El año pasado, la prestigiosa Thunderbird School of Global Management, con base en Glendale, Arizona, fue objeto de un largo e intenso debate tras anunciar una vinculación con el grupo de inversión Laureate, dueño de 72 universidades en todo el mundo, que incluía inversiones privadas, por acceso a la gestión y dirección de la universidad. Thuderbird consideraba clave el acuerdo para recuperar competitividad en un mercado educativo que se enfrenta a importantes transiciones. Además de permitirle revitalizar parte de sus finanzas.
Pero en paralelo, el acuerdo generó marcadas reacciones entre los líderes de la institución, los estudiantes y graduados. Incluso, algunos donantes retiraron su apoyo -y sus fondos- a modo de protesta.
El español Miguel Porrúa es uno de esos graduados. Defensor del rol del Estado en asegurar el acceso a la educación a los sectores con menos recursos, Porrúa fue uno de los primeros opositores al acuerdo uniéndose a uno de los grupos organizados para protestar contra la inversión de Laureate. Pero un cambio en la mirada de Porrúa ilustra la polarización del debate actual sobre el involucramiento del sector privado en la educación. En sus palabras, “no veo mayores alternativas para permanecer competitivo a nivel global”.