Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

A los 6.000 millones de dólares de nueva deuda creada por el gobierno se le deberán añadir los intereses; estos serán superiores al 8% anual, una tasa usuraria que duplica, como mínimo, lo que pagan países de América Latina. Se estima que, hasta 2033, fecha de vencimiento de los bonos, los intereses serán equivalentes al capital, lo que totaliza pagos por 12.000 millones de dólares. Este beneficio se distribuirá entre Repsol y los bancos que se hagan de los bonos. Si Repsol resolviera mantener los bonos en su cartera, recibirá intereses anuales por entre 360 y 500 millones de dólares -más o menos lo que obtenía como dividendos cuando era propietaria de YPF. En el caso de los bonos 2024, que aún no tienen cotización, el Estado garantizará a través del Banco Nación las tres primeras cuotas de intereses. Las garantías a Repsol no terminan acá. El convenio establece que si surgen problemas de pago o embargos, el Estado deberá pagar de inmediato el saldo adeudado. De ocurrir diferendos, no serán los tribunales argentinos los que decidan, sino la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Para el gobierno “nacional y popular” se ha vuelto una moda renunciar a la soberanía de la Justicia argentina.

Aunque el gobierno presenta como positivo que Repsol renuncie a continuar los juicios contra el país, lo cierto es que se trata de una medida recíproca, que compromete a Argentina a renunciar también a los juicios contra la empresa. Los pasivos ambientales que el propio Kicillof había denunciado en el momento de la expropiación nunca fueron tasados y ahora no podrán ser llevados a la Justicia. Tampoco las investigaciones sobre vaciamiento empresario, que constaban en el Informe Mosconi elaborado por el gobierno. De amenazar con no pagar un peso, e incluso declarar que la investigación probaría que es Repsol la que debería indemnizar a la Argentina, Kicillof nos dice que la legislación vigente obliga a este pago oneroso a los vaciadores. El “relato” termina sepultado bajo la Ley Nacional de Expropiaciones dictada por Videla y Massera en 1977, hoy vigente.

La cola que sigue

El objetivo declarado de “volver a los mercados” que el gobierno se había trazado ha sido tercerizado a Repsol. Será el monopolio petrolero quien colocará los “bonos soberanos” de Argentina en el mercado, con la salvedad de que los dólares se los quedarán ellos y la factura la pagará el país. Es que por muy entreguista que sea el acto indemnizatorio, los “mercados” siguen reclamando más. En la cola de los que esperan un resarcimiento están el Club de París, los bonistas que no han entrado en el canje y las empresas que litigaron en el CIADI. Entre unos y otros se esconde el FMI. Los países que integran el Club de París ponen como condición para un acuerdo que el gobierno acceda a que el Fondo realice una auditoría de las cuentas nacionales. El nuevo índice de inflación dado a conocer el mes pasado es un primer paso del gobierno en esa dirección.

La “normalización económica” con el gran capital implicará la creación de una deuda inmensa. Si se suma a la ya comprometida con Repsol, estaríamos muy por encima de los 30.000 millones de dólares. Cristina Kirchner y Kicillof terminarían sus días como afiliados al “club de los endeudadores”, al costo de una cuota muy alta. Después de haber batido el parche del “desendeudamiento”, tendríamos una deuda pública de unos 300.000 millones de dólares. Por lejos, la más alta de la historia. Los elementos para una quiebra económica generalizada se van reuniendo a una velocidad inusitada.

A medida que el gobierno avanza en esta dirección, su capacidad de arbitraje se reduce a la mínima expresión. El factor decisivo pasa a ser el capital financiero internacional. Mientras en el pasado la cancelación de la deuda con el FMI era presentada como una medida de autonomía nacional para “independizarnos” del Fondo, ahora la indemnización a Repsol persigue el propósito declarado de una asociación con los monopolios petroleros internacionales como Chevron, y conseguir fuentes de financiamiento de los grandes bancos. Estas concesiones empujan a un cambio completo de la política económica, dándole completa libertad al capital para su acción.

A los docentes, nada

El acuerdo entre el Repsol y el gobierno contrasta con las negociaciones establecidas con los docentes. La propuesta oficial de un 22% en tres cuotas más 2.000 pesos de presentismo a pagar en dos veces equivale a una rebaja salarial hecha y derecha. Contra una inflación prevista por arriba del 40%, es claro que el gobierno quiere que los salarios se reduzcan en relación con la inflación y el índice de devaluación. Reducir el salario en dólares es el nuevo grito de la clase capitalista. En el caso concreto de los docentes, el gobierno ya anticipó que piensa recurrir a un decretazo para imponer este objetivo.

La oposición tradicional no sólo apoya el acuerdo con Repsol, y el acuerdo con el Club de París y el FMI. También es partidaria de un ataque al salario. De Mendiguren ha pedido la suspensión de las paritarias -aunque ahora quiere “apurarlas” en acuerdo con la CGT- y Felipe Solá auguró que los trabajadores están dispuestos a aceptar “una rebaja salarial”. La oposición, que ha saludado la devaluación de la moneda, pide bajo el eufemismo de la necesidad de “un plan integral” realizar un ajuste que incluya un tarifazo generalizado y una nueva devaluación.

Huelga general

La docencia combativa de todo el país se ha convocado para resolver un paro para el 5 y 6 de marzo, y exigió a la CTERA y al resto de los sindicatos la huelga general para defender un salario igual a la canasta familiar. La burocracia, sea oficialista u opositora, no quiere saber nada con ello. Por eso han puesto en el freezer el paro convocado por ellos mismos. Actúan como lo que son: agentes del ajuste al interior del movimiento obrero. Pero la burocracia no es el factor decisivo en la situación. Ante los despidos en Córdoba, ya se han ocupado tres empresas metalúrgicas, lo cual marca un curso a seguir para enfrentar los despidos y suspensiones.

Asistimos a los últimos capítulos de un gobierno en disgregación, que se juega la supervivencia en una ofensiva contra los trabajadores. En oposición a la intención de “blindar” a Repsol y al gran capital, llamamos a “blindar” a los trabajadores, prohibiendo despidos y suspensiones, con un aumento salarial de emergencia de 3.000 pesos y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Está planteado impulsar la huelga general por este programa y estructurar una salida independiente de los trabajadores.

Los columnistas recurren a la mentira cuando dicen que el movimiento estudiantil que reclama la democratización de la universidad representa una “minoría”. ¿No saben acaso que esta ‘minoría’ ha ganado con gran amplitud, tanto las elecciones de Centro de Estudiantes como las de Consejo Directivo (obligatorias)? En realidad, aún no han logrado digerir la conquista por esa ‘minoría’ de ocho de trece centros de estudiantes, así como la mayoría del Claustro Estudiantil del Consejo Superior (cuatro sobre cinco representantes). Las listas kirchneristas que ellos apoyaron no lograron siquiera un registro testimonial.

Las eminencias que suscriben la columna de opinión representan a un claustro de dos mil profesores; el padrón del claustro estudiantil reúne a 300.000 personas. La “democracia universitaria”, sin embargo, le otorga a los primeros una representación institucional que más que duplica a la de los estudiantes. Mientras la reforma del 18 consideraba a los estudiantes como “el demos universitario”, el Estatuto actual - elaborado por los gobiernos de la Fusiladora- los trata directamente como kelpers.

Los ex deKanos progresistas vuelven a mentir cuando acusan a la izquierda de un supuesto pacto con la derecha para evitar la “democratización” de la UBA. ¿De qué hablan? ¿No fueron, precisamente, estos deKanos los que pactaron la designación de Hallú, en 2006, a cambio de una contraprestación como el nombramiento como vicerrector al deKano de Arquitectrua, Sorín? Esta metodología de canje de favores tipifica a las camarillas, no es propia de docentes y científicos. Además, obtuvieron la creación de una decretaría (de “planificación”) en el Rectorado, con sus correspondientes emolumentos de cinco ceros. A este acuerdo reaccionario con la camarilla radical-peronista, le pusieron la etiqueta de ‘democratización’ y, enseguida, su archivo.

El Estatuto fue modificado, sí, con el voto de la camarilla de profesores, pero para eliminar la gratuidad de los posgrados y para eximir a la UBA de la obligación de asegurar a los estudiantes las condiciones materiales para desarrollar su cursada. ¿Cómo justifican todos estos atropellos? Con el argumento más antiguo del conservadurismo, a saber: que “las reglas aprobadas por las distintas instancias legítimamente compuestas en cada momento histórico son las que disponen las formas para su propia modificación”. En castellano corriente esto quiere decir que el único con derecho a modificar el orden existente son los usufructuarios de ese orden. Este planteo los descalifica para siempre para dirigir una universidad. Incluso la universidad argentina actual, que usufructúa esa camarilla, es el producto del violentamiento de ese ‘principio’ conservador, pues la reforma del 18 lo ignoró olímpicamente. Fue impuesta incluso por medio de una huelga general de un claustro todavía no reconocido (el proletariado industrial), en aquella ocasión de Córdoba.

Los deKanos ni siquiera rozan, en la columna de opinión, el núcleo del problema: ¿qué derecho les asiste para pretender el monopolio de la gestión de la Universidad? Literalmente, ninguno. La dirección de una Universidad es un asunto político, no académico; los académicos podrían ser valiosos como asesores. La educación integra el mecanismo social de una nación, no es un laboratorio ni un taller, es un asunto de la ‘polis’, no una especialización profesional. La dirección profesoral de la UBA es un rezago pos colonial, que ahora funciona como correa de transmisión de los grupos económicos dominantes, los que se apropian, por medio de esa camarilla de profesores, de la fuerza de trabajo calificada que forma la Universidad. La política universitaria no la determinan los Shuberoff, Hallú o Barbieris: la determina el Banco Mundial y los ‘sponsors’ que se adueñan del Hospital de Clínicas, las patronales que se benefician con las pasantías y, en definitiva, el gran capital que orienta las investigaciones según sus intereses.

Derecho, controlada por los grandes estudios jurídicos; Medicina, por el sistema de salud privada y los grandes proveedores de tecnología vinculada la salud; Económicas, al servicio de los pulpos de la auditoría y la falsificación de balances. ‘Voilá’ de lo que no quiere hablar. La cuestión de la democratización es la expresión de una lucha social (y, por lo tanto, política) entre, de un lado, un sistema de apropiación de la riqueza académica por parte de un grupo de monopolios y, del otro, un régimen verdaderamente democrático (un universitario, un voto), que vincule el mundo de la educación y de la ciencia al progreso de las mayorías nacionales. Es necesario abolir el monopolio de la camarilla profesoral y establecer el principio de la democracia. La casta profesoral, que representa tan sólo al 5% de los docentes, se asegura mediante concursos amañados y maniobras de todo tipo su propia mayoría. A esto, se le agrega un casta de funcionarios parasitarios, que pueblan las secretarías y subsecretarías, y por qué no la subsecretarías, que ganan 25.000 o 30.000 pesos, mientras en la UBA hay 6.500 docentes que trabajan sin cobrar un solo peso (la cifra en realidad es mayor, porque el Censo de la UBA reconoce sólo a los que tienen designación).

Muchos de los deKanos que firman la columna de opinión suelen concurrir a las tertulias de Carta Abierta. Semejante anfiteatro intelectual no les permite ver que la UBA, en su capa dirigente, marcha hacia la derecha, con ex kirchneristas que se pasan al campo de Massa y radicales que pueblan las listas del PRO. Lo prueba su silencio. La camarilla universitaria está procesando también su ‘poskirchnerismo’. Está barajando si cae bajo el alero de Scioli o el de Massa.

Las reservas políticas y morales de nuestra universidad están en sus estudiantes y en los docentes, que trabajan incluso gratis. Rechazan los fondos de La Alumbrera, porque combaten la minería contaminante y el reglamento leonino que beneficia a esos pulpos. Luchan por un presupuesto acorde con las necesidades de la Universidad, en lugar del cobro de aranceles y de contratos de pasantías que son mieles para los ‘intermediarios’. Son los que reclaman un salario digno y el cese de remuneraciones de privilegio para la camarilla universitaria.

La lucha por la democratización integra, ni más ni menos, que la agenda nacional que plantea el fracaso de la pretendida y enésima tentativa de la ‘burguesía nacional’ de sacar al país de una declinación persistente. Mientras la burocracia universitaria apunta a despolitizar la crisis de la educación y a conservar sus privilegios, la posición verdaderamente progresista es reivindicar el carácter político del conflicto en desarrollo y proclamar la necesidad de una revolución universitaria.

La decisión de la Corte Suprema se produce en el marco de un cambio de frente de los capitales que acompañaron a los K. A Repsol, Eskenazi, Vale do Rio Doce, El Tejar, el Banco Macro y se le suma la UIA, con la incorporación de De Mendiguren, un vocero de Techint, a la lista de Sergio Massa. En este marco debe entenderse el choque del gobierno con la Corte nombrada por Néstor Kirchner. Alberto Fernández acaba de explicar que eso ocurrió luego de que el gobierno obtuviera el compromiso de los nuevos jueces supremos con la legalización de la pesificación asimétrica establecida en 2002.

La reacción de Cristina Kirchner ante el fallo debe ser entendida como un hábil gesto de propaganda, para encubrir la complicidad de la Justicia con la legión de kirchneristas (incluida su propia familia) acusados de fraudes, estafas, coimas e incluso del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

¿Qué hará la Corte Suprema con la desinversión que el Grupo Clarín debería ejecutar de acuerdo con la ley de medios? Lo más probable es que declare la vigencia de esta norma, aunque con la salvedad de otorgar al pulpo un tiempo considerable para consumarla. La desinversión de Clarín se convertirá, en este caso, en unos de los puntos de la campaña electoral. Las legislaturas de la Ciudad y Córdoba ya se pronunciaron por la defensa de Clarín.

La Justicia no es independiente de los intereses del capital y del Estado, de ninguna manera. Cuando irrumpe una controversia sobre esto, es que se está desarrollando una crisis política de conjunto.