La aplicación de la medida equivale a establecer una suerte de pena de muerte, con el agravante de que prescinde del juicio previo y del derecho a la defensa. Se pretende justificar semejante engendro reaccionario argumentando que es necesario para luchar contra el narcotráfico, pero si esta fuese realmente la finalidad, debería procederse a la estatización de los puertos privados, por donde entra y sale la droga del país, nacionalizar el juego que sirve para lavar el narcodinero, y el sistema financiero que cumple una función similar.

El decreto de emergencia también permite a las fuerzas de seguridad a convocar al personal retirado. Aunque en la letra se establezca que esta re-convocatoria excluye a quienes tienen denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos, lo cierto es que, gracias a la impunidad reinante, la inmensa mayoría de quienes cometieron esos delitos pudieron retirarse sin denuncias en su contra.

Llamativamente, el decreto de derribo se aprueba en momentos en que la Fuerza Aérea ha perdido toda capacidad operativa, es decir, se ha quedado sin aviones. Lo que viene, por lo tanto, es un operativo rearme de las Fuerzas Armadas, que ya comenzó en el último ciclo del Gobierno kirchnerista. La compra de aviones de combate será un tema que servirá, además, para el alineamiento internacional con las grandes potencias imperialistas. En un país con déficit y en un cuadro de ajuste, el crecimiento del gasto armamentístico será a expensas de los gastos sociales del Estado.

La intervención de las Fuerzas Armadas en la “lucha contra el narcotráfico” plantea el peligro de que se transforme ella misma en apéndice de los propios narcos. Si ya tenemos comisarios narcos, ahora tendremos generales, almirantes y brigadieres narcos.

La “emergencia en seguridad”, sin embargo, va más allá. Incluye el combate contra las asociaciones ilícitas “organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales”, lo cual le otorga al Gobierno la posibilidad de perseguir a la oposición política y a quienes protagonicen luchas sociales. Explícitamente se encuadra en la ley antiterrorista votada por el Gobierno anterior, que establece la duplicación de la pena cuando se busque “obligar a las autoridades públicas nacionales o Gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. De este modo, toda acción reivindicativa puede ser sancionada, incluso, con un agravamiento de la pena.

Denunciamos que la emergencia de seguridad es un operativo reaccionario de alto alcance, que apuesta a reforzar el aparato represivo de un Estado y un Gobierno empeñados en aplicar un ajuste contra los trabajadores.

Al desdecirse de sus propias palabras, Kicillof no hizo otra cosa que seguir la posición de las grandes cámaras inmobiliarias. Estas pusieron el grito en el cielo ante una medida que, aunque tibia, afecta sus negocios actuales. Ocurre que un impuesto de este tipo serviría para incrementar la oferta de inmuebles para alquiler, lo que ante una demanda constante debería redundar en una baja de los alquileres. De este modo, tendríamos una afectación de la renta, ya sea por la vía de la baja de los alquileres o por una carga impositiva especial a quien adquirió una propiedad como reserva de valor de un activo dolarizado. De una manera indirecta y limitada, un impuesto a la vivienda ociosa conduce a una apropiación de la renta del suelo por parte del Estado.

La marcha atrás de Kicillof fue conceptual. Arguyó que la afectación de la renta derivaría en una caída de la construcción, pues las grandes constructoras verían afectada sus beneficios. Para alejar toda duda sobre sus propias convicciones, el ministro puede citar que fue él mismo y en persona quien se hizo presente en la Legislatura de la ciudad para asegurar el voto de la bancada kirchnerista al proyecto de ley elaborado con el PRO para entregar las tierras ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers a grupos como IRSA, del empresario oficialista Eduardo Elsztain, quien a su vez controla el Banco Hipotecario. La defensa de estos negocios inmobiliarios ha sido la base de los pactos entre el macrismo y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires.

El impacto de un impuesto a las viviendas ociosas es limitado para afrontar la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Un capitalista que compra propiedades como medio de ahorro puede estar dispuesto a pagarlo, como lo hace de hecho con otros gastos, como ser las expensas o el inmobiliario. Por ello mismo, una salida de fondo requiere un programa que vaya a la raíz del problema. Este debe contener la construcción de viviendas sociales por parte del Estado, la utilización de las tierras públicas con esa finalidad, compatibilizando con las necesidades de espacios verdes y esparcimiento, la urbanización de las villas, la declaración de áreas protegidas de barrios como La Boca o Barracas, donde es necesario una política pública para reacondicionar viviendas en mal estado, evitando así que caigan en manos de las grandes constructoras. El financiamiento de un plan de este tipo requiere la colocación de impuestos especiales a los grandes especuladores inmobiliarios y la transformación del propio sistema financiero, empezando por el Banco Ciudad, que debe invertir sus recursos en préstamos hipotecarios a tasas bajas, en vez de especular con los títulos de la deuda pública.

Un programa de este tipo está en las antípodas de Kicillof y su Gobierno, cuyos funcionarios han incrementado su fortuna personal comprando inmuebles en los barrios de lujo de la ciudad, como Puerto Madero.

El derecho de los trabajadores a vivir en la ciudad y la solución a la cuestión de la vivienda requiere una transformación social integral.

Una contradicción salta a la vista: el movimiento político que busca condicionar al eventual gobierno de  Scioli no tenía la menor posibilidad de ganarle a éste unas PASO. La candidatura de Florencio Randazzo no levantaba en las encuestas. El pejotismo, que se apresta a mantener el control de las gobernaciones e intendencias, así como la burocracia sindical de los Caló y Gerardo Martínez, están alineados con el ex motonauta.  Toda la “construcción de poder” de la que se jactaba el kirchnerismo trabajaba desde hace tiempo para la candidatura presidencial del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En este cuadro la candidatura a vicepresidente de Zannini es una operación de retaguardia. Pero es, también, un retroceso de Scioli. En un régimen político presidencialista, la emergencia de un gobierno bicéfalo es una piedra en el camino de salida la crisis política en curso. Esto es aún más grave en una situación de bancarrota económica potencial y cuestiones pendientes – como el acuerdo con los fondos buitres, el tipo de cambio, el cepo, los giros de utilidades al exterior (u$s 14 mil millones) el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea.

En el sciolismo confían que podrán repetir la experiencia que tuvieron con Gabriel Mariotto, que el kirchnerismo había impuesto como vicegobernador para que haga de “comisario político” y terminó convertido en anaranjado, o la del propio Néstor Kirchner, que acabó con su padrino Eduardo Duhalde en un plazo relativamente breve.Pero tanto en un caso como el otro tuvieron que pasar por crisis políticas potencialmente severas.La Bolsa recibió el acuerdo con una caída en la cotización de acciones y títulos públicos.

Los K cuentan con que la reacción del electorado será positiva. El traspié de Mauricio Macri en Santa Fe, la crisis de la coalición macrista-radical en Mendoza y el relegamiento electoral que se observa en Córdoba, podrían colocar a Macri en la senda de Massa. La posibilidad de la unión opositora, sin embargo, se ha agotado. La lucha electoral irá acompañada de otra pelea en el seno de cada coalición.

El Frente de Izquierda va a abordar la campaña desde el programa y las reivindicaciones del socialismo y la clase obrera, pero también desde el escenario de crisis del campo capitalista. La incorporación de Zannini a la fórmula presidencial alimentará las ilusiones de la militancia “nacional y popular” en la eternidad del “proyecto”. La denuncia de que el cristinismo capituló ante un hijastro del menemismo no puede reemplazar a la crítica al nacionalismo burgués que encarnan los K. Son ellos los que emprenden hoy el ajuste y los que operan como intermediarios de un endeudamiento usurario con el capital internacional. Axel Kicillof es una pieza clave de este ajuste. La crítica sin atenuantes a este “nacionalismo pedorro” (Altamira dixit) es más necesaria que nunca. Para reforzar esta perspectiva la lista del Frente de Izquierda que lleva la fórmula presidencial Jorge Altamira-Juan Carlos Giordano va a incorporar a esta campaña política a todos los luchadores y militantes que participan de las luchas cotidianas y han perdido por completo las ilusiones en la política patronal. 

Sólo hace unos meses atrás, el gobierno quiso forzar la salida de Tinelli del Canal 13 de Magnetto. En parte lo lograron, porque en el crucial año electoral, Tinelli levantó su programa. Pero ahora, luego de la derrota sin atenuantes de agosto, es éste quien le “roba” al kirchnerismo uno de sus principales “burgueses nacionales”, al que ayudó a enriquecerse con la obra pública de Santa Cruz y el negocio del juego. Resulta obvio, además, que este acuerdo refuerza la posición del grupo Clarín para el fallo de la Corte sobre la Ley de Medios.

El PJ

No es sólo Cristóbal López el que está pensando en el post-kirchnerismo. Andan en lo mismo los gobernadores, intendentes y burócratas sindicales del PJ, quienes se reunieron bajo la batuta de Scioli en la sede del partido. La mira no estuvo puesta en el 27 de octubre, pues todos descartan una dura derrota del oficialismo, sino en la transición que deben armar hacia 2015 y en la forma de resolver quién será el candidato presidencial del partido. El planteo generalizado es que debe resolverse mediante una interna, lo cual supone quitarle a Cristina Kirchner la capacidad de digitar a su sucesor.

Pero una parte de quienes hasta ayer juraban fidelidad al proyecto “nacional y popular” fueron más allá. El sanjuanino Gioja, agente de los monopolios mineros, planteó “abrir de par en par las puertas del partido” para que todos participen de una interna. Los destinatarios del mensaje son De la Sota, los Rodríguez Saá, el santacruceño Peralta y, sobre todo, Sergio Massa -quien le lleva más de diez puntos de ventaja al candidato oficialista en la estratégica Buenos Aires. El guiño al intendente de Tigre, en vísperas de la campaña electoral, significa un acto de derrotismo político del PJ hacia su propio candidato, sin cuidar siquiera las formas. Los intendentes del conurbano andan en la misma, jugando por detrás con la lista de Massa para asegurarse el control de sus propios concejos deliberantes.

Los sectores que integran el núcleo duro de la camarilla K quedaron en minoría y hasta votaron el documento común. Si prospera lo de Gioja, los Kunkel y los Mariotto se deberían conformar con apoyar a Scioli contra Massa en una futura interna del PJ, echando mano al argumento de que, después de todo, el gobernador ha sido “leal a Néstor y Cristina”. La izquierda kirchnerista, la que durante años acusó al PO y a la izquierda de ser “funcionales a la derecha” por no apoyar al kirchnerismo, ahora termina siendo un cuarto violín del pejotismo y haciendo campaña electoral con la agenda de la derecha, reclamando la rebaja de la edad de imputabilidad y el planteo de una policía municipal, lo que es reclamado por la mafia pejotista del conurbano.

Ajuste

El trasfondo de estos movimientos políticos es el completo agotamiento de la política oficial, bajo el impacto de la inflación, el déficit fiscal producido por los subsidios a los capitalistas, el derrumbe energético y el pago de una deuda pública que ha colocado en situación de quiebra a todas las cajas del Estado. La oposición, así como también el peronismo, quieren que el gobierno se encargue de hacer el trabajo sucio del ajuste después de las elecciones y de proceder a una devaluación de la moneda, la cual permita levantar el cepo cambiario, darle libertad de movimientos al capital y avanzar en un plan de endeudamiento internacional, pero por, sobre todo, desvalorizar los salarios y el gasto social del Estado.

El gobierno ya está en ese rumbo, como lo prueba el endeudamiento que comenzó YPF, las gestiones para llegar a un acuerdo con los fondos buitres, la aceleración de la devaluación oficial, la vuelta a casi 10 pesos del dólar blue y el proyecto de Presupuesto 2014, la cual está diseñado a la medida de los intereses de los usureros internacionales. Ya circulan versiones de que luego de las elecciones, como parte de la transición hacia 2015, Cristina Kirchner procedería a un cambio de gabinete, eyectando a Moreno.

Elecciones

Cristina Kirchner, quien suele denunciar golpes de Estado y maniobras destituyentes, calló frente al viraje de su propio partido, porque prefirió ocultar las deserciones de las que es víctima. Pero unos y otros, más allá de sus divergencias, preparan un ajuste que será pagado con creces por el pueblo trabajador. Es en este contexto que hay que valorar el crecimiento de la intención de voto del Frente de Izquierda en todo el país. El voto a la izquierda avanza como expresión de la ruptura de una fracción muy importante de los trabajadores y la juventud con el kirchnerismo.

Si los capitalistas y sus políticos preparan “su día después” entre bastidores y contra las aspiraciones populares, los trabajadores debemos preparar “nuestro día después” con una gran elección del Frente de Izquierda. Un millón y medio o dos millones de votos para el Frente de Izquierda y un bloque de diputados de izquierda serán un pronunciamiento político claro contra el ajuste que se viene. Fortalezcamos en estas tres semanas que quedan la campaña del Frente de Izquierda con una gran movilización política.

Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).

La creación del Consejo de la Magistratura no modificó en nada esta situación, como lo prueba el hecho de que los gobiernos siguieron designando a jueces de su agrado. El kirchnerismo no ha sido la excepción a esta regla. Nombró a buena parte de los jueces actuales, incluso a los miembros de la Corte Suprema, y contó con el aval del Poder Judicial para sus medidas de gobierno. El choque actual se asemeja, por lo tanto, a una crisis entre socios o ex socios cuando la sociedad que conformaron entra en decadencia. Es lo que ocurre ahora, pero mientras el gobierno pretende enfrentarla con medidas de excepción que le posibilite seguir pagando la deuda externa y bancando un régimen de subsidios que llevó a la quiebra al Estado, el Poder Judicial sale en defensa de intereses capitalistas enfrentados con el gobierno.

Más allá de estas divergencias existen todavía fuertes coincidencias, como lo prueba el fallo de la Corte Suprema, a pedido del gobierno, levantando el embargo al monopolio petrolero Chevrón por la contaminación producida en Ecuador. La crisis en curso anticipaba que la elección del Consejo de la Magistratura sería rechazada por la Justicia. El gobierno, advertido de ello, decidió de todos modos seguir adelante considerando que al menos podría explotar en la campaña electoral una bandera democrática en contra de una oposición que defiende a las corporaciones. Pero aquí también incurrió en un error de cálculo grosero. Es que el requisito para que la oposición pagase un costo político era que la “reforma judicial” ganase un apoyo popular, algo que no ocurrió ni podía ocurrir. Esto por el simple motivo de que estaba dictada por intereses reaccionarios, como lo prueba la limitación del derecho a presentar cautelares contra medidas establecidas por el Estado, o el alargamiento de los procesos judiciales con la creación de nuevas Cámaras de Casación perjudicando los juicios laborales y provisionales.

En lo que hace a la “democratización” de la Justicia el gobierno nunca planteó la elección y revocabilidad de los jueces, sino sólo la elección de una parte de un organismo de tranzas como es el Consejo de la Magistratura, elección que para peor iría pegada a la sábana general de la lista de los partidos políticos.

El kirchnerismo, al final, hizo el peor de los negocios. No sumó nuevas fuerzas con su campaña por la “reforma judicial” sino que, por el contrario, perdió parte de su tropa llevándola a una pelea perdida. A la oposición, que estaba fragmentada y dividida, le entregó un triunfo en bandeja, y hasta le facilitó la tarea para que, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, armen un frente que aunque no deja de ser una bolsa de gatos, alcanza para dejar al kirchnerismo en tercer puesto, o sea, sin banca de senador.

Para el oficialismo, la elección del Consejo de la Magistratura tenía una finalidad inmediata: nacionalizar la elección con una boleta de distrito único, superando el carácter distrital de una elección parlamentaria que se le presentaba difícil de ganar. Pero esta maniobra se calló junto con la ley de Consejo de la Magistratura, con el agravante de haberle facilitado un triunfo político a la oposición de derecha. El kirchnerismo verificará en carne propia que los impasse políticos no se superan apelando a maniobras de corto plazo. La fragmentación de su propia tropa que quería ocultar se pondrá ahora de manifiesto, pero de manera agravada, ya que la derrota sufrida no tendrá un efecto neutro. Por el contrario, agravará el retroceso político del kirchnerismo convirtiendo las aspiraciones re-reeleccionistas de la camarilla K en una utopía.

La oposición, que va de Macri a Binner, festeja el fallo de la Corte Suprema mostrando que su programa es la defensa de una “corpo” judicial integrada por una casta de jueces inamovibles, que elijen a sus propios sucesores y aseguran el dominio de los grandes estudios jurídicos que responden a las corporaciones capitalistas.

El fallo de la Corte Suprema privó al país de un hecho que iba a ser clarificador: la lista única de Macri y Binner, pasando por Pino Solanas y cía. De todas formas nada nos privará, realizada ya esa presentación, de acusar a la centroizquierda de frente con Macri en grado de tentativa. Además no podemos descartar que mas temprano que tarde ese delito se consume hasta el final.

Con esta derrota no terminan los problemas del gobierno. Hace días llegó a la Corte Suprema la causa de la “ley de medios” y todo hace pensar que en lo esencial los “supremos” fallarán en defensa de Clarín. Una Corte llamada a defender la propiedad privada no es muy amiga de las “desinversiones” y maniobras patrimoniales que, aunque no cuestionen la esencia de la propiedad privada, afectan puntualmente a determinados capitalistas.

El gobierno entra al proceso electoral golpeado por esta derrota estratégica y por una creciente crisis financiera. Las maniobras para superar la crisis se le han vuelto en contra. El agotamiento del kirchnerismo, como resultado inexorable de sus propias limitaciones, se acelera. El Frente de Izquierda llama a sacar las conclusiones de este fracaso y reforzar la construcción de una alternativa obrero y socialista.