Era sin lugar a dudas otra Argentina aquella. En el pasado reciente, al asumir, el expresidente Néstor Kirchner firmó un mucho menos ambicioso plan para construir 4 buques tanque para Venezuela y, 12 años después, aún nuestro principal astillero no pudo terminar el primero. Tampoco puede corregir los defectos que presenta la fragata Libertad luego de su reparación de media vida y que la mantiene en un proceso casi constante de “retoques”. En el presente y luego de varios meses en los astilleros Río Santiago (bajo el mando de Daniel Scioli) debió ser trasladada a los talleres de la propia Armada a fin de intentar corregir las fallas que presenta. Es decir, que el astillero que otrora fue idóneo para construirla, ahora ya no puede repararla.

El otro “estandarte” de la industria naval oficial -el taller naval con ínfulas de astillero, Tandanor- hace 8 años que intenta reparar el único rompehielos con el que cuenta la nación sin éxito (al margen de lo que declama el modelo). Llevamos gastado el equivalente a dos rompehielos de última generación y si algún día finalmente el Irizar vuelve a surcar los mares, será, por mucho lifting que se le hubiera efectuado, un barco viejo. Hoy se construyen rompehielos con habilidades para rotura de hielo no solo por la acción de su proa, sino además con movimientos laterales que permiten abrir surcos laterales, lo que potencia increíblemente su rendimiento. Los marinos lo sabemos y, aunque progresistas y sumisos almirantes se jacten de lo lindos que quedaron los camarotes, la obra ya es técnicamente un estrepitoso fracaso.

“Vamos a construir diez barcos para la Armada, la Presidente ya lo dispuso”, me decía hace un par de años un conspicuo miembro del almirantazgo sin sonrojarse. Hasta ahora solo hubo una intención de comprar cuatro trastos viejos a Rusia en condiciones más turbias que las aguas del Río de la Plata y un trastito ya arribado, procedente de Alemania, con el que -de tener suerte- algunos oficiales navales podrán navegar algunas millas trabajando a órdenes del Conicet, ya que la flota de mar va camino a la parálisis total por falta de presupuesto y mantenimiento. La situación es tan grave que hasta se están hundiendo los botes a remo y vela con los que entrenan los cadetes.

Me permití distraer su tiempo, querido amigo lector, con esta introducción, solamente para ponerlo en situación, pero lo más grave de esta hoy derruida actividad industrial del país va más allá de su calamitoso estado. Como en tantas otras actividades de la nación, el fin de ciclo, el “Sálvese quien pueda” y el desbande general, están a la orden del día.

Obviamente en un país en el que hasta al padre de la patria se lo honra solamente en horario hábil, pensar que se hubiera realizado algún homenaje naval el pasado sábado por este tema es ciertamente una fantasía. Por tal motivo, mañana un grupo de diputados con mandato a punto de fenecer -con el derrotado Julián Domínguez a la cabeza- tratarán de utilizar la ocasión para obtener un poco de protagonismo casi póstumo. El 10 de diciembre pasado el mediodía tanto el hasta hoy presidente de la Cámara de Diputados como algunos de quienes lo acompañarán en la “patriada naval” tendrán que tener bien limpios sus escritorios para entregarlos.

El mismo día, otro grupo de legisladores oficialistas, que con mejor estrella que los anteriores se han ganado el cariño y el respeto de marinos civiles y militares, realizarán el mismo acto con la ventaja de saber que son “garantía de continuidad”. Ellos seguirán en sus bancas y con muchas más posibilidades de satisfacer (o al menos intentar hacerlo) parte de las urgentes necesidades de una actividad industrial que podría traer a las arcas fiscales millones de esos tan ansiados dólares constantes y sonantes. A su lado estarán los principales referentes de la actividad.

Hablamos de industria naval en un país donde existe un Ministerio de Industria con una ministra muy activa, que visita fábricas de autos y de caramelos, pero que parece tener vedado el acceso al mundo de los astilleros. No porque no le gusten, sino tal vez porque desde otro rincón del propio Poder Ejecutivo que ella integra funcionarios con intereses personales en la actividad reclaman para sí el mando sobre el sector. Aunque sus funciones tengan que ver más con los ríos y los puertos que con la industria.

Entre los unos y los otros, empresarios y gremialistas intentan descubrir de qué lado del oficialismo está la verdad. Todos interpretaban a Cristina hasta ayer nomás, hoy casi no la nombran y son exégetas de Daniel. Se tildan de “cipayos” recíprocamente, se bastardean y hasta se insultan puertas adentro (ahora hasta puertas afuera), tal como lo hacen con los opositores externos al partido, al modelo o al proyecto.

Y se van desnudando en cada acto, en cada discurso y en cada oportunidad en que pueden hacerlo, sin importarles que nosotros, “los administrados”, los estamos observando. Ya no es “Lo que quería Néstor”, tampoco “Lo que quiere Cristina”, la onda es: “Lo que Daniel quiere”.

Sea por barcos, astilleros, salud, educación o lo que fuere, la recta final es paradojalmente sinuosa. Poco importa lo que se dice defender, mucho importa lo que se quiere proteger: El futuro y la ventura personal de los soldados del proyecto nacional y popular, listos para cambiar de uniforme y de ideales si el ganador de la contienda electoral lo reclama.

A todos los hombres y las mujeres de la industria naval argentina felicidades, Dios quiera que algún día vuelvan a ser protagonistas de una pujante y eficiente actividad industrial de la nación.

Al parecer en materia política y paradójicamente en gobiernos autoproclamados al menos para la foto;  progresistas y cuasi de izquierda, el problema de borronear con el codo lo escrito con la mano es materia más que corriente.  Por citar algunos ejemplos: militares fuera de la seguridad interior, pero un coronel al frente de las fuerzas policiales. Derechos Humanos, juicio y castigo versus Milani al frente del Ejército. Severa restricción a la compra de vehículos importados para particulares, pero flota de autos presidenciales compuesta por móviles de altísima gama que hablan alemán. Salud pública para todos. Pero clínicas privadas para la Jefa y su familia. Etcétera, etcétera.

En este contexto, y para no ser menos, desde hace meses un grupo de funcionarios del PEN con el apoyo de algunos legisladores oficialistas, intentan impulsar un proyecto de ley para repotenciar a la marina mercante nacional y por sobre todo a la muy alicaída industria naval argentina. Tanto esfuerzo se ha puesto en esto, que no solo hay un proyecto oficial sino que hay dos. Si bien ambos instrumentos legislativos apuntan a lo mismo, son diametralmente opuestos pero han conseguido alinear a todos los actores navales, marítimos y portuarios del país en torno a uno o a otro , con lo cual al menos en esta materia somos todos oficialistas.

Uno de los “caramelos” de ambos proyectos está dado por la casi absoluta prohibición de importar buques o barcazas usadas.  Muy especial prohibición de importar remolcadores de uso civil nuevos o usados, ya que precisamente estas unidades de menor porte y sofisticación son las que nuestra industria naval está en condiciones de hacer sin mayores problemas. La industria naval tiene una cadena de valor significativa ya que por cada nuevo buque se generan cientos de puesto de trabajo directos e indirectos. Desde el astillero hasta quien fabrica el amoblamiento interior de cada unidad

El gobierno parece estar convencido de esta realidad a tal punto que desde hace siete años; contra viento y marea, se viene llevando a cabo la reparación del rompehielos “Almirante Irizar” en el complejo industrial naval “CINAR” (ex TANDANOR) una planta de construcciones marinas repotenciada por esta gestión para impulsar el desarrollo de nuestra industria naval. Muchos hemos criticado no solo el tiempo invertido sino el dinero gastado hasta el momento. Y la respuesta es que al margen de poder haber comprado un rompehielos nuevo, se está fomentando la mano de obra nacional y se “está haciendo escuela “

Tal vez por esta razón, el reciente anuncio del Ministerio de Defensa anunciando la compra de 4 remolcadores rusos usados (muy usados) para ser incorporado a la flota de nuestra Armada ha caído como un verdadero balde de agua fría. Si bien es cierto que cuatro buques por ocho millones de dólares puede sonar tentador…

Ha sido casi una constante no solo en materia de defensa que cuando Argentina compra “usado” no lo hace demasiado bien. Tomemos como ejemplo los vagones de segunda mano adquiridos para el ferrocarril “San Martín” sobre los nadie tuvo en cuenta el hecho que eran demasiado altos para nuestros andenes, obligando a modificar todas las estaciones de la línea. Lo que dio por tierra con la “bicoca”, ya que se gastó más en las obras civiles que en la compra de los trenes.

En este caso particular, alguna vez creo haberle contado querido amigo lector que la parte más moderna de nuestra flota de mar, es fruto de las compras realizadas por el entonces jefe de la marina Emilio Massera. La corbeta más nueva con la que contamos es la “Gómez Roca”, construida en nuestro país (ensamblada en realidad; como los televisores del sur) y puesta en servicio por el ex presidente Néstor Kirchner. En tanto hace un par de meses fue finalmente radiado del servicio activo un patrullero de río con casi 80 años de servicio. Aún se mantienen operando a buques como el “Sobral” y el “Castillo”  de 1944; el “Gurruchaga” de 1945

En este contexto, incorporar cuatro remolcadores multipropósito construidos en la década del 80, implica adquirir unidades menos viejas que algunas de las que actualmente navegan nuestros mares. Lo que el mundo descarta aún puede ser útil para nosotros, al margen de los problemas lógicos que vendrán de la mano de este “brillante negocio”; Por nombrarle solo dos: las posteriores dificultades para conseguir repuestos y el problema ambiental que generan naves de esta antigüedad a la hora de ser sacadas de servicio, por la gran cantidad de amianto que contienen en sus aislaciones lo que hace que en Europa por ejemplo ya no se puedan desguazar (desarmar) estos buques por el riesgo ambiental y el efecto cancerígeno del amianto.  Siempre es mejor venderlo al cuarto o quinto mundo a precio vil y sacarse el problema de encima

Llama la atención, no obstante, que se les adjudique a estos barcos un carácter ecuménico; servirán tanto para las campañas antárticas como para patrullar nuestra zona económica exclusiva y prevenir la pesca ilegal.  También servirán como buques de salvamento en casos de peligro para la vida humana en el mar.

Es aquí donde la política nos “mete la mula” como decían las abuelas. Un remolcador no es un buque de guerra; no tiene ni la velocidad ni el equipamiento  necesarios  para “correr” a infractor alguno. El mismo concepto aplica a los buques de salvamento, la velocidad de asistencia al lugar del siniestro es primordial.  Por otra parte resultará muy curioso ver a buques pintados con los colores típicos de los buques polares (rojo anaranjado) cumpliendo funciones de patrullaje policial/miliar. ¿El mar se parecerá al gran Buenos Aires con patrulleros que no funcionan pero que asustan a los ladrones?

Muy probablemente el talento profesional y el espíritu de sacrificio de los hombres de nuestra marina militar, harán que de concretarse este “negocio” estos trastos viejos den lo mejor de sí. Si con los veteranos “King y Murature” pudieron hacerlo, le pongo a la valiente muchachada de la Armada unas cuantas fichas.

El problema es otro; una vez más el relato tiene doble lectura. No hacemos lo que decimos ni obramos como anunciamos que lo haremos. Seguimos enviando legisladores a discursear ante tribunas repletas de ingenieros y constructores navales; les prometemos trabajo para todos; pero si algún comisionista internacional nos arrima una “oferta” salimos corriendo con la chequera en mano. Alguien dijo una vez: “No pienso dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada”. Nada nos dijeron según parece sobre no  abandonarlas camino a Moscú, a China o a  cualquier lugar en el que existan  ofertas con precios cuidados y resultados inciertos. 

Resulta ser así que luego de lo infinitamente difícil que es conseguir que finalmente un delincuente ingrese a la cárcel, salir de ellas (legal o ilegalmente) es mil veces más sencillo. El pasado jueves, todos vimos por TV cómo un peligroso delincuente que tuvo en vilo a la bonaerense durante seis horas, a pesar de su frondoso prontuario gozaba de un régimen de detención de puertas abiertas. Abiertas están las puertas de los penales, mientras usted, yo y todos ya no sabemos qué inventar para que las de nuestras casas se mantengan cerradas de la manera más segura posible.

Los benignos sistemas penitenciarios locales hacen posible que los antes llamados “reos”, luego “reclusos” y más recientemente “internos” pronto deban ser obligatoriamente denominados “señores pasajeros “ o “ estimados huéspedes” ya que no parece haber demasiada diferencia entre estar “preso” en lugares que brindan a sus ocasionales moradores casa, comida, instalaciones deportivas, educativas, religiosas y adecuados permisos de salida para despuntar el vicio del crimen en sus variadas formas, a estar alojado en un complejo hotelero de buena calidad. En la larga cadena de responsabilidades concurrentes al desastre administrativo y gubernamental en el que se ha transformado nuestra querida patria, hemos recordado por estos días que el país cuenta con ministro de Seguridad.

Don Puricelli, el mismo que como ministro de Defensa dejó a la Antártida Argentina al borde del desabastecimiento, el mismísimo que mandó a la fragata Libertad a Ghana y luego le tiró el fardo al canciller, ese que cuando se hundió por falta de mantenimiento el “Santísima Trinidad” denunció poco menos que una conspiración internacional, ahora abrió la boca y pronunció la magistral frase: “La droga ha aumentado en los últimos diez años”. El comité encargado de otorgar los premios Nobel  debería ya mismo tomar nota de esta jugada declaración ministerial y anotar a este genio de la dialéctica para algún premio o al menos para una mención especial.

Por su parte el teniente coronel Berni le pide a los jueces que no tengan miedo de andar entre las víboras y las arañas (sic) al tiempo que nos sugiere que la seguridad no es en realidad su área de acción. El ministro de Justicia dice que la responsabilidad de lo que nos ocurre es del Poder Judicial y este poder le reclama al poder legislativo otras leyes porque con las que tenemos no se puede pretender que los jueces actúen de manera eficiente. Rudos gendarmes entretanto, ataviados con ropa de combate, botas aptas para transitar por el agreste monte norteño, con modales un tanto rudos para nuestro gusto citadino y armamento de grueso calibre en mano, nos detienen en la Panamericana para pedirnos “cédula verde y registro por favor”; efectivos de la Prefectura Naval, formados para brindar seguridad a buques y personas que desarrollan su labor en nuestro mar y nuestros ríos, capaces de descubrir cargamentos de droga o contrabandos varios que intenten ingresar por las fronteras líquidas del país, pasan sus horas en puestos de control fijos en la colectora de la Gral. Paz y junto a los lagos de Palermo (al menos allí están cerca del agua).

Agudos pensadores de la seguridad nacional debaten en público y en privado sobre la conveniencia o no de instrumentar una ley de derribo para aeronaves narcos, apasionante discusión sin lugar a dudas; pero ciertamente utópica en un país donde no contamos ni con radares para detectarlos ni con aviones para derribarlos. Eso sí, nuestros genios al poder han hecho público un secreto de Estado: nos acaban de anunciar que “Argentina es un país con miles de kilómetros de frontera”.

Ahora sabemos por fin que somos un país grande. Mejor dicho un país con mucho territorio, que se está quedando chico para poder cuidarse asimismo. Así las cosas, mientras. seguimos probando recetas maravillosas que indican que es muy bueno hacer que los presos organicen murgas, que tengan una nutrida agenda cultural y que son las verdaderas víctimas de la sociedad. Mientras, jugamos con nuestras fuerzas armadas y de seguridad moviéndolas en el tablero geográfico de la Nación, como se mueven los peones en un juego de ajedrez, priorizando la necesidad electoral por sobre la seguridad de nuestras fronteras.

Mientras, como solemos decir desde esta columna, diluimos las obligaciones y fortalecemos los derechos, degradando todo lo que se relacione con conceptos tales como norma, exigencia, respeto, autoridad y responsabilidad de modo tal que -por ejemplo- se puede ser alumno del Nacional Buenos Aires y quemar una iglesia vecina sin que ello nos cause algún problema y un delincuente pide las cámaras de TV para hacer declaraciones antes de rendirse, diciéndole a la jueza a que hora tiene que venir a buscarlo. Algo debería indicarle a nuestros funcionarios que van por mal camino; perdón, pero van escandalosa y definitivamente por mal camino.

Nada cambiará, nada mejorará si quienes tienen transitoriamente en sus manos las riendas del poder no son capaces al menos de reconocer que las medicinas que están aplicando no surten efecto en ninguna de las áreas en las que están actuando. Y por ahora al parecer no están dando muestras de tomar conciencia de esta delicada situación. Hace un par de días fui enviado al Congreso de la Nación a participar del lanzamiento de un proyecto de ley para la marina; con voz temblorosa y un incipiente sudor en su rostro un funcionario de segunda línea nos “ilustró” sobre la exitosa reparación del Rompehielos Almirante Irizar, en el taller naval “Tandanor” del Ministerio de Defensa. Siete años de trabajo, mil millones de pesos mal gastados y una aún muy incierta fecha de terminación deberían haber sido motivo más que suficiente para que este buen señor que preside un astillero estatal, siendo contador en lugar de ingeniero naval, guardara un prudente silencio; pero al parecer -según nos espetó colérico- todos aquellos que comprendieron que fue un error carísimo haber intentado hacer una tarea para la que su taller no estaba preparado son algo así como traidores a la patria (hubiera costado mucho menos tiempo y dinero comprar un barco nuevo).

Tal nivel de empecinamiento, de negación de la realidad, de obstinación en no reconocer jamás un error por miedo a que sea tomado como un gesto de debilidad, tanta perversa e incomprensible tozudez puesta de manifiesto en todas y cada una de las áreas de acción gubernamental se dan de patadas con los cada vez más fuertes gritos que la realidad nos pega a diario, que nos hacen irnos a dormir cada noche con ese sabor amargo fruto de la angustia y de la impotencia que sentimos como ciudadanos y que nos hacen despertar expectantes cada mañana, intentando prepararnos para lo peor cada día, agradeciendo infinitamente a Dios si terminamos la jornada de forma más o menos parecida a como la iniciamos. Y día tras día, noche tras noche, sueño tras sueño, nos debatimos entre el acostumbramiento a lo malo, a lo poco brillante, a lo mediocre, a la mentira sistemática de un relato ficticio. Nos limitamos a agachar la cabeza por miedo a que todo sea peor si alzamos la voz. Nos refugiamos cada día un poco más temprano en nuestros cada vez más vulnerables hogares. Nos aferramos a nuestros afectos más cercanos; mientras esperamos, ansiamos y necesitamos desesperamente que algún día ocurra que nuestros “dulces sueños” no sean arruinados por estos cada vez más frecuentes “amargos despertares”.

La creación del sistema denominado “Transparencia” al que se accede simplemente googleando “ONC” (Oficina Nacional de Contrataciones) es tan simple de entender que a poco de navegar sus páginas cualquier novel aspirante a contratista descubre cuáles son las condiciones que debe cumplir si desea vender un lápiz al Estado nacional, ofrecer un recital en una fiesta para todos y todas o reparar un rompehielos.

No es por cierto imposible trabajar legalmente para el Estado; inscribirse como proveedor, elegir el rubro o rubros en los que se ofrecen servicios, presentar balances, antecedentes y fundamentalmente demostrar cada cuatro meses mediante un certificado fiscal emitido por la AFIP que no se tiene deuda fiscal son las premisas básicas que, si no se cumplen (junto a otras ), deberían indicarle al aspirante a contratista que es mejor abstenerse.

Tan perfecto es el sistema que la propia Oficina Nacional de Contrataciones ha organizado reiterados cursos para funcionarios y contratistas, por los cuales todos los que alguna vez hemos Estado de uno u otro lado del mostrador estatal sabemos perfectamente cuáles son las reglas de juego.

Recientemente tomó estado público una millonaria contratación por parte de la Secretaría de Cultura para contar con los servicios artísticos del cantante Fito Páez; no se hizo en forma directa con el cantante sino por intermedio de la productora artística Siberia SA.

La perfección del sistema de contrataciones al que aludimos permitió que a pocos minutos de conocerse los detalles de la contratación, cualquier ciudadano desde su PC pueda comprobar que Siberia SA no posee certificado de habilitación fiscal para contratar con el Estado (lo que no implica que sea evasora o nada por el estilo, simplemente no puede contratar porque no cumplió el trámite de solicitar la constancia fiscal de libre deuda) y lo que es peor es que esa empresa jamás se inscribió como proveedora del Estado. Lo que resulta bastante difícil de explicar es cómo habrá sido el pago a esta firma, ya que el sistema sólo habilita el depósito en cuenta corriente bancaria a proveedores registrados (recordemos que el sistema es perfecto).

La noticia escaló por la fama del protagonista más que por la suma involucrada (una nimiedad en comparación al gran derroche estatal) pero se suma a otros escándalos recientes en materia de contrataciones públicas, como por ejemplo la bochornosa campaña antártica que insumió 90 millones de pesos contratados en parte con monotributistas y empresas intermediarias radicadas en el exterior con el triste agregado de que, a diferencia de Fito (que no defraudó a su público), el servicio contratado para atender a las bases antárticas fue pésimo.

Bueno es recordar que se debió licitar un servicio de transporte antártico, porque desde hace años el rompehielos Almirante Irizar intenta ser reparado con poco éxito en una dependencia estatal (Tandanor) que por más buena voluntad que detente por parte de obreros y directivos no es el lugar adecuado para una tarea de semejante envergadura si se lo compara con los también estatales Astilleros Río Santiago, ubicados -claro está- en el hostil territorio bonaerense.

Así las cosas, sean un par de millones o decenas de ellos, sea un recital de un par de horas o una reparación naval de 6 años, se trate de la intención de reemplazar el tradicional desfile y las canciones patrias por cantantes de rock ataviados con bolivarianos colores o de asegurar la subsistencia de cientos de argentinos haciendo patria en el continente blanco, todas estas contrataciones públicas tienen un denominador común que excede incluso a la primaria sospecha de corrupción. Satisfacen irracionales caprichos.

Varios jefes y expertos navales recomendaron oportunamente a la entonces ministra Nilda Garré sobre la conveniencia de reparar el rompehielos en un astillero de envergadura como lo es Río Santiago (el astillero que construyó buena parte de los buques de la Armada, Fragata Libertad incluida).

Pero el capricho ministerial determinó que el destino fuera otro y el gustito ya nos va a costar casi 1000 millones de pesos (dos rompehielos y medio). La gestión Garré acertó, no obstante, con la elección del reemplazo del averiado Irizar y durante varias campañas el buque ruso Vasily Golovnin cumplió su tarea con eficiencia y a un costo razonable. Pero su sucesor al frente del ministerio de defensa, Arturo Puricelli, quiso ponerle su impronta a la gestión y contrató a un buque apto para transportar automóviles pero totalmente inadecuado para la tarea requerida. Otro caprichito… el que por mucho que sea defendido por el actual ministro Agustín Rossi, tiene a la base Marambio al borde del colapso.

Falta saber ahora cuál habrá sido el funcionario que nunca llegó a ver desde una cómoda butaca de algún teatro a Fito Páez y se dijo así mismo “ahora que tengo la manija, lo contrato y listo… total con media hora de recaudación por impuesto al cheque, retenciones al agro, ganancias a la cuarta categoría o alguna pavada de esas lo pago”.

El anterior párrafo es una mera construcción imaginaria, pero sirve para graficar y para preguntarse cuáles serán los criterios de quienes manejan desde su área de acción los dineros públicos y para reflexionar sobre si realmente no lo estarán usando como si fuera propio.

Solemos escuchar más veces de lo que quisiéramos frases tales como “yo que les pago el sueldo”, “aquí les traje ayuda”, “voy a hacer esto, aquello o lo de mas allá” como si realmente estuviéramos conducidos por un grupo de mecenas que gentilmente nos abren su billetera para satisfacer nuestras necesidades primarias, secundarias y terciarias.

Y lo grave del asunto es que cuando se echa mano a lo que es de todos en forma irresponsable o delictual pero sabiendo que no es propio, puede surgir (tal vez) el arrepentimiento, el miedo a ser descubiertos y/o el temor al castigo judicial. Pero cuando se hacen tropelías administrativas y económicas con la convicción de que encima están bien hechas, estamos en problemas ya que ninguna barrera inhibitoria aplica a quienes no llegan a percibir la diferencia entre lo que está bien o lo que está mal, entre lo legal o lo ilegal.

Hace muchísimos años un superior me reprochó severamente por haber perforado un mamparo (pared) de mi camarote para colgar un retrato familiar: “No muchacho, eso no se hace”. Aunque me costó entenderlo, tenía razón. “Mi camarote” no era mío, era el lugar que el Estado nacional me brindaba para que pueda vivir dignamente mientras cumplía mi trabajo de marino, lo que es sustancialmente diferente.

Serios problemas nos aguardan si los “timoneles de la Nación” siguen perforando los bienes y recursos del país con el mismo criterio con el que irresponsablemente perforé el mamparo de mi camarote, pero con el agravante de no contar con superior alguno que les diga “No muchachos, así no”.

Y como el todo siempre es superior a alguna de las partes, tal vez sea la ciudadanía la que deba advertir y corregir el error; en paz, en democracia, en libertad pero con absoluta severidad, antes de que por tanto perforar y perforar la Nación se vaya a pique.