En educación superior, Chile ha expandido el acceso. Más del 29% ha completado algún tipo de certificación avanzada –apenas por debajo del promedio del 32% que alcanzo la OCDE. Y en las cohortes más jóvenes, entre los 25 y 34 años de edad, esa cifra asciende al 41% -superando a la OCDE. Cerca del 70% de ellos son la primera generación en su familia en asistir a la universidad.

Sin embargo, aún persisten desafíos. Chile posee la distribución del ingreso más desigual de la OCDE y las desventajas socioeconómicas se reproducen en el sistema educativo, en vez de reducirse. Para cuando los alumnos cumplen 10 años, su desempeño educativo ya evidencia agudos contrastes basados en el ingreso familiar.

El hecho de que el país se haya lanzado al debate en los últimos meses, evidenciado en las marchas estudiantiles y hasta los pasillos del Congreso, es un primer paso que demuestra que la sociedad chilena está en constante búsqueda de progreso. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos, dadas las restricciones presupuestarias vigentes, alcanzar la doble meta de crear un sistema educativo de nivel mundial que logre a su vez reducir la desigualdad?

Sin embargo, el debate en la Administración de la Presidente Michelle Bachelet está enviando confusos mensajes: que todas las escuelas primarias deben ser públicas y gratuitas; que la educación superior, que hoy no permite instituciones con fin de lucro, debe ser gratuita para todos; que la selección no debería ocurrir a nivel escolar. Para financiar todo esto, el gobierno está proponiendo una reforma impositiva que según algunas estimaciones tendrá un costo de US$ 8 mil millones.

El acceso en Chile ya es bueno; mejorar la calidad es el principal desafío, especialmente en escuelas con alumnos de menores ingresos. A pesar de ello, las medidas para incrementarla parecen estar más bien ausentes del debate. La falta de claridad en las propuestas pone en riesgo a las partes del sistema que si funcionan mientras se dejan a un lado los asuntos realmente más acuciantes.

Entre estos temas pendientes se cuentan, por ejemplo, el cambio de la matriz de pobreza estructural de Chile. La evidencia señala que las intervenciones en la primera infancia generan efectos positivos en cascada que continúan capitalizándose durante la carrera académica y profesional del estudiante. Las políticas focalizadas para mejorar la enseñanza preescolar, el involucramiento parental y la mejora de oportunidades laborales para los trabajadores de menores ingresos con hijos, pueden generar más beneficios que alterar el financiamiento global del sistema.

Mientras que hay consenso sobre la necesidad de mejores regulaciones de la educación superior, no se está discutiendo el cómo se puede lograr esto aprovechando también las contribuciones de las instituciones privada. Tampoco está claro que una educación universitaria gratuita mejorará la calidad. ¿Y cómo afrontara el gobierno estos costos en el largo plazo? Hoy el sistema chileno cuenta con unas 63 universidades que prácticamente no reciben apoyo financiero del Estado.

En efecto, el sistema primario ha sido un modelo a seguir para el resto de América Latina precisamente por la diversidad de oferta, que incluye escuelas públicas gratuitas, establecimientos privados con y sin fin de lucro, y los subvencionados, que son financiados con aportes subsidiados. Hay poca evidencia de que alguna de estas modalidades brinde una calidad superior a la de otra. Más bien, es probable que la combinación de alternativas, la competencia y las evaluaciones anuales sean la mejor opción para los padres, y para la estructura del sistema educativo.

Como el educador y emprendedor chileno Eugenio Severin argumenta: “Entre una reforma total y el status quo, Chile probablemente seguirá –como es tradición- un camino intermedio definido por el gradualismo y la moderación”. La clave será, según Severin, “introducir reformas fundamentales que refuercen los éxitos de Chile y que a la vez mejoren la equidad y la calidad educativa”.

Pero en paralelo, el acuerdo generó marcadas reacciones entre los líderes de la institución, los estudiantes y graduados. Incluso, algunos donantes retiraron su apoyo -y sus fondos- a modo de protesta.

El español Miguel Porrúa es uno de esos graduados. Defensor del rol del Estado en asegurar el acceso a la educación a los sectores con menos recursos, Porrúa fue uno de los primeros opositores al acuerdo uniéndose a uno de los grupos organizados para protestar contra la inversión de Laureate. Pero un cambio en la mirada de Porrúa ilustra la polarización del debate actual sobre el involucramiento del sector privado en la educación. En sus palabras, “no veo mayores alternativas para permanecer competitivo a nivel global”.

¿Qué es lo que hace a estos debates sobre la educación particularmente estridentes? En efecto, no se ve igual animosidad en ningún otro sector de política pública. Las empresas se asocian a los gobiernos, por ejemplo, para proveer servicios de salud, promover la investigación y el desarrollo, las tecnologías para la defensa y proveer alimentos y viviendas para los más necesitados. Pero cuando se trata de la educación, inevitablemente surgen fuertes confrontaciones ideológicas.

Estas contradicciones disparan muchas preguntas que aún no han sido resueltas -mucho menos tratadas en un enfoque apartidista y de base empírica. Los expertos en educación Rick Hess y Michael Horn, en su reciente libro Private Enterprise and Public Education, procuran hacer justamente eso.

Hess y Horn comienzan señalando que el sector privado en un sentido amplio -con y sin fin de lucro- ha estado involucrado en la educación desde los comienzos. En efecto, la primera educación no contaba con participación gubernamental. Los padres eran quienes instruían a sus hijos, mientras que las pequeñas comunidades se organizaban a sí mismas en escuelas particulares. Actualmente, en la era de la enseñanza masiva, las entidades privadas están muy involucradas: escuelas privadas, empresas que proveen materiales de clase e infraestructura, entrenamientos docentes y más.

Según los autores, en este contexto, se necesita un “diálogo productivo” que concluya “cómo sacar el máximo provecho del sector privado y qué incentivos y mecanismos de control asegurarán un entorno dinámico y centrado en resultados, a la vez que desincentive comportamientos no deseados”. La sugerencia de los autores en esta línea no es implementar restricciones a la provisión privada de educación, sino más bien definir regulaciones que impongan controles y garantías de calidad sobre todos los participantes del sector educativo.

La controversia sobre estos esfuerzos no se restringe únicamente a Estados Unidos. América Latina también los vive. En Chile, por ejemplo, ha habido un largo reclamo contra la inversión privada en universidades y escuelas. La presidenta electa Michelle Bachelet incluyó en su campaña electoral una plataforma contraria a la participación privada en la educación superior.

Pero en Chile y en todos los países emergentes la demanda por una educación de calidad continuará aumentando en la medida que la economía global requiera cada vez más habilidades críticas para mantenerse competitivos. Y con presupuestos públicos más restringidos y mala calidad educativa, especialmente en las comunidades más vulnerables, la necesidad de una mayor articulación público-privada como la que promueven Hess y Horn se vuelve más necesaria.

Sin embargo, también los nuevos emprendedores y empresarios del sector deben estar abiertos a un mayor dialogo con el sector público, para entender mejor la dinámica y necesidades de los sistemas educativos. Hess y Horn quizás lo expresen mejor al concluir que “las ventajas de las empresas incluyen su capacidad de moverse con más agilidad, y estar más abiertos a la atracción del capital y el talento… la contracara es que pueden estar menos arraigadas en las instituciones comunitarias, son menos estables y tiendan más fácilmente a recortar personal o servicios”.