Sin dudas es noticia que la cerrada dictadura cubana permita –con algunas excepciones- que sus ciudadanos puedan salir y regresar a la Isla, incluso disidentes reconocidos internacionalmente como la bloguera Yoani Sánchez, la Dama de Blanco Berta Soler y Rosa María Payá, hija del promotor del Proyecto Varela que falleció el año pasado en un sospechoso accidente de tránsito. Es que Cuba por largos años fue uno de los pocos países del mundo y el único de América Latina en violar expresamente lo contenido en el artículo 13 inciso 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero esta decisión no puede considerarse una señal de apertura en materia política, pues en Cuba sigue vedado el ejercicio de las libertades democráticas fundamentales y continúa vigente toda su normativa penal orwelliana que va desde la “peligrosidad social pre-delictiva” a la aplicación de la pena de muerte tras juicio sumarísimo.