El 7 de octubre de 2011, mientras la dictadura que gobierna en Siria reprimía y mataba ante la vista del mundo entero, se realizaba su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como en pocas oportunidades, esta ocasión mostró las divisiones políticas de los gobiernos latinoamericanos: por un lado, hubo un grupo activamente comprometido con las prácticas autoritarias, liderado por Venezuela, Cuba y Ecuador; y otro crítico de la situación interna en Siria, conformado por Chile, Brasil, Uruguay y Perú.
En efecto, en el diálogo interactivo realizado en Ginebra, Brasil le recomendaba a Siria que respetara la libertad de asociación y expresión; Uruguay reiteraba su preocupación por la violenta represión de protestas pacíficas, el incremento de actos contrarios a las leyes internacionales de derechos humanos y consideraba que Siria debía liberar a los prisioneros de conciencia y detenidos arbitrariamente y poner fin a las intimidaciones, persecuciones y arrestos arbitrarios; Chile llamaba a Siria a generar condiciones para poner fin a la violencia y la represión, aseguraba que el estado de emergencia debía ser levantado para poder garantizar los derechos humanos y le recomendaba liberar a todos los detenidos por expresar libremente sus opiniones; y Perú, de manera firme, lamentaba que Siria no estuviera a la altura de los compromisos asumidos en marzo de 2011 relacionados con el mantenimiento de los más altos estándares en la protección de los derechos humanos y tomando nota que no había cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales y no autorizaba el acceso de la relatora especial que hacía referencia a la situación de los defensores de los derechos humanos.