manual. Los jefes ordenan, los subordinados obedecen.

Ahora -según nos dicen-, no siempre está mal echar mano a los aparatos de inteligencia militar para espiar un poquito para adentro y no se siempre se puede dejar sin trabajo y menos aún condenar a una persona adulta y llena de galones, por lo que tal vez pueda haber hecho cuando era sólo un humilde subordinado con inescrupulosos superiores.

Y no parecería ilógico imaginar ahora; a algún encumbrado funcionario nacional, rodeado de asesores, sobre un escritorio repleto de discursos de campaña, de copias de expedientes judiciales, de fotos de marchas y escraches, hojeando el famoso Nunca Más en su versión riojana y exclamando, totalmente desorientado, “Y ahora… ¿qué hacemos?

Pero para decepción de los lectores, no me voy a referir a esa “Inteligencia” (al menos por ahora) sino a la otra, a la que tarde o temprano tendrán que apelar no sólo nuestros uniformados, sino por sobre todo la conducción civil de las fuerzas armadas de la Nación, para –más allá de los discursos– enmarcar y dotar a su accionar de manera tal que la profesión militar tenga sentido para que quien la elige y fundamentalmente para el país.

“Esta Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las fuerzas armadas… Por Dios, ¿nosotros los peronistas contra los militares? Somos el único partido político vigente en la República Argentina fundado por un general. Nuestro ADN se gestó allí cuando las fuerzas armadas acabaron con el fraude patriótico de la “Década Infame” y Perón fue presidente. Así que no tenemos nada, al contrario, yo creo que han humillado mucho más a las fuerzas armadas los que las redujeron a ser simples encapuchados en lugar de defensores de la soberanía nacional. Esos humillaron a nuestras fuerzas armadas, a nuestras gloriosas fuerzas armadas: las de San Martín y las de Belgrano, y las de aquí más cerca, las de Savio, Mosconi y Baldrich.”

¿Quien podría atreverse a dudar de la veracidad de tan sólo una coma del párrafo anterior? Fue pronunciado por la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la Nación durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2010. ¿Quien, por otra parte, podría dudar de que sería maravilloso que este párrafo de aquel discurso se cumpliera en la práctica o tal vez si es que se está cumpliendo, que se lo hagan notar a los propios involucrados?

Con los lógicos límites que imponen la Constitución Nacional y las leyes, el poder político puede hacer prácticamente todo lo que se proponga. Así por ejemplo en 2004 se podría haber decretado un desagravio al edificio de la ESMA, por los crímenes allí perpetrados por quienes alteraron su uso como centro de enseñanza y formación de servidores públicos y lo transformaron en centro clandestino de detención, pero se prefirió (legalmente con intervención del Congreso, la legislatura porteña, etcétera, etcétera) declarar a los ladrillos “coautores penalmente responsables”. El chiste le salió al Estado un par de miles de millones de pesos en obras de reubicación de la decena de escuelas que allí funcionaban en otros lugares, y el lugar por ahora sigue siendo un coto cerrado a la población en general con acceso permitido solo a unos pocos “iluminados”. Mientras que la sociedad toda paga los gastos de manutención (millonarios por cierto).

Asimismo, arengar durante años en cada formación castrense a los que allí se encontraban como si fueran los militares de la dictadura parecía rememorar aquellas escenas de colegio primario, en las que la maestra un día de muchas ausencias retaba a los pocos presentes y los exhortaba a no faltar a clase.

SI tuviéramos que enumerar los desplantes y desprecios públicos efectuados por el poder político hacia los militares de los últimos años, la lista sería muy larga. Como lo sería también otra constituida por gestos de acercamiento no tan públicos como los anteriores ni tan destinados a todas las jerarquías, ya que éstos mayoritariamente se hicieron en forma discreta y con las máximas cúpulas castrenses. Asimismo es justo recordar la excelente relación que siempre tuvo el ex presidente Néstor Kirchner con las fuerzas armadas desplegadas en Santa Cruz en sus años de gobernador provincial con quienes compartía no sólo la vida protocolar sino la agenda social y personal.

La primera mujer presidente de la Argentina (María Stella Martinez de Perón) fue la comandante en jefe de Videla y Massera (no hace falta que recordemos aquí cómo terminó la historia) pero de más está decir que más allá de las aptitudes o especialidades que detenten los actuales generales, almirantes y brigadieres a cargo de las Fuerzas Armadas, la segunda mujer en ocupar la primera magistratura del país afronta una situación mucho más relajada en su relación con sus mandos subordinados.

Como bien se ha dicho en algunos medios por estos días, “la definitiva subordinación de los militares a la constitución y al poder civil, no es mérito solamente del actual gobierno”. La imagen de jerarcas castrenses sentados en el banquillo de los acusados luciendo sus uniformes de gala es algo que quedó definitivamente grabado en el ADN de los militares. Y ni que hablar de recibir a diario las novedades sobre quienes esperan proceso o cumplen sentencia tras las rejas de Marcos Paz.

Y para los que necesitaron alguna dosis de refuerzo de esa “vacuna democrática”, recordemos aquella Semana Santa de “la casa está en orden, felices pascuas” donde un Presidente civil, puso su cuerpo y sofocó la rebelión compartiendo luego el triunfo con toda la dirigencia política oficial y opositora del país.

Entonces, para cerrar este tema, convengamos que golpe de Estado, asonada militar y planteo castrense -entre otros- son términos que quedarán definitivamente destinados a los manuales de historia Argentina.

Ahora bien…

A diferencia de Chile, Brasil, Uruguay y tantos otros países que han entrado también en un camino de definitiva consolidación democrática, parecería que somos los únicos que no nos hemos conformado con el castigo a quienes se apartaron de la ley sino que además hemos decidido castigar a la actividad a la que pertenecían. Es como si por descubrir a un grupo de médicos que realizan operaciones ilegales, decidiéramos dejar de ocuparnos de la salud o, lo que es peor, declararla veladamente enemiga de la patria.

Es muy bueno cuando la Presidente declama su “no odio” por las fuerzas armadas, no es tan bueno cuando espasmódicamente se da por terminada la carrera de oficiales a los que costó mucho tiempo y dinero del Estado formar; sobre todo si no había razones lógicas que determinen que es necesario hacerlo.

Despedir a un coronel porque su apellido coincide con el de algún jerarca de la dictadura no parece colocar al militar en una situación acorde con ese estatus de “ciudadanos de uniforme”, como los llamamos ahora. No suena lógico que los hijos o sobrinos de los miles de detenidos que hay en nuestras cárceles sean expulsados de sus trabajos por lo que hipotéticamente hicieron sus parientes.

Durante la “crisis de la fragata Libertad” se pasaron a disponibilidad a dos jefes navales (uno de los cuales ya se había ido solito, pero lo echaron igual), se malogró la carrera de un almirante recién ascendido por este propio gobierno sólo por comunicar a los medios lo que le habían pedido que comunique y se provocó la salida del jefe de la Armada, al que poco tiempo atrás esta misma conducción había ungido para dirigir la Marina supuestamente por ser el mejor candidato de los tres que estaban en condiciones de asumir esa delicada función.

Como ejemplo de otro tipo de relación cívico militar, digamos que nuestro vecino Chile tiene establecido un mandato legal para las cúpulas militares de cuatro años. Que se encuentran establecidos de tal suerte que siempre se cumplen a mitad del mandato presidencial. Asimismo el reemplazo debe ser elegido entre los cuatro oficiales que le siguen en jerarquía al jefe saliente. Esto asegura tres cosas: un plan de carrera militar más o menos predecible, la imposibilidad de tener (como ha ocurrido aquí) comandantes enquistados en sus sillones diez años, impidiendo a los más jóvenes ascender y fundamentalmente prescindencia política en la jerarquía militar.

Días pasados la Presidente se refirió al rol social de las FFAA, la necesidad de contar con este instrumento de la patria para asistir a la población la defensa civil y algunas cosas más.

Es necesario comprender que no tenemos un ejército de asistentes sociales; claro está que en una inundación, erupción volcánica, terremoto o cualquier contingencia por el estilo, las fuerzas armadas se tornan imprescindibles ya que aportan hombres, medios, tecnología y fundamentalmente capacidad de organización en situaciones extremas. Pero de allí a transformar a los cuadros militares en cocineros, pintores, jardineros o maestros de escuela y transformar sus objetivos concurrentes en su razón de ser, hay una distancia muy grande.

Sea la puerta de ingreso a la profesión militar, el Colegio Militar de la Nación y sus equivalentes de las otras fuerzas o las escuelas de suboficiales o simplemente el ingreso como tropa voluntaria, quien las elige lo hace porque quiere servir a la patria desde la defensa. Algo tan valioso o respetable como la decisión de quienes optan por ser trabajadores sociales, marinos mercantes o músicos. Todos contribuyen desde su lugar de acción a la integralidad de la sociedad.

Hoy hemos reeditado el “conflicto militar” pero desde otro ángulo, el de la condición de oficial de inteligencia de uno de los máximos jefes castrenses recientemente puesto a cargo de su fuerza.

Tal vez por lo vivido en el pasado, han quedado fijadas algunas ideas un tanto erróneas en el colectivo social. Una de ellas que los agentes de inteligencia (los “espías”) son seres tenebrosos y oscuros que siempre hacen cosas malas o ilegales. Para ponerle condimento a esta ensalada, WikiLeaks y el topo de la CIA que hace semanas compra perfumes en el free shop del aeropuerto de Moscú le agregan dramatismo al tema

Pero en rigor de verdad, ser agente de inteligencia, comando anfibio, tropa de elite, paracaidista o médico militar, es parte del abanico de posibilidades y de necesidades que las instituciones militares ofrecen y satisfacen respectivamente. Un teniente de inteligencia llegará a general de inteligencia y un teniente médico llegará a general médico si son buenos profesionales.

Luego el problema no está en su especialidad o profesión, estará en el uso que se haga de ella, y en todos los casos ese uso puede ser legal y beneficioso, o ilegal y clandestino.

Corresponde a los poderes civiles del Estado indelegablemente el encuadre y control de la actividad militar. Si el aparato de inteligencia civil y militar de la Nación es puesto al servicio de algún otro fin que no sea el legal, la falla no estará en el agente que escucha inadecuadamente el teléfono de un opositor político, sino en el que dio la orden para que lo haga y que además pretenda que aquí si aplique la tan mentada “obediencia debida”.

Un viejo profesor nos graficó una vez: “Resistir la tentación de usar la inteligencia para espiar al opositor es como encerrar a un gordo con una caja de bombones y pedirle que no los toque”.

Si ése fuera el caso, será cuestión dotar al Congreso de una buena cantidad de “Cormillots” que controlen al gordo.

Finalmente, una vez más desde esta columna recomendamos humildemente: tenemos un mar lleno de riquezas, de las que cada vez más se aprovechan descaradamente quienes pescan ilegalmente en nuestras aguas; tenemos cielos abiertos por los que transita gran parte de la droga que intoxica a los cinco continentes; tenemos un territorio vasto y que sigue estando desprotegido y deshabitado; tenemos técnicos militares y civiles en capacidad de desarrollar proyectos industriales interesantes y sensatos (cohetes a la Luna por ahora no) que no sólo pueden abaratar el gasto de funcionamiento de la defensa sino que además podrían generar ingresos. Sólo es cuestión de llevar a la práctica lo que efusivamente se dice en los discursos, siendo fundamental de una vez por todas, dar vuelta la página de la historia no para olvidar sino para poder de una vez por todas avanzar.

Al margen de las preferencias políticas de los hombres de armas en lo personal (obvio que las tienen como todos), pretender alinear a las instituciones armadas con una ideología determinada es un experimento peligroso con consecuencias impredecibles, por ello una regla de oro debería ser que las armas de la Nación no sean ni peronistas, ni chavistas, ni kirchneristas, ni ninguna otra cosa que no sea simplemente argentinas.