Sucede que la investigación del consorcio de periodistas que accedió a la información interna del citado estudio jurídico puso en evidencia que la creación de empresas offshore en paraísos fiscales constituye una práctica que alcanza por igual a macristas y kirchneristas. Mossack Fonseca fue el encargado de crear las sociedades offshore del presidente Mauricio Macri y de su ministro de Hacienda en la ciudad de Buenos Aires durante 8 años y hoy intendente de Lanús, Nicolás Grindetti, como así también del empresario k Lázaro Báez y del secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz.

Constituiría un error, o más exactamente un acto de encubrimiento, atribuir esta convergencia a una mera casualidad. La creación de sociedades offshore es una política que alcanza al conjunto de la clase capitalista, para la que gobernaron los Kirchner y hoy gobierna Mauricio Macri. Mediante esta modalidad los principales grupos empresarios no sólo evadieron el pago de impuestos, sino que fugaron de la Argentina 400 mil millones de dólares, casi un PBI entero, o dos veces la deuda pública.

Una parte considerable de esos capitales fugados reingresaron al país bajo la forma de la compra de títulos de la deuda pública. A esta práctica habría recurrido incluso Lázaro Báez, aunque el listado no se limita a él, sino que agrega a lo más granado de la burguesía nacional. De este modo, la clase capitalista argentina se transformó en la principal tenedora de deuda externa, o sea, en acreedora del país. El pago de casi doscientos mil millones de dólares durante la llamada “década ganada” en concepto de deuda han ido a engrosar los beneficios de esta clase antinacional.

Otra parte de la plata fugada ha sido el resultado de los sobreprecios pagados por la llamada “obra pública”, que Lázaro Báez se encargó de llevar adelante asociado, entre otros, con Angelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri y titular de la empresa IECSA, fundada por Franco Macri. La grieta también fue cerrada por la Cámara de la Construcción.

El pago de esta deuda nos ha llevado a un vaciamiento financiero del país, de la cual se vale el Gobierno de Macri para presentar al pacto con los fondos buitre como inevitable. La nueva deuda que se colocará, que empezará por doce mil millones de dólares pero podría rápidamente triplicar ese monto, será para hacer frente a la deuda contraída por la administración anterior. Por eso no es casual que los gobernadores, los senadores y parte de los diputados del Frente para la Victoria le hayan dado el apoyo a Macri para pactar con los fondos buitre.

Cuando el Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean la necesidad de investigar la deuda (pública y externa), apuntamos justamente a que se ponga en evidencia ante el conjunto del pueblo el tamaño del saqueo del país que ha sido ejecutado sistemáticamente por la clase capitalista local en alianza con los grandes bancos internacionales. No debe sorprender que el Congreso que rechazó este reclamo haya sido el mismo que votó favorablemente el pacto buitre.

La imputación judicial del actual presidente de la nación Mauricio Macri y de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner muestran que la corruptela política es la consecuencia necesaria de quienes gobiernan en función de intereses de los vaciadores y los lavadores de capitales.

La grieta que se cerró en Panamá abre la verdadera grieta que cruza al país entero: entre un pueblo que debe sufrir todo tipo de privaciones, y los capitalistas y sus Gobiernos, que se la llevan en pala.

El otro perdedor de estas alianzas de los punteros de la UCR con Massa es Mauricio Macri, quien también pretendía quedarse con esos respaldos. En el caso de Córdoba, la alianza del PRO con la UCR se mantendría, con lo cual se abre un panorama de división de la UCR en dos o en tres. De este modo se consolida la volatilización de la UCR como fuerza nacional y su disolución en partidos provinciales, muy vinculados con los intereses de los grupos capitalistas locales. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el planteo de Macri de eliminar las retenciones coincide con el capital sojero que reclama esa medida, cuando cae el precio internacional de la soja y la inflación consumió los ‘beneficios’ de la devaluación de enero. En La Rioja, Massa hizo declaraciones críticas para el capital minero, lo que chocaría con Cobos en Mendoza, que es quien encabeza la campaña para modificar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Lo mismo ocurre en Catamarca, donde la UCR fue la aliada histórica del monopolio Minera Alumbrera.

El “ala izquierda”, en crisis

En estas nuevas alianzas con Massa, la mayor crisis le ha quedado planteada al ala izquierda del Unen, que aspiraba a conquistar posiciones parlamentarias yendo como cuarto violín de los Binner, Cobos o Sanz. Para rechazar el acuerdo con Macri, los Pino Solanas y Tumini se aliaron con quienes ahora pactan con Massa. La deserción de los candidatos que se avecina puede replantear, como hipótesis, el intento de formar una nueva alianza centroizquierdista; o sea, una vuelta a Proyecto Sur. De darse esta alternativa, tendríamos una variante centroizquierdista protagonizada por fracasados políticos. Pese a ello podría despertar el interés de un sector de la izquierda que ya en el pasado estuvo dispuesta a ir con Pino Solanas, Stolbizer y hasta con Binner, pero que puso como “límite” a la UCR.

La desintegración del Unen conduce a una ‘derechización’ de un escenario electoral monopolizado por los Massa, Macri y Scioli. Para la izquierda que lucha por una salida anticapitalista a la bancarrota actual, este escenario de disolución política debe explotarse mediante una acción política sistemática, que debe tener como estrategia la fusión del movimiento obrero con la izquierda.

Detrás del presupuesto

Es indudable que el proyecto de Presupuesto 2014 enviado por el gobierno al Congreso es un “dibujo”. Tampoco son ciertas las proyecciones de inflación o el superávit fiscal que se anuncian, por lo que se marcha a un agujero del fisco de proporciones a financiar mediante la emisión monetaria y el saqueo de la Anses, el Banco Nación, el Central y otras cajas del Estado. Detrás de la adulteración estadística se esconde el propósito de manejar la política económica por medios de excepción.

La oposición denuncia el “dibujo”, pero no cuestiona en lo más mínimo el tema de fondo. El Presupuesto plantea utilizar casi 10.000 millones de dólares del Banco Central para cancelar vencimientos de capital de la deuda externa, así como una cifra exorbitante en pesos para enfrentar el vencimiento de intereses. Dentro de los pagos presupuestados para 2014, estarían los 4.000 millones de dólares para el Cupón PBI, que surgiría de presentar un crecimiento económico muy por encima del real. El pago de este Cupón, desde que fuera emitido con el canje de deuda del año 2005, sirvió para neutralizar la promocionada “quita” realizada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Finalmente, es una de las causas que explican por qué la deuda pública creció hasta superar holgadamente los 200.000 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso pagamos deuda por 176.000 millones -según reconociera la propia Presidenta cuando se autocalificó como “pagadora serial”.

En busca de un acuerdo

El pago del Cupón PBI que establece el Presupuesto para el año que viene no puede explicarse si no es por el intento del gobierno de ofrecerle un gancho a los acreedores y a los fondos buitres para buscar un acuerdo por afuera de la Justicia de Nueva York. Ha trascendido que el acuerdo podría incorporar el pago en efectivo de una parte de la deuda y el resto ser compensado con la emisión de nuevos bonos, a los que se le añadiría el cupón PBI. En cualquier caso, el resultado final sería un nuevo incremento del stock de deuda, lo que la llevaría por encima de la relación promedio entre la deuda y el PBI que Argentina tuvo en la década del ’90.

Para avanzar en la negociación con los fondos buitres, el gobierno debe resolver toda la agenda pendiente que reclama el capital financiero. Por eso mismo, ya habría un acuerdo con las cinco empresas que ganaron los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a las cuales el gobierno les pagaría 500 millones de dólares emitiendo nuevos bonos. Pero la lista en el Ciadi es más larga: está el caso Repsol, el más importante de todos, con su demanda por la expropiación de sus acciones por parte del Estado. De más está decir que el reconocimiento de los juicios en el Ciadi, un tribunal que pertenece al Banco Mundial y que viola por completo la soberanía nacional, supone otro factor de aumento de una deuda usuraria.

Con la negociación con el Ciadi y con el Club de París (que reclama una deuda de 7.000 millones más intereses), el gobierno gana tiempo para cerrar un acuerdo con los fondos buitres. Es que recién el año que viene vence la cláusula que Néstor Kirchner inscribió en el canje de 2005, que establecía que cualquier beneficio que se le otorgue en el futuro a un bonista que no entró al canje debe generalizarse para todos. Pasada esa fecha, el gobierno queda con las manos libres para cerrar un acuerdo con los fondos buitres, entregándoles nuevas concesiones.

Endeudamiento y devaluación

Estas negociaciones realizadas por el gobierno suponen, en el caso de prosperar, un cambio general de la política económica. La necesidad de hacer frente a nuevos pagos de la deuda requiere el ingreso de dólares del exterior, los que no pueden depender exclusivamente de un saldo comercial favorable -el cual, dicho de paso, está en claro retroceso. Pero el ingreso de dólares no es compatible con el cepo cambiario y con la restricción existente en el giro de utilidades, como lo probó el fracaso del blanqueo de capitales y la emisión de Cedines. El gran capital reclama recuperar libertad de movimientos para llevar a cabo un nuevo ciclo de endeudamiento. Quien dio el primer paso en ese sentido fue la “nacional y popular” YPF, que colocó deuda en Londres como parte de un plan más amplio de endeudamiento en esa y en otras plazas del capital financiero internacional.

Este giro general de la política económica no puede darse sin una fuerte devaluación de la moneda, la que permita, por un lado, levantar el cepo y las restricciones al giro de divisas y, por el otro, incentivar el ingreso de dólares mediante el abaratamiento generalizado de la economía. Una devaluación de tal magnitud podría conducir a una hiperinflación, salvo que se la complemente con fuertes medidas recesivas -como, por ejemplo, la reducción del gasto público con un ajuste fiscal y, por sobre todo, con un ataque directo al salario de los trabajadores.

La clase capitalista reclama este giro. Como parte de las previsiones de lo que se viene, deben entenderse las negociaciones sobre un nuevo índice inflacionario que se están sustanciando entre el equipo económico y el FMI. La idea es preparar el terreno para habilitar una indexación de la economía, que alcance incluso a los títulos de deuda que emita el gobierno. De este modo, queda claro que el llamado “desendeudamiento” -el cual fue una transferencia de deuda del gran capital financiero a la Anses, el Banco Central y hasta el Pami-, será usado ahora para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional.

La campaña electoral

El desarrollo de la campaña electoral de acá a octubre estará atravesado por los intentos del gobierno de arribar a un acuerdo con los fondos buitres, el Ciadi y el FMI. De igual modo que el gobierno sepultó su política de “derechos humanos” para poner al pistolero Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la derrota sufrida en las PASO acelera la tendencia ya existente en el gobierno para tomar el programa de la clase capitalista a favor de una devaluación, un ajuste y un nuevo ciclo de endeudamiento que pagarán con creces los trabajadores.

En esta nueva fase de la campaña electoral que se abre, el Frente de Izquierda denunciará la dependencia del gobierno y de la oposición tradicional con los saqueadores del país.

El principio rector de la ley de Correa es que el contenido que elaboren y distribuyan los medios debe “respetar los presupuestos constitucionales”. Se trata, palabras más o palabras menos, del mismo principio que Macri ha establecido con su ley votada en la Legislatura sobre “libertad de prensa” y que tuvo el concurso de toda la oposición, especialmente la del sector de Pino Solanas y Carrió. Allí se puede leer que los contenidos deben respetar los principios constitucionales, y en su artículo octavo judicializa lo que entiende como difusión del “odio” -sea “ideológico”, “político” o “social”, todas fórmulas genéricas para justificar la judicialización de la información periodística.

Este principio común entre las leyes de Correa y de Macri fue pasado por alto por Jorge Lanata, quien critica la legislación impuesta por el ecuatoriano, después de haber apoyado la iniciativa macrista en la Legislatura. Dejando a Lanata de lado, quedan sobre la mesa las coincidencias estratégicas entre Correa y Macri. De esto surge que la libertad de prensa es una bandera de lucha que debe llevarse delante como parte de una estrategia independiente de los trabajadores.

En ese caso, lo que fue nuestro techo hace dos años sería ahora el piso para afrontar los desafíos que tenemos por delante. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, son varias las encuestas que indican que la candidatura a diputado de Jorge Altamira tiene una intención de voto superior al 5 %. Como punto de partida es un dato auspicioso. Si bien la conquista de un diputado nacional requiere superar el 6 %, es claro que las posibilidades para lograrlo están más que intactas. Proyectando el voto hacia la Legislatura porteña, ese porcentaje nos coloca peleando no uno, sino dos legisladores. De confirmarse estos resultados en agosto, se abre hacia octubre una perspectiva de crecimiento. Entre otras cuestiones, se habrá superado la interna confusionista del UNEN, que busca atraer a votantes con el argumento de que es la única interna realmente en disputa.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, también hemos conocido varias encuestas (algunas publicadas en los diarios, otras no) que ubican a la lista del Frente de Izquierda y a la candidatura de Néstor Pitrola a diputado nacional con guarismos que rondan entre el 2 y el 4 %. Pero existe unanimidad en que el Frente de Izquierda se ubica en el quinto lugar, después de Stolbizer-Alfonsín y por encima del resto de los partidos y alianzas, incluida a la conformada por el bloque De Gennaro-MST-PCR. Al igual que en Capital, los guarismos que arrojan las encuestas están por debajo de los necesarios para obtener un diputado nacional, pero aquí también habrá un crecimiento hacia octubre. Ello, porque en agosto los partidos patronales inundarán los cuartos oscuros con decenas de boletas de sus internas municipales, que en octubre se ensamblarán en una única lista. En la provincia pueden llegar a quedar cinco boletas en octubre, si se confirma la actual tendencia.

Las encuestas vienen a confirmar uno de los hechos políticos más notables que ya confirmaron las elecciones de 2011. Nos referimos a la preeminencia, al interior de la izquierda, de aquella que como el Frente de Izquierda se reclama socialista y revolucionaria, así como del lugar subordinado al que ha sido reducida la izquierda democratizante -e incluso la centroizquierda vinculada orgánicamente a la CTA.

Las primeras manifestaciones de este proceso son previas a 2011, cuando ya la izquierda revolucionaria había adquirido una clara superioridad frente al ala democratizante en su influencia entre la vanguardia obrera y juvenil. El valor de lo ocurrido en 2011 -que ahora confirmarían las encuestas de opinión- es que esta superioridad también está presente en el proceso electoral. Ello refuerza el llamado a concentrar el voto en la única alternativa capaz de disputar el ingreso de diputados y legisladores de la izquierda.

Otro cuadro político

De 2011 a hoy, se han dado desplazamientos políticos muy fuertes. El más importante de ellos, y que en buena medida explica al conjunto de la situación política, es el retroceso acelerado del kirchnerismo. Del 54 % obtenido en 2011 no quedan restos y el gobierno se encamina -de acuerdo con las encuestas- a una clara derrota electoral en los distritos más importantes.

La estratégica provincia de Buenos Aires, esta vez no sería la excepción. Las encuestas le dan a Massa una ventaja importante sobre el candidato oficial. El kirchnerismo sólo puede aspirar a reducir esa diferencia, e incluso a intentar ganar por poco. Esta última variante no aseguraría la continuidad del kirchnerismo como movimiento político, que es la re-re de CFK . Pero sería el escenario soñado por Scioli, porque le permitiría despejar la cancha de dos contrincantes hacia 2015 -Cristina Kirchner y Massa- y emerger como la cabeza de una liga de gobernadores e intendentes, tanto de los que están dentro como fuera del oficialismo. El post- kirchnerismo es un movimiento que ya está en marcha, sólo queda por determinar la relación de fuerzas que se establecerá al interior del lote de punteros anotados para quedarse con la manija.

En el caso de la Capital, el retroceso K también se vive de manera intensa. Las encuestas arrojan, por el momento, un primer lugar cómodo para el macrismo y una pelea por quien logra el senador por la minoría. De imponerse Pino Solanas en la interna del UNEN, la variante más probable es que el kirchnerismo pueda perder su lugar en el Senado por este distrito. La única carta que tienen a mano es buscar una polarización con el macrismo, pero en contra de que esto avance está la propia política del kirchnerismo en la Ciudad, que ha votado todas las leyes fundamentales del macrismo. En estas condiciones, una polarización carece de bases sólidas y sería más bien una maniobra de los publicistas oficiales.

Nuestros desafíos y peligros

Para el Frente de Izquierda, sin embargo, estas maniobras representan un peligro, pues nuestra votación sigue siendo aún frágil. Un crecimiento del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, valiéndose de una fuerte campaña de la propia presidenta y de Scioli, podría armar un escenario de defectuosa polarización que reforzará la presión sobre el electorado, sobre todo en los barrios más explotados. En el caso de la Capital, habrá que seguir con detenimiento los pasos que dará el propio UNEN, con sólidos apoyos capitalistas, que presenta a su interna como la única disputa porteña en agosto.

Incluso es muy posible que de sus filas haya salido la convocatoria a un nuevo cacerolazo para el 8A (8 de agosto), volviendo a colocar el tema de la corrupción como eje de la campaña electoral, sabiendo que es el eje explotado especialmente por Pino Solanas- Carrió.

La campaña del Frente de Izquierda debe tener en cuenta estos movimientos políticos, identificando las posibilidades y peligros que se plantean. La clave es reforzar la agitación sobre la base de un programa de reivindicaciones (salario igual a la canasta familiar, 82% móvil, contra la precarización laboral, por la cuestión urbana y ambiental) en conexión directa a la crisis abierta, denunciando que todas las fuerzas políticas recurren a una demagogia para ocultar su política. Ésta consiste en desarrollar el viraje reclamado por la clase capitalista para aplicar una devaluación y un nuevo proceso de endeudamiento, que le dé al gran capital otra fuente de financiamiento ante el agotamiento de las cajas públicas.

La lucha por el ingreso de la izquierda al Congreso es un eje central de la campaña electoral, en la medida de que vaya acompañado por la explicación de que es un recurso político indispensable para fortalecer a la izquierda como alternativa política, frente al declive inexorable del kirchnerismo y los intentos de la derecha (de adentro y de afuera del oficialismo) de quedarse con el monopolio del proceso político. En el terreno de la propia campaña electoral, esto significa involucrar a miles de compañeros en la lucha por la conquista del voto.

Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).

La creación del Consejo de la Magistratura no modificó en nada esta situación, como lo prueba el hecho de que los gobiernos siguieron designando a jueces de su agrado. El kirchnerismo no ha sido la excepción a esta regla. Nombró a buena parte de los jueces actuales, incluso a los miembros de la Corte Suprema, y contó con el aval del Poder Judicial para sus medidas de gobierno. El choque actual se asemeja, por lo tanto, a una crisis entre socios o ex socios cuando la sociedad que conformaron entra en decadencia. Es lo que ocurre ahora, pero mientras el gobierno pretende enfrentarla con medidas de excepción que le posibilite seguir pagando la deuda externa y bancando un régimen de subsidios que llevó a la quiebra al Estado, el Poder Judicial sale en defensa de intereses capitalistas enfrentados con el gobierno.

Más allá de estas divergencias existen todavía fuertes coincidencias, como lo prueba el fallo de la Corte Suprema, a pedido del gobierno, levantando el embargo al monopolio petrolero Chevrón por la contaminación producida en Ecuador. La crisis en curso anticipaba que la elección del Consejo de la Magistratura sería rechazada por la Justicia. El gobierno, advertido de ello, decidió de todos modos seguir adelante considerando que al menos podría explotar en la campaña electoral una bandera democrática en contra de una oposición que defiende a las corporaciones. Pero aquí también incurrió en un error de cálculo grosero. Es que el requisito para que la oposición pagase un costo político era que la “reforma judicial” ganase un apoyo popular, algo que no ocurrió ni podía ocurrir. Esto por el simple motivo de que estaba dictada por intereses reaccionarios, como lo prueba la limitación del derecho a presentar cautelares contra medidas establecidas por el Estado, o el alargamiento de los procesos judiciales con la creación de nuevas Cámaras de Casación perjudicando los juicios laborales y provisionales.

En lo que hace a la “democratización” de la Justicia el gobierno nunca planteó la elección y revocabilidad de los jueces, sino sólo la elección de una parte de un organismo de tranzas como es el Consejo de la Magistratura, elección que para peor iría pegada a la sábana general de la lista de los partidos políticos.

El kirchnerismo, al final, hizo el peor de los negocios. No sumó nuevas fuerzas con su campaña por la “reforma judicial” sino que, por el contrario, perdió parte de su tropa llevándola a una pelea perdida. A la oposición, que estaba fragmentada y dividida, le entregó un triunfo en bandeja, y hasta le facilitó la tarea para que, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, armen un frente que aunque no deja de ser una bolsa de gatos, alcanza para dejar al kirchnerismo en tercer puesto, o sea, sin banca de senador.

Para el oficialismo, la elección del Consejo de la Magistratura tenía una finalidad inmediata: nacionalizar la elección con una boleta de distrito único, superando el carácter distrital de una elección parlamentaria que se le presentaba difícil de ganar. Pero esta maniobra se calló junto con la ley de Consejo de la Magistratura, con el agravante de haberle facilitado un triunfo político a la oposición de derecha. El kirchnerismo verificará en carne propia que los impasse políticos no se superan apelando a maniobras de corto plazo. La fragmentación de su propia tropa que quería ocultar se pondrá ahora de manifiesto, pero de manera agravada, ya que la derrota sufrida no tendrá un efecto neutro. Por el contrario, agravará el retroceso político del kirchnerismo convirtiendo las aspiraciones re-reeleccionistas de la camarilla K en una utopía.

La oposición, que va de Macri a Binner, festeja el fallo de la Corte Suprema mostrando que su programa es la defensa de una “corpo” judicial integrada por una casta de jueces inamovibles, que elijen a sus propios sucesores y aseguran el dominio de los grandes estudios jurídicos que responden a las corporaciones capitalistas.

El fallo de la Corte Suprema privó al país de un hecho que iba a ser clarificador: la lista única de Macri y Binner, pasando por Pino Solanas y cía. De todas formas nada nos privará, realizada ya esa presentación, de acusar a la centroizquierda de frente con Macri en grado de tentativa. Además no podemos descartar que mas temprano que tarde ese delito se consume hasta el final.

Con esta derrota no terminan los problemas del gobierno. Hace días llegó a la Corte Suprema la causa de la “ley de medios” y todo hace pensar que en lo esencial los “supremos” fallarán en defensa de Clarín. Una Corte llamada a defender la propiedad privada no es muy amiga de las “desinversiones” y maniobras patrimoniales que, aunque no cuestionen la esencia de la propiedad privada, afectan puntualmente a determinados capitalistas.

El gobierno entra al proceso electoral golpeado por esta derrota estratégica y por una creciente crisis financiera. Las maniobras para superar la crisis se le han vuelto en contra. El agotamiento del kirchnerismo, como resultado inexorable de sus propias limitaciones, se acelera. El Frente de Izquierda llama a sacar las conclusiones de este fracaso y reforzar la construcción de una alternativa obrero y socialista.