¿Cómo ponerse del bando contrario a la española Gestamp, cuando España acaba de “ayudarnos” en el Club de París? ¿Cómo “atraer inversiones extranjeras”, luego de todos estos arreglos entreguistas, si luego los “inversores” no pueden ejercer “el derecho de propiedad”, disponiendo de la fuerza de trabajo de acuerdo con su conveniencia? La promesa de “crear trabajo” en el futuro empieza por la destrucción de la fuerza de trabajo en el presente. El ingreso de los despedidos, que establecía la conciliación luego derogada, afectaba el “clima de inversiones” que promueven los nacionales y populares. Tolerar un triunfo obrero habría convertido en inútiles todas las agachadas ante el gran capital. Cuando el laburante Pignanelli amenaza con una fuerza de choque contra los trabajadores, simplemente cumple con su oficio de alcahuete del capital extranjero.

Mentiras y estafas

El desalojo de Gestamp con mentiras y estafas es una lección muy valiosa para los trabajadores, que el gobierno y las patronales van a pagar caro. Han destruido la conciliación obligatoria y las mediaciones de los ministerios de Trabajo. Cuando las suspensiones y despidos arrecian, el Estado ha entregado un arma antiobrera importante. La macarteada de la Presidenta al comparar la lucha de Gestamp con la toma del Palacio de Invierno, seguida por las procacidades pedracistas de Pignanelli, han suscitado una reacción democrática que crece. La ciudadanía advierte que la colaboración de la burocracia sindical con la Triple A no quedó en el cajón de los recuerdos. Las patronales y los gobiernos vuelven a recurrir a los servicios de la burocracia.

Esta vez, sin embargo, “no pasarán”. Por lo pronto, la lucha por la reincorporación continúa, en medio de suspensiones y despidos en otras empresas metalmecánicas, en la construcción y en la industria en general. Los planteos de la huelga nacional del 10 de abril pasado siguen vigentes; las suspensiones y despidos están lejos de cerrarse. Honda, por ejemplo, acaba de informar que suspenderá durante un mes a todo su personal. En Cables Lear, las suspensiones alcanzan al 50% de la planta. Iveco ha extendido el plazo de suspensiones que había anunciado inicialmente. General Motors quiere canjear las suspensiones por una rebaja del salario en un 35 por ciento.

Lo que viene

Todavía están pendientes las paritarias de gremios grandes, entre ellos camioneros, Alimentación y Transporte. Los compañeros de la 60 y de Ecotrans ya han empezado con medidas de advertencia; el clima entre los choferes está caliente.

La crisis tienen que pagarla los capitalistas. Ni suspensiones ni despidos: que se reduzca la jornada laboral con el mismo salario de bolsillo actual. Que se abran los libros de las automotrices y autopartistas, y de sus financieras. Ni Cristina Fernández de Kirchner ni Scioli ni Pignanelli van a torcer el brazo de la clase obrera. La lucha por la reincorporación de los compañeros de Gestamp continúa, con acampes, cortes, volanteadas, fondos de huelga y acciones de solidaridad. El alcance que ha tomado la ofensiva capitalista requiere una respuesta de conjunto. Planteamos por ello una campaña por la huelga general.

Este contraste convirtió a la jornada de 24 de marzo en otro capítulo del ascenso de la izquierda y de la retirada del gobierno kirchnerista. Mención aparte merece Sergio Massa, que decidió pasar el 24 de marzo en Nueva York en compañía de los “inversores” que apadrinaron el golpe genocida hace 38 años.

Impostura

La consigna utilizada por la conmemoración oficialista, “Democracia o corporaciones”, es el colmo de la hipocresía, puesta en boca de un gobierno desesperado por arreglar con todas esas corporaciones en tiempo récord. Salvo, claro, que se quiera presentar a Chevrón, Repsol o el CIADI como garantes de la democracia. CFK ni siquiera se hizo presente para acompañar esta farsa – no sea que arruine el acuerdo con el Club de París. Su acción “militante” se limitó a un tuit sobre su esposo. Horas antes, un tribunal de Santa Cruz digitado por el poder político provincial y nacional dictó prisión preventiva contra obreros petroleros que luchan contra el impuesto al salario y la tercerización.

El faltazo de CFK convirtió al ministro Julio Alak,  un defensor acérrimo del indulto y abogado personal de Carlos Menem, en el orador en la Esma. Así, el Día de la Memoria derivó en una operación de encubrimiento fingiendo un olvido colectivo. El cierre a cargo de Carlos Zannini, sin protagonismo para gobernadores e intendentes, transformó el 24 de marzo en un nuevo capítulo de la crisis del aparato justicialista.

El avance de la izquierda

La movilización del 24 de marzo organizada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia fue realmente popular. Testimonio de ello fue la presencia de los docentes que están en huelga indefinida por su salario, de los petroleros de Las Heras, de los dirigentes Qom, de los centros de estudiantes (que le ganaron a La Cámpora colegio por colegio en votaciones de asamblea la adhesión a la marcha independiente), de los familiares de la masacre de Once y de Cromagnón. Se hicieron presentes dirigentes de los derechos humanos, que en años anteriores organizaban marchas “intermedias” entre el gobierno y la izquierda, y que ahora estrechan filas con ésta para enfrentar a un gobierno en abierto giro a la derecha.

El repudio a la designación de Milani fue el eje político de la marcha, lo que refrenda el proyecto de destitución que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso. La centroizquierda no tuvo protagonismo. Pino Solanas, que en el pasado solía asomarse por estas marchas, ahora es cuarto violín de los ejecutores de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Todo el bloque UNEN sufrió una derrota política cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia rechazó que participara en el sorteo de la marcha, considerando que son parte de un bloque político responsable de la impunidad. El UNEN se limitó a realizar un acto en una Iglesia y la UCR a una actividad interna en su local central.

Perspectivas

La Plaza de Mayo, repleta por miles de personas, fue un respaldo a la gran huelga docente, por eso contó con una masiva presencia de los protagonistas de esta lucha histórica. Desde un punto de vista estratégico expresó la fusión de la izquierda con las causas populares.

El 24 de marzo se convirtió, gracias a una lucha decidida, en una jornada de polarización política real, pues opuso a bloques que representan intereses sociales antagónicos y no a punteros del propio partido gobernante. La tarea del momento es desarrollar esa polarización impulsado una fuerte campaña por la huelga general y por una salida política de los trabajadores.

En esa perspectiva trabajan el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

El mecanismo de esta colocación de deuda es simple. El gobierno le da a Repsol los bonos de la deuda soberana, y éste los venderá en el mercado con un descuento para hacerse de los dólares. Como se prevé que los bonos tendrán una quita al momento de la venta, el gobierno se comprometió a emitir deuda hasta 6.000 millones de dólares, para asegurarle a Repsol un mínimo de 4.760 millones. Es claro aquí que el acuerdo no tiene una lógica interna, o lo que es lo mismo peca de incoherente, pues de venderse los bonos por debajo del 80% de su valor nominal, los 6.000 millones no alcanzarán a cubrir el piso asegurado a Repsol. ¿Qué ocurrirá en ese caso? Ahí entra a jugar la cláusula del acuerdo que establece que la deuda no se dará por cancelada hasta que Repsol no se haga de los dólares billetes. De este modo surge que el techo de deuda anunciado no es tal, y que si llegase a ocurrir una caída de los bonos argentinos el Estado deberá emitir bonos por encima de los 6.000 millones.

Pero el resguardo que tiene Repsol no lo tiene, en cambio, el propio gobierno. Es que al convertir al monopolio petrolero en el agente de colocación de deuda pasa a depender de él. Repsol bien podría vender mal los bonos y derribar de ese modo la cotización de la deuda soberana, elevando el riesgo país y la tasa de interés. Repsol no perdería nada en ese caso, pues reclamaría una suma mayor de bonos. Un golpe de ese tipo colocaría al gobierno en un cuadro de crisis terminal, derribando toda su hoja de ruta para salir de la crisis, que consiste en volver a colocar deuda en el mercado internacional a una tasa de interés razonable.

Como vemos, el festejo de Kicillof, que vio en el acuerdo con Repsol el primer paso en su plan de endeudamiento no sólo es injustificado sino completamente falso. El “soviético” se adelantó varios pasos al afirmar que Argentina lograba colocar deuda a una tasa de interés de un dígito. La verdadera tasa se sabrá recién cuando Repsol se desprenda de los bonos. Pero eso será una decisión que ya le es ajena al gobierno, pues si Repsol decidiese vender los bonos rápidamente haría caer su valor y subir la tasa de interés. El gobierno que se denomina a sí mismo como “nacional y popular” ha realizado un acto escandaloso de renuncia de soberanía.

Si el gobierno quiere evitar una caída de los bonos deberá alinear toda la política económica en función de dar garantía de pago. Eso significa reducir el déficit fiscal, tarifazo mediante, y llegar a un acuerdo con el Club de París, el FMI y los bonistas que reclaman en Nueva York. En términos de política energética deberá sin medias tintas viabilizar un nuevo naftazo, como se lo hicieron saber los gobernadores de las provincias petroleras. Sapag, de Neuquén, fue contundente: sin naftazo no habrá inversión en Vaca Muerta.

Las veleidades nacionalistas ya han sido dejadas de lado. Si en el pasado justificaron el pago al contado al FMI como una suerte de precio para sacarnos de encima las revisiones e intromisiones del imperialismo, ahora por el contrario justifican el acuerdo con Repsol como un paso necesario para lograr viabilizar la inversión del gran capital en Argentina. A Kicillof le soplaron en la oreja que si sigue esta política al final del camino alguien le prestará 10.000 millones de dólares para pagar la deuda de aquí al 2015. De principio a fin la política del kirchnerismo está caracterizada por el entreguismo.

El impacto político del acuerdo con Repsol llevará a un nuevo retroceso en la capacidad de arbitraje del gobierno. Este, más que nunca, se ha puesto a merced del capital financiero internacional. Se trata, por lo tanto, de un nuevo capítulo en la disolución del régimen bonapartista con el cual Cristina Kirchner logró pilotear la crisis del 2008-2013 y derrotar a la oposición. Si la crisis avanza un peldaño más, el destino del gobierno estará en manos de Repsol.

Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

A los 6.000 millones de dólares de nueva deuda creada por el gobierno se le deberán añadir los intereses; estos serán superiores al 8% anual, una tasa usuraria que duplica, como mínimo, lo que pagan países de América Latina. Se estima que, hasta 2033, fecha de vencimiento de los bonos, los intereses serán equivalentes al capital, lo que totaliza pagos por 12.000 millones de dólares. Este beneficio se distribuirá entre Repsol y los bancos que se hagan de los bonos. Si Repsol resolviera mantener los bonos en su cartera, recibirá intereses anuales por entre 360 y 500 millones de dólares -más o menos lo que obtenía como dividendos cuando era propietaria de YPF. En el caso de los bonos 2024, que aún no tienen cotización, el Estado garantizará a través del Banco Nación las tres primeras cuotas de intereses. Las garantías a Repsol no terminan acá. El convenio establece que si surgen problemas de pago o embargos, el Estado deberá pagar de inmediato el saldo adeudado. De ocurrir diferendos, no serán los tribunales argentinos los que decidan, sino la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Para el gobierno “nacional y popular” se ha vuelto una moda renunciar a la soberanía de la Justicia argentina.

Aunque el gobierno presenta como positivo que Repsol renuncie a continuar los juicios contra el país, lo cierto es que se trata de una medida recíproca, que compromete a Argentina a renunciar también a los juicios contra la empresa. Los pasivos ambientales que el propio Kicillof había denunciado en el momento de la expropiación nunca fueron tasados y ahora no podrán ser llevados a la Justicia. Tampoco las investigaciones sobre vaciamiento empresario, que constaban en el Informe Mosconi elaborado por el gobierno. De amenazar con no pagar un peso, e incluso declarar que la investigación probaría que es Repsol la que debería indemnizar a la Argentina, Kicillof nos dice que la legislación vigente obliga a este pago oneroso a los vaciadores. El “relato” termina sepultado bajo la Ley Nacional de Expropiaciones dictada por Videla y Massera en 1977, hoy vigente.

La cola que sigue

El objetivo declarado de “volver a los mercados” que el gobierno se había trazado ha sido tercerizado a Repsol. Será el monopolio petrolero quien colocará los “bonos soberanos” de Argentina en el mercado, con la salvedad de que los dólares se los quedarán ellos y la factura la pagará el país. Es que por muy entreguista que sea el acto indemnizatorio, los “mercados” siguen reclamando más. En la cola de los que esperan un resarcimiento están el Club de París, los bonistas que no han entrado en el canje y las empresas que litigaron en el CIADI. Entre unos y otros se esconde el FMI. Los países que integran el Club de París ponen como condición para un acuerdo que el gobierno acceda a que el Fondo realice una auditoría de las cuentas nacionales. El nuevo índice de inflación dado a conocer el mes pasado es un primer paso del gobierno en esa dirección.

La “normalización económica” con el gran capital implicará la creación de una deuda inmensa. Si se suma a la ya comprometida con Repsol, estaríamos muy por encima de los 30.000 millones de dólares. Cristina Kirchner y Kicillof terminarían sus días como afiliados al “club de los endeudadores”, al costo de una cuota muy alta. Después de haber batido el parche del “desendeudamiento”, tendríamos una deuda pública de unos 300.000 millones de dólares. Por lejos, la más alta de la historia. Los elementos para una quiebra económica generalizada se van reuniendo a una velocidad inusitada.

A medida que el gobierno avanza en esta dirección, su capacidad de arbitraje se reduce a la mínima expresión. El factor decisivo pasa a ser el capital financiero internacional. Mientras en el pasado la cancelación de la deuda con el FMI era presentada como una medida de autonomía nacional para “independizarnos” del Fondo, ahora la indemnización a Repsol persigue el propósito declarado de una asociación con los monopolios petroleros internacionales como Chevron, y conseguir fuentes de financiamiento de los grandes bancos. Estas concesiones empujan a un cambio completo de la política económica, dándole completa libertad al capital para su acción.

A los docentes, nada

El acuerdo entre el Repsol y el gobierno contrasta con las negociaciones establecidas con los docentes. La propuesta oficial de un 22% en tres cuotas más 2.000 pesos de presentismo a pagar en dos veces equivale a una rebaja salarial hecha y derecha. Contra una inflación prevista por arriba del 40%, es claro que el gobierno quiere que los salarios se reduzcan en relación con la inflación y el índice de devaluación. Reducir el salario en dólares es el nuevo grito de la clase capitalista. En el caso concreto de los docentes, el gobierno ya anticipó que piensa recurrir a un decretazo para imponer este objetivo.

La oposición tradicional no sólo apoya el acuerdo con Repsol, y el acuerdo con el Club de París y el FMI. También es partidaria de un ataque al salario. De Mendiguren ha pedido la suspensión de las paritarias -aunque ahora quiere “apurarlas” en acuerdo con la CGT- y Felipe Solá auguró que los trabajadores están dispuestos a aceptar “una rebaja salarial”. La oposición, que ha saludado la devaluación de la moneda, pide bajo el eufemismo de la necesidad de “un plan integral” realizar un ajuste que incluya un tarifazo generalizado y una nueva devaluación.

Huelga general

La docencia combativa de todo el país se ha convocado para resolver un paro para el 5 y 6 de marzo, y exigió a la CTERA y al resto de los sindicatos la huelga general para defender un salario igual a la canasta familiar. La burocracia, sea oficialista u opositora, no quiere saber nada con ello. Por eso han puesto en el freezer el paro convocado por ellos mismos. Actúan como lo que son: agentes del ajuste al interior del movimiento obrero. Pero la burocracia no es el factor decisivo en la situación. Ante los despidos en Córdoba, ya se han ocupado tres empresas metalúrgicas, lo cual marca un curso a seguir para enfrentar los despidos y suspensiones.

Asistimos a los últimos capítulos de un gobierno en disgregación, que se juega la supervivencia en una ofensiva contra los trabajadores. En oposición a la intención de “blindar” a Repsol y al gran capital, llamamos a “blindar” a los trabajadores, prohibiendo despidos y suspensiones, con un aumento salarial de emergencia de 3.000 pesos y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Está planteado impulsar la huelga general por este programa y estructurar una salida independiente de los trabajadores.

Detrás del presupuesto

Es indudable que el proyecto de Presupuesto 2014 enviado por el gobierno al Congreso es un “dibujo”. Tampoco son ciertas las proyecciones de inflación o el superávit fiscal que se anuncian, por lo que se marcha a un agujero del fisco de proporciones a financiar mediante la emisión monetaria y el saqueo de la Anses, el Banco Nación, el Central y otras cajas del Estado. Detrás de la adulteración estadística se esconde el propósito de manejar la política económica por medios de excepción.

La oposición denuncia el “dibujo”, pero no cuestiona en lo más mínimo el tema de fondo. El Presupuesto plantea utilizar casi 10.000 millones de dólares del Banco Central para cancelar vencimientos de capital de la deuda externa, así como una cifra exorbitante en pesos para enfrentar el vencimiento de intereses. Dentro de los pagos presupuestados para 2014, estarían los 4.000 millones de dólares para el Cupón PBI, que surgiría de presentar un crecimiento económico muy por encima del real. El pago de este Cupón, desde que fuera emitido con el canje de deuda del año 2005, sirvió para neutralizar la promocionada “quita” realizada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Finalmente, es una de las causas que explican por qué la deuda pública creció hasta superar holgadamente los 200.000 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso pagamos deuda por 176.000 millones -según reconociera la propia Presidenta cuando se autocalificó como “pagadora serial”.

En busca de un acuerdo

El pago del Cupón PBI que establece el Presupuesto para el año que viene no puede explicarse si no es por el intento del gobierno de ofrecerle un gancho a los acreedores y a los fondos buitres para buscar un acuerdo por afuera de la Justicia de Nueva York. Ha trascendido que el acuerdo podría incorporar el pago en efectivo de una parte de la deuda y el resto ser compensado con la emisión de nuevos bonos, a los que se le añadiría el cupón PBI. En cualquier caso, el resultado final sería un nuevo incremento del stock de deuda, lo que la llevaría por encima de la relación promedio entre la deuda y el PBI que Argentina tuvo en la década del ’90.

Para avanzar en la negociación con los fondos buitres, el gobierno debe resolver toda la agenda pendiente que reclama el capital financiero. Por eso mismo, ya habría un acuerdo con las cinco empresas que ganaron los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a las cuales el gobierno les pagaría 500 millones de dólares emitiendo nuevos bonos. Pero la lista en el Ciadi es más larga: está el caso Repsol, el más importante de todos, con su demanda por la expropiación de sus acciones por parte del Estado. De más está decir que el reconocimiento de los juicios en el Ciadi, un tribunal que pertenece al Banco Mundial y que viola por completo la soberanía nacional, supone otro factor de aumento de una deuda usuraria.

Con la negociación con el Ciadi y con el Club de París (que reclama una deuda de 7.000 millones más intereses), el gobierno gana tiempo para cerrar un acuerdo con los fondos buitres. Es que recién el año que viene vence la cláusula que Néstor Kirchner inscribió en el canje de 2005, que establecía que cualquier beneficio que se le otorgue en el futuro a un bonista que no entró al canje debe generalizarse para todos. Pasada esa fecha, el gobierno queda con las manos libres para cerrar un acuerdo con los fondos buitres, entregándoles nuevas concesiones.

Endeudamiento y devaluación

Estas negociaciones realizadas por el gobierno suponen, en el caso de prosperar, un cambio general de la política económica. La necesidad de hacer frente a nuevos pagos de la deuda requiere el ingreso de dólares del exterior, los que no pueden depender exclusivamente de un saldo comercial favorable -el cual, dicho de paso, está en claro retroceso. Pero el ingreso de dólares no es compatible con el cepo cambiario y con la restricción existente en el giro de utilidades, como lo probó el fracaso del blanqueo de capitales y la emisión de Cedines. El gran capital reclama recuperar libertad de movimientos para llevar a cabo un nuevo ciclo de endeudamiento. Quien dio el primer paso en ese sentido fue la “nacional y popular” YPF, que colocó deuda en Londres como parte de un plan más amplio de endeudamiento en esa y en otras plazas del capital financiero internacional.

Este giro general de la política económica no puede darse sin una fuerte devaluación de la moneda, la que permita, por un lado, levantar el cepo y las restricciones al giro de divisas y, por el otro, incentivar el ingreso de dólares mediante el abaratamiento generalizado de la economía. Una devaluación de tal magnitud podría conducir a una hiperinflación, salvo que se la complemente con fuertes medidas recesivas -como, por ejemplo, la reducción del gasto público con un ajuste fiscal y, por sobre todo, con un ataque directo al salario de los trabajadores.

La clase capitalista reclama este giro. Como parte de las previsiones de lo que se viene, deben entenderse las negociaciones sobre un nuevo índice inflacionario que se están sustanciando entre el equipo económico y el FMI. La idea es preparar el terreno para habilitar una indexación de la economía, que alcance incluso a los títulos de deuda que emita el gobierno. De este modo, queda claro que el llamado “desendeudamiento” -el cual fue una transferencia de deuda del gran capital financiero a la Anses, el Banco Central y hasta el Pami-, será usado ahora para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional.

La campaña electoral

El desarrollo de la campaña electoral de acá a octubre estará atravesado por los intentos del gobierno de arribar a un acuerdo con los fondos buitres, el Ciadi y el FMI. De igual modo que el gobierno sepultó su política de “derechos humanos” para poner al pistolero Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la derrota sufrida en las PASO acelera la tendencia ya existente en el gobierno para tomar el programa de la clase capitalista a favor de una devaluación, un ajuste y un nuevo ciclo de endeudamiento que pagarán con creces los trabajadores.

En esta nueva fase de la campaña electoral que se abre, el Frente de Izquierda denunciará la dependencia del gobierno y de la oposición tradicional con los saqueadores del país.

La decisión de la Corte Suprema se produce en el marco de un cambio de frente de los capitales que acompañaron a los K. A Repsol, Eskenazi, Vale do Rio Doce, El Tejar, el Banco Macro y se le suma la UIA, con la incorporación de De Mendiguren, un vocero de Techint, a la lista de Sergio Massa. En este marco debe entenderse el choque del gobierno con la Corte nombrada por Néstor Kirchner. Alberto Fernández acaba de explicar que eso ocurrió luego de que el gobierno obtuviera el compromiso de los nuevos jueces supremos con la legalización de la pesificación asimétrica establecida en 2002.

La reacción de Cristina Kirchner ante el fallo debe ser entendida como un hábil gesto de propaganda, para encubrir la complicidad de la Justicia con la legión de kirchneristas (incluida su propia familia) acusados de fraudes, estafas, coimas e incluso del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

¿Qué hará la Corte Suprema con la desinversión que el Grupo Clarín debería ejecutar de acuerdo con la ley de medios? Lo más probable es que declare la vigencia de esta norma, aunque con la salvedad de otorgar al pulpo un tiempo considerable para consumarla. La desinversión de Clarín se convertirá, en este caso, en unos de los puntos de la campaña electoral. Las legislaturas de la Ciudad y Córdoba ya se pronunciaron por la defensa de Clarín.

La Justicia no es independiente de los intereses del capital y del Estado, de ninguna manera. Cuando irrumpe una controversia sobre esto, es que se está desarrollando una crisis política de conjunto.