En parte es muy bueno que el país no tiemble ante una renovación de mandos militares. Desde hace muchísimos años (muchos antes de la llegada de la actual gestión K al poder) los militares aprendieron la lección y se convencieron de que su rol no es la política sino ser el instrumento armado de la Nación al servicio de la conducción civil del país.

Puertas adentro de las instituciones militares, algunos de estos cambios eran esperados y hasta podríamos afirmar que estaban demorados. En diciembre el Poder Ejecutivo ascendió a dos decenas de nuevos generales, almirantes y brigadieres y no les asignó destino, con lo cual tuvimos una importante cantidad de altos oficiales de las tres fuerzas varios meses “haciendo banco” a la espera de que alguien les indique qué sillón ocupar.

Todo el funcionamiento de las fuerzas armadas se vio en parte resentido por la indefinición general de los pases en los puestos más altos de la conducción militar y en los correspondientes a buena parte de los comandos y direcciones de segunda línea; muchos oficiales, aun sabiendo que su próximo destino sería el retiro, continuaron durante largos meses ejerciendo funciones en una suerte de letargo administrativo que transformó sus mandos en simples sellos de goma sin poder real de decisión.

Lo extemporáneo (para la tradición administrativa de las FFAA) de estos relevos a mitad del año militar no hará sin lugar a dudas mella en el funcionamiento general de la Nación, pero tendremos una gran cantidad de funcionarios del Estado (que sean militares no los hace menos funcionarios que los que ocupan cargos civiles en la administración pública) que asumirán sus tareas, sabiendo que en pocos meses deberán abandonarlas.

Seguramente en este punto del relato la mayoría de los lectores percibirá a este tema como de poca o nula relevancia para el devenir de sus preocupaciones cotidianas -salarios, seguridad, cepo, servicios públicos, elecciones, presión fiscal, etcétera-. Son sin lugar a dudas los temas que ocupan mayoritariamente nuestra capacidad para deglutir la dura realidad nacional. Pero curiosamente, y aunque no lo percibimos, lo que ocurre con el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación nos afecta de una u otra manera, por el sólo hecho de que su funcionamiento es financiado ni más ni menos que con nuestros impuestos, por lo que al margen de tener derecho a saber cómo funcionan, tenemos el deber como sociedad de asegurarnos que funcionen adecuadamente, como cualquier otro aspecto de las actividades a cargo del Estado nacional.

La relación del gobierno con las FFAA en los últimos años no ha sido ni peor ni mejor que la de las anteriores gestiones democráticas iniciadas a partir de 1983. Siempre ha existido en estos 30 años un mensaje para la tribuna teñido de cierta dosis de hostilidad, matizado con la inevitable necesidad de coexistir con esa porción de ciudadanos de uniforme a los que también hay de administrar y de los que (al menos por ahora) la Argentina no ha de prescindir.

Desde el Juicio a la Juntas hasta el “baje el cuadro” hemos visto desfilar decenas de generales, y sus equivalentes de otras fuerzas, quienes con mejor o peor suerte han administrado las “armas de la democracia” con cada vez menos recursos, con material más viejo, con personal menos incentivado y con un futuro cada vez más incierto. Y cada tanto reciben en público algún reto -cada vez son menos frecuentes, hay que reconocerlo-, donde se los arenga por los crímenes y desaciertos cometidos por otros y se los exhorta a ser democráticos e integrarse a la sociedad, cuando en realidad desde hace años lo son y si no se integran más a la sociedad es porque no los dejan. De hecho en cada oportunidad que un cuartel, un buque o un avión es abierto a la visita pública, miles de argentinos concurren gustosos a conocer un poco más cerca la actividad militar.

Tal vez la mística actual no considere propicio organizar un desfile cívico militar en una fecha patria y sea mejor que Fito Paez envuelto en la bandera bolivariana o músicos extranjeros nos traigan sus foráneos acordes. Pero la realidad es que a la gente ambas cosas le gustan; si no, recordemos los cientos de miles de personas que hicieron horas de cola para visitar a la fragata Libertad en Mar del Plata.

Ahora bien, podremos renovar las cúpulas castrenses una y cien veces, y de hecho nadie podrá negar el legítimo derecho del presidente como comandante en jefe de las FFAA de hacerlo. Pero va siendo hora de plantear seriamente qué fuerzas armadas queremos y para qué las queremos. Y si bien desde esta columna lo hemos dicho varias veces, no está de más aprovechar estos tiempos de cambio de conducción para refrescar las ideas.

Salud, seguridad, defensa y educación son las tareas indelegables del Estado. Luego podremos discutir quién explota Vaca Muerta (ahora resucitada por mandato presidencial), podremos analizar si debemos tener aviones, buques mercantes, teléfonos celulares, transporte público, tarjetas de crédito populares, fábricas de ropa para todos y todas, y una larga lista de actividades a las que el Estado pretende acceder (en algunas de ellas me verán como entusiasta adherente).

Salud, seguridad, defensa y educación, sin embargo, son las cuatro grandes asignaturas pendientes de la democracia; aunque nos revoleen estadísticas y datos, ninguna de las cuatro está a la altura de lo que nuestro país merece. Acabamos de perder por goleada una compulsa internacional sobre nivel de educación. La salud pública (y la privada) están paradójicamente muy enfermas, la seguridad ha llegado a niveles tan alarmantes que cada día somos más conscientes al salir de nuestras casas de que tenemos un alto grado de probabilidades de no volver, o al menos de no volver en las mismas condiciones en las que salimos.

Por último, la Nación está indefensa, sujeta sólo al devenir pacífico de la región en la medida en que todas nuestras acciones legítimas en resguardo de nuestros intereses no colisionen jamás con los intereses de terceros. El alto grado de decrepitud de los medios de la defensa nacional no es una realidad por la que se pueda culpar a la actual gestión de gobierno; al menos no únicamente.

Tal vez, como pasa muchas veces en nuestra propia vida, la prioridad lo tenga lo urgente sobre lo importante. El único problema es que cuando algún hecho inesperado torna urgente a lo importante, indefectiblemente ya será tarde para actuar.

La creación del sistema denominado “Transparencia” al que se accede simplemente googleando “ONC” (Oficina Nacional de Contrataciones) es tan simple de entender que a poco de navegar sus páginas cualquier novel aspirante a contratista descubre cuáles son las condiciones que debe cumplir si desea vender un lápiz al Estado nacional, ofrecer un recital en una fiesta para todos y todas o reparar un rompehielos.

No es por cierto imposible trabajar legalmente para el Estado; inscribirse como proveedor, elegir el rubro o rubros en los que se ofrecen servicios, presentar balances, antecedentes y fundamentalmente demostrar cada cuatro meses mediante un certificado fiscal emitido por la AFIP que no se tiene deuda fiscal son las premisas básicas que, si no se cumplen (junto a otras ), deberían indicarle al aspirante a contratista que es mejor abstenerse.

Tan perfecto es el sistema que la propia Oficina Nacional de Contrataciones ha organizado reiterados cursos para funcionarios y contratistas, por los cuales todos los que alguna vez hemos Estado de uno u otro lado del mostrador estatal sabemos perfectamente cuáles son las reglas de juego.

Recientemente tomó estado público una millonaria contratación por parte de la Secretaría de Cultura para contar con los servicios artísticos del cantante Fito Páez; no se hizo en forma directa con el cantante sino por intermedio de la productora artística Siberia SA.

La perfección del sistema de contrataciones al que aludimos permitió que a pocos minutos de conocerse los detalles de la contratación, cualquier ciudadano desde su PC pueda comprobar que Siberia SA no posee certificado de habilitación fiscal para contratar con el Estado (lo que no implica que sea evasora o nada por el estilo, simplemente no puede contratar porque no cumplió el trámite de solicitar la constancia fiscal de libre deuda) y lo que es peor es que esa empresa jamás se inscribió como proveedora del Estado. Lo que resulta bastante difícil de explicar es cómo habrá sido el pago a esta firma, ya que el sistema sólo habilita el depósito en cuenta corriente bancaria a proveedores registrados (recordemos que el sistema es perfecto).

La noticia escaló por la fama del protagonista más que por la suma involucrada (una nimiedad en comparación al gran derroche estatal) pero se suma a otros escándalos recientes en materia de contrataciones públicas, como por ejemplo la bochornosa campaña antártica que insumió 90 millones de pesos contratados en parte con monotributistas y empresas intermediarias radicadas en el exterior con el triste agregado de que, a diferencia de Fito (que no defraudó a su público), el servicio contratado para atender a las bases antárticas fue pésimo.

Bueno es recordar que se debió licitar un servicio de transporte antártico, porque desde hace años el rompehielos Almirante Irizar intenta ser reparado con poco éxito en una dependencia estatal (Tandanor) que por más buena voluntad que detente por parte de obreros y directivos no es el lugar adecuado para una tarea de semejante envergadura si se lo compara con los también estatales Astilleros Río Santiago, ubicados -claro está- en el hostil territorio bonaerense.

Así las cosas, sean un par de millones o decenas de ellos, sea un recital de un par de horas o una reparación naval de 6 años, se trate de la intención de reemplazar el tradicional desfile y las canciones patrias por cantantes de rock ataviados con bolivarianos colores o de asegurar la subsistencia de cientos de argentinos haciendo patria en el continente blanco, todas estas contrataciones públicas tienen un denominador común que excede incluso a la primaria sospecha de corrupción. Satisfacen irracionales caprichos.

Varios jefes y expertos navales recomendaron oportunamente a la entonces ministra Nilda Garré sobre la conveniencia de reparar el rompehielos en un astillero de envergadura como lo es Río Santiago (el astillero que construyó buena parte de los buques de la Armada, Fragata Libertad incluida).

Pero el capricho ministerial determinó que el destino fuera otro y el gustito ya nos va a costar casi 1000 millones de pesos (dos rompehielos y medio). La gestión Garré acertó, no obstante, con la elección del reemplazo del averiado Irizar y durante varias campañas el buque ruso Vasily Golovnin cumplió su tarea con eficiencia y a un costo razonable. Pero su sucesor al frente del ministerio de defensa, Arturo Puricelli, quiso ponerle su impronta a la gestión y contrató a un buque apto para transportar automóviles pero totalmente inadecuado para la tarea requerida. Otro caprichito… el que por mucho que sea defendido por el actual ministro Agustín Rossi, tiene a la base Marambio al borde del colapso.

Falta saber ahora cuál habrá sido el funcionario que nunca llegó a ver desde una cómoda butaca de algún teatro a Fito Páez y se dijo así mismo “ahora que tengo la manija, lo contrato y listo… total con media hora de recaudación por impuesto al cheque, retenciones al agro, ganancias a la cuarta categoría o alguna pavada de esas lo pago”.

El anterior párrafo es una mera construcción imaginaria, pero sirve para graficar y para preguntarse cuáles serán los criterios de quienes manejan desde su área de acción los dineros públicos y para reflexionar sobre si realmente no lo estarán usando como si fuera propio.

Solemos escuchar más veces de lo que quisiéramos frases tales como “yo que les pago el sueldo”, “aquí les traje ayuda”, “voy a hacer esto, aquello o lo de mas allá” como si realmente estuviéramos conducidos por un grupo de mecenas que gentilmente nos abren su billetera para satisfacer nuestras necesidades primarias, secundarias y terciarias.

Y lo grave del asunto es que cuando se echa mano a lo que es de todos en forma irresponsable o delictual pero sabiendo que no es propio, puede surgir (tal vez) el arrepentimiento, el miedo a ser descubiertos y/o el temor al castigo judicial. Pero cuando se hacen tropelías administrativas y económicas con la convicción de que encima están bien hechas, estamos en problemas ya que ninguna barrera inhibitoria aplica a quienes no llegan a percibir la diferencia entre lo que está bien o lo que está mal, entre lo legal o lo ilegal.

Hace muchísimos años un superior me reprochó severamente por haber perforado un mamparo (pared) de mi camarote para colgar un retrato familiar: “No muchacho, eso no se hace”. Aunque me costó entenderlo, tenía razón. “Mi camarote” no era mío, era el lugar que el Estado nacional me brindaba para que pueda vivir dignamente mientras cumplía mi trabajo de marino, lo que es sustancialmente diferente.

Serios problemas nos aguardan si los “timoneles de la Nación” siguen perforando los bienes y recursos del país con el mismo criterio con el que irresponsablemente perforé el mamparo de mi camarote, pero con el agravante de no contar con superior alguno que les diga “No muchachos, así no”.

Y como el todo siempre es superior a alguna de las partes, tal vez sea la ciudadanía la que deba advertir y corregir el error; en paz, en democracia, en libertad pero con absoluta severidad, antes de que por tanto perforar y perforar la Nación se vaya a pique.