Al desdecirse de sus propias palabras, Kicillof no hizo otra cosa que seguir la posición de las grandes cámaras inmobiliarias. Estas pusieron el grito en el cielo ante una medida que, aunque tibia, afecta sus negocios actuales. Ocurre que un impuesto de este tipo serviría para incrementar la oferta de inmuebles para alquiler, lo que ante una demanda constante debería redundar en una baja de los alquileres. De este modo, tendríamos una afectación de la renta, ya sea por la vía de la baja de los alquileres o por una carga impositiva especial a quien adquirió una propiedad como reserva de valor de un activo dolarizado. De una manera indirecta y limitada, un impuesto a la vivienda ociosa conduce a una apropiación de la renta del suelo por parte del Estado.

La marcha atrás de Kicillof fue conceptual. Arguyó que la afectación de la renta derivaría en una caída de la construcción, pues las grandes constructoras verían afectada sus beneficios. Para alejar toda duda sobre sus propias convicciones, el ministro puede citar que fue él mismo y en persona quien se hizo presente en la Legislatura de la ciudad para asegurar el voto de la bancada kirchnerista al proyecto de ley elaborado con el PRO para entregar las tierras ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers a grupos como IRSA, del empresario oficialista Eduardo Elsztain, quien a su vez controla el Banco Hipotecario. La defensa de estos negocios inmobiliarios ha sido la base de los pactos entre el macrismo y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires.

El impacto de un impuesto a las viviendas ociosas es limitado para afrontar la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Un capitalista que compra propiedades como medio de ahorro puede estar dispuesto a pagarlo, como lo hace de hecho con otros gastos, como ser las expensas o el inmobiliario. Por ello mismo, una salida de fondo requiere un programa que vaya a la raíz del problema. Este debe contener la construcción de viviendas sociales por parte del Estado, la utilización de las tierras públicas con esa finalidad, compatibilizando con las necesidades de espacios verdes y esparcimiento, la urbanización de las villas, la declaración de áreas protegidas de barrios como La Boca o Barracas, donde es necesario una política pública para reacondicionar viviendas en mal estado, evitando así que caigan en manos de las grandes constructoras. El financiamiento de un plan de este tipo requiere la colocación de impuestos especiales a los grandes especuladores inmobiliarios y la transformación del propio sistema financiero, empezando por el Banco Ciudad, que debe invertir sus recursos en préstamos hipotecarios a tasas bajas, en vez de especular con los títulos de la deuda pública.

Un programa de este tipo está en las antípodas de Kicillof y su Gobierno, cuyos funcionarios han incrementado su fortuna personal comprando inmuebles en los barrios de lujo de la ciudad, como Puerto Madero.

El derecho de los trabajadores a vivir en la ciudad y la solución a la cuestión de la vivienda requiere una transformación social integral.

El otro perdedor de estas alianzas de los punteros de la UCR con Massa es Mauricio Macri, quien también pretendía quedarse con esos respaldos. En el caso de Córdoba, la alianza del PRO con la UCR se mantendría, con lo cual se abre un panorama de división de la UCR en dos o en tres. De este modo se consolida la volatilización de la UCR como fuerza nacional y su disolución en partidos provinciales, muy vinculados con los intereses de los grupos capitalistas locales. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el planteo de Macri de eliminar las retenciones coincide con el capital sojero que reclama esa medida, cuando cae el precio internacional de la soja y la inflación consumió los ‘beneficios’ de la devaluación de enero. En La Rioja, Massa hizo declaraciones críticas para el capital minero, lo que chocaría con Cobos en Mendoza, que es quien encabeza la campaña para modificar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Lo mismo ocurre en Catamarca, donde la UCR fue la aliada histórica del monopolio Minera Alumbrera.

El “ala izquierda”, en crisis

En estas nuevas alianzas con Massa, la mayor crisis le ha quedado planteada al ala izquierda del Unen, que aspiraba a conquistar posiciones parlamentarias yendo como cuarto violín de los Binner, Cobos o Sanz. Para rechazar el acuerdo con Macri, los Pino Solanas y Tumini se aliaron con quienes ahora pactan con Massa. La deserción de los candidatos que se avecina puede replantear, como hipótesis, el intento de formar una nueva alianza centroizquierdista; o sea, una vuelta a Proyecto Sur. De darse esta alternativa, tendríamos una variante centroizquierdista protagonizada por fracasados políticos. Pese a ello podría despertar el interés de un sector de la izquierda que ya en el pasado estuvo dispuesta a ir con Pino Solanas, Stolbizer y hasta con Binner, pero que puso como “límite” a la UCR.

La desintegración del Unen conduce a una ‘derechización’ de un escenario electoral monopolizado por los Massa, Macri y Scioli. Para la izquierda que lucha por una salida anticapitalista a la bancarrota actual, este escenario de disolución política debe explotarse mediante una acción política sistemática, que debe tener como estrategia la fusión del movimiento obrero con la izquierda.

Los columnistas recurren a la mentira cuando dicen que el movimiento estudiantil que reclama la democratización de la universidad representa una “minoría”. ¿No saben acaso que esta ‘minoría’ ha ganado con gran amplitud, tanto las elecciones de Centro de Estudiantes como las de Consejo Directivo (obligatorias)? En realidad, aún no han logrado digerir la conquista por esa ‘minoría’ de ocho de trece centros de estudiantes, así como la mayoría del Claustro Estudiantil del Consejo Superior (cuatro sobre cinco representantes). Las listas kirchneristas que ellos apoyaron no lograron siquiera un registro testimonial.

Las eminencias que suscriben la columna de opinión representan a un claustro de dos mil profesores; el padrón del claustro estudiantil reúne a 300.000 personas. La “democracia universitaria”, sin embargo, le otorga a los primeros una representación institucional que más que duplica a la de los estudiantes. Mientras la reforma del 18 consideraba a los estudiantes como “el demos universitario”, el Estatuto actual - elaborado por los gobiernos de la Fusiladora- los trata directamente como kelpers.

Los ex deKanos progresistas vuelven a mentir cuando acusan a la izquierda de un supuesto pacto con la derecha para evitar la “democratización” de la UBA. ¿De qué hablan? ¿No fueron, precisamente, estos deKanos los que pactaron la designación de Hallú, en 2006, a cambio de una contraprestación como el nombramiento como vicerrector al deKano de Arquitectrua, Sorín? Esta metodología de canje de favores tipifica a las camarillas, no es propia de docentes y científicos. Además, obtuvieron la creación de una decretaría (de “planificación”) en el Rectorado, con sus correspondientes emolumentos de cinco ceros. A este acuerdo reaccionario con la camarilla radical-peronista, le pusieron la etiqueta de ‘democratización’ y, enseguida, su archivo.

El Estatuto fue modificado, sí, con el voto de la camarilla de profesores, pero para eliminar la gratuidad de los posgrados y para eximir a la UBA de la obligación de asegurar a los estudiantes las condiciones materiales para desarrollar su cursada. ¿Cómo justifican todos estos atropellos? Con el argumento más antiguo del conservadurismo, a saber: que “las reglas aprobadas por las distintas instancias legítimamente compuestas en cada momento histórico son las que disponen las formas para su propia modificación”. En castellano corriente esto quiere decir que el único con derecho a modificar el orden existente son los usufructuarios de ese orden. Este planteo los descalifica para siempre para dirigir una universidad. Incluso la universidad argentina actual, que usufructúa esa camarilla, es el producto del violentamiento de ese ‘principio’ conservador, pues la reforma del 18 lo ignoró olímpicamente. Fue impuesta incluso por medio de una huelga general de un claustro todavía no reconocido (el proletariado industrial), en aquella ocasión de Córdoba.

Los deKanos ni siquiera rozan, en la columna de opinión, el núcleo del problema: ¿qué derecho les asiste para pretender el monopolio de la gestión de la Universidad? Literalmente, ninguno. La dirección de una Universidad es un asunto político, no académico; los académicos podrían ser valiosos como asesores. La educación integra el mecanismo social de una nación, no es un laboratorio ni un taller, es un asunto de la ‘polis’, no una especialización profesional. La dirección profesoral de la UBA es un rezago pos colonial, que ahora funciona como correa de transmisión de los grupos económicos dominantes, los que se apropian, por medio de esa camarilla de profesores, de la fuerza de trabajo calificada que forma la Universidad. La política universitaria no la determinan los Shuberoff, Hallú o Barbieris: la determina el Banco Mundial y los ‘sponsors’ que se adueñan del Hospital de Clínicas, las patronales que se benefician con las pasantías y, en definitiva, el gran capital que orienta las investigaciones según sus intereses.

Derecho, controlada por los grandes estudios jurídicos; Medicina, por el sistema de salud privada y los grandes proveedores de tecnología vinculada la salud; Económicas, al servicio de los pulpos de la auditoría y la falsificación de balances. ‘Voilá’ de lo que no quiere hablar. La cuestión de la democratización es la expresión de una lucha social (y, por lo tanto, política) entre, de un lado, un sistema de apropiación de la riqueza académica por parte de un grupo de monopolios y, del otro, un régimen verdaderamente democrático (un universitario, un voto), que vincule el mundo de la educación y de la ciencia al progreso de las mayorías nacionales. Es necesario abolir el monopolio de la camarilla profesoral y establecer el principio de la democracia. La casta profesoral, que representa tan sólo al 5% de los docentes, se asegura mediante concursos amañados y maniobras de todo tipo su propia mayoría. A esto, se le agrega un casta de funcionarios parasitarios, que pueblan las secretarías y subsecretarías, y por qué no la subsecretarías, que ganan 25.000 o 30.000 pesos, mientras en la UBA hay 6.500 docentes que trabajan sin cobrar un solo peso (la cifra en realidad es mayor, porque el Censo de la UBA reconoce sólo a los que tienen designación).

Muchos de los deKanos que firman la columna de opinión suelen concurrir a las tertulias de Carta Abierta. Semejante anfiteatro intelectual no les permite ver que la UBA, en su capa dirigente, marcha hacia la derecha, con ex kirchneristas que se pasan al campo de Massa y radicales que pueblan las listas del PRO. Lo prueba su silencio. La camarilla universitaria está procesando también su ‘poskirchnerismo’. Está barajando si cae bajo el alero de Scioli o el de Massa.

Las reservas políticas y morales de nuestra universidad están en sus estudiantes y en los docentes, que trabajan incluso gratis. Rechazan los fondos de La Alumbrera, porque combaten la minería contaminante y el reglamento leonino que beneficia a esos pulpos. Luchan por un presupuesto acorde con las necesidades de la Universidad, en lugar del cobro de aranceles y de contratos de pasantías que son mieles para los ‘intermediarios’. Son los que reclaman un salario digno y el cese de remuneraciones de privilegio para la camarilla universitaria.

La lucha por la democratización integra, ni más ni menos, que la agenda nacional que plantea el fracaso de la pretendida y enésima tentativa de la ‘burguesía nacional’ de sacar al país de una declinación persistente. Mientras la burocracia universitaria apunta a despolitizar la crisis de la educación y a conservar sus privilegios, la posición verdaderamente progresista es reivindicar el carácter político del conflicto en desarrollo y proclamar la necesidad de una revolución universitaria.

No es casual que en la “marcha kirchnerista” hayan estado ausentes los reclamos fundamentales que tienen los sectores populares de la Ciudad. No figuraba el rechazo a la implementación de la Ley Nacional de Educación en la Ciudad que reclaman docentes y estudiantes. Se entiende por qué es el gobierno nacional el que presiona para que la reforma educativa que descalifica la escuela secundaria sea aplicada en territorio porteño. Tampoco había carteles denunciando la construcción en terrenos ferroviarios de megatorres y shoppings, porque es el propio kirchnerismo el que impulsa esta política repudiada por los vecinos, lo que ocurre tanto en Caballito como en Palermo. El grupo Roggio, que maneja el subterráneo, estuvo al margen de las críticas, porque los K le han dado el manejo de todos los trenes metropolitanos. Las referencias al Borda fueron para engañar incautos, ya que el bloque K votó construir el centro cívico en el sur utilizando para ello, como quería Macri, los fondos de la venta del Edificio del Plata. Lo mismo vale para las obras por las inundaciones, que son responsabilidad de ambos gobiernos. En el caso del arroyo Medrano, requiere una obra que alcance a la provincia de Buenos Aires, pero los vecinos de Saavedra denuncian que a varios meses de la inundación todo sigue igual.

Con la movilización a la jefatura de gobierno, el kichnerismo mostró que su estrategia electoral es polarizar con el macrismo. Es un recurso desesperado, para evitar una fuga de votos que a esta altura parece inevitable. Pero la disyuntiva “o la derecha macrista o el kirchnerismo” como receta está gastada. Para peor, ya mostró que quien se beneficia principalmente es el propio macrismo. De esto se deduce que el mejor aliado de campaña del kirchnerismo será Durán Barba, el ideólogo del PRO que también busca armar una polarización con el gobierno nacional. A su manera, lo reconoció Cabandié al decir “aspiramos a mantener el senador por la minoría”; o sea, que gane Macri.

Si el kirchnerismo fue incapaz de polarizar con el macrismo cuando Cristina Kirchner obtuvo el 54% de los votos, mucho menos podrá ahora, cuando el retroceso oficial es un dato incontrovertible. A su favor, sólo tienen un dato: la derechización profunda del centroizquierda de Pino Solanas y el FAP, que han armado con el UNEN un maridaje con los Prat Gay y Terragno. Pero la explotación de esta derechización requiere tener un programa del que carecen los kirchneristas. Los intereses inmobiliarios y financieros que están detrás del macrismo son los mismos que animan a los K y al UNEN.

En su lanzamiento de campaña electoral, el kirchnerismo dejó expuestas limitaciones insalvables. Incapaz de protagonizar una verdadera movilización popular, lo de Cabandié fue un corso a contramano. De aquí surge una conclusión: para enfrentar a la derecha macrista hace falta reforzar a la oposición que encarna el Frente de Izquierda.