Pero en paralelo, el acuerdo generó marcadas reacciones entre los líderes de la institución, los estudiantes y graduados. Incluso, algunos donantes retiraron su apoyo -y sus fondos- a modo de protesta.

El español Miguel Porrúa es uno de esos graduados. Defensor del rol del Estado en asegurar el acceso a la educación a los sectores con menos recursos, Porrúa fue uno de los primeros opositores al acuerdo uniéndose a uno de los grupos organizados para protestar contra la inversión de Laureate. Pero un cambio en la mirada de Porrúa ilustra la polarización del debate actual sobre el involucramiento del sector privado en la educación. En sus palabras, “no veo mayores alternativas para permanecer competitivo a nivel global”.

¿Qué es lo que hace a estos debates sobre la educación particularmente estridentes? En efecto, no se ve igual animosidad en ningún otro sector de política pública. Las empresas se asocian a los gobiernos, por ejemplo, para proveer servicios de salud, promover la investigación y el desarrollo, las tecnologías para la defensa y proveer alimentos y viviendas para los más necesitados. Pero cuando se trata de la educación, inevitablemente surgen fuertes confrontaciones ideológicas.

Estas contradicciones disparan muchas preguntas que aún no han sido resueltas -mucho menos tratadas en un enfoque apartidista y de base empírica. Los expertos en educación Rick Hess y Michael Horn, en su reciente libro Private Enterprise and Public Education, procuran hacer justamente eso.

Hess y Horn comienzan señalando que el sector privado en un sentido amplio -con y sin fin de lucro- ha estado involucrado en la educación desde los comienzos. En efecto, la primera educación no contaba con participación gubernamental. Los padres eran quienes instruían a sus hijos, mientras que las pequeñas comunidades se organizaban a sí mismas en escuelas particulares. Actualmente, en la era de la enseñanza masiva, las entidades privadas están muy involucradas: escuelas privadas, empresas que proveen materiales de clase e infraestructura, entrenamientos docentes y más.

Según los autores, en este contexto, se necesita un “diálogo productivo” que concluya “cómo sacar el máximo provecho del sector privado y qué incentivos y mecanismos de control asegurarán un entorno dinámico y centrado en resultados, a la vez que desincentive comportamientos no deseados”. La sugerencia de los autores en esta línea no es implementar restricciones a la provisión privada de educación, sino más bien definir regulaciones que impongan controles y garantías de calidad sobre todos los participantes del sector educativo.

La controversia sobre estos esfuerzos no se restringe únicamente a Estados Unidos. América Latina también los vive. En Chile, por ejemplo, ha habido un largo reclamo contra la inversión privada en universidades y escuelas. La presidenta electa Michelle Bachelet incluyó en su campaña electoral una plataforma contraria a la participación privada en la educación superior.

Pero en Chile y en todos los países emergentes la demanda por una educación de calidad continuará aumentando en la medida que la economía global requiera cada vez más habilidades críticas para mantenerse competitivos. Y con presupuestos públicos más restringidos y mala calidad educativa, especialmente en las comunidades más vulnerables, la necesidad de una mayor articulación público-privada como la que promueven Hess y Horn se vuelve más necesaria.

Sin embargo, también los nuevos emprendedores y empresarios del sector deben estar abiertos a un mayor dialogo con el sector público, para entender mejor la dinámica y necesidades de los sistemas educativos. Hess y Horn quizás lo expresen mejor al concluir que “las ventajas de las empresas incluyen su capacidad de moverse con más agilidad, y estar más abiertos a la atracción del capital y el talento… la contracara es que pueden estar menos arraigadas en las instituciones comunitarias, son menos estables y tiendan más fácilmente a recortar personal o servicios”.