Millones de argentinos por fin se enteraron que tenemos 2.800.000 kmts2 de mar continental, que tenemos enormes riquezas pesqueras que son salvajemente depredadas por pesqueros ilegales que transitan por el límite de la milla 200 de nuestra zona económica exclusiva y que por falta de un adecuado control arrasan con nuestros recursos ictícolas.  También descubrimos ayer que la pesca no solo es una actividad económica importante; es también generadora de puestos de trabajo calificados, tanto a bordo de los buques factoría como en tierra firme, y una fabulosa herramienta para nutrir a un mundo demandante de alimentos.

En el particular lenguaje presidencial, se nos explicó que el mar está lleno de “pescados”, cuando en realidad los que deambulan libres por nuestras aguas son peces. Pero tampoco es cuestión de quedarse en los detalles menores, ahora que por fin gozaremos de los beneficios de la década ganada también en alta mar.

El anuncio del proyecto “Pampa Azul” pareció cuando menos ambicioso. Vaya uno a saber por qué lo llamaron “Pampa” teniendo tantas referencias marinas para denominarlo, pero bueno, estamos en pleno descubrimiento.

La presidente anunció, entre otras cosas, que la Armada Argentina y la Prefectura Naval desarrollarán tareas de investigación ictícola; algo así como lo que viene haciendo desde hace años el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), organismo que, por si nadie se enteró en la calle Balcarce, depende del PEN. Asimismo la Prefectura Naval ya viene realizando investigaciones científicas tanto en la Antártida, como en nuestro mar continental y en nuestros ríos.  La Armada, por su parte, ha tenido un papel protagónico en el relevamiento de nuestra plataforma continental a la luz de los requerimientos establecidos por la ONU para dar sustento a nuestro reclamo de extender nuestra  plataforma hasta las 350 millas marinas contadas a partir de la línea de más bajas mareas.

Oportuno es acotar que el INIDEP estudia el comportamiento de las distintas especies, las migraciones de los cardúmenes, las variaciones de stock disponible para cada una de ellas y todos los aspectos a tener en cuenta para que luego las autoridades de la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero establezcan los cupos de pesca que se otorgan a las distintas empresas del rubro; intentando de esta manera que la actividad pesquera sea sustentable.

Al menos en teoría, la cuestión pesquera nacional está más o menos organizada. Todas las provincias con litoral marítimo tienen un asiento en el ya nombrado consejo federal , tenemos buena mano de obra y férreos controles sobre las empresas armadoras que pescan legalmente. Venimos un poco (bastante) flojos no obstante en materia de herramientas de control y vigilancia sobre todo ese enorme mar argentino al que se refirió la jefa de Estado y, obviamente, todo el andamiaje legal existente se vuelve nulo frente a la ambición pesquera de quienes no están dispuestos a someterse a nuestras reglas de juego.

Es por ello que, al margen de los siempre coloridos y multifacéticos anuncios presidenciales, en los que se llega a mezclar la pesca de la merluza con lo mal que estábamos hace diez años y la edad de los analistas políticos televisivos no alineados, sería bueno recordar que, si hemos decidido prestar atención a nuestro mar y sus riquezas, más que inventar planes, hace falta comprar barcos;  la soberanía en alta mar no se consolida con los “pibes para la liberación”; no se le puede hacer un piquete a un pesquero ilegal y menos que menos culpar por su actividad a la corpo. Sería más fácil claro; pero….. en este tema y mal que les pese a los redactores del modelo hace falta echar mano a las famosas “efectividades conducentes”.

Una Armada con barcos viejos, mal equipados y que, lanzados a una campaña de verdad en alta mar, muy probablemente  deban ser remolcados  de regreso a puerto por los propios barcos a los que fueron a controlar, no puede garantizar por ahora un control efectivo de nuestro mar y sus recursos. Una fuerza de seguridad especializada como la Prefectura Naval Argentina no puede seguir siendo desperdiciada en controles vehiculares en la General Paz o en el gran Buenos Aires. La formación de nuestros marinos mercantes (algunos de ellos futuros pescadores) no puede seguir siendo ignorada en los presupuestos nacionales y llevada al estado de abandono en el que actualmente se encuentra, librada totalmente a la buena voluntad de empresas y gremios marítimos que intentan hacer lo que el Estado Nacional no hace.

Por estos días, un subsecretario de Estado con algún escaso apoyo parlamentario ha lanzado a rodar un proyecto de ley de fomento de la Marina Mercante y la Industria Naval. Mientras sus propios superiores jerárquicos del Ministerio del Interior y Transportes lo miran con recelo, el grueso de los destinatarios de la norma legal descreen de que en algún momento llegue a convertirse en ley.  En épocas de vacas flacas, el problema para los dirigentes no son los peces, ni los barcos, ni los astilleros. Para fomentar cualquier aspecto de la actividad naval hacen falta cientos de millones de ausentes dólares; los que  -de existir- podrían transformarse en generosos subsidios terrestres con el consecuente acopio de votos para el angustiante 2015.

“Pampa Azul”, lindo nombre para un tango; desafortunada combinación de palabras para referir a una iniciativa marítima. Una vez más vuelven a mis oídos lo que un actual ministro me dijo hace mucho tiempo: “Pibe… los peces no votan”.  Tal vez el reciente anuncio apunte a los “pescados”, que sí lo hacen.

Así fue que dispuesto a honrar a quienes lo ungieron en el cargo, el nuevo secretario ya nos ha comunicado su primera gestión en procura de poner en jaque a la mismísima corona Británica, anunciando urbi et orbi que “serán sancionados civil y penalmente quienes realicen tareas de pesca en las adyacencias de nuestras islas sin el correspondiente permiso de pesca emitido por nuestro país”. Ya alguna vez le he comentado -amigo lector- que la porción sumergida de la patria se divide en tres partes: mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Esta última es la porción que se extiende desde la línea de más bajas mareas hasta las 200 millas mar adentro y en la cual, como estado ribereño, Argentina ejerce plenos derechos de explotación de sus recursos pesqueros y riquezas provenientes del lecho y subsuelo marinos.

Brevemente acotemos que a efectos de organizar la explotación racional de la pesca, nuestro país cuenta con un Régimen Federal de Pesca establecido por ley, que dispone el funcionamiento de un Consejo Federal Pesquero en el que representantes de todas las provincias con litoral marítimo y la Nación fijan los cupos de extracción de cada especie, las zonas de pesca y de veda, y el otorgamiento de permisos de pesca a buques tanto argentinos como extranjeros (que abonan el respectivo canon). Las decisiones de este consejo tienen en cuenta los dictámenes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que es el organismo independiente que realiza el estudio del la población ictícola en las distintas pesquerías del país.

En este contexto, todas las embarcaciones pesqueras que operan en la zona económica exclusiva circundante a Malvinas con permisos entregados por las autoridades kelper, lo están haciendo en realidad en aguas argentinas, lo que ha merituado la severa advertencia de nuestro flamante secretario de estado. Obviamente, la amenaza deviene abstracta en tanto y en cuanto esa porción de nuestro territorio no está bajo nuestro control tal como lo reconoce la propia AFIP cuando nos cobra el 35% de recargo para viajar a Puerto Argentino y cuando incluye a Malvinas como “territorios vinculados al Reino Unido”.

Anticipándose a nuestra sana crítica, la resolución indica que las sanciones apuntan a aquellas empresas pesqueras que operen en ambos mares (el usurpado por Inglaterra y el sujeto a nuestra soberanía efectiva), para lo cual se iniciarán “investigaciones” para ver cuáles son esas empresas y aplicar sobre ellas “todo el rigor de la ley”. A todo esto, claro está, primero habrá que modificar la ley, ya que la actual nada indica de aplicar ninguna sanción o prohibición a quienes operen en Malvinas y en el litoral marítimo continental en forma simultánea. Una vez que hagamos nuestros propios deberes, las empresas pesqueras internacionales harán los suyos, creando empresas paralelas sobre las que no ejerceremos el menor control y que serán las que operen en Malvinas, con alegres tripulantes saludando a nuestros buques de patrulla desde sus popas cargadas de pescado argentino.

Hablando de patrullas, la advertencia generalizada se complementa con la indicación expresa de un aumento sustancial de las actividades de patrullaje en nuestra zona económica exclusiva, algo sin lugar a dudas muy plausible, pero ya no para los ilegales pescadores malvinenses, sino para los cientos de buques que pescan en forma ilegal en nuestro propio mar soberano y que son muchísimos más que los que preocupan al secretario Filmus. Claro que habría que avisarle al funcionario que hace años que venimos descuidando por falta de medios (lease, barcos y aviones) nuestros 2.800.000 km2 de mar continental.

Con todo, justo es reconocer que todo lo que se haga (aun a título declamativo) para reafirmar nuestros derechos sobre Malvinas es bueno. El mundo debe recordar cada mañana que aquí en el lejano sur hay un pueblo dispuesto a no resignar lo que por derecho le corresponde. Si alguien pesca, extrae petróleo o explota de modo alguno nuestro mar hoy en poder del usurpador, que sepa al menos que está cometiendo un delito.

Ahora, sería mucho más auspicioso que el Estado argentino (algo más perenne que un determinado gobierno) ofrezca un discurso sin dobleces a la hora de pergeñar una estrategia sobre el tema Malvinas. La ya comentada torpeza de considerarlas fiscalmente extranjeras, so pretexto que no existe modo de implementar una excepción para los pocos argentinos que una vez al año viajan a honrar a sus muertos, es un despropósito mayúsculo.

Pero no es menos desafortunada (en este contexto) la decisión que hemos tomado respecto a impedir la llegada de cargas procedentes de nuestro país al puerto de Montevideo para ser luego reembarcadas con destino a otros mares, lo que ha producido un daño económico de proporciones mayúsculas a la mencionada terminal. Usted se preguntará amigo lector que tendrá que ver una cosa con la otra; mucho, muchísimo le diría. Una de las mayores dificultades que afronta cualquier estructura naviera que quiera operar en las lejanísimas islas Malvinas es el apoyo logístico. Dónde reaprovisionarse, dónde cargar combustible y fundamentalmente dónde reparar los buques. Siendo impensable hacerlo en puertos argentinos, el puerto de Montevideo aparece como la opción natural para hacerlo. ¿Cómo hará nuestro canciller para pretender lealtad charrúa a la hora de no aceptar en sus instalaciones portuarias a barcos procedentes o con destino a Malvinas, cuando le acabamos de quitar a ese mismo puerto el 50% de su operatividad? ¿Cómo declamar unidad “mercosuriana” si cuando nos conviene ignorar que somos un bloque político y comercial, lo ignoramos?

Tal vez la respuesta a este interrogante no la tenga ningún economista famoso, ningún brillante diplomático ni siquiera un estadista con mayúsculas, quizás sea más simple y se trate sencillamente de algo que por estos días parece ser uno de los bienes más escasos del mercado gubernamental. Me refiero al sentido común.