Una de las tantas luchas que nuestra jefa de Estado ha comandado desde su llegada al trono (perdón, quise decir al poder) es la causa de la igualdad de género. En cada acto público o privado, la mandataria se ocupa de dejar bien en claro (y con razón) lo mucho que le ha costado al género femenino ir escalando en todos los órdenes para afianzar sus derechos. La tarea no les ha sido fácil, pero nadie con dos dedos de frente podrá hoy sostener que deberían existir diferencias de género en cuestiones laborales, sociales, familiares o la que se nos ocurra.

Por esas cosas de la naturaleza, dar a luz sigue siendo un privilegio femenino y por esas cosas de los hombres el sacerdocio les sigue estando vedado, pero quién sabe por cuanto tiempo más.

No obstante lo expuesto, algunos bastiones exclusivamente masculinos hasta hace algunos años parecían conspirar contra los deseos de la jefa cuando arribó a las puertas de la Casa Rosada.

Con la firme convicción de marcar su estilo, dispuso poco antes de asumir que sus edecanes militares fueran militares de sexo femenino. ¡Menudo problema! Si bien las Fuerzas Armadas cuentan con mujeres con estado militar desde hace años, no hace mucho que se abrieron las puertas de las escuelas de formación de oficiales de comando para el sexo femenino, razón por la cual era imposible dotar a Cristina de una teniente coronel, una capitán de fragata y una vicecomodoro para cumplir la función.

La impronta K entonces hizo su movida y la cuestión de la idoneidad para el cargo quedó de lado. ¿A quién le podría importar si eran o no realmente militares de carrera o medianamente eficientes profesionales universitarias de uniforme?

Daría para una columna aparte narrar los pormenores del casting organizado por el Ministerio de Defensa para seleccionar a las candidatas. Importaba su foja de servicios, pero por sobre todo que no poseyeran características físicas que pudieran eclipsar en todo o en parte la figura presidencial. La Dra. Nilda Garré en persona hizo la selección.

Así las cosas, fueron seleccionadas una brillante médica y odontóloga por la Armada, una licenciada en sistemas por el Ejército y una bioquímica por la Fuerza Aérea. Tres buenas profesionales que alguna vez fueron convocadas por la patria para vestir su uniforme y servirla desde el ejercicio de su profesión universitaria. Pero, ¿quién se animaría a decirle a ella que la función del edecán estaba reservada para oficiales del cuerpo de comando?

Como seguramente usted sabe, los destinos militares son bastante acotados en el tiempo: uno o dos años, por lo general y en algunos casos específicos tal vez tres. Normalmente aun para el caso de los profesionales universitarios, la rotación es algo buscado y deseado tanto por la fuerza como por el propio militar.

Pero Cristina se encariñó con las chicas y hace ocho años que las edecanes la acompañan día y noche en alegrías y desventuras. Alejadas por completo de su relación con las fuerzas a las que pertenecen y con las profesiones que en ellas ejercían, las tres llegaron a ascender al grado de oficiales superiores (coronel, capitán de navío y comodoro) sin ser asignadas a nuevas tareas acordes a su mayor jerarquía y permanecieron inamovibles junto a la jefa.

En los pasillos del poder es bien conocida la obsesión de Cristina por llegar a ver a una mujer en la cima de las estructuras uniformadas. Se la vio feliz entregando su diploma a la primera mujer comisario general de la Federal, pero en la milicia los tiempos no le dan. En el proceso madurativo de la carrera militar, las mujeres de comando aún están verdes, transitan los primeros grados de la carrera y todavía faltan muchos años para que lleguen a lucir soles o estrellas en sus hombros.

A falta de recurso humano vivo, la Presidente echó mano a los difuntos y ascendió sin más trámite a Juana Azurduy, al fin y al cabo es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ello incluye a militares con vida, fallecidos o incluso los por nacer.

Pero esto no alcanzó para calmar su sed feminista, es por ello que para despuntar el vicio y darse el gusto, acaba de mandar al Senado el pliego de ascenso a general de una de sus edecanes, la coronel, cuerpo profesional, analista de sistemas María Isabel Pansa.

Para ello primero tuvo que firmar un decreto (1521/15) en el que, so pretexto de combatir la discriminación, habilita a cualquier profesional universitario a alcanzar la máxima jerarquía militar, aunque la fuerza no tenga previsto un cargo en la conducción superior para todas las profesiones.

Cristina tendrá finalmente una generala viva, poco importa a sus fines si en realidad está condenando a una buena profesional al casi seguro destierro que deberá soportar al dejar sus funciones como edecán y pretenda retornar a un ejército en donde hay más generales que tanques, pero que no tiene en su orgánica un cargo para un general psicólogo y analista de sistemas. Aunque tal vez podría dar contención emocional a 55 generales que conducen un ejército sin armas, sin misión y sin futuro.

Cristina cumplirá su sueño, tendrá a una generala cuidándole las espaldas en el último tramo de su gestión. Generala que dependerá orgánicamente de un teniente coronel que ocupa el cargo de jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, pero es un detalle no más.

Cristina fue por demás generosa con las mujeres de uniforme. También habilitó a las profesionales universitarias a ocupar cargos como agregadas militares en nuestras embajadas, no así a los varones con el mismo título, pero un poco de injusticia con el sexo fuerte para compensar años de machismo desenfrenado no viene mal.

Cristina curiosamente jamás promovió un mínimo encuentro con muy reducido grupo de mujeres que ostentan con orgullo la condición de Veteranas de Malvinas. Integran el mismo ejército de la futura general Pansa, también provienen de la Fuerza Aérea y de la Marina Mercante. Curiosidades de una feminista que hace ocho años dijo: “No me traigan mujeres altas, rubias y con buenas piernas”. Y que por alguna extraña razón no ha querido sacarse una simple foto con un puñado de mujeres enviadas a una guerra sin más armas que su oficio o profesión, verdaderas heroínas vivientes de la patria, que, expuestas en público, podrían haber merecido un aplauso, un reconocimiento o un vitoreo ligeramente superiores a los que reclama para sí en forma exclusiva, permanente y, por qué no, perpetua.

Al caer la tarde, el Palacio de Tribunales se cubrió con variopinto paisaje que ya no asombra por novedoso, pero escandaliza por la realidad que desnuda. Miles de ciudadanos comunes pidiendo justicia, no para criminales o para sus víctimas, tampoco para desaparecidos, despedidos o indultados.

El pueblo pedía justicia para los encargados de impartirla: los justiciables clamando por los derechos de los “justiciantes”. Funcionarios con altísimos cargos institucionales en el tercer poder del Estado nacional pidiendo ayuda a la ciudadanía para que no avasallen sus derechos. Unos y otros con sus familias, esposas de jueces y magistrados varios gritando “justicia, justicia”, de la misma manera que lo suelen hacer las mamás de tantas víctimas inocentes de la sensación de inseguridad.

Claramente esta escena ya repetida es la lógica reacción ciudadana a los cada vez más escandalosos atropellos que la mala política le propina al Poder Judicial, pero no por eso la situación es menos patética. Es como ver al policía pidiéndonos que lo defendamos de un ladrón que le mete miedo, o que el médico nos diga que la sangre le causa impresión. Es el mundo del revés en su máxima expresión. Es o debe ser la última señal de alarma antes de la explosión final.

No hay ninguna posibilidad de que este desesperado acto social pueda ser evaluado como exitoso. No importa si fueron mil, diez mil o cien mil personas, si se cantó mucho, poco e incluso si se emparentó al amenazado juez subrogante Cabral con el heroico sargento del ejército de San Martín. El fracaso está originado en la propia necesidad de recurrir al pueblo para peticionar por algo tan básico como la independencia judicial. Una reacción social que indica más un acto reflejo de defensa que una acción a la espera de un cambio de rumbo en la tozudez presidencial. Algo tan risueño como el airado reclamo de la mamá del ministro Randazzo, al pedir por la maldad que le hicieron al “nene”. No solo Máximo tiene una madre aguerrida, según parece.

Pero si pensaba que el día terminaba allí… La noche de Teté le reservaba aún un plato más fuerte, más sabroso y más difícil de digerir. ¡Qué digo un plato, una cena completa, con entrada, principal, postre y discurso! Un discurso no apto para generales, brigadieres y almirantes con problemas de digestión.

A contrario sensu de lo acontecido en 2014, oportunidad en que la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tuvo a los militares juntando orín hasta el 25 de agosto para honrarlos con su presencia en la tradicional cena de camaradería castrense, la correspondiente a 2015 fue disparada con escasas 48 horas de anticipación, de tal suerte de hacer coincidir el acto con la anteriormente resumida marcha de apoyo al Poder Judicial.

Mansos de mansedumbre total, los “altos mandos” no atinaron a esbozar las dificultades operativas que entrañaba montar todo lo necesario con tan poco tiempo. La existencia de una “cuenta corriente gastronómica” facilita las cosas, pues los cubiertos se pagan por adelantado y para todo el año. Pero entorchados coroneles tuvieron que supervisar personalmente la puesta a punto del salón Libertador del Ministerio de Defensa con muy poco tiempo de antelación para la agilidad operativa de fuerzas armadas que virtualmente están paralizadas desde hace años.

250 oficiales de las Fuerzas Armas, más ministros, más jefes de las Fuerzas de Seguridad, más algún que otro fiscal amigo de la milicia, se calzaron sus uniformes de gala y se aprestaron a ocupar las mesas prolijamente repartidas entre las tres armas y acorde a las jerarquías, para comer sin casi hablar y escuchar a los postres una clase magistral sobre su propia profesión; para aprender algo de lo que ya saben; para enterarse de mejoras operativas que nunca vieron; y para agradecer a Dios que en virtud de las normas castrenses al comandante no se lo debe aplaudir al final de cada frase. Algunos aún recuerdan que son miliares y no militantes.

El primer reclamo presidencial no fue dirigido a comandante uniformado alguno, fue más bien abstracto. Deja el poder sin tener “una generala o una almiranta o una brigadiera”. Tal vez por ello se lleve las palmas la difunta Juana Azurduy. Si de palmas hablamos, la jefe de Estado parece saber mucho de barcos y aviones, pero no aprendió en años a distinguir los grados de sus subordinados de uniforme. Amable como pocos, el jefe de nuestra marina de “guerra” sonreía angelical, cuando su comandante le preguntaba: “¿Qué lleva un almirante en los hombros?”.

Acto seguido, surgió la exitosa defensa de nuestra fragata Libertad. Exitosa, claro está, porque sabiamente en esa ocasión el Poder Ejecutivo puso al frente de la negociación a diplomáticos de carrera. No dijo nada la Presidente de los almirantes pasados a retiro sin tener la menor culpa por la torpe decisión de mandar al buque escuela a un puerto sobre el que nada conocíamos. Tampoco dijo por qué la embajadora de los mares está guardada en un muelle oculto a la vista de su pueblo (este año hizo solo un viaje, paseando turistas militantes por la ciudad feliz).

Ya sin militares con rudas caras pintadas, pero sí con almirantes con prolijas barbas candado, también fue pródiga la primera mandataria en recordar lo mucho que se ha realizado en materia de educación en los institutos dependientes de las fuerzas. “Hemos repartido notebooks en todos los liceos militares”. Es verdad; también lo es el hecho de que esos cadetes que estudian en institutos del Estado pagan una cuota que supera los 2500 pesos mensuales, más sus libros, más sus uniformes; así que podría decirse que en un país con educación gratuita, en este caso se la han cobrado.

No dijo nada, por ejemplo, sobre la escuela más antigua que existe en el ámbito del Ministerio de Defensa, fundada por su prócer favorito. La Armada declara (y es verdad) que no tiene partida presupuestaria para dar comida, o al menos una taza de mate cocido caliente, a los cadetes de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano.

La creación de un comando de “ciberdefensa” fue expuesta con orgullo presidencial, pero nada se dijo sobre miles de balas, toneladas de pólvora y hasta un misil perdidos sin novedad.

Revitalización declamada de la industria para la defensa, orgullo para todos, pero compramos en concreto cuatro barcos viejos para la Armada, con serios problemas en sus motores y que no servirán para patrullar el mar argentino, ya que su velocidad y su configuración no los tornan aptos para ello.

Y siguió la arenga, con el Almirante Irízar, el barco en el que ya gastamos miles de millones de pesos y que por ahora no tiene la menor posibilidad de ver más hielo que el que existe en la heladera del comedor.

Como se ha explicado reiteradamente, el hecho constituye un claro caso “SAR” (Search and Rescue). El SAR es un protocolo implementado por la OMI (Organización Marítima Mundial) por el cual los estados partes del convenio para la salvaguarda de la vida humana en el mar, asumen a través de sus autoridades marítimas o armadas la responsabilidad de búsqueda y rescate de personas en peligro de vida en el mar

Naufragios, incendios, colisiones de grandes buques o pequeñas embarcaciones deportivas como en este caso. Ponen en marcha enormes y costosos procesos que movilizan hombres y medios en defensa del más preciado de los bienes: la vida humana.

El Tunante II se accidentó en una ubicación geográfica que cae bajo responsabilidad SAR del estado brasilero. La Armada del país vecino estuvo a la altura de las circunstancias y desplegó a la zona de probable ubicación del velero a medios navales y aéreos

Casualmente, en fecha coincidente con el siniestro, la Argentina estaba a punto de desarrollar junto a las marinas de Brasil, Uruguay y Sudáfrica el tradicional ejercicio conjunto ATLASUR. Dada esta circunstancia, la corbeta argentina ARA Rosales se encontraba en posición de sumarse a la búsqueda en forma solidaria, ya que como dijimos el área del siniestro no está bajo responsabilidad de nuestro país.

Por recomendación de la Armada, y en una acertada decisión , días después el ministerio de Defensa autorizó la zarpada de otra corbeta. En este caso, la más moderna de la flota de mar ARA Gomez Roca (de la clase Meko 140) y además un avión de exploración P3 Orión. De acuerdo a la normativa internacional, este tipo de acciones de rescate no generan ningún tipo de resarcimiento al estado rescatador; obviamente mucho menos al colaborador. Lo que permite inferir que el esfuerzo presupuestario de esta misión con fecha aún incierta de terminación será absorbido en su totalidad por el Estado Nacional

Hasta aquí todo impecable. La acción de nuestros hombres y mujeres de la fuerza naval, pero también la predisposición de las autoridades políticas del área al autorizar a la Armada a cumplir con una tarea humanitaria. Pero la noticia emanada ayer desde la cartera que dirige Agustín Rossi amerita un pequeño llamado de atención

“El ministro de Defensa dispuso que la fragata Libertad se sume a la búsqueda del velero Tunante II”. La noticia sorprendió a la comunidad especializada en temas navales por la sencilla razón que la “Libertad” no es un medio básicamente idóneo para tareas de búsqueda. No tiene un sistema de propulsión que le permita desarrollar una gran velocidad, su condición de buque velero lo hace poco ágil para la maniobra, tampoco lleva equipamiento apto para la tarea de búsqueda y, obviamente, al ser un buque escuela, el grueso de su tripulación son cadetes con poca experiencia en el mar.

Hace algunas horas, algunas autoridades del ministerio aclararon que en realidad el buque tenía previsto zarpar de regreso a nuestro país en la mañana del 10 de setiembre y que en su navegación normal de regreso al sur atravesará durante dos días parte de la zona de búsqueda. No se desviará ni hará otra cosa que no sea prestar atención extraordinaria a lo que pueda acontecer a su alrededor

Esto es técnicamente correcto y estrictamente obligatorio. Mientras dure la emergencia decretada por la armada de Brasil, todo buque civil o militar que navegue por la zona tiene obligación de hacerlo. Pero considerando que cuatro familias siguen con infinita esperanza cualquier novedad que se produzca en relación con los navegantes perdidos, sería bueno dejar de lado la propaganda política propia de ministros en campaña y respetar el sufrimiento de esas familias intentado no borrar con el codo del oportunismo político. Una buena decisión que mereció, por una vez, que los marinos argentinos se sintieran orgullosos de su ministro de Defensa.

Como solemos decir, los ciudadanos comunes (que venimos a ser todos, militares, civiles y -aunque ellos no lo crean- los políticos también) tienen cada mañana problemas tan variados y tan importantes que atender que no suelen contar con tiempo libre para detenerse a analizar aquellos temas que no impactan en su presente urgente. Nuevas preocupaciones afloran cada día y con más fuerza en todas y cada una de las áreas en las que el Estado tiene responsabilidad directa ya sea por acción u omisión. No sólo la inexistente defensa sino la educación, la salud, la seguridad, la política económica… y sigue la lista. Asumiendo entonces que todo lo que ocurre nos impacta más tarde o más temprano, en mayor o en menor medida e incluso aunque nos demos o no nos demos cuenta.

Es cada vez más perceptible que la actual conducción política del Estado nacional se encuentra -por decirlo de una manera elegante- “compartimentada” a un nivel tal en el que cada funcionario es una especie de isla (y como tal, precisamente asilado) del resto del equipo gubernamental. Sólo así se explica que, por ejemplo, el jefe de Gabinete niegue ayuda policial a la provincia de Córdoba mientras que el secretario de Seguridad (que oficia de ministro) estuviera disponiendo el envío de tropas a la misma provincia. Tampoco se entiende por qué el jefe de los recaudadores negó hasta el cansancio que se fueran aumentar las retenciones a las compras con tarjeta en el exterior, hasta pocas horas antes de proceder a hacer lo contrario.

En la actividad de la que suelo ocuparme (la naval) por estos días se vivió un hecho sin precedentes: dos funcionarios nacionales dependientes de la misma cartera debían hacer uso de la palabra en un acto académico. Para sorpresa del público y de los organizadores del evento, el de mayor jerarquía dijo: “si este señor habla yo no lo hago”. ¿Quedó claro no? Ambos reportan al mismo ministerio, no hablamos de las habituales chicanas oficialismo-oposición. A ambos les pagamos un suculento sueldo para que ayuden a conducir la Nación. Y los dos juraron lealtad al modelo. ¿Podemos esperar algún acuerdo de gobernabilidad con la oposición si la interna gubernamental llega a estos extremos?

Ahora bien, nuestro país viene cargando desde hace muchísimas décadas (casi desde su propio nacimiento) con constantes procesos “fundacionales” que hacen que ante cada cambio de gestión gubernamental, todo lo hecho, producido o avanzado hasta ese momento entre en revisión y termine en algún momento siendo descartado y hasta en algunos casos demonizado. La historia argentina está llena de edificios demolidos antes de ser inaugurados, obras canceladas, acuerdos rotos, alineamientos internacionales desechados, etcétera. Recuerde, amigo lector, que según parece nuestro país se refundó en 2003, y nada de lo anteriormente construido (democracia incluida) parece tener valor alguno. Pero la actual conducción de la Nación ha llegado al extremo de cerrar ciclos dentro de su misma gestión.

No quiero abrumarlo con ejemplos pero con sólo repasar los nombres de buena parte del arco opositor actual nos toparemos con: Alberto Fernandez, Sergio Masa, Lavagna, Redrado, Losteau y sigue la lista. Nos alegramos porque se fue el malo de Moreno, como si este soldado del modelo hubiera hecho lo que quiso y no lo que le ordenaron. En fin, creo que usted entiende a lo que apunto. A la “exitosa” gestión de Garré en Defensa, la siguió la “exitosísima” gestión Puricelli, que trató de desandar todo lo hecho mal (según don Arturo) por su ineficiente antecesora. Entre otras cosas el nuevo ministro se ocupó prontamente de dar por tierra con todo el andamiaje logístico de emergencia, armado para contrarrestar la falta de nuestro único rompehielos, imprescindible para el abastecimiento de las bases antárticas transitorias y permanentes y para el recambio de las distintas dotaciones. Así fue que contrató a un costo elevadísimo los servicios de un buque no apto para la tarea antártica, dejando en serio riesgo de vida a decenas de argentinos, que debieron implorar a los dioses que el clima polar posibilitara un abastecimiento a cuentagotas de víveres y combustibles arrojados desde el aire, o provistos en forzados aterrizajes invernales.

Hay que destacar que si algo compartieron Garré y Puricelli fue el empecinamiento en mantener la reparación del averiado coloso en manos del taller naval Tandanor, que ya lleva varios años de infructuosa labor intentando poner en servicio al “Irizar”, sin medir costos y tiempos y con el particular orgullo que suele demostrar el funcionario a cargo del pseudoastillero estatal, quien se jacta de haber transformado al rompehielos en una fuente inagotable de trabajo para los argentinos. Sin decir que ya gastamos el equivalente a dos rompehielos nuevos. La llegada de Rossi al Ministerio de Defensa implicó un nuevo fin de ciclo, descartando lo actuado por Puricelli (que al parecer, según la gestión Rossi no fue tan impecable) y este año volveremos a contar con los servicios de un rompehielos ruso “Vasily Golovnin” que por la módica suma de 25 millones de dólares más gastos operativos de helicópteros y otras yerbas, intentará hacer que nuestros polares conciudadanos no deban temer por la falta de alimentos o insumos para calefaccionar sus heladas jornadas.

Es más que evidente que Córdoba nos queda más a mano que la base Marambio. Que la falta de electricidad en el Gran Buenos Aires es más acuciante que el racionamiento en el uso de los generadores eléctricos de la base Orcadas (esa que Puricelli rebautizó como “Ahorcadas”) y la falta de dólares en la “citi” nos impacte más que la friolera de dólares que se siguen escapando para intentar seguir manteniendo la celeste y blanca flameando en el polo sur; pero todo parece obedecer a un denominador común. La mala calidad de la gestión administrativa llega incluso más allá del signo político de los ocasionales gobernantes.

No podemos pensar racionalmente que quienes conducen el timón de la patria nos quieran hacer daño deliberadamente. No se pueden alegrar al ver que nos matan como a perros por robarnos un reloj de cien pesos, o un par de zapatillas usadas. No pueden reír por la falta de agua potable en el norte argentino; no los imagino brindando por los malos resultados que obtenemos en comparaciones educativas regionales, ni los veo organizando una fiesta para celebrar el 30% de “corrimiento de precios”. Entonces, si no estoy equivocado, si en el fondo son un montón de gente buena que trata de hacer lo mejor que puede, que nos quiere y nos respeta pero que no llega a acertar con la solución acertada para cada área de la gestión estatal, si el problema no es ni más ni menos que una manifiesta incapacidad para la gestión, ¿cómo hacer para que entiendan que al menos podrían pensar en pedir ayuda? Debemos tener cuidado; tal vez nuestros gobernantes coincidan en general con lo que ese alto funcionario militar me dijo y crean que el idilio no es sólo con los camaradas militares, sino con la sociedad toda. Si esto fuera así, me permito recordarles a nuestros funcionarios de todos los niveles que hay amores que matan.

Resulta ser así que luego de lo infinitamente difícil que es conseguir que finalmente un delincuente ingrese a la cárcel, salir de ellas (legal o ilegalmente) es mil veces más sencillo. El pasado jueves, todos vimos por TV cómo un peligroso delincuente que tuvo en vilo a la bonaerense durante seis horas, a pesar de su frondoso prontuario gozaba de un régimen de detención de puertas abiertas. Abiertas están las puertas de los penales, mientras usted, yo y todos ya no sabemos qué inventar para que las de nuestras casas se mantengan cerradas de la manera más segura posible.

Los benignos sistemas penitenciarios locales hacen posible que los antes llamados “reos”, luego “reclusos” y más recientemente “internos” pronto deban ser obligatoriamente denominados “señores pasajeros “ o “ estimados huéspedes” ya que no parece haber demasiada diferencia entre estar “preso” en lugares que brindan a sus ocasionales moradores casa, comida, instalaciones deportivas, educativas, religiosas y adecuados permisos de salida para despuntar el vicio del crimen en sus variadas formas, a estar alojado en un complejo hotelero de buena calidad. En la larga cadena de responsabilidades concurrentes al desastre administrativo y gubernamental en el que se ha transformado nuestra querida patria, hemos recordado por estos días que el país cuenta con ministro de Seguridad.

Don Puricelli, el mismo que como ministro de Defensa dejó a la Antártida Argentina al borde del desabastecimiento, el mismísimo que mandó a la fragata Libertad a Ghana y luego le tiró el fardo al canciller, ese que cuando se hundió por falta de mantenimiento el “Santísima Trinidad” denunció poco menos que una conspiración internacional, ahora abrió la boca y pronunció la magistral frase: “La droga ha aumentado en los últimos diez años”. El comité encargado de otorgar los premios Nobel  debería ya mismo tomar nota de esta jugada declaración ministerial y anotar a este genio de la dialéctica para algún premio o al menos para una mención especial.

Por su parte el teniente coronel Berni le pide a los jueces que no tengan miedo de andar entre las víboras y las arañas (sic) al tiempo que nos sugiere que la seguridad no es en realidad su área de acción. El ministro de Justicia dice que la responsabilidad de lo que nos ocurre es del Poder Judicial y este poder le reclama al poder legislativo otras leyes porque con las que tenemos no se puede pretender que los jueces actúen de manera eficiente. Rudos gendarmes entretanto, ataviados con ropa de combate, botas aptas para transitar por el agreste monte norteño, con modales un tanto rudos para nuestro gusto citadino y armamento de grueso calibre en mano, nos detienen en la Panamericana para pedirnos “cédula verde y registro por favor”; efectivos de la Prefectura Naval, formados para brindar seguridad a buques y personas que desarrollan su labor en nuestro mar y nuestros ríos, capaces de descubrir cargamentos de droga o contrabandos varios que intenten ingresar por las fronteras líquidas del país, pasan sus horas en puestos de control fijos en la colectora de la Gral. Paz y junto a los lagos de Palermo (al menos allí están cerca del agua).

Agudos pensadores de la seguridad nacional debaten en público y en privado sobre la conveniencia o no de instrumentar una ley de derribo para aeronaves narcos, apasionante discusión sin lugar a dudas; pero ciertamente utópica en un país donde no contamos ni con radares para detectarlos ni con aviones para derribarlos. Eso sí, nuestros genios al poder han hecho público un secreto de Estado: nos acaban de anunciar que “Argentina es un país con miles de kilómetros de frontera”.

Ahora sabemos por fin que somos un país grande. Mejor dicho un país con mucho territorio, que se está quedando chico para poder cuidarse asimismo. Así las cosas, mientras. seguimos probando recetas maravillosas que indican que es muy bueno hacer que los presos organicen murgas, que tengan una nutrida agenda cultural y que son las verdaderas víctimas de la sociedad. Mientras, jugamos con nuestras fuerzas armadas y de seguridad moviéndolas en el tablero geográfico de la Nación, como se mueven los peones en un juego de ajedrez, priorizando la necesidad electoral por sobre la seguridad de nuestras fronteras.

Mientras, como solemos decir desde esta columna, diluimos las obligaciones y fortalecemos los derechos, degradando todo lo que se relacione con conceptos tales como norma, exigencia, respeto, autoridad y responsabilidad de modo tal que -por ejemplo- se puede ser alumno del Nacional Buenos Aires y quemar una iglesia vecina sin que ello nos cause algún problema y un delincuente pide las cámaras de TV para hacer declaraciones antes de rendirse, diciéndole a la jueza a que hora tiene que venir a buscarlo. Algo debería indicarle a nuestros funcionarios que van por mal camino; perdón, pero van escandalosa y definitivamente por mal camino.

Nada cambiará, nada mejorará si quienes tienen transitoriamente en sus manos las riendas del poder no son capaces al menos de reconocer que las medicinas que están aplicando no surten efecto en ninguna de las áreas en las que están actuando. Y por ahora al parecer no están dando muestras de tomar conciencia de esta delicada situación. Hace un par de días fui enviado al Congreso de la Nación a participar del lanzamiento de un proyecto de ley para la marina; con voz temblorosa y un incipiente sudor en su rostro un funcionario de segunda línea nos “ilustró” sobre la exitosa reparación del Rompehielos Almirante Irizar, en el taller naval “Tandanor” del Ministerio de Defensa. Siete años de trabajo, mil millones de pesos mal gastados y una aún muy incierta fecha de terminación deberían haber sido motivo más que suficiente para que este buen señor que preside un astillero estatal, siendo contador en lugar de ingeniero naval, guardara un prudente silencio; pero al parecer -según nos espetó colérico- todos aquellos que comprendieron que fue un error carísimo haber intentado hacer una tarea para la que su taller no estaba preparado son algo así como traidores a la patria (hubiera costado mucho menos tiempo y dinero comprar un barco nuevo).

Tal nivel de empecinamiento, de negación de la realidad, de obstinación en no reconocer jamás un error por miedo a que sea tomado como un gesto de debilidad, tanta perversa e incomprensible tozudez puesta de manifiesto en todas y cada una de las áreas de acción gubernamental se dan de patadas con los cada vez más fuertes gritos que la realidad nos pega a diario, que nos hacen irnos a dormir cada noche con ese sabor amargo fruto de la angustia y de la impotencia que sentimos como ciudadanos y que nos hacen despertar expectantes cada mañana, intentando prepararnos para lo peor cada día, agradeciendo infinitamente a Dios si terminamos la jornada de forma más o menos parecida a como la iniciamos. Y día tras día, noche tras noche, sueño tras sueño, nos debatimos entre el acostumbramiento a lo malo, a lo poco brillante, a lo mediocre, a la mentira sistemática de un relato ficticio. Nos limitamos a agachar la cabeza por miedo a que todo sea peor si alzamos la voz. Nos refugiamos cada día un poco más temprano en nuestros cada vez más vulnerables hogares. Nos aferramos a nuestros afectos más cercanos; mientras esperamos, ansiamos y necesitamos desesperamente que algún día ocurra que nuestros “dulces sueños” no sean arruinados por estos cada vez más frecuentes “amargos despertares”.

Claro que cuando veo (en mi medio) a jóvenes cadetes planteando sus inquietudes, reclamos, sugerencias y -por qué no- exigencias, con absoluta naturalidad y firmeza en sus convicciones, siento una sana envidia por ellos y recuerdo con pesar las  –muchas veces-  innecesarias  “humillaciones de todo tipo”  a las que mis poco académicos oficiales superiores y profesores me sometieron  y que  siempre eran amparadas en la necesidad de templar el carácter para soportar la dura vida del marino  a bordo de los buques de nuestra flota.

También recuerdo -claro está- los malabares que aquellos improvisados docentes debieron hacer para transformar a un perito mercantil que no diferenciaba una arandela de un transistor, en un marino profesional especializado en electricidad y propulsión marina.  Siendo lo más milagroso  de este “retrógrado” sistema de enseñanza, que aún quien quedaba en el fondo de la tabla en el promedio de egreso, salía de la escuela en condiciones óptimas para ejercer la primer jerarquía de la profesión naval.  Algo que lamentablemente no se aprecia con la misma calidad en la actualidad,  pero me rindo ante las actuales corrientes educativas las que están adecuadas a los nuevos tiempos y sobre las que carezco de autoridad académica para cuestionar.

Aunque por momentos  se apodera de mí una irresistible tentación de alzar la pluma para alertar sobre la peligrosa degradación que en mi humilde opinión se está produciendo en varios institutos de formación dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad. Pero por estos días las sensibilidades de algunas áreas ministeriales parecen poco dispuestas a soportar la opinión de un columnista uniformado. Por lo que prefiero reservar este análisis para cuando “ la tempestad amaine “ no quisiera que algún otro “justo” con galones pague por este infame pecador…

Dejemos por un momento a los marinos y al agua y pasemos brevemente revista a dos hechos que son noticia por estos días y que tal vez no tengan nada que ver entre sí (aunque no me animaría a afirmarlo).

Una vez más y van….. la geografía citadina se ve “engalanada” por las ya habituales  tomas de colegios secundarios ( primarios y jardines maternales por ahora no se pliegan) realizadas por “referentes” estudiantiles que como dijimos en el inicio de esta columna, utilizan este “democrático” método de coerción para reclamar por las más variadas causas; siempre pretendiendo ser dueños absolutos de la verdad y exigiendo sin miramientos ser atendidos en sus reclamos no por un mísero rector sino cuando menos por el ministro de educación de la comuna.

Ciertamente, los otros cincuentones no marinos que lean esta columna, coincidirán conmigo que sin ser obligados a raparse el pelo ni a saludar militarmente a la bandera cada mañana, sus adolescencias fueron un tanto más pobres en derechos que la que viven los jóvenes de hoy.

Nuestra sociedad, tan castigada durante décadas por abruptos y trágicos cercenamientos de derechos, que incluían  desde la libertad de expresión , pasando por la libre elección de que libros leer, qué películas ver o qué ropa vestir y llegando a situaciones dramáticas por todos conocidas, parece ahora haber desarrollado anticuerpos en exceso para contrarrestar todo tipo de límites. Los ya naturalmente inaceptables, pero también los otros, los que provienen de elementales cuestiones emanadas de reglas básicas de convivencia, de elementales normas de autoridad, de orden y de respeto por el otro.

Vivimos  en una exaltación de nuestros todopoderosos derechos, olvidando la mayoría de las veces lo que emana de un concepto que ha prácticamente caído en desuso: nuestras obligaciones.  Sin ser esto de ninguna manera patrimonio exclusivo de los jóvenes o adolescentes, cada mañana al ejercer el  derecho a conducir nuestros vehículos, olvidamos nuestra obligación de hacerlo obedeciendo elementales normas de tránsito. Abusando “in extremis” de la laxitud de las autoridades públicas a las que se les prohíbe desde el relato “criminalizar” cualquier cosa; alcanzando el concepto muchas veces hasta al propio accionar de la delincuencia

Y si bien todo está “joya” fronteras adentro, en el resto del mundo estas modernas corrientes sociales no parecen diseminarse con la misma rapidez o profundidad, así por ejemplo intentar abordar una plataforma estatal  de extracción petrolera rusa en pleno mar Ártico desde un ex buque pesquero de bandera holandesa transformado en rompehielos ecologista de Greenpeace, puede ser considerado por las autoridades locales,  como algo poco divertido; más bien ilegal y por ende penalmente reprimible; debiendo los responsables  del hecho afrontar las consecuencias.

Y créame, amigo lector: ni remotamente pienso que nuestros dos compatriotas hoy detenidos por las autoridades rusas sean piratas marinos ni mucho menos. El problema es que no importa lo que usted o yo creamos; el tema está es como interpreten la supuesta ofensa criminal, las autoridades locales.

Por un lado una joven argentina voluntaria de la organización internacional  Greenpeace deberá dar las explicaciones que le sean requeridas; por otro lado, Hernán Pérez Orsi  a quien recuerdo como a un entusiasta cadete de la promoción 97 de la Escuela Nacional de Náutica, que finalizó sus estudios allá por 1995, deberá además cargar con su responsabilidad como oficial del buque holandés que “prima facie” violó la ley rusa junto al resto de la tripulación náutica de la nave. Todo marino profesional es plenamente consciente por estos días de que los hechos del 11S impactaron radicalmente en la actividad marítima y naval y que una plataforma petrolera es un objetivo estratégico sensible para cualquier potencia marítima sea cual fuere el sesgo ideológico de su gobierno.

Al margen de lo cada uno de nosotros pueda pensar acerca de los métodos y finalidades de la mundialmente famosa organización ecologista , y sobre la paradoja resultante de repudiar la extracción de hidrocarburos desde un buque que  utiliza  combustibles y aceites derivados de petróleo que  tal vez sea  extraído de una plataforma similar a la que intentaron abordar , hay dos hechos sobre los que desearía redondear la columna de hoy.

Por un lado sumarme al deseo de las familias de nuestros compatriotas, para que lo más rápido posible puedan regresar a sus hogares y que un manto de misericordia y de sentido común haga que las autoridades judiciales rusas no consideren  el irresponsable abordaje a su plataforma como un acto formal de piratería sino como un hecho ilegal pero de menor gravedad.

Pero por otro, viendo una y mil veces las imágenes de los papás de Camila mostrando con orgullo la foto de la “nena” y relatando la nobleza de su causa; como así también escuchando a la familia de mi colega oficial de la Marina Mercante Argentina y como tal conocedor profundo de la legislación marítima internacional, me falta oír aún alguna voz que deje suficientemente en claro que nuestros compatriotas violaron la ley de un país extranjero. Es más que probable que el talento de nuestros diplomáticos (me refiero a los de carrera claro está) minimice la gravedad de los cargos por los que potencialmente podrán ser condenados, pero por favor a todos los papás de todas las  Camilas  que se embarcan en éstas y otras aventuras por el estilo, sería bueno recordarles que al menos en los temas relacionados con la observancia de la ley, la teoría garantista del relato local no aplica en el resto del mundo. Tal vez  como una solución intermedia, podamos al menos  inculcar a nuestra juventud que la protesta no debe criminalizarse siempre y cuando no se cometa un crimen para protestar.  

El ministro ha respondido a ésta y a otras notas periodísticas similares afirmando rotundamente que en ningún momento el personal militar hará tareas policiales: “si ven algo avisarán a la policía e inmediatamente se retirarán; se alejarán… perderán el contacto…”(sic). Palabras más palabras, palabras menos, el ministro reduce al personal militar al rol de vigilantes privados de cualquier empresa de seguridad. Aunque éstos, si usted osara por ejemplo robar en el supermercado o en un shopping, lo retendrían hasta que llegue la policía.

En el particular mundo que parece rodear el confortable despacho del ministro en el piso 11 del Edificio Libertador Gral. San Martín se debe respirar algún aire un tanto extraño que induce a pensar que un encuentro entre un uniformado de una fuerza militar, pertrechado y con ropa de combate, y un delincuente, narco, contrabandista o inmigrante ilegal se puede dar en términos tan risueños como éste:

“Señor presunto contrabandista o narcotraficante, soy el coronel Pérez del Ejército Argentino, por favor como no estoy autorizado a actuar frente a su flagrante delito (a pesar de que cualquier ciudadano puede al ver un ilícito proceder a un arresto civil) le pido que se quede quieto (si quiere, claro) mientras el sargento García va a buscar a la policía. Una vez que ellos arriben al lugar nos retiraremos, con lo cual ni siquiera seremos testigos del operativo policial que seguramente se llevará a cabo. Sea bueno: no me la complique que si le pongo una mano encima vamos en cana los dos juntos”.

Dios quiera, por su bien, señor ministro, y, por sobre todo, por el bien de las tropas destacadas en la frontera, que no tenga que lamentar en pocos días una o varias víctimas uniformadas que prefieran no usar su arma ante un peligro inminente ante el temor de ser luego tildados de represores.

Mientras tanto, en el Gran Buenos Aires, miles de gendarmes, mal comidos, mal dormidos y peor equipados, lucharán primero contra sus necesidades básicas insatisfechas y luego -con las pocas fuerzas que les queden- contra el delito organizado, para el que tampoco están preparados. Lo de ellos es la frontera y el monte, no los núcleos urbanos. ¿Cómo hará un gendarme recién llegado a este difícil territorio para patrullar una calle sin deber luego tener que pedir ayuda para que alguien le indique cómo regresar al destacamento? ¿No es acaso que quien vigila debe ser un experto conocedor del terreno asignado antes que nada?

Será pues cuestión de imitar a nuestra Presidente, que encomendó a Dios el éxito del fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de EEUU frente a los bonistas que no entraron al canje y pedirle otra gauchadita al Señor: proteja a esos argentinos que estamos mandando como carne de cañón a la frontera.

Si a pesar de ello algo malo ocurriera, al menos ya sabemos lo que piensa el ministro de Defensa de la Nación sobre el valor de mercado de la sangre militar derramada en acción: nada, cero, apenas una formal condolencia a algún deudo. Al menos así se desprende de la negativa del ex diputado Rossi y algunos otros venerables miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se manifestaron abiertamente en contra del pedido de familiares de militares (muchos soldados conscriptos) caídos durante el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa ocurrido en 1975 en pleno gobierno constitucional en manos de la primer mujer presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón. En tales particulares circunstancias, los militares de aquel regimiento no habían salido a reprimir ilegalmente a jóvenes idealistas, por el contrario muchos se encontraban durmiendo y murieron sin la menor posibilidad de defenderse, mientras los familiares de sus agresores cobraron una suculenta indemnización para ellos nada.

Parece mentira que el mismo gobierno que tuvo la plausible deferencia de reconocer el derecho a cobrar una pensión de guerra a los militares de carrera que marcharon a Malvinas en 1982 niegue algo tan básico como un reconocimiento al familiar de un soldado conscripto caído y que obviamente no estaba allí por su voluntad.

Si bien es cierto que la coherencia no parece ser la mayor virtud de las actuales autoridades, en algunas cuestiones de básico sentido común uno podría esperar decisiones un tanto diferentes.

Pero con la mira puesta en el presente y el futuro inmediato, sería bueno que las autoridades de nuestro Ministerio de Defensa prevean (aunque suene feo decirlo, es su deber hacerlo) qué tipo de protección se ha de brindar a miles de familias de hombres que acaban de ser enviados con ordenes poco claras a un destino incierto en el que no solo pondrán en acción su amor por la patria sino además una infinita capacidad de resignación para no ejercer el elemental derecho a pedir la baja, ante un Estado Nacional que día a día los degrada no solo como soldados sino además como ciudadanos.

Así fue que “aprendimos” que por encima de cualquier consideración política, jurídica, ética o moral, no fue lo mismo empuñar un arma para acribillar a un desprevenido agente de tránsito en una esquina, colocar una bomba en un comedor de una dependencia pública matando a decenas de personas o secuestrar ilegalmente a civiles y militares en nombre del “pueblo” y ajusticiarlos previo sumario sumarísimo, a hacer algunas cosas tan ilegales como las anteriores pero utilizando para ello los medios y recursos del Estado nacional.

Podríamos en líneas generales convenir que el peor asesino serial, una vez apresado, debe gozar de todas las garantías del debido proceso y otras concurrentes y que obviamente el Estado como responsable de impartir justicia no podría someterlo a un castigo equivalente al que el hubiera causado a sus víctimas.

La política de derechos humanos ha sido una de las banderas de la actual gestión, no sólo en lo relativo a la lucha antisubversiva y sus secuelas, sino al tratamiento en general de grupos vulnerables, acoso laboral, cuestiones de género, sin olvidarnos de todas las innovaciones que en materia de ejecución de penas han revolucionado nuestro sistema carcelario. Salidas laborales, culturales, sociales y de esparcimiento son herramientas aptas para la reinserción de peligrosos delincuentes, y de ladrones de gallinas también. La no “estigmatización” del condenado, la cada vez más laxa aplicación de penas y la tendencia a que la cárcel sólo sea una alternativa a ser usada cuando no queda otro remedio nos han colocado a la “vanguardia “ de la justicia universal.

Claro que pasan cosas interesantes: si un ciudadano es sorprendido comprando 100 dólares en alguna cueva (de esas que tienen generalmente a un agente de la policía federal de custodia en la puerta) enfrentará además del escarnio social proclamado desde algún acto trasmitido por cadena nacional, la muy probable suspensión de su clave de identificación tributaria (CUIT), lo que equivale a la muerte civil.

Ahora si un par de inocentes criaturas matan a palazos a sus propios padres, luego de unos años pueden hacer millonarios negocios con el Estado nacional sin mayores problemas (después de todo son dos pobres huerfanitos a los que hay que ayudar).

Así las cosas, cada día nos sorprendemos “gratamente” con nuevas conquistas en defensa de la igualdad de todos y todas; leyes, decretos, resoluciones o simplemente actos de facto que revindican una y otra vez que ahora sí finalmente tenemos un Estado que está dispuesto a que nunca más en la Argentina existan cotos en los que la ley no sea pareja para cada uno de los habitantes del país.

Claro que no todos los ciudadanos están a la altura de comprender las ventajas de vivir en un Estado de Derecho pleno y algunas veces alguien se aprovecha de manera indebida de sus ventajas, sin que por ello el resto de los honestos ciudadanos se vea privado de sus bien ganados derechos.

Hace unos días se fugaron dos presos, condenados en primera instancia en un distante tribunal del noroeste argentino y trasladados a la Ciudad de Buenos Aires para ser atendidos por dolencias físicas aparentemente menores.

Si se les escaparon al Servicio Penitenciario Federal que los trasladó y custodió o se les escaparon al juez que dispuso su traslado a miles de kilómetros sin indagar si había en las proximidades del penal donde estaban alojados disponibilidades de tratamiento, es por estas horas materia de discusión en diversos ámbitos de la estructura administrativa del Ministerio de Justicia de la Nación.

Lo que sin lugar a dudas es cierto es que no se escaparon de las “ garras” del staff médico del Hospital Militar Central que bajo ningún concepto están allí para otra cosa que no sea atender a sus pacientes; seguramente tampoco se fugaron del control del director de Sanidad del Ejército y mucho menos por alguna negligencia del suboficial encargado de la oficina de asistencia humanitaria del mencionado nosocomio. Pero no importa, todos ya están en sus casas disfrutando de una jubilación anticipada por gentileza del Ministerio de Defensa.

Los que seguramente tampoco pueden ser responsabilizados de la fuga de los condenados son los otros cientos de detenidos a disposición de la Justicia y que aguardan su absolución o condena firme en diferentes prisiones federales del país.

Pero por esas cuestiones de la política, el máximo responsable del Servicio Penitenciario Federal sigue en funciones mientras que el máximo responsable de la salud del personal del Ejército fue exonerado. Esto se podría entender si los presos hubieran muerto a causa de una mala praxis, pero el hecho es que burlaron su custodia, no su tratamiento.

Y como, además, el retiro en masa de militares médicos -que a diferencia de otros militares médicos que juegan a ser policías, prefectos o gendarmes, se dedicaban sólo a la medicina- no pareció suficiente, hemos decidido también castigar a todos los otros cientos de militares que han cometido el delito de no fugarse ni hacer otra cosa que acatar lo que el Estado ha dispuesto para ellos.

La determinación de prohibir a personas procesadas o condenadas que sean atendidas en los hospitales militares -que no son ni más ni menos que los centros asistenciales por cuyos servicios pagaron durante toda su vida- nos lleva necesariamente a preguntarnos si no se está repitiendo el mismo error por el cual ellos mismos fueron llevados a los estrados judiciales: el abuso de poder.

No es objeto de este análisis juzgar la veracidad o gravedad de los delitos por los que son imputados. Claro que no. Sí es oportuno recordar que gracias a este Estado de Derecho en el que vivimos, ellos sí gozan de la presunción de inocencia hasta que tengan condena firme. Y también que al margen de sus cualidades personales o morales, han abonado durante decenas de años la cobertura médica que les brindan los hospitales militares a los que ahora se les prohíbe acceder, en una suerte de “accesoria” a la pena aplicada o por aplicarse según se trate de condenados o procesados.

Por estos días se puede ver cómo se quieren arrancar ancianos de sus camas por penitenciarios de uniforme comandados por el propio jefe del SPF (que ahora al parecer sí se ocupa de la seguridad de los detenidos) y a sus familiares a los gritos tratando de impedir que les sea interrumpido su tratamiento, mientras el subjefe del Ejercito Argentino (¿un general de la Nación? ) negocia con esposas, hijas y nietas para que dejen de abrazar las camas de sus familiares enfermos, y los dejen partir a prisión, aunque todos saben que los hospitales penitenciarios no están en las mejores condiciones para brindar tratamientos complejos. Algo difícil de explicar.

Sólo se vislumbra en el horizonte la oscura sombra de volver a vivir lo que supuestamente quisimos dejar definitivamente atrás con tanta política de “Verdad, Memoria y Justicia”. Ver a los otrora poderosos abusadores de su poder estatal, viejos, apresados y enfermos sometidos a caprichosos abusos de quienes bajo el amparo de ser en muchos casos los sucesores de sus víctimas de antaño realizan sobre cuerpos ya vencidos por el inexorable paso del tiempo y sobre sus familias, nos remite a un tenebroso círculo de odio, venganza y revancha que dista mucho de estar incluido en esas dos palabras que tanto pronuncian nuestros gobernantes: “derechos humanos”.

Digo que los límites de esta revisión se desconocen, porque día tras día nos sorprendemos con nuevos alcances y consideraciones, que no han dejado afuera ni a José Gervasio de Artigas, Juana Azurduy y lógicamente la más reciente que incluye a Cristóbal Colón.

Al sólo efecto de priorizar la reflexión antes que la polémica, permítame el lector aclarar, que más allá de lo que personalmente pueda yo pensar de cada una de las acciones antes descriptas, no se puede negar que han sido inspiradas por un gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía y que las medidas que han llevado -por ejemplo- al pasar de la obediencia debida y el punto final, al procesamiento de centenares de uniformados, gozan de plena legalidad de forma y de fondo; y que en democracia todos tenemos libertad de pensamiento y opinión pero además tenemos obligación de aceptar lo que los organismos de la democracia disponen.

Asimismo es una realidad innegable que al margen del proceso democrático local, toda América Latina parece haberse alejado del riesgo de interrupciones democráticas con militares como protagonistas. El dudoso triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, y el desplazamiento de Fernando Lugo en Paraguay son cuestiones que pueden ser discutidas pero que no se comparan a la vieja asonada militar.

Así las cosas, quienes vivimos como jóvenes o adolescentes los gobiernos militares de la Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas, la Revolución Argentina de Onganía, y el Proceso de Videla y Massera nos fuimos imbuyendo de la nueva y sana costumbre de la democracia perpetua- a la que cualquier argentino sub 30 concibe naturalmente como la única forma válida de gobierno

Pero como ocurre cada vez que una sociedad afronta procesos que imponen cambios de paradigma, la coexistencia de diferentes formas de pensamiento forjadas en circunstancias históricas distintas trae aparejados duros enfrentamientos (gracias a Dios retóricos en la mayor parte de las veces) que crean antagonismos entre los adherentes a alguna de estas clásicas posturas: “teoría de los dos demonios”, “genocidio unilateral contra jóvenes idealistas”, “guerra contra la subversión” y alguna que otra variante de ellas.

Como el hombre es un animal de costumbre y como además la acuciante realidad deja cada vez menos tiempo para el análisis histórico, los militares fueron desfilando hacia las cárceles, las marchas en su defensa fueron desapareciendo del paisaje urbano y el tema militar -para ser honestos- pasó a estar último en la tabla de posiciones de la actualidad nacional (casi al punto de irse a la “B”).

El incendio del Irizar, el embargo de la Fragata Libertad, el papelón antártico de Puricelli, el fallecimiento de Videla y algún que otro hecho aislado, devolvieron el mundo de los uniformados a las pantallas de televisión y primeras planas de los diarios, de forma muy puntual y acotada.

Hasta ahora… Desde hace un par de semanas, políticos, periodistas, analistas militares de primer nivel, senadores, organismos de DDHH y hasta programas de chimentos han vuelto a colocar en lugar protagónico no sólo a un general de nuestro ejército sino a la razón de ser de la actividad militar argentina.

Y es aquí donde necesariamente corresponde “parar máquinas” y atreverse a repensar si todo lo que con el ya nombrado amparo legal y consenso político hemos revisado en los últimos años no nos ha colocado en una paradoja que nos obligue a desandar en parte nuestros pasos, para justificar nuestros actos del presente.

En una columna anterior, he señalado que a diferencia de lo ocurrido en países como Chile, Brasil o Uruguay, la Argentina -al margen del castigo impuesto a los militares condenados por hechos relacionados con los ’70- pareció “colocar en penitencia” a todo el aparato militar de la Nación y, más aún, la Defensa de la Nación pasó a ser una especie de tabú para la clase política de casi todos los signos. Es sabido que en las apetencias de los “ministeriables” de 1983 hasta el presente, difícilmente el Ministerio de Defensa haya sido considerado algo más que un premio consuelo para quien fue “honrado” con esa cartea. Baste con indagar cómo tomó el actual ministro su designación para el cargo.

Presupuesto casi nulo (mayormente destinado al inevitable pago de salarios), inversión inexistente, presencia pública cercana al cero, desplantes muchas veces innecesarios y reformas legales y reglamentarias hechas más bien para limitar al máximo la actividad militar que para adecuarla al presente, han sido una constante.

Sí. Es verdad, estamos en Haití y en algunas otras misiones de paz. E intentamos armar algún que otro radar, un vehículo gaucho (más bien gauchito) y mostramos la decadencia militar en Tecnópolis, pero creo que todos sabemos en donde estamos parados en materia de defensa.

Y de la mano de ese coto a las “ínfulas uniformadas” renunciamos para usar a nuestros militares y a sus medios y capacidades para cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad interior a diferencia de lo que hacen casi todos los países del mundo cuando la situación lo amerita . También (respecto a aquel pasado tenebroso) determinamos que un cabo, un teniente de fragata o un general eran exactamente lo mismo a la hora de rendir cuentas ante la justicia por los “excesos cometidos” en aquella lucha o como cada uno de nosotros guste llamarla.

Y de nada valieron los argumentos de más de uno de los jerarcas procesados cuando se declaraban absolutamente responsables por las ordenes por ellos dictadas, pretendiendo desligar a jóvenes oficiales o suboficiales de cualquier responsabilidad. En virtud de aquel viejo axioma militar (vigente al menos hasta la actual revisión de la historia) sobre que “las ordenes no se discuten, se cumplen”.

Así fue que marcharon presos, almirantes y generales pero también quienes por aquellos años eran tenientes y cabos. Sin chistar o chistando poco, sin fugarse hasta que alguna cámara de apelaciones se apiadara de ellos y sin esperar ni pretender que las nuevas generaciones de uniformados se aparten de sus deberes para salir en su defensa.

Todos recordarán que el ex comisario Luis Patti, siendo ya diputado electo, terminó preso porque alguien lo reconoció por su voz a pesar del tiempo transcurrido y del hecho de haber sido un muy joven oficial por aquellos días. Hubo un caso de un oficial naval que al parecer bromeó ante un detenido con el nombre de una conocida avenida de la zona norte de Buenos Aires, colocado en honor a un antepasado suyo y al que luego su apellido coincidente con el nombre de esa avenida lo delató; y así mil historias.

Y llegó un día en el que cuando todo parecía hacernos creer que esta forma de haber “resuelto nuestro pasado” estaba totalmente cerrada a discusión alguna, la realidad se empeña en colocarnos en una especie de “segundo tiempo” de un partido de fútbol en el que los protagonistas han cambiado de arco. Y los que antes se erigieron en severos fiscales y custodios de la democracia, la república y los derechos humanos, tratan ahora de justificar algo que -en opinión de muchos que fueron condenados y tildados de fascistas defensores de genocidas- era una verdad de manual. Los jefes ordenan, los subordinados obedecen.

Ahora -según nos dicen-, no siempre está mal echar mano a los aparatos de inteligencia militar para espiar un poquito para adentro y no se siempre se puede dejar sin trabajo y menos aún condenar a una persona adulta y llena de galones, por lo que tal vez pueda haber hecho cuando era sólo un humilde subordinado con inescrupulosos superiores.

Y no parecería ilógico imaginar ahora; a algún encumbrado funcionario nacional, rodeado de asesores, sobre un escritorio repleto de discursos de campaña, de copias de expedientes judiciales, de fotos de marchas y escraches, hojeando el famoso Nunca Más en su versión riojana y exclamando, totalmente desorientado, “Y ahora… ¿qué hacemos?

Estamos viviendo una moda de exaltar y reconocer a figuras (todas muy respetables por cierto) de nuestro pasado. En ese orden, ascendimos a generala a Juana Azurduy, descubrimos en medio de una gira comercial al África que el sargento Cabral era angoleño, y hasta nos permitimos darle el grado de Almiranta a la virgen Stella Maris.

Todo muy bonito y conmovedor. Y muy contrastante con la cruda realidad que atraviesan este año más que nunca los veteranos de Malvinas, en particular los que al parecer están cometiendo el pecado de seguir vivos y no hallarse en el extremo sur de la Patria.

Por estos días hemos visto impactantes fotos del Cenotafio en homenaje a nuestros ubicado en Retiro, que muestran el “relevo” de la guardia de honor militar allí apostada, por un grupo de okupas que al menos tienen la delicadeza de regar las plantas. La lámpara votiva cuya llama simboliza vida eterna ha sido reemplazada por un yuyo que encontró en su hueco lleno de agua el clima propicio para desarrollarse.

En realidad, no importa si antes del martes y luego de leer esta columna alguien lo “empolva” a las apuradas, una hora de abandono ya es un sacrilegio y, como tal, imperdonable.

Nuestro jefe de Gobierno ha decidido suspender los actos tradicionales para honrar la memoria de los caídos en defensa de nuestra soberanía so pretexto -según informan los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad- de estar los esfuerzos dirigidos a la organización de la competencia automovilística que tan alegres nos tiene a todos los porteños.

Nuestro Ministerio de Defensa, no tenía información de ninguna actividad oficial para el 2 de abril, este humilde veterano recibió la siguiente respuesta: “Es fin de semana largo, el miércoles habrá actos en las fuerzas y seguramente se hará algo el 2 de abril en el Sur y allí irá también seguramente la Presidente”.

Nadie parece recordar que el establecimiento del Día del Veterano como feriado inamovible, obedeció a una razón muy simple: la mayoría de los veteranos trabajan y en lugares que tienen la “mala” costumbre de exigirles el cumplimiento de horarios, e incluso son tan rebuscados que lo hacen en sitios frecuentemente alejados de Plaza San Martín o de las jefaturas de las fuerzas militares; así las cosas, la única oportunidad de asistir a los actos en su honor, era hacerlos  en un día feriado. Les agradeceremos mucho los homenajes realizados a la vuelta del “finde” turístico, pero, señores gobernantes, los miraremos por televisión a la noche al volver del trabajo.

Hoy podría escribir la columna más larga y más ácida de mi vida, pero me haría mucho daño a mí mismo y sobre todo a muchos miles de veteranos que puedan leer estas palabras.

Prefiero quedarme con la vergüenza e indignación que en este momento siento con buena parte de la dirigencia de mi país y de mi ciudad, la que, pese a besar en actitud recoleta la mano del Santo Padre hace pocos días, no es capaz de unirse ni tan sólo para honrar a nuestros muertos recientes y a nuestros héroes vivos.

Declaman en los palcos, reclaman en los foros y amenazan desde las pantallas de TV. Pero se suben a sus aviones oficiales para retirarse a descansar o, lo que es peor, organizan festejos para aprovechar estas mini-vacaciones de seis días, de los cuales dos son de profundo recogimiento para buena parte del electorado católico y un tercero es para recordar una guerra perdida con 649 muertos. ¿Qué festejamos?

Seguramente los hijos de nuestros de hijos algún día asistirán a actos muy emotivos en los que circunspectos ministros de Defensa o jefes de Gobierno hablarán maravillas de un grupo de valientes combatientes que “hace 100 años defendieron con hidalguía nuestra soberanía en la tierra irredenta” y otras cosas por el estilo. Los estudiantes en las aulas realizarán trabajos prácticos y hasta tal vez recreen en talleres de teatro las duras escenas de la guerra.

Y me atrevo a imaginar a una muy feminista ministra de Seguridad rodeada de muy obsecuentes funcionarios políticos, inaugurando en algún coqueto barrio de Buenos Aires una calle o incluso una avenida que se llamará “Mujeres de Malvinas”.

Qué lástima. Hubiéramos querido que alguien nos dijera “muchas gracias”, antes de que la pérdida de elasticidad de nuestras arterias nos impida recordar qué es lo que nos están agradeciendo.