Juan Bautista Alberdi, nacido en la capital tucumana en 1810, fue quien como abogado formó parte de los grandes ideólogos que redactaron la primera Constitución de nuestro país en 1853. Sus pensamientos e ideas volcados en sus escritos anteriormente a la puesta en vigencia de la carta magna, principalmente los que aportó desde su tratado Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, fueron fundamentales y lo convirtieron en autor intelectual de la Constitución Nacional.

Nicolás Avellaneda fue otro tucumano que quedó en la historia argentina. Abogado, fue ministro de Justicia e Instrucción Pública de Domingo Faustino Sarmiento, cargo desde el cual apoyó y colaboró en la instauración de un sistema educativo nacional revolucionario para la época. Tras su paso en el Gobierno de Sarmiento, Avellaneda llegó a la Presidencia desde donde defendió el federalismo, las autonomías provinciales y se opuso a las pretensiones autonomistas de Buenos Aires.

Otro prócer que nos dejó Tucumán fue Julio Argentino Roca, presidente durante dos períodos que logró hacer argentinas las tierras de la Patagonia, lo que permitió triplicar el territorio y cuadruplicar la población. Además, sancionó la ley 1420 de Educación, la de Registro Civil y reglamentó la federalización de Buenos Aires. Fue un estadista que tuvo que tomar decisiones difíciles para un objetivo mayor: la conformación del Estado nacional.

¿Qué pasó desde Alberdi, Avellaneda y Roca hasta José Alperovich y Juan Manzur?

Pasaron muchos años en los que una clase dirigente se creyó dueña de la provincia y hoy, lejos de los laureles históricos de la patria, la provincia de Tucumán está haciendo historia en las páginas más difíciles. No por culpa de su pueblo, sino por decisión egoísta de una clase dirigente que intenta eternizarse en el poder y convertir un territorio con principios independentistas y constitucionales en un feudo del siglo XXI, aplicando prácticas fraudulentas y de intimidación social para lograr un objetivo: sostenerse en el poder.

Argentina no puede seguir el mismo camino. Es hora de una alternancia democrática que recupere los valores sobre los que se construyó la república (que supimos construir). Solo es posible hacerlo evitando el estancamiento de dirigentes en el poder que solamente trabajan para su propio mantenimiento.

Tucumán puede ayudar a recordárselo. Es cuna y pilar de la construcción democrática de nuestro país. Necesita recuperar los valores. Necesita un cambio, al igual que toda la Argentina.

Un programa de política pública tiene dos componentes básicos fundamentales. Un objetivo, que define el impacto positivo que se busca generar en la gente. Y un plan de trabajo, en el que se especifica cuáles son las actividades a realizar, los recursos que se necesitan, los tiempos de ejecución y el presupuesto.

El monitoreo está relacionado directamente con el plan de trabajo y lo que nos permite es comprobar que, efectivamente, las actividades que deben realizarse se están llevando a cabo, que se cuenta con los recursos previstos, que los tiempos de ejecución se están cumpliendo y que el dinero que se está invirtiendo es el que se había asignado a ello.

La evaluación, en cambio, está relacionada al objetivo del proyecto y lo que nos permite es saber si el trabajo que se está desarrollando genera el impacto que se buscaba, es decir si estamos o no haciendo algo que mejora las condiciones de vida de una persona o de una población.

Pongamos como ejemplo un programa para mejorar la enseñanza de la materia Lengua en los colegios primarios. El plan de acción consiste en entregar a cada alumno que esté cursando la materia, un manual teórico práctico sin cargo. Monitorear el proyecto es verificar que se haga la licitación para adquirir los manuales, se los compre, se los reciba, se distribuyan a los colegios, se entrene a los maestros para enseñar a los chicos a usarlos y se asigne una determinada cantidad de horas a trabajar con el nuevo libro. La evaluación, en cambio, consiste en analizar si las notas que los alumnos que recibieron los manuales mejoraron o no respecto de las notas de los alumnos de años anteriores, ya que el objetivo del programa sólo se habrá cumplido si eso pasa. Si no pasa, habrá que reformular el proyecto, más allá de que el plan de trabajo, es decir de la logística, se haya desarrollado de manera impecable. 

La evaluación es entonces un aspecto esencial de lo que se entiende como buena administración. Permite conocer la eficacia las políticas públicas y, consecuentemente, saber qué tan buen uso se hace de los recursos del Estado. Le da transparencia a una gestión.

La práctica de evaluar los programas de políticas públicas no era algo habitual en los países latinoamericanos hasta hace algunos años. Con el paso del tiempo la necesidad de evaluación se hizo cada vez más evidente. Y de manera más o menos reciente, Chile, México y Colombia lideraron un cambio en esta materia, creando organismos especializados en evaluar el impacto de las políticas públicas, como una forma de mejorar la toma de decisiones a la hora de definir los rumbos de una gestión de gobierno.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo lo propio hace algunos años, creando una “Unidad de Evaluación”, en el ámbito de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, que depende de la Jefatura de Gabinete. 

Desde su creación, esta unidad ha desarrollado herramientas de evaluación que nos permitan entender el impacto de los programas que implementamos, es decir saber no sólo qué se hizo y cómo se hizo, sino concretamente cómo le cambió la vida a las personas.

Hoy podemos, por ejemplo, no sólo informar sobre la cantidad de alumnos que recibieron computadoras a través del Plan Sarmiento, sino también de qué modo el uso de nuevas tecnologías se tradujo en mejoras en el aprendizaje de esos chicos. O podemos decir no sólo cuánta gente participó de Academia Buenos Aires Emprende, cuántos de los participantes avanzaron en proyectos y cómo mejoraron los ingresos económicos de los que implementaron esos proyectos.

Evaluar los resultados de las políticas públicas es ir más allá del qué se hizo y cómo se hizo, para enfocarse en cómo le cambió la vida a la gente, lo cual permite que las decisiones se tomen en función del impacto, que debe ser la guía a la hora de gobernar.

En la Ciudad, hoy se puede acceder a un turno hospitalario por teléfono, se puede solicitar una partida de nacimiento por internet, y se puede conocer el estado de una línea de subtes a través de una aplicación de celular.

Esta apertura del Gobierno porteño a las tecnologías y la informática también se concretó para agilizar los procesos internos de trabajo y mejorar los resultados de toda la gestión. El Tablero de Control (TC) es un ejemplo claro de esto. El TC es un software informático que se puso en funcionamiento en 2008 y actúa como vínculo entre la planificación, el presupuesto y el desempeño.

En este sistema se carga la información de más de 1000 proyectos planificados anualmente y luego permite realizar el seguimiento de los mismos para conocer el desempeño de las distintas áreas de Gobierno. Posee un sistema de alertas que identifica a través de gráficos tipo semáforos el estado de avance y la situación de los proyectos, ayudando, de esta manera, a identificar retrasos e inconvenientes y resolverlos a tiempo.

Además, el Tablero de Control es un excelente organizador y fuente de información interna. A través de palabras claves se facilita la búsqueda de proyectos y obras por área de Gobierno o temas.

La puesta en funcionamiento de una herramienta informática de estas características es importante para toda gestión que intenta trabajar eficientemente y disminuir errores. Este tipo de iniciativas requieren cambios y perfeccionamiento constante -de 2008 a la actualidad se ha actualizado en varias oportunidades- pero lo importante es encarar el desafío de ponerlo en marcha.

Los resultados son auspiciosos. La utilización del Tablero de Control aportó para realizar obras importantes en tiempo y forma como lo fue el Metrobus 9 de Julio. En 7 meses logramos realizar una obra en el centro neurálgico de la Ciudad coordinando muchas áreas de Gobierno.

El Tablero de Control es una herramienta importante de la gestión del Gobierno de la Ciudad y es otra de las medidas que se tomaron para que podamos transformar a la gestión pública en una administración moderna, ágil y eficiente. Y es otro paso para convencer a la gente de que puede volver a creer en que la política está para mejorarle la vida.

En el sector energético las políticas implementadas por el gobierno nacional en el sector de hidrocarburos y de la electricidad, transformaron a la Argentina en un importador neto de energía. En el 2013 importamos casi 13 mil millones de dólares en combustibles, un 38% mas que en el 2012. Tuvimos un déficit energético de 6.8 mil millones de dólares en el 2013 y tiene tendencia creciente. ¿Se puede considerar esto sostenible? Las importaciones de combustibles líquidos, gas y electricidad confirman nuestros problemas tanto de producción de hidrocarburos como de generación eléctrica. El gobierno responsabilizó a Repsol hasta que confiscó YPF pero ¿Cuál fue su rol como regulador mientras esto sucedía? Los recientes cortes de luz son otro ejemplo: el gobierno culpa a las compañías distribuidoras que sin duda comparten la responsabilidad, a pesar de la política tarifaria insostenible del gobierno. Pero ¿quién las reguló durante esta década?

En el plano de transporte, los problemas son también innegables. El abandono de la responsabilidad del Estado como regulador nos ha llevado a un sistema de trenes urbano colapsado y de mala calidad. El sistema trasporta un 40% menos de pasajeros entre el 2002 y 1999 a pesar de la caída estrepitosa del valor del pasaje en términos reales. ¿Puede ser esto sólo responsabilidad de los concesionarios? ¿Quién diseñó el modelo?¿Quién lo regula? ¿Quién paga los subsidios? Gracias a Dios, en este ámbito, el kirchnerismo reaccionó luego de los accidentes y comenzó a invertir.

En el sector de la educación, los resultados no son alentadores tampoco. Luego de que se aprobó la ley que llevó la inversión en educación al 6,5% del PBI, los resultados de las pruebas internacionales PISA muestran, consistentemente, una realidad preocupante. La Argentina se ubicó en el puesto 58 entre 65 países, y es el único país que bajó en comprensión de textos desde el año 2000. Esto demuestra que la solución no pasa exclusivamente por aumentar el gasto, sino que se requieren cambios estructurales para modernizar el sistema educativo. El caso reciente de México muestra el camino. Este país logró un acuerdo entre diferentes partidos cuyo objetivo es lograr capital humano de calidad, empleable en un mundo globalizado, sobre la premisa de que la educación pública es el instrumento más adecuado para igualar oportunidades en la sociedad. Los ejemplos podrían continuar: salud pública, seguridad, vialidad, hidráulica, etcétera. ¿Cuál es la explicación de este colapso generalizado?

Hasta la crisis del 2001, era común achacarle a la falta de recursos la mala calidad de los bienes públicos en Argentina. La “década ganada” ha confirmado que esa hipótesis es errónea. El kirchnerismo duplicó el gasto público y en lugar de mejorar la calidad de los bienes públicos, la empeoró sistemáticamente. El gran aprendizaje de la década kirchnerista es el siguiente: sin gestión profesional del Estado y políticas públicas a largo plazo, no se puede proveer bienes públicos de calidad; incluso si se duplican los recursos.

Sólo basta mencionar el problema energético para demostrar que no hay previsibilidad en la Argentina. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, confirmó que los cortes de luz seguirán, pero no dio detalles de cómo evitarán que se repitan en el verano 2014/2015. Desde hace años la demanda de energía viene siendo mayor que la oferta y el déficit sigue sin resolverse a pesar de los millones que se gastan en importación de energía. Así no existe visión. Y no se ve el futuro. Más allá de las próximas elecciones. Bajo la premisa del cortoplacismo se esconde la peligrosa consecuencia de hipotecar el futuro.

La Argentina en los últimos años tuvo la posibilidad de comenzar un proceso de desarrollo sustentable y de largo plazo, pero las decisiones del Gobierno Nacional no vieron la oportunidad. No se proyectó un futuro. ¿Qué política de Estado se le viene a la cabeza en este momento? Sacando la Asignación Universal por Hijo, que es una política pública buena pero de corto plazo, no hay proyectos de largo alcance.

A esta altura de nuestra historia es hora de que comencemos a planificar un futuro ordenado y encaminado hacia el progreso. Para ello es necesario realizar una medición honesta y un diagnóstico exhaustivo que permita conocer la verdadera realidad en la que vivimos. A partir de esta base podremos diseñar y seleccionar políticas públicas que respondan a esta realidad. Y, por último, implementar mecanismos que permitan medir la efectividad de las mismas y sus resultados.

El desarrollo de un país está estrechamente relacionado con su propia capacidad para implementar políticas públicas. La Argentina tiene algunos ejemplos de que esto es posible. Pero uno merece ser recordado todos los días. Un estadista que no solo supo cómo y cuándo implementar políticas públicas exitosas sino que, además, sus beneficios rindieron frutos en los años siguientes. Inclusive cuando ya no pudo ganar más elecciones. Este ex presidente tuvo la lucidez de analizar perfectamente la coyuntura en la que le tocó gobernar para luego diseñar un programa de Gobierno que llevo a la práctica con mucho éxito. Este personaje transformó el país que recibió y le dejó marcada la huella que seguiría (y seguirá) por muchos años más. Esta persona, hoy todo un prócer: Domingo Faustino Sarmiento.

El padre del aula fue también el padre de las políticas públicas en el país. Fue el primero en realizar un censo nacional para conocer las condiciones, fortalezas y problemas de la sociedad argentina de la época; intentó democratizar el campo argentino fomentando la división de las tierras en pequeños productores; comenzó un plan de desarrollo de transporte y comunicación a nivel nacional y realizó un trabajo incomparable en el ámbito de la educación. En base a los resultados del censo, creó un diagnóstico y construyó el sistema de escuelas normales dotado de maestras con alta capacitación y apoyó fervientemente la promulgación de la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria, para combatir el problema del analfabetismo. Sus políticas públicas fueron concretas, se pudieron aplicar y tuvieron resultados excelentes. Como ejemplo, hacia 1869, mientras Sarmiento gobernaba, se sabía gracias a su censo que el 77% de la población Argentina era analfabeta. Datos de 1914 demuestran que esa cifra se redujo al 35% de analfabetos a pesar de que en ese período la población se triplicó como consecuencia de las corrientes inmigratorias que en su mayoría llegaron sin saber leer ni escribir. En esa época, países desarrollados de Europa o Estados Unidos tenían un índice de analfabetismo menor que la Argentina, pero el porcentaje de reducción que se logró en nuestro país luego de las políticas educativas implementadas fue similar. Estados Unidos, por ejemplo, logró reducir su tasa de analfabetismo del 20% en 1870 al 6% en 1920.

La aplicación de políticas públicas de largo alcance es posible si existe liderazgo, valentía para hacer un diagnóstico honesto y adecuado, creatividad para buscar la solución a implementar para resolver el problema y un equipo con capacidad de gestión para persistir y alcanzar objetivos. Sólo mediante el desarrollo de políticas públicas, en base a diagnósticos honestos y certeros, con ideas creativas para solucionar los problemas, con equipos profesionales con capacidad de gestión y persistencia, es que podemos construir una Argentina más justa y pujante. Sarmiento nos demostró que esto sí es posible en la Argentina.

El futuro depende enteramente de quienes deciden hoy. De quienes pueden implementar políticas públicas. De quienes, como Domingo Faustino Sarmiento en la segunda mitad del siglo XIX, aceptan el desafío. Y persisten.