Una orden es un compromiso indelegable por parte de quien la da de asumir las consecuencias totales por las derivaciones -inmediatas y mediatas- que la orden pueda acarrear tanto al subordinado como a terceros involucrados en ella. Una orden es una garantía para quien la cumple de que un superior se hará formalmente cargo de todo cuanto ocurra a partir del acatamiento por parte del ejecutor, quien lo hará confiado sabiendo que su superior dará si es necesario la vida por defenderlo en todo lo relativo a su leal subordinación.

Así de simple, así de autoritario, así de “tiránico” y de repudiable para progres tímpanos y revisionistas paladares nacionales y populares. Así de castrense, así de policíaco pero también así de científico cuando el cirujano pide “bisturí” y no espera que le den “tijera”; así de mercante, como cuando el capitán del crucero ordena “diez babor” y no quiere ni cinco ni quince. Ni tampoco quiere que el timonel le consulte si está seguro de lo que le está pidiendo.

Aunque tal vez no todos lo hayan percibido, en las últimas jornadas hemos comenzado a asistir a la mayor degradación institucional jamás vivida por organizaciones comúnmente denominadas “fuerzas de seguridad” o “instituciones armadas” o en general “uniformados”. Un peligroso virus incubado a partir de la “refundación nacional de 2003” maduró pacientemente durante diez años, y a partir de un foco de erupción en Córdoba, rápidamente se comenzó a diseminar por todos los rincones de la patria, sin que ningún experto pueda a la fecha dar un diagnóstico certero sobre cuál será la vacuna que lo pueda neutralizar.

Oportunamente, cuando se originó la protesta de gendarmes y prefecturianos, dijimos desde esta columna que ver uniformados enarbolando otra cosa que no sea el pabellón nacional en un desfile era al menos tristísimo. Ni que decir del no menos triste espectáculo de ver a un cuadro policial semiuniformado gritando a viva voz en una asamblea policial cuáles son las nuevas escalas salariales que le “arrancaron al gobernador de Buenos Aires” e imaginar que comisarios mayores y generales estarán con lápiz y papel en mano escuchando qué es lo que consiguió el sargento X. En realidad, más que triste es dramático.

Uno podría razonablemente imaginar a un alto jefe policial explicando a su ministro o a su gobernador la inquietud salarial de su gente y volviendo luego al cuartel a comunicar los beneficios obtenidos. Pero el estado de asamblea permanente donde la pirámide jerárquica se subvierte llega a límites tan ridículos que hemos visto en Córdoba a un abogado devenido en “representante legal” de las tropas acuarteladas firmando con el gobernador un acta, sin que nadie a la fecha pueda explicar qué poderes legales llevó ese jurista a negociar como contraparte nada menos que del jefe de Estado provincial.

Bastante patético resultó por cierto el papel del gobernador Daniel Scioli firmando un decreto salarial ante dos o tres agentes de policía y entregándoselos para que lo lean ante la muchachada a ver si están de acuerdo. Mientras tanto, el jefe formal de la fuerza estaba negociando por su lado con otra muchachada en Mar del Plata.

La necesidad tiene cara de hereje

Varios ministros -jefe de Gabinete incluido- cumplieron con la formalidad de denunciar una “asonada policial”, un “intento desestabilizador”, justo a 30 años del fin de la salvaje dictadura militar o, como dijo el “Coqui”, una caricatura de revolución. Obvio que ninguno de los ilustres oradores estaba convencido de nada de eso. Los polis no quieren el gobierno, quieren que les blanqueen el sueldo, ganar un mango más y no tener que hacer ocho horas adicionales por día para poder llegar a fin de mes.

Lo particularmente perverso de esta situación es que hace diez años que esta porción uniformada de la sociedad es obligada asistir casi a diario a las más variadas protestas, marchas, piquetes y cortes de calles efectuados por variopintos reclamantes, a veces pacíficos, a veces agresivos pero todas la veces intocables, indetenibles, inimputables e irreprochables. Son los uniformados los que reciben la piedra, el escupitajo, el insulto y muy probablemente algún oportuno pedido de procesamiento porque a algún manifestante le apareció un rasguño en la cara.

Y resultó ser que, un buen día, esta misma porción ciudadana a la que hasta el cansancio los modernos reformadores de estructuras militares y policiales les explicó que no hay ninguna diferencia entre ellos y el resto de los mortales y que son simples ciudadanos de uniforme, se autoconvenció de que la mano venía por ese lado y no hizo ni más menos que aquello que todos los días ven hacer al resto de la sociedad a la que sirven, y con muy buenos resultados por cierto.

Y obviamente, al compás de los vidrios rotos y de los plasmas robados, gobernantes varios cayeron en la cuenta de que no es lo mismo que Moyano no junte los residuos o no mande nafta a las estaciones de servicio a que la “poli” libere las calles. Cualquier gil tiene medio tanque de reserva o guarda la bolsita de residuos en la casa. Pero una turba arrasando comercios no resiste muchas horas sin que la estabilidad política se haga añicos.

Si la valiente muchachada de la Armada, del Ejército o de la Fuerza Aérea osara tan sólo pedir “Aspirinas para todos”, tenga por seguro, amigo lector, que los pasan a degüello (y con razón, claro está) en cinco minutos. Como usted bien sabe, por estos días un general, un brigadier o  un almirante más o menos no es algo que modifique un ápice al gran proyecto nacional y popular. Si los tanques, aviones y barcos no andan, no hay que preocuparse demasiado por aquellos que en teoría los tienen bajo su control.

Pero la poli… la poli es otra cosa; aunque más no sea para la protección de los funcionarios y sus cuantiosos bienes terrenales, por ahora los necesitamos.

Y a pesar del ya tradicional desprecio hacia lo castrense, al parecer se han impartido discretas órdenes para un no menos discreto acuartelamiento de personal militar en algunas unidades linderas con áreas sensibles, por si las moscas…

Lamentablemente, a partir de ahora cuando los muchos sargentos X, negociadores ante las máximas autoridades de las provincias, “conseguidores” de mejoras salariales para sí mismos, para sus compañeros y hasta para sus propios jefes y autoproclamados “capangas policiales”, reciban un directiva de parte de un joven oficial para salir a patrullar algún sector caliente de sus provincias y no les guste, aquella frase inicio de esta columna (¡Es una orden!), se pondrá en evidencia que algo se ha roto para siempre en la cadena de mandos policiales y comenzaremos a ver que el remedio fue mucho peor que la enfermedad. Sólo es cuestión de sentarse a esperar cuál será la próxima rebelión policial y cuáles los reclamos a satisfacer; ya quedó demostrado que serán atendidos sin dilaciones.

Así las cosas, y ante lo irreversible de la situación, sería mejor que al menos para los cuadros subalternos de las fuerzas policiales se establezca la representación gremial. De tal manera que se evite la repetición de los estados deliberativos y que exista una estructura que pueda hacer llegar orgánicamente a las autoridades políticas del Estado las necesidades más o menos sensatas de la tropa policial.

Para muchos viejos cuadros castrenses, leer esta afirmación deberá ser seguramente más “escandaloso” que la aprobación de la Ley de Divorcio, el matrimonio igualitario o la libre adopción de la identidad de género. Pero nos guste o no, algo comenzó a quebrarse en la nación, y digo que comenzó porque el final de esta película aún es incierto.

Rápidos de reflejos, los mandos de las fuerzas federales han hecho saber a la conducción política que será muy difícil que un agente bonaerense con un básico de $ 8.500 pueda coexistir con un marinero o gendarme de $2.800. ¿Dónde habría quedado entonces el viejo axioma sindical “a igualdad de tarea, igualdad de remuneración”? Con rapidez aún mayor, la política acaba de anunciar a la ciudadanía que se dispuso un “premio” a las fuerzas federales por su actuación en la represión de los saqueos. En la volteada cayó también la policía aeronáutica, que obviamente no reprime saqueo alguno pues no tiene ni elementos, ni personal apto para esa tarea.

En realidad en lo que se trabaja contra reloj es en una rápida adecuación de los valores salariales federales a sumas equivalentes a las obtenidas por los “díscolos provinciales” como única forma que la próxima orden que reciba un “federal” no sea respondida con un irreproducible epíteto.

La situación es mucho más grave de lo que puede imaginarse y no sólo por una mera cuestión salarial. El problema es filosófico; una extraña mezcla de mala paga, mal trato y ninguneo, con un generoso condimento “civilizador” que destruye a cualquier estructura verticalista.

La fabulosa máquina igualadora puesta en marcha desde hace una década, está funcionado a la perfección: hemos igualado gracias al modelo a policías con piqueteros. Misión cumplida. Un visionario del siglo pasado lo explicó magistralmente:

No pienses más, echate a un lao, 
que a nadie importa si naciste honrao.
Que es lo mismo el que labura
noche y día como un buey
que el que vive de las minas, que el que mata o el que cura
o está fuera de la ley.

Tanto “caminar” el territorio provincial, tanto contacto con los vecinos, con los más humildes, con los sectores sociales. Tantas inauguraciones de cosas hechas por particulares que prestan el podio para que se luzcan los dirigentes, tanto spot, tanta plata gastada en hacer que conozcamos al candidato y tan poca inversión intelectual para hacer que el candidato conozca un poco el territorio que aspira a representar parece, cuanto menos, una gran tomadura de pelo a la sociedad entera.

¿Será tal vez porque el aspirante tan diligente para mostrarnos su situación sentimental desde las páginas de varias revistas del corazón no ha tenido tiempo en los últimos años para conmoverse por tragedias ferroviarias, en lugares tan remotos como Castelar, Flores u Once o lo que es peor jamás se le ocurrió pensar cuál es una de las vías de egreso de los bienes que se producen en el corazón de su provincia? ¿No necesitará el candidato el voto de la gente de lugares ignotos como pueden ser Moreno, Merlo, Ramos Mejía o Luján? ¿No querrá que lo voten en Bragado o Chivilcoy? Tal vez sea mucho pedir que el señor intendente viaje en los viejos, sucios e inseguros trenes del Sarmiento, pero al menos que conozca su existencia no parece demasiada exigencia.

Pero creo -amigo lector- que esta respuesta tan honesta como lapidaria es sólo la punta del iceberg (una vez más la analogía marina define el concepto): esta letal ignorancia ferroviaria del candidato desnuda crudamente algo que para ponerlo en términos cristinistas podríamos denominar como “la ignorancia profunda”. Algo que parece ser materia corriente en buena parte de la actual dirigencia gubernamental y seguramente en muchos opositores también. Inflación, seguridad, dólar, educación y algún que otro tema más, son los caballitos de batalla más rentables a la hora de la campaña proselitista. Debemos asimismo reconocer que la mayor parte de nosotros centramos nuestra atención en alguno o en todos los temas enunciados.

Pero ¿qué pasaría si siguiendo la misma línea que marcó la simple pregunta que motiva esta columna, algún medio periodístico se lanzara a preguntar cuestiones tan complejas como cuáles son los principales puertos de la Provincia de Buenos Aires, cuál es la causa que hace que el puerto de Mar del Plata se encuentre prácticamente paralizado, cuál es la situación del sistema carretero de la provincia y cuáles los cuellos de botella que retrasan y encarecen el transporte terrestre? Elija usted, amigo lector, algunas preguntas relacionadas con su oficio o profesión, arme una lista con las más básicas y atrévase a imaginar que dirigente o líder político estaría en condiciones de dar -al menos- una opinión coherente sino la respuesta correcta. No podemos pretender que todos sepan de todo, claro que no. Se supone que el líder tiene la capacidad de armar un equipo de idóneos que manejan cada área de gobierno llevando a la práctica de una forma técnicamente correcta, las decisiones políticas esbozadas desde la máxima conducción.

No parece ser el caso, por ejemplo, del ministro de Defensa, Agustín Rossi, que acaba de disponer que vetustos aviones navales de entrenamiento (Turbomentor T34) con más de 40 años de servicio se enfrenten con las modernas aeronaves usadas por los narcotraficantes para violar el espacio aéreo de nuestro país. Nuestros “hermanos bolivarianos”, entretanto, utilizan para el mismo fin modernos aviones F16. Tampoco sería el caso de la magistral conducción de algunos aspectos de nuestra economía con ideas espectaculares que abarcan desde el cepo a la compra de divisas, hasta el pan, pollo, carne, cerdo y pescado para todos, pasando por la Supercard, los Cedines, las brigadas juveniles controladoras de precios y todas las otras que harían esta lista interminable.

Tampoco parece ser muy brillante la idea del ministro del Interior y Transportes, que ha tenido la ocurrencia de disponer que para evitar que los trenes se sigan estrellando en las terminales los guardas se trasladen a la cabina de conducción para “hacerle el aguante” al motorman en el último tramo del recorrido y evitar que se duerma antes que los rieles se terminen. Ahora sí viajaremos seguros… Además, en el mismo acto nos anunció a todos y todas que había dispuesto estatizar el Sarmiento, demostrando que el actual presidente a cargo es un óleo viviente, ya que ni hizo falta su aprobación para una medida tan radical como la anunciada.

Para no abandonar el original propósito marinero de esta columna, déjeme contarle -amigo lector- que pocos días antes de afrontar sus actuales problemas de salud, la presidente, preocupada por el caos y descontrol que reina en el transporte marítimo y fluvial y ante la falta de respuestas que podía brindarle el secretario de Transportes de la Nación, convocó a su despacho a un funcionario de tercera línea del sector marítimo para que antes que darle soluciones, le explique por lo menos los problemas. Este profesional del mar, para nada devoto de la ideología gobernante, pero profundo conocedor de la realidad del sector en el que cumple sus tareas, pudo en algo más de media hora darle a la mandataria un esbozo del problema. Lamentablemente, a pocas horas de escucharlo, la jefa de Estado entró al quirófano y habrá que ver cuando regrese al poder qué es lo que recordará de esa charla, pero éste ha sido un primer y valioso gesto de tratar de convocar a los que más saben en lugar de a los que mejor militan.

Y así estamos, sin saber quién conduce hoy por hoy este barco llamado “Argentina”, con candidatos alegres y ambles que desconocen elementales cuestiones de nuestra realidad, librados a una suerte incierta, con la única esperanza de que tal vez en algún momento algo cambie para mejor. Mientras tanto con su sonrisa angelical, con sus buenos modales y con sus bonitas producciones fotográficas, Martín el candidato oficialista, ayer, sin inmutarse con su respuesta… nos mató a todos un poquito.

En parte es muy bueno que el país no tiemble ante una renovación de mandos militares. Desde hace muchísimos años (muchos antes de la llegada de la actual gestión K al poder) los militares aprendieron la lección y se convencieron de que su rol no es la política sino ser el instrumento armado de la Nación al servicio de la conducción civil del país.

Puertas adentro de las instituciones militares, algunos de estos cambios eran esperados y hasta podríamos afirmar que estaban demorados. En diciembre el Poder Ejecutivo ascendió a dos decenas de nuevos generales, almirantes y brigadieres y no les asignó destino, con lo cual tuvimos una importante cantidad de altos oficiales de las tres fuerzas varios meses “haciendo banco” a la espera de que alguien les indique qué sillón ocupar.

Todo el funcionamiento de las fuerzas armadas se vio en parte resentido por la indefinición general de los pases en los puestos más altos de la conducción militar y en los correspondientes a buena parte de los comandos y direcciones de segunda línea; muchos oficiales, aun sabiendo que su próximo destino sería el retiro, continuaron durante largos meses ejerciendo funciones en una suerte de letargo administrativo que transformó sus mandos en simples sellos de goma sin poder real de decisión.

Lo extemporáneo (para la tradición administrativa de las FFAA) de estos relevos a mitad del año militar no hará sin lugar a dudas mella en el funcionamiento general de la Nación, pero tendremos una gran cantidad de funcionarios del Estado (que sean militares no los hace menos funcionarios que los que ocupan cargos civiles en la administración pública) que asumirán sus tareas, sabiendo que en pocos meses deberán abandonarlas.

Seguramente en este punto del relato la mayoría de los lectores percibirá a este tema como de poca o nula relevancia para el devenir de sus preocupaciones cotidianas -salarios, seguridad, cepo, servicios públicos, elecciones, presión fiscal, etcétera-. Son sin lugar a dudas los temas que ocupan mayoritariamente nuestra capacidad para deglutir la dura realidad nacional. Pero curiosamente, y aunque no lo percibimos, lo que ocurre con el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación nos afecta de una u otra manera, por el sólo hecho de que su funcionamiento es financiado ni más ni menos que con nuestros impuestos, por lo que al margen de tener derecho a saber cómo funcionan, tenemos el deber como sociedad de asegurarnos que funcionen adecuadamente, como cualquier otro aspecto de las actividades a cargo del Estado nacional.

La relación del gobierno con las FFAA en los últimos años no ha sido ni peor ni mejor que la de las anteriores gestiones democráticas iniciadas a partir de 1983. Siempre ha existido en estos 30 años un mensaje para la tribuna teñido de cierta dosis de hostilidad, matizado con la inevitable necesidad de coexistir con esa porción de ciudadanos de uniforme a los que también hay de administrar y de los que (al menos por ahora) la Argentina no ha de prescindir.

Desde el Juicio a la Juntas hasta el “baje el cuadro” hemos visto desfilar decenas de generales, y sus equivalentes de otras fuerzas, quienes con mejor o peor suerte han administrado las “armas de la democracia” con cada vez menos recursos, con material más viejo, con personal menos incentivado y con un futuro cada vez más incierto. Y cada tanto reciben en público algún reto -cada vez son menos frecuentes, hay que reconocerlo-, donde se los arenga por los crímenes y desaciertos cometidos por otros y se los exhorta a ser democráticos e integrarse a la sociedad, cuando en realidad desde hace años lo son y si no se integran más a la sociedad es porque no los dejan. De hecho en cada oportunidad que un cuartel, un buque o un avión es abierto a la visita pública, miles de argentinos concurren gustosos a conocer un poco más cerca la actividad militar.

Tal vez la mística actual no considere propicio organizar un desfile cívico militar en una fecha patria y sea mejor que Fito Paez envuelto en la bandera bolivariana o músicos extranjeros nos traigan sus foráneos acordes. Pero la realidad es que a la gente ambas cosas le gustan; si no, recordemos los cientos de miles de personas que hicieron horas de cola para visitar a la fragata Libertad en Mar del Plata.

Ahora bien, podremos renovar las cúpulas castrenses una y cien veces, y de hecho nadie podrá negar el legítimo derecho del presidente como comandante en jefe de las FFAA de hacerlo. Pero va siendo hora de plantear seriamente qué fuerzas armadas queremos y para qué las queremos. Y si bien desde esta columna lo hemos dicho varias veces, no está de más aprovechar estos tiempos de cambio de conducción para refrescar las ideas.

Salud, seguridad, defensa y educación son las tareas indelegables del Estado. Luego podremos discutir quién explota Vaca Muerta (ahora resucitada por mandato presidencial), podremos analizar si debemos tener aviones, buques mercantes, teléfonos celulares, transporte público, tarjetas de crédito populares, fábricas de ropa para todos y todas, y una larga lista de actividades a las que el Estado pretende acceder (en algunas de ellas me verán como entusiasta adherente).

Salud, seguridad, defensa y educación, sin embargo, son las cuatro grandes asignaturas pendientes de la democracia; aunque nos revoleen estadísticas y datos, ninguna de las cuatro está a la altura de lo que nuestro país merece. Acabamos de perder por goleada una compulsa internacional sobre nivel de educación. La salud pública (y la privada) están paradójicamente muy enfermas, la seguridad ha llegado a niveles tan alarmantes que cada día somos más conscientes al salir de nuestras casas de que tenemos un alto grado de probabilidades de no volver, o al menos de no volver en las mismas condiciones en las que salimos.

Por último, la Nación está indefensa, sujeta sólo al devenir pacífico de la región en la medida en que todas nuestras acciones legítimas en resguardo de nuestros intereses no colisionen jamás con los intereses de terceros. El alto grado de decrepitud de los medios de la defensa nacional no es una realidad por la que se pueda culpar a la actual gestión de gobierno; al menos no únicamente.

Tal vez, como pasa muchas veces en nuestra propia vida, la prioridad lo tenga lo urgente sobre lo importante. El único problema es que cuando algún hecho inesperado torna urgente a lo importante, indefectiblemente ya será tarde para actuar.