Aunque la reforma es justificada en nombre de que el voto electrónico y la boleta única serán un golpe al control de la elección por parte del aparato de punteros, el proyecto elaborado termina beneficiándolos al mantener la obligatoriedad de los partidos o las alianzas de elegir sus candidatos en elecciones internas, pero con voto optativo y no obligatorio. Así, al reducirse el universo de votantes, el peso relativo de los votos movilizados por los punteros crece significativamente. Y con ello la capacidad de imponer sus candidatos.

El proyecto contiene una contradicción flagrante, porque establece que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) son obligatorias para los partidos o las alianzas, pero optativas para el electorado. Y empeora las cosas aún más al mantener en estas nuevas condiciones el requisito proscriptivo de superar el piso del 1,5 por ciento. Esto porque el porcentaje de cada lista dependerá de un total de votantes condicionado por las características que tengan el resto de las competencias internas. Por ejemplo, si un partido o una alianza deciden ir con una única lista a las PASO, seguramente, dado el carácter no obligatorio del voto, movilizarán menos a su electorado. Pero si otra fuerza recurre a las PASO con varias listas, tendrá mayor cantidad de votantes. Al final, el porcentaje de votos de cada partido o alianza no se relaciona con el electorado en general, sino con las internas de otros partidos.

Las PASO fueron creadas como una vía para superar la atomización política de los partidos tradicionales, golpeados por sus crisis sucesivas, especialmente luego del 2001. Para ello se consagró una mayor intervención del Estado en la vida interna de los partidos políticos, una acción conservadora, pues tiende a la reproducción del statu quo. Se estableció, incluso, que el electorado decidiera los candidatos de los partidos o las alianzas, cuando esto debe ser una decisión soberana de cada fuerza política, de acuerdo con su programa y su metodología.

El balance indica que ha fracasado. El kirchnerismo, que impulsó la ley, nunca recurrió a ella para resolver sus principales candidaturas presidenciales. La excepción fue la provincia de Buenos Aires, donde no pudo eludir las denuncias de fraude a favor de Aníbal Fernández. La modificación actual podría estar al servicio de que el macrismo intente dispersar al Partido Justicialista (PJ), al buscar que se presente en varias listas. Sea así o no, estamos en presencia de un nuevo intento de los gobiernos de turno de manipular el proceso electoral a su favor.

La reforma actual empeora las características negativas de la ley vigente, al reforzar la intervención del Estado y las cláusulas proscriptivas ya existentes. De lo que se trata no es de modificar las PASO sino de eliminarlas por completo, dándoles a los partidos la plena libertad para funcionar de acuerdo con la decisión soberana de sus militantes.

Mientras los “liberales” del macrismo refuerzan la intervención del Estado, los socialistas reclamamos la plena libertad política.

Sucede que la investigación del consorcio de periodistas que accedió a la información interna del citado estudio jurídico puso en evidencia que la creación de empresas offshore en paraísos fiscales constituye una práctica que alcanza por igual a macristas y kirchneristas. Mossack Fonseca fue el encargado de crear las sociedades offshore del presidente Mauricio Macri y de su ministro de Hacienda en la ciudad de Buenos Aires durante 8 años y hoy intendente de Lanús, Nicolás Grindetti, como así también del empresario k Lázaro Báez y del secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz.

Constituiría un error, o más exactamente un acto de encubrimiento, atribuir esta convergencia a una mera casualidad. La creación de sociedades offshore es una política que alcanza al conjunto de la clase capitalista, para la que gobernaron los Kirchner y hoy gobierna Mauricio Macri. Mediante esta modalidad los principales grupos empresarios no sólo evadieron el pago de impuestos, sino que fugaron de la Argentina 400 mil millones de dólares, casi un PBI entero, o dos veces la deuda pública.

Una parte considerable de esos capitales fugados reingresaron al país bajo la forma de la compra de títulos de la deuda pública. A esta práctica habría recurrido incluso Lázaro Báez, aunque el listado no se limita a él, sino que agrega a lo más granado de la burguesía nacional. De este modo, la clase capitalista argentina se transformó en la principal tenedora de deuda externa, o sea, en acreedora del país. El pago de casi doscientos mil millones de dólares durante la llamada “década ganada” en concepto de deuda han ido a engrosar los beneficios de esta clase antinacional.

Otra parte de la plata fugada ha sido el resultado de los sobreprecios pagados por la llamada “obra pública”, que Lázaro Báez se encargó de llevar adelante asociado, entre otros, con Angelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri y titular de la empresa IECSA, fundada por Franco Macri. La grieta también fue cerrada por la Cámara de la Construcción.

El pago de esta deuda nos ha llevado a un vaciamiento financiero del país, de la cual se vale el Gobierno de Macri para presentar al pacto con los fondos buitre como inevitable. La nueva deuda que se colocará, que empezará por doce mil millones de dólares pero podría rápidamente triplicar ese monto, será para hacer frente a la deuda contraída por la administración anterior. Por eso no es casual que los gobernadores, los senadores y parte de los diputados del Frente para la Victoria le hayan dado el apoyo a Macri para pactar con los fondos buitre.

Cuando el Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean la necesidad de investigar la deuda (pública y externa), apuntamos justamente a que se ponga en evidencia ante el conjunto del pueblo el tamaño del saqueo del país que ha sido ejecutado sistemáticamente por la clase capitalista local en alianza con los grandes bancos internacionales. No debe sorprender que el Congreso que rechazó este reclamo haya sido el mismo que votó favorablemente el pacto buitre.

La imputación judicial del actual presidente de la nación Mauricio Macri y de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner muestran que la corruptela política es la consecuencia necesaria de quienes gobiernan en función de intereses de los vaciadores y los lavadores de capitales.

La grieta que se cerró en Panamá abre la verdadera grieta que cruza al país entero: entre un pueblo que debe sufrir todo tipo de privaciones, y los capitalistas y sus Gobiernos, que se la llevan en pala.

La aplicación de la medida equivale a establecer una suerte de pena de muerte, con el agravante de que prescinde del juicio previo y del derecho a la defensa. Se pretende justificar semejante engendro reaccionario argumentando que es necesario para luchar contra el narcotráfico, pero si esta fuese realmente la finalidad, debería procederse a la estatización de los puertos privados, por donde entra y sale la droga del país, nacionalizar el juego que sirve para lavar el narcodinero, y el sistema financiero que cumple una función similar.

El decreto de emergencia también permite a las fuerzas de seguridad a convocar al personal retirado. Aunque en la letra se establezca que esta re-convocatoria excluye a quienes tienen denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos, lo cierto es que, gracias a la impunidad reinante, la inmensa mayoría de quienes cometieron esos delitos pudieron retirarse sin denuncias en su contra.

Llamativamente, el decreto de derribo se aprueba en momentos en que la Fuerza Aérea ha perdido toda capacidad operativa, es decir, se ha quedado sin aviones. Lo que viene, por lo tanto, es un operativo rearme de las Fuerzas Armadas, que ya comenzó en el último ciclo del Gobierno kirchnerista. La compra de aviones de combate será un tema que servirá, además, para el alineamiento internacional con las grandes potencias imperialistas. En un país con déficit y en un cuadro de ajuste, el crecimiento del gasto armamentístico será a expensas de los gastos sociales del Estado.

La intervención de las Fuerzas Armadas en la “lucha contra el narcotráfico” plantea el peligro de que se transforme ella misma en apéndice de los propios narcos. Si ya tenemos comisarios narcos, ahora tendremos generales, almirantes y brigadieres narcos.

La “emergencia en seguridad”, sin embargo, va más allá. Incluye el combate contra las asociaciones ilícitas “organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales”, lo cual le otorga al Gobierno la posibilidad de perseguir a la oposición política y a quienes protagonicen luchas sociales. Explícitamente se encuadra en la ley antiterrorista votada por el Gobierno anterior, que establece la duplicación de la pena cuando se busque “obligar a las autoridades públicas nacionales o Gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. De este modo, toda acción reivindicativa puede ser sancionada, incluso, con un agravamiento de la pena.

Denunciamos que la emergencia de seguridad es un operativo reaccionario de alto alcance, que apuesta a reforzar el aparato represivo de un Estado y un Gobierno empeñados en aplicar un ajuste contra los trabajadores.

Al desdecirse de sus propias palabras, Kicillof no hizo otra cosa que seguir la posición de las grandes cámaras inmobiliarias. Estas pusieron el grito en el cielo ante una medida que, aunque tibia, afecta sus negocios actuales. Ocurre que un impuesto de este tipo serviría para incrementar la oferta de inmuebles para alquiler, lo que ante una demanda constante debería redundar en una baja de los alquileres. De este modo, tendríamos una afectación de la renta, ya sea por la vía de la baja de los alquileres o por una carga impositiva especial a quien adquirió una propiedad como reserva de valor de un activo dolarizado. De una manera indirecta y limitada, un impuesto a la vivienda ociosa conduce a una apropiación de la renta del suelo por parte del Estado.

La marcha atrás de Kicillof fue conceptual. Arguyó que la afectación de la renta derivaría en una caída de la construcción, pues las grandes constructoras verían afectada sus beneficios. Para alejar toda duda sobre sus propias convicciones, el ministro puede citar que fue él mismo y en persona quien se hizo presente en la Legislatura de la ciudad para asegurar el voto de la bancada kirchnerista al proyecto de ley elaborado con el PRO para entregar las tierras ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers a grupos como IRSA, del empresario oficialista Eduardo Elsztain, quien a su vez controla el Banco Hipotecario. La defensa de estos negocios inmobiliarios ha sido la base de los pactos entre el macrismo y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires.

El impacto de un impuesto a las viviendas ociosas es limitado para afrontar la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Un capitalista que compra propiedades como medio de ahorro puede estar dispuesto a pagarlo, como lo hace de hecho con otros gastos, como ser las expensas o el inmobiliario. Por ello mismo, una salida de fondo requiere un programa que vaya a la raíz del problema. Este debe contener la construcción de viviendas sociales por parte del Estado, la utilización de las tierras públicas con esa finalidad, compatibilizando con las necesidades de espacios verdes y esparcimiento, la urbanización de las villas, la declaración de áreas protegidas de barrios como La Boca o Barracas, donde es necesario una política pública para reacondicionar viviendas en mal estado, evitando así que caigan en manos de las grandes constructoras. El financiamiento de un plan de este tipo requiere la colocación de impuestos especiales a los grandes especuladores inmobiliarios y la transformación del propio sistema financiero, empezando por el Banco Ciudad, que debe invertir sus recursos en préstamos hipotecarios a tasas bajas, en vez de especular con los títulos de la deuda pública.

Un programa de este tipo está en las antípodas de Kicillof y su Gobierno, cuyos funcionarios han incrementado su fortuna personal comprando inmuebles en los barrios de lujo de la ciudad, como Puerto Madero.

El derecho de los trabajadores a vivir en la ciudad y la solución a la cuestión de la vivienda requiere una transformación social integral.

Una contradicción salta a la vista: el movimiento político que busca condicionar al eventual gobierno de  Scioli no tenía la menor posibilidad de ganarle a éste unas PASO. La candidatura de Florencio Randazzo no levantaba en las encuestas. El pejotismo, que se apresta a mantener el control de las gobernaciones e intendencias, así como la burocracia sindical de los Caló y Gerardo Martínez, están alineados con el ex motonauta.  Toda la “construcción de poder” de la que se jactaba el kirchnerismo trabajaba desde hace tiempo para la candidatura presidencial del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En este cuadro la candidatura a vicepresidente de Zannini es una operación de retaguardia. Pero es, también, un retroceso de Scioli. En un régimen político presidencialista, la emergencia de un gobierno bicéfalo es una piedra en el camino de salida la crisis política en curso. Esto es aún más grave en una situación de bancarrota económica potencial y cuestiones pendientes – como el acuerdo con los fondos buitres, el tipo de cambio, el cepo, los giros de utilidades al exterior (u$s 14 mil millones) el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea.

En el sciolismo confían que podrán repetir la experiencia que tuvieron con Gabriel Mariotto, que el kirchnerismo había impuesto como vicegobernador para que haga de “comisario político” y terminó convertido en anaranjado, o la del propio Néstor Kirchner, que acabó con su padrino Eduardo Duhalde en un plazo relativamente breve.Pero tanto en un caso como el otro tuvieron que pasar por crisis políticas potencialmente severas.La Bolsa recibió el acuerdo con una caída en la cotización de acciones y títulos públicos.

Los K cuentan con que la reacción del electorado será positiva. El traspié de Mauricio Macri en Santa Fe, la crisis de la coalición macrista-radical en Mendoza y el relegamiento electoral que se observa en Córdoba, podrían colocar a Macri en la senda de Massa. La posibilidad de la unión opositora, sin embargo, se ha agotado. La lucha electoral irá acompañada de otra pelea en el seno de cada coalición.

El Frente de Izquierda va a abordar la campaña desde el programa y las reivindicaciones del socialismo y la clase obrera, pero también desde el escenario de crisis del campo capitalista. La incorporación de Zannini a la fórmula presidencial alimentará las ilusiones de la militancia “nacional y popular” en la eternidad del “proyecto”. La denuncia de que el cristinismo capituló ante un hijastro del menemismo no puede reemplazar a la crítica al nacionalismo burgués que encarnan los K. Son ellos los que emprenden hoy el ajuste y los que operan como intermediarios de un endeudamiento usurario con el capital internacional. Axel Kicillof es una pieza clave de este ajuste. La crítica sin atenuantes a este “nacionalismo pedorro” (Altamira dixit) es más necesaria que nunca. Para reforzar esta perspectiva la lista del Frente de Izquierda que lleva la fórmula presidencial Jorge Altamira-Juan Carlos Giordano va a incorporar a esta campaña política a todos los luchadores y militantes que participan de las luchas cotidianas y han perdido por completo las ilusiones en la política patronal. 

La oposición tradicional se infiltró en los pliegues de una movilización convocada por otros, sin mosquearse por el hecho de que Massa fue jefe de Gabinete del gobierno de Stiusso, y que Macri nombró en la jefatura de la Policía Metropolitana a “Fino” Palacios, quien en junio será juzgado por encubrir el atentado a la Amia.

¿Golpe blando?

El oficialismo denuncia el 18F como parte de un “golpe blando” -en el cual incluye la imputación de Nisman contra CFK, que ahora recoge el fiscal Pollicita. ¿Pero es esto así? Bien visto se concluirá que el fiscal Pollicita actuó muy moderadamente. Excluyó, por ejemplo, el llamado a indagatoria de la Presidenta y a otros miembros del gabinete, desconociendo un reclamo del propio Nisman.

La posibilidad de un golpe está bloqueada porque el oficialismo cuenta con mayoría en el Congreso y, como si fuera poco, el apoyo militante de Milani. No se puede pasar por alto que los “círculos rojos” de las finanzas internacionales siguen comprando deuda pública, como lo prueba la suba de su cotización y hasta la Justicia británica acaba de rechazar el “pari passu” de Griesa, claro que a pedido de George Soros.

Para que el golpe ingrese en la agenda debería producirse una quiebra interna del oficialismo. Esto podría ocurrir si los K embisten contra Scioli y pierden el afecto de los “barones del conurbano”. Otro elemento sería un fallo condenatorio contra Milani. En esta hipótesis, la situación financiera, ya precaria, se desmadraría. En estas condiciones límite, la burguesía opositora acabaría formando un “frente de unidad nacional”, como herramienta de recambio.

Vereda de enfrente

La masividad del #18F interviene, en este escenario, como un factor de presión por promover una “unidad opositora”, que por el momento está bloqueada por los choques entre Massa y Macri. Hay opinólogos oficialistas que identifican esa potencial alianza con el “golpe blando”. Se trata de un despropósito que sirve para ocultar que la descomposición del Estado producida por la gestión kirchnerista  es la consecuencia de prohijar servicios de espionaje colonizados por los yanquis y proyectos de infiltración contra el movimiento obrero y la juventud.

Los convocantes del #18F no han logrado sumar al aparato de gobernadores e intendentes del Partido Justicialista. Verbitsky, “Chino” Navarro y Hernán Brienza admitieron la posibilidad de ese apoyo -o sea que estuvieron negociando una participación oficial. El fracaso de estas tratativas ha acentuado el enfrentamiento. Si se llegaran a reunir los extremos para un gobierno de “unidad nacional”, el PJ y la mayor parte del FpV serán parte del emprendimiento.

El #18F deja la pelota picando del lado de las camarillas enfrentadas de la “opo”. La muy promocionada “unidad opositora” choca con una disgregación más general de los partidos tradicionales. La crisis política en curso es una expresión del derrumbe del régimen político en su conjunto -con “opositores”, jueces, fiscales y servicios incluidos.

Iniciativa

El Partido Obrero no ha participado del 18F, pero lejos está de considerar a quienes concurrieron como “una masa reaccionaria única”. Esta es la versión interesada del kirchnerismo, que le es útil para ocultar sus atropellos de todo orden contra los trabajadores.

Las posibilidades de la oposición tradicional de canalizar ese movimiento chocan con las aspiraciones de justicia que reclama una mayoría. El atentado a la Amia, así como las corruptelas y otros crímenes, alcanzan a las cabezas de los opositores que gobernaron con el kirchnerismo o con gobiernos anteriores. La muerte de Nisman es un crimen de Estado que alcanza a todo el régimen político.

El reclamo de Justicia requiere un programa de fondo, que sólo lo plantea el Frente de Izquierda: que se abran todos los archivos (de la Side, el resto de los servicios y de la Cancillería), que se vaya Milani, la anulación de la ley antiterrorista y que el gobierno comparezca en interpelación pública en el Congreso, de forma tal que el pueblo conozca sus responsabilidades políticas y también las de la oposición.

La crisis provocada por este “crimen de estado” requiere una salida política.

El otro perdedor de estas alianzas de los punteros de la UCR con Massa es Mauricio Macri, quien también pretendía quedarse con esos respaldos. En el caso de Córdoba, la alianza del PRO con la UCR se mantendría, con lo cual se abre un panorama de división de la UCR en dos o en tres. De este modo se consolida la volatilización de la UCR como fuerza nacional y su disolución en partidos provinciales, muy vinculados con los intereses de los grupos capitalistas locales. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el planteo de Macri de eliminar las retenciones coincide con el capital sojero que reclama esa medida, cuando cae el precio internacional de la soja y la inflación consumió los ‘beneficios’ de la devaluación de enero. En La Rioja, Massa hizo declaraciones críticas para el capital minero, lo que chocaría con Cobos en Mendoza, que es quien encabeza la campaña para modificar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Lo mismo ocurre en Catamarca, donde la UCR fue la aliada histórica del monopolio Minera Alumbrera.

El “ala izquierda”, en crisis

En estas nuevas alianzas con Massa, la mayor crisis le ha quedado planteada al ala izquierda del Unen, que aspiraba a conquistar posiciones parlamentarias yendo como cuarto violín de los Binner, Cobos o Sanz. Para rechazar el acuerdo con Macri, los Pino Solanas y Tumini se aliaron con quienes ahora pactan con Massa. La deserción de los candidatos que se avecina puede replantear, como hipótesis, el intento de formar una nueva alianza centroizquierdista; o sea, una vuelta a Proyecto Sur. De darse esta alternativa, tendríamos una variante centroizquierdista protagonizada por fracasados políticos. Pese a ello podría despertar el interés de un sector de la izquierda que ya en el pasado estuvo dispuesta a ir con Pino Solanas, Stolbizer y hasta con Binner, pero que puso como “límite” a la UCR.

La desintegración del Unen conduce a una ‘derechización’ de un escenario electoral monopolizado por los Massa, Macri y Scioli. Para la izquierda que lucha por una salida anticapitalista a la bancarrota actual, este escenario de disolución política debe explotarse mediante una acción política sistemática, que debe tener como estrategia la fusión del movimiento obrero con la izquierda.

El default es una interrupción de pagos para propiciar una reestructuración o refinanciamiento de la deuda impagable. El repudio de la deuda equivale, en cambio, a una expropiación de los capitalistas que lucran con una deuda usuraria y confiscatoria, aunque deja de lado a los especuladores pequeños que depositan sus ahorros en la deuda externa. El default mantiene sin modificaciones las relaciones y la estructura económica que produjeron la bancarrota. Adolfo Rodríguez Saá, por ejemplo, declaró el default cuando el país había agotado la posibilidad de seguir pagando, y lo hizo con el propósito de generar las condiciones para volver a pagar.

Al mismo tiempo, Eduardo Duhalde inyectó luego una suma multimillonaria de pesos para rescatar a los bancos y AFJP que tenían una cartera de títulos de deuda externa superior a su patrimonio neto. El default se transformó en un gran negocio para los capitalistas que, mientras tanto, habían fugado capitales durante 2001 y luego lograron, en la reestructuración de la deuda por parte de los K, el reconocimiento de los intereses usurarios aplicados a los blindajes y megacanjes realizados por De la Rúa-Frepaso-Cavallo en 2001. Además recibieron los llamados cupones del PBI -40 mil millones de dólares.

El Partido Obrero es preciso con sus consignas: no al default, sí al repudio definitivo de la deuda usuraria. Un default por parte de Cristina Kirchner iría acompañado por un caos económico generalizado en perjuicio de los trabajadores, en primer lugar. Un repudio de la deuda usuraria, que solamente podría ejecutar en forma consecuente un gobierno de trabajadores, iría acompañado con un plan económico obrero y popular financiado con el ahorro nacional salvado del pago de la deuda usuraria. Es un paso hacia la reconstrucción socialista del país.

Nuestro planteo de no pago forma parte de un programa de transformación social integral del país bajo la dirección de los trabajadores. Para eso se impone la nacionalización de la banca y del comercio exterior y la creación de una banca única bajo la dirección de los trabajadores. Los bancos y los pulpos comerciales son los canales principales que confiscan el ahorro nacional y la convierten en deuda pública que expolia a la fuerza de trabajo. Si el gobierno se ve obligado a rechazar el fallo de Griesa y a suspender el pago de la deuda, nos movilizaremos para que este rechazo se convierta en repudio de la deuda y para impulsar la convocatoria a un congreso de trabajadores que aplique los recursos rescatados a un plan obrero y popular.

¿Cómo ponerse del bando contrario a la española Gestamp, cuando España acaba de “ayudarnos” en el Club de París? ¿Cómo “atraer inversiones extranjeras”, luego de todos estos arreglos entreguistas, si luego los “inversores” no pueden ejercer “el derecho de propiedad”, disponiendo de la fuerza de trabajo de acuerdo con su conveniencia? La promesa de “crear trabajo” en el futuro empieza por la destrucción de la fuerza de trabajo en el presente. El ingreso de los despedidos, que establecía la conciliación luego derogada, afectaba el “clima de inversiones” que promueven los nacionales y populares. Tolerar un triunfo obrero habría convertido en inútiles todas las agachadas ante el gran capital. Cuando el laburante Pignanelli amenaza con una fuerza de choque contra los trabajadores, simplemente cumple con su oficio de alcahuete del capital extranjero.

Mentiras y estafas

El desalojo de Gestamp con mentiras y estafas es una lección muy valiosa para los trabajadores, que el gobierno y las patronales van a pagar caro. Han destruido la conciliación obligatoria y las mediaciones de los ministerios de Trabajo. Cuando las suspensiones y despidos arrecian, el Estado ha entregado un arma antiobrera importante. La macarteada de la Presidenta al comparar la lucha de Gestamp con la toma del Palacio de Invierno, seguida por las procacidades pedracistas de Pignanelli, han suscitado una reacción democrática que crece. La ciudadanía advierte que la colaboración de la burocracia sindical con la Triple A no quedó en el cajón de los recuerdos. Las patronales y los gobiernos vuelven a recurrir a los servicios de la burocracia.

Esta vez, sin embargo, “no pasarán”. Por lo pronto, la lucha por la reincorporación continúa, en medio de suspensiones y despidos en otras empresas metalmecánicas, en la construcción y en la industria en general. Los planteos de la huelga nacional del 10 de abril pasado siguen vigentes; las suspensiones y despidos están lejos de cerrarse. Honda, por ejemplo, acaba de informar que suspenderá durante un mes a todo su personal. En Cables Lear, las suspensiones alcanzan al 50% de la planta. Iveco ha extendido el plazo de suspensiones que había anunciado inicialmente. General Motors quiere canjear las suspensiones por una rebaja del salario en un 35 por ciento.

Lo que viene

Todavía están pendientes las paritarias de gremios grandes, entre ellos camioneros, Alimentación y Transporte. Los compañeros de la 60 y de Ecotrans ya han empezado con medidas de advertencia; el clima entre los choferes está caliente.

La crisis tienen que pagarla los capitalistas. Ni suspensiones ni despidos: que se reduzca la jornada laboral con el mismo salario de bolsillo actual. Que se abran los libros de las automotrices y autopartistas, y de sus financieras. Ni Cristina Fernández de Kirchner ni Scioli ni Pignanelli van a torcer el brazo de la clase obrera. La lucha por la reincorporación de los compañeros de Gestamp continúa, con acampes, cortes, volanteadas, fondos de huelga y acciones de solidaridad. El alcance que ha tomado la ofensiva capitalista requiere una respuesta de conjunto. Planteamos por ello una campaña por la huelga general.

Este contraste convirtió a la jornada de 24 de marzo en otro capítulo del ascenso de la izquierda y de la retirada del gobierno kirchnerista. Mención aparte merece Sergio Massa, que decidió pasar el 24 de marzo en Nueva York en compañía de los “inversores” que apadrinaron el golpe genocida hace 38 años.

Impostura

La consigna utilizada por la conmemoración oficialista, “Democracia o corporaciones”, es el colmo de la hipocresía, puesta en boca de un gobierno desesperado por arreglar con todas esas corporaciones en tiempo récord. Salvo, claro, que se quiera presentar a Chevrón, Repsol o el CIADI como garantes de la democracia. CFK ni siquiera se hizo presente para acompañar esta farsa – no sea que arruine el acuerdo con el Club de París. Su acción “militante” se limitó a un tuit sobre su esposo. Horas antes, un tribunal de Santa Cruz digitado por el poder político provincial y nacional dictó prisión preventiva contra obreros petroleros que luchan contra el impuesto al salario y la tercerización.

El faltazo de CFK convirtió al ministro Julio Alak,  un defensor acérrimo del indulto y abogado personal de Carlos Menem, en el orador en la Esma. Así, el Día de la Memoria derivó en una operación de encubrimiento fingiendo un olvido colectivo. El cierre a cargo de Carlos Zannini, sin protagonismo para gobernadores e intendentes, transformó el 24 de marzo en un nuevo capítulo de la crisis del aparato justicialista.

El avance de la izquierda

La movilización del 24 de marzo organizada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia fue realmente popular. Testimonio de ello fue la presencia de los docentes que están en huelga indefinida por su salario, de los petroleros de Las Heras, de los dirigentes Qom, de los centros de estudiantes (que le ganaron a La Cámpora colegio por colegio en votaciones de asamblea la adhesión a la marcha independiente), de los familiares de la masacre de Once y de Cromagnón. Se hicieron presentes dirigentes de los derechos humanos, que en años anteriores organizaban marchas “intermedias” entre el gobierno y la izquierda, y que ahora estrechan filas con ésta para enfrentar a un gobierno en abierto giro a la derecha.

El repudio a la designación de Milani fue el eje político de la marcha, lo que refrenda el proyecto de destitución que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso. La centroizquierda no tuvo protagonismo. Pino Solanas, que en el pasado solía asomarse por estas marchas, ahora es cuarto violín de los ejecutores de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Todo el bloque UNEN sufrió una derrota política cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia rechazó que participara en el sorteo de la marcha, considerando que son parte de un bloque político responsable de la impunidad. El UNEN se limitó a realizar un acto en una Iglesia y la UCR a una actividad interna en su local central.

Perspectivas

La Plaza de Mayo, repleta por miles de personas, fue un respaldo a la gran huelga docente, por eso contó con una masiva presencia de los protagonistas de esta lucha histórica. Desde un punto de vista estratégico expresó la fusión de la izquierda con las causas populares.

El 24 de marzo se convirtió, gracias a una lucha decidida, en una jornada de polarización política real, pues opuso a bloques que representan intereses sociales antagónicos y no a punteros del propio partido gobernante. La tarea del momento es desarrollar esa polarización impulsado una fuerte campaña por la huelga general y por una salida política de los trabajadores.

En esa perspectiva trabajan el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.