Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo sellado entre Kicillof y Repsol es que el gobierno ha convertido al monopolio petrolero español en un agente de la colocación de la deuda Argentina. El Estado ha renunciado a jugar ese papel, que le es propio, y lo ha tercerizado en un monopolio privado que milita en la oposición política al kirchnerismo.
El mecanismo de esta colocación de deuda es simple. El gobierno le da a Repsol los bonos de la deuda soberana, y éste los venderá en el mercado con un descuento para hacerse de los dólares. Como se prevé que los bonos tendrán una quita al momento de la venta, el gobierno se comprometió a emitir deuda hasta 6.000 millones de dólares, para asegurarle a Repsol un mínimo de 4.760 millones. Es claro aquí que el acuerdo no tiene una lógica interna, o lo que es lo mismo peca de incoherente, pues de venderse los bonos por debajo del 80% de su valor nominal, los 6.000 millones no alcanzarán a cubrir el piso asegurado a Repsol. ¿Qué ocurrirá en ese caso? Ahí entra a jugar la cláusula del acuerdo que establece que la deuda no se dará por cancelada hasta que Repsol no se haga de los dólares billetes. De este modo surge que el techo de deuda anunciado no es tal, y que si llegase a ocurrir una caída de los bonos argentinos el Estado deberá emitir bonos por encima de los 6.000 millones.