Impunidad para el Estado y los funcionarios

Una de las modificaciones establece que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva (como multas) es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. El artículo 6 dice que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos”. ¿Cómo justifican los K estas disposiciones que equivalen darle al Estado y los funcionarios un certificado de impunidad por adelantado? Según los guionistas del relato estas medidas son progresivas porque impiden la proliferación de la industria del juicio, y más aún, protegen al Estado de la acción de los monopolios. Pero la impostura salta a la vista cuando vemos que son ellos mismos quienes acaban de sellar un acuerdo con Chevron, que aún mantiene su carácter confidencial siendo sin embargo YPF una empresa “pública”.

Más que blindar el Estado contra los empresarios, se pretende blindarlo contra las demandas que realicen los ciudadanos que son víctimas de la asociación estatal-capitalista. En esta categoría revisten, por ejemplo, los concesionarios ferroviarios, que han sido un factor permanente de accidentes mortales. De aprobarse la propuesta oficial, las víctimas de estos accidentes no podrán demandar por daños al Estado ni a los funcionarios responsables ante la Justicia civil, sino ante la administrativa –la propia burocracia estatal. Este cambio protege el patrimonio de los Jaime, Schiavi y De Vido, pero por sobre todo permite acelerar la tercerización económica del Estado y habilitar cláusulas que transfieran la responsabilidad ‘ambiental’ de los concesionarios al Estado o victimizar a los trabajadores. En esto consiste la ‘modernización’.

El proyecto oficial establece que “la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo”. Con este recurso, el propio Estado puede negarse a cumplir un fallo judicial en su contra (como ocurre con los jubilados), alegando la existencia de normas administrativas elaboradas por él mismo. En lugar de postergar en el tiempo, mediante sucesivas apelaciones, como hace ahora, el cumplimiento de sentencias judiciales que suponen una erogación de dinero, el Estado podrá ampararse en el futuro en su privilegio administrativo. Recordemos, de paso, que aún hoy, a 30 años de la “democracia” y tras una década K, la Ley de Procedimientos Administrativos vigente data del gobierno ultrarreaccionario de Onganía que le da al Estado todo tipo de prerrogativas frente a las demandas de particulares. Amparados en estas legislaciones reaccionaria podría desconocer otro tipo de sentencias en su contra, como el freno a emprendimientos que destruyen el medio ambiente o la reinstalación de delegados sindicales (esto ya ocurre en la actualidad en el INDEC), lo cual le permitiría ignorar el derecho de “incidencia colectiva”, que introduce el mismo proyecto unificador. Lo más importante, sin embargo, es que protege al Estado en su trabajo de liquidación de los activos de la ANSES y el Banco Central, y una futura declaración de bancarrota de ambos. Cavallo sucumbió después de declarar la “inalienabilidad” e “inembargabilidad” de los depósitos bancarios; CFK se quiere salvar por la vía de la confiscación de salarios y jubilaciones.

Precariedad laboral

La impunidad que el Estado se arroga para sí mismo abarca la relación con sus propios trabajadores, los cuales pasarán a revestir una categoría de segunda. De acuerdo a la reforma, no podrán demandar al Estado por la vía civil en caso de sufrir un accidente laboral. Esta discriminación no sólo la sufrirán los empleados públicos (se extiende a las provincias que se acojan a las modificaciones del Código) sino también quienes realicen tareas en alguna empresa contratista del Estado. La norma exime en los hechos las obligaciones indemnizatorias de las ART. Todo el proyecto oficial apunta a reducir ‘costos laborales’ en beneficio de las patronales.

Si bien el derecho laboral no forma parte de la unificación de los Códigos en cuestión, una serie de disposiciones a favor de las empresas son abiertamente perjudiciales para los trabajadores. Una de las más importantes es la que elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las deudas laborales de firmas dependientes o subsidiarias. Es otro incentivo poderoso para el avance de la tercerización como práctica, bajo el relato menemista de la ‘modernización’. La reforma va a contramano de varios fallos judiciales que han obligado a la empresa principal a responder solidariamente por las acciones realizadas por las empresas dependientes. La intención de instalar el paraíso de la tercerización laboral se observa en otras disposiciones: al regular la Unión Transitoria de Empresas (UTE) se presume que no existe la responsabilidad solidaria de los socios por los actos que éstas realicen, ni por las obligaciones que contraigan frente a terceros, entre los que pueden estar los trabajadores. Lo mismo para los “contratos de franquicias”.

En un artículo referido a regular el “contrato de suministro” se habilita a que esta figura contemple “el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas”. La “prestación de servicios sin relación de dependencia” es uno de los fraudes laborales más comunes que existen hoy en el “mercado de trabajo”.

La reforma también abre la puerta a otros fraudes capitalistas contra los trabajadores y el fisco. Una de ellas es la novedad de crear “sociedades anónimas” unipersonales, lo cual supone el absurdo de una sociedad en la que una persona no se asocia con nadie. Pero así se habilita el recurso de limitar la responsabilidad de los grupos empresarios, que podrán también dividir su patrimonio para acogerse a beneficios de todo tipo.

Antijurídico

El proyecto incorpora como propios “los tratados en los que la República Argentina sea parte”. Es el caso, por ejemplo, de los que reconocen la jurisdicción de tribunales extrajudiciales, como el CIADI. De este modo convierte al arbitraje internacional en obligatorio. Los defensores de la reforma alegan que la “soberanía nacional” está bien protegida porque para cualquier arreglo ante organismos o tribunales internacionales se requiere, como paso previo, un fallo de tribunales locales que lo avale. Sin embargo, el reciente arreglo alcanzado en el CIADI con los fondos buitres que se quedaron con los juicios de empresas privatizadas que litigaron para el país no contó con el aval de ningún tribunal local. Los 500 millones de dólares de nueva deuda emitida para pagar la demanda a los buitres prueba que los K se mienten a sí mismos y le mienten a todo el país. Incluso más, es un arreglo que contradice la Constitución Nacional, que señala que todas las controversias donde la Nación es parte son competencia exclusiva del poder judicial argentino. La Corte Suprema de Justicia no protestó frente a semejante atropello, sino que además intervino a través de sus jueces en la elaboración del proyecto oficial que refuerza la violación de la soberanía de la Justicia Argentina.

Clerical

El proyecto oficial consagra a la Iglesia Católica como “persona jurídica pública”, un estatus similar al del propio Estado. Confirma el soporte financiero que le asegura la Constitución y asegura la inembargabilidad de sus bienes. El Estado pierde su carácter laico, y se discrimina al resto de los credos y organizaciones religiosas que carecen de estos beneficios. La pedofilia no podrá ser juzgada en el ámbito de la Justicia civil, un ahorro de dinero monumental para el clero.

La Iglesia impuso, además, varios de los aspectos más controvertidos de la reforma. Uno de ellos es considerar la “defensa de la vida desde el momento de la concepción”, que rechaza la legalización del aborto. Dado que todo, en el globo, es “vida”, la norma carece de sentido (prohibiría el consumo humano de todo tipo de alimentos). También fue excluída la fecundación asistida, el manejo de los embriones o la fecundación post-mortem. En la comisión de redacción del proyecto se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, un ‘lobbysta’ del clero.

Mujer, medio ambiente

Todo lo relativo al divorcio gira en torno a las cuestiones patrimoniales: bienes gananciales o acuerdos prenupciales. No contempla en absoluto los abandonos del hogar y divorcios que involucran a los trabajadores, donde la principal perjudicada es la mujer y los chicos. En ningún caso plantea la protección de la jefa de hogar. Es un proyecto rabiosamente patronal.

En lo que hace a la figura de “incidencias de derechos colectivos”, el texto raya en la impostura, cuando el gobierno firma acuerdos de explotación de gas no convencional, apoya la minería de cielo abierto, las semillas de Monsanto y los pesticidas de Syngneta, y protege a los contaminadores de ríos. Es claro que, en los hechos, una acción en defensa de intereses generales supone litigar contra el Estado que impulsa su violación. Un fallo de la Corte, en el caso Impa, ignora el ‘derecho colectivo’ de una empresa recuperada. La norma ha sido incorporada para pagar un tributo a la feligresía de burócratas de las Naciones Unidas, que ganan su pan a fuerza de ‘papers’ por el medio ambiente.

Conclusión

El apresuramiento para votar reforma y unificación del Código Civil y Comercial busca redorar el escudo desteñido del oficialismo frente a la ‘opo’, pero por sobre todo desarmar la protección laboral, por un lado, y descargar al Estado quebrado por la deuda externa de otras obligaciones financieras. Ratifica el pago de las deudas públicas usurarias, ratifica la obligación estatal ante los tribunales extrajudiciales del Banco Mundial y prepara el desfalco de la ANSES. Busca alcanzar un compromiso con el Clero de “Francisco”, acosado judicialmente en todo el mundo por pedofilia y lavado de dinero, y afecta los derechos de las mujeres (derecho al aborto seguro, público y gratuito).

El código es el estatuto del derrumbe kirchnerista.

El matoneo a una joven precarizada que cobra 3.300 pesos por trabajar incluso los fines de semana -y dos veces entre la medianoche y la madrugada- grafica, al mismo tiempo, a un régimen político y social. El burócrata que se encuentra en la jerarquía más alta de la escala, frente a la laburante que está en el punto más bajo del escalafón (precarizada). Uno se desencaja cuando no es reconocida su autoridad, la otra se mantiene firme contra el atropello. La ‘juventud militante’ no ha pasado la prueba de una infracción de tránsito.

Belén Mosquera es una de los centenares de miles que carecen de los derechos de un trabajador bajo convenio. La Municipalidad de Lomas de Zamora, dirigida por Insurralde, que quiere ahora una policía municipal, encarga el control del tránsito a una tercerizada, como ocurre con los demás intendentes (¿qué lazos habrá entre el municipio y el titular de la empresa?). En Tigre ocurre lo mismo. Cabandié denunció que la difusión de la filmación es parte de una operación de la Gendarmería, que el gobierno puso en el conurbano, contra el gobierno. Se recoge lo que se siembra -las quejas están fuera de lugar. Cabandié nunca se manifestó contra el proyecto de espionaje a cargo de la misma Gendarmería. Cabandié ha sido agraviado (espiado, filmado y delatado) por su propio régimen. Nos hemos enterado de sus atropellos por los mismos medios que el gobierno ha diseñado para atropellar a los trabajadores que luchan.

Lo ocurrido no le da la razón a Carrió, que nada dijo cuando su gobierno, el de De la Rúa, inauguró su mandato con la muerte de dos docentes en el puente Resistencia-Corrientes, por la represión policial. Ni cuando, incluso antes de ganar la presidencia, el mismo De la Rúa y “Chacho” Alvarez ratificaron el régimen laboral que dejaba Menem. En esto deberían pensar los electores que decidan abandonar a Cabandié; sólo el Frente de Izquierda tiene autoridad para denunciar el atropello K contra Belén Mosquera.

Para Horacio Verbtisky, el gobierno hizo una elección de medio término satisfactoria. Si en algún caso hubo un retroceso de votos, no habría que preocuparse, porque quien gana las elecciones de medio término nunca repite ese resultado en las presidenciales. De esta tesis debiera extraerse la conclusión que conviene perder.

Por otro lado, Verbitsky se vale del simulador de bancas que elaboró el Ministerio del Interior, para afirmar que no habrá cambios sustanciales ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. La constatación podría tener algún valor si las circunstancias económicas fueran favorables y sólo haciendo abstracción de las grietas que la derrota ha dejado en las filas del kirchnerismo. Es curioso que la eminencia gris de CFK no tenga en cuenta que el proyecto de reelección ha quedado sustituido por la sucesión de Scioli, otro de los derrotados el domingo 11.

Biblioteca pura pinta

Para Carta Abierta, que se reunió el sábado en la Biblioteca Nacional aunque sin Forster ni González, la derrota, incuestionable, habría que buscarla en la “falta de diálogo”. Semejante conclusión equivale a un acta de defunción, esto porque un gobierno de poder personal solamente puede subsistir acentuando esa escasez de ‘diálogo’ - que legitimaría a los “destituyentes” y a quienes quieren ‘volver al endeudamiento’. El ‘diálogo’ pondría fin al kirchnerismo y convertiría a lo que resta del gobierno CFK en una figura retórica. Lo de Río Gallegos, donde Cristina convocó a las corporaciones, a lo sumo, esbozará un régimen de emergencia económica para un par de meses.

‘Talibanes’

La Cámpora admitió la derrota, pero sólo para pontificar que no habría que dar “ni un paso atrás”, sea lo que esto quiera decir, desde echar más leña al impuesto al salario y pagar a rajatablas la deuda externa -pero no la deuda con la ANSES o el Banco Central. Lo más interesante de todo el palabrerío posterior a las primarias, fue el reconocimiento por parte de Cristina Kirchner de que los “dueños de la pelota” cambiaron de frente, y que ahora aportan a la ‘oposición’ luego de haber aportado al “54%” de hace dos años. Las corporaciones capitalistas reclaman la devaluación del peso, el levantamiento del cepo cambiario, libertad para girar y recibir capitales -algo que simplemente haría estallar la olla.

Los kirchneristas de Nuevo Encuentro esbozaron algo parecido a una “autocrítica”- que está llamada a apagarse luego que el gobierno nacional enviara fondos a Morón para una obra tecnológica. Sabbatella reclama “profundizar el modelo”, mientras sigue su alianza con Othacehé (¿o no?). Su responsabilidad en obtener un fallo favorable de la Corte contra Clarín parece ir camino al fracaso, si es verdad que la ‘contra’ ya tiene una mayoría de votos (los progres no se caracterizan por su originalidad). Sabbatella se negó, durante cuatro años, a aplicar la desinversión que establece la Ley de Medios a los grupos económicos ligados al gobierno y bloqueó la cesión de espacios a los proyectos mediáticos de origen popular.

Punteros

Para los intendentes del peronismo, la derrota obedece a ‘la inseguridad’. Está calcado del discurso de Massa. De acuerdo con varias encuestas, los Curto y Othacehé se pasarían a las filas del intendente de Tigre, como último recurso para salvar las mayorías en los concejos y de cara a 2015. Antes, claro, deberán renegociar la propuesta de Massa de impedir la reelección permanente de los intendentes, o que entre en vigencia después de las generales dentro de dos años.

La burocracia sindical que milita en la CGT-Balcarce adelantó, por boca de Omar Viviani, que en 2015 estará con quien gane, aunque el que llegue último tendrá reservados los peores lugares. Por eso ya han cruzado la puerta de salida Fernández, de la UTA, Maturano de la Fraternidad y ‘gordos’ como Lescano, Cavallieri y West Ocampo.

Los gobernadores de las provincias también están viendo el mejor momento para saltar del barco. Han dejado saber que quieren a Cristina Kirchner, hacia octubre próximo, lejos de sus provincias.

Transición

La tendencia a una disolución del kirchnerismo ha abierto una transición política formidable, esto en medio de un derrumbe financiero interno que se acopla a un derrumbe económico de la mayor parte de las naciones periféricas. El desacople de éstas de la crisis mundial, ha sido siempre una fantasía. Se produjo durante la gran depresión de 1873-93, bajo un capitalismo ascendente, y desató una gran exportación de capitales hacia la periferia, que sentó las bases del imperialismo. Un siglo y medio después, produjo una enorme transferencia de capital golondrina, que ahora escapa en tropel hacia los países centrales, e inversiones en materias primas, cuyos precios caen ahora en picada.

La estrategia política del Partido Obrero reposa por entero en la centralidad de la crisis mundial de un capitalismo en declinación histórica.

En ese caso, lo que fue nuestro techo hace dos años sería ahora el piso para afrontar los desafíos que tenemos por delante. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, son varias las encuestas que indican que la candidatura a diputado de Jorge Altamira tiene una intención de voto superior al 5 %. Como punto de partida es un dato auspicioso. Si bien la conquista de un diputado nacional requiere superar el 6 %, es claro que las posibilidades para lograrlo están más que intactas. Proyectando el voto hacia la Legislatura porteña, ese porcentaje nos coloca peleando no uno, sino dos legisladores. De confirmarse estos resultados en agosto, se abre hacia octubre una perspectiva de crecimiento. Entre otras cuestiones, se habrá superado la interna confusionista del UNEN, que busca atraer a votantes con el argumento de que es la única interna realmente en disputa.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, también hemos conocido varias encuestas (algunas publicadas en los diarios, otras no) que ubican a la lista del Frente de Izquierda y a la candidatura de Néstor Pitrola a diputado nacional con guarismos que rondan entre el 2 y el 4 %. Pero existe unanimidad en que el Frente de Izquierda se ubica en el quinto lugar, después de Stolbizer-Alfonsín y por encima del resto de los partidos y alianzas, incluida a la conformada por el bloque De Gennaro-MST-PCR. Al igual que en Capital, los guarismos que arrojan las encuestas están por debajo de los necesarios para obtener un diputado nacional, pero aquí también habrá un crecimiento hacia octubre. Ello, porque en agosto los partidos patronales inundarán los cuartos oscuros con decenas de boletas de sus internas municipales, que en octubre se ensamblarán en una única lista. En la provincia pueden llegar a quedar cinco boletas en octubre, si se confirma la actual tendencia.

Las encuestas vienen a confirmar uno de los hechos políticos más notables que ya confirmaron las elecciones de 2011. Nos referimos a la preeminencia, al interior de la izquierda, de aquella que como el Frente de Izquierda se reclama socialista y revolucionaria, así como del lugar subordinado al que ha sido reducida la izquierda democratizante -e incluso la centroizquierda vinculada orgánicamente a la CTA.

Las primeras manifestaciones de este proceso son previas a 2011, cuando ya la izquierda revolucionaria había adquirido una clara superioridad frente al ala democratizante en su influencia entre la vanguardia obrera y juvenil. El valor de lo ocurrido en 2011 -que ahora confirmarían las encuestas de opinión- es que esta superioridad también está presente en el proceso electoral. Ello refuerza el llamado a concentrar el voto en la única alternativa capaz de disputar el ingreso de diputados y legisladores de la izquierda.

Otro cuadro político

De 2011 a hoy, se han dado desplazamientos políticos muy fuertes. El más importante de ellos, y que en buena medida explica al conjunto de la situación política, es el retroceso acelerado del kirchnerismo. Del 54 % obtenido en 2011 no quedan restos y el gobierno se encamina -de acuerdo con las encuestas- a una clara derrota electoral en los distritos más importantes.

La estratégica provincia de Buenos Aires, esta vez no sería la excepción. Las encuestas le dan a Massa una ventaja importante sobre el candidato oficial. El kirchnerismo sólo puede aspirar a reducir esa diferencia, e incluso a intentar ganar por poco. Esta última variante no aseguraría la continuidad del kirchnerismo como movimiento político, que es la re-re de CFK . Pero sería el escenario soñado por Scioli, porque le permitiría despejar la cancha de dos contrincantes hacia 2015 -Cristina Kirchner y Massa- y emerger como la cabeza de una liga de gobernadores e intendentes, tanto de los que están dentro como fuera del oficialismo. El post- kirchnerismo es un movimiento que ya está en marcha, sólo queda por determinar la relación de fuerzas que se establecerá al interior del lote de punteros anotados para quedarse con la manija.

En el caso de la Capital, el retroceso K también se vive de manera intensa. Las encuestas arrojan, por el momento, un primer lugar cómodo para el macrismo y una pelea por quien logra el senador por la minoría. De imponerse Pino Solanas en la interna del UNEN, la variante más probable es que el kirchnerismo pueda perder su lugar en el Senado por este distrito. La única carta que tienen a mano es buscar una polarización con el macrismo, pero en contra de que esto avance está la propia política del kirchnerismo en la Ciudad, que ha votado todas las leyes fundamentales del macrismo. En estas condiciones, una polarización carece de bases sólidas y sería más bien una maniobra de los publicistas oficiales.

Nuestros desafíos y peligros

Para el Frente de Izquierda, sin embargo, estas maniobras representan un peligro, pues nuestra votación sigue siendo aún frágil. Un crecimiento del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, valiéndose de una fuerte campaña de la propia presidenta y de Scioli, podría armar un escenario de defectuosa polarización que reforzará la presión sobre el electorado, sobre todo en los barrios más explotados. En el caso de la Capital, habrá que seguir con detenimiento los pasos que dará el propio UNEN, con sólidos apoyos capitalistas, que presenta a su interna como la única disputa porteña en agosto.

Incluso es muy posible que de sus filas haya salido la convocatoria a un nuevo cacerolazo para el 8A (8 de agosto), volviendo a colocar el tema de la corrupción como eje de la campaña electoral, sabiendo que es el eje explotado especialmente por Pino Solanas- Carrió.

La campaña del Frente de Izquierda debe tener en cuenta estos movimientos políticos, identificando las posibilidades y peligros que se plantean. La clave es reforzar la agitación sobre la base de un programa de reivindicaciones (salario igual a la canasta familiar, 82% móvil, contra la precarización laboral, por la cuestión urbana y ambiental) en conexión directa a la crisis abierta, denunciando que todas las fuerzas políticas recurren a una demagogia para ocultar su política. Ésta consiste en desarrollar el viraje reclamado por la clase capitalista para aplicar una devaluación y un nuevo proceso de endeudamiento, que le dé al gran capital otra fuente de financiamiento ante el agotamiento de las cajas públicas.

La lucha por el ingreso de la izquierda al Congreso es un eje central de la campaña electoral, en la medida de que vaya acompañado por la explicación de que es un recurso político indispensable para fortalecer a la izquierda como alternativa política, frente al declive inexorable del kirchnerismo y los intentos de la derecha (de adentro y de afuera del oficialismo) de quedarse con el monopolio del proceso político. En el terreno de la propia campaña electoral, esto significa involucrar a miles de compañeros en la lucha por la conquista del voto.