Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

A los 6.000 millones de dólares de nueva deuda creada por el gobierno se le deberán añadir los intereses; estos serán superiores al 8% anual, una tasa usuraria que duplica, como mínimo, lo que pagan países de América Latina. Se estima que, hasta 2033, fecha de vencimiento de los bonos, los intereses serán equivalentes al capital, lo que totaliza pagos por 12.000 millones de dólares. Este beneficio se distribuirá entre Repsol y los bancos que se hagan de los bonos. Si Repsol resolviera mantener los bonos en su cartera, recibirá intereses anuales por entre 360 y 500 millones de dólares -más o menos lo que obtenía como dividendos cuando era propietaria de YPF. En el caso de los bonos 2024, que aún no tienen cotización, el Estado garantizará a través del Banco Nación las tres primeras cuotas de intereses. Las garantías a Repsol no terminan acá. El convenio establece que si surgen problemas de pago o embargos, el Estado deberá pagar de inmediato el saldo adeudado. De ocurrir diferendos, no serán los tribunales argentinos los que decidan, sino la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Para el gobierno “nacional y popular” se ha vuelto una moda renunciar a la soberanía de la Justicia argentina.

Aunque el gobierno presenta como positivo que Repsol renuncie a continuar los juicios contra el país, lo cierto es que se trata de una medida recíproca, que compromete a Argentina a renunciar también a los juicios contra la empresa. Los pasivos ambientales que el propio Kicillof había denunciado en el momento de la expropiación nunca fueron tasados y ahora no podrán ser llevados a la Justicia. Tampoco las investigaciones sobre vaciamiento empresario, que constaban en el Informe Mosconi elaborado por el gobierno. De amenazar con no pagar un peso, e incluso declarar que la investigación probaría que es Repsol la que debería indemnizar a la Argentina, Kicillof nos dice que la legislación vigente obliga a este pago oneroso a los vaciadores. El “relato” termina sepultado bajo la Ley Nacional de Expropiaciones dictada por Videla y Massera en 1977, hoy vigente.

La cola que sigue

El objetivo declarado de “volver a los mercados” que el gobierno se había trazado ha sido tercerizado a Repsol. Será el monopolio petrolero quien colocará los “bonos soberanos” de Argentina en el mercado, con la salvedad de que los dólares se los quedarán ellos y la factura la pagará el país. Es que por muy entreguista que sea el acto indemnizatorio, los “mercados” siguen reclamando más. En la cola de los que esperan un resarcimiento están el Club de París, los bonistas que no han entrado en el canje y las empresas que litigaron en el CIADI. Entre unos y otros se esconde el FMI. Los países que integran el Club de París ponen como condición para un acuerdo que el gobierno acceda a que el Fondo realice una auditoría de las cuentas nacionales. El nuevo índice de inflación dado a conocer el mes pasado es un primer paso del gobierno en esa dirección.

La “normalización económica” con el gran capital implicará la creación de una deuda inmensa. Si se suma a la ya comprometida con Repsol, estaríamos muy por encima de los 30.000 millones de dólares. Cristina Kirchner y Kicillof terminarían sus días como afiliados al “club de los endeudadores”, al costo de una cuota muy alta. Después de haber batido el parche del “desendeudamiento”, tendríamos una deuda pública de unos 300.000 millones de dólares. Por lejos, la más alta de la historia. Los elementos para una quiebra económica generalizada se van reuniendo a una velocidad inusitada.

A medida que el gobierno avanza en esta dirección, su capacidad de arbitraje se reduce a la mínima expresión. El factor decisivo pasa a ser el capital financiero internacional. Mientras en el pasado la cancelación de la deuda con el FMI era presentada como una medida de autonomía nacional para “independizarnos” del Fondo, ahora la indemnización a Repsol persigue el propósito declarado de una asociación con los monopolios petroleros internacionales como Chevron, y conseguir fuentes de financiamiento de los grandes bancos. Estas concesiones empujan a un cambio completo de la política económica, dándole completa libertad al capital para su acción.

A los docentes, nada

El acuerdo entre el Repsol y el gobierno contrasta con las negociaciones establecidas con los docentes. La propuesta oficial de un 22% en tres cuotas más 2.000 pesos de presentismo a pagar en dos veces equivale a una rebaja salarial hecha y derecha. Contra una inflación prevista por arriba del 40%, es claro que el gobierno quiere que los salarios se reduzcan en relación con la inflación y el índice de devaluación. Reducir el salario en dólares es el nuevo grito de la clase capitalista. En el caso concreto de los docentes, el gobierno ya anticipó que piensa recurrir a un decretazo para imponer este objetivo.

La oposición tradicional no sólo apoya el acuerdo con Repsol, y el acuerdo con el Club de París y el FMI. También es partidaria de un ataque al salario. De Mendiguren ha pedido la suspensión de las paritarias -aunque ahora quiere “apurarlas” en acuerdo con la CGT- y Felipe Solá auguró que los trabajadores están dispuestos a aceptar “una rebaja salarial”. La oposición, que ha saludado la devaluación de la moneda, pide bajo el eufemismo de la necesidad de “un plan integral” realizar un ajuste que incluya un tarifazo generalizado y una nueva devaluación.

Huelga general

La docencia combativa de todo el país se ha convocado para resolver un paro para el 5 y 6 de marzo, y exigió a la CTERA y al resto de los sindicatos la huelga general para defender un salario igual a la canasta familiar. La burocracia, sea oficialista u opositora, no quiere saber nada con ello. Por eso han puesto en el freezer el paro convocado por ellos mismos. Actúan como lo que son: agentes del ajuste al interior del movimiento obrero. Pero la burocracia no es el factor decisivo en la situación. Ante los despidos en Córdoba, ya se han ocupado tres empresas metalúrgicas, lo cual marca un curso a seguir para enfrentar los despidos y suspensiones.

Asistimos a los últimos capítulos de un gobierno en disgregación, que se juega la supervivencia en una ofensiva contra los trabajadores. En oposición a la intención de “blindar” a Repsol y al gran capital, llamamos a “blindar” a los trabajadores, prohibiendo despidos y suspensiones, con un aumento salarial de emergencia de 3.000 pesos y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Está planteado impulsar la huelga general por este programa y estructurar una salida independiente de los trabajadores.

Impunidad para el Estado y los funcionarios

Una de las modificaciones establece que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva (como multas) es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. El artículo 6 dice que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos”. ¿Cómo justifican los K estas disposiciones que equivalen darle al Estado y los funcionarios un certificado de impunidad por adelantado? Según los guionistas del relato estas medidas son progresivas porque impiden la proliferación de la industria del juicio, y más aún, protegen al Estado de la acción de los monopolios. Pero la impostura salta a la vista cuando vemos que son ellos mismos quienes acaban de sellar un acuerdo con Chevron, que aún mantiene su carácter confidencial siendo sin embargo YPF una empresa “pública”.

Más que blindar el Estado contra los empresarios, se pretende blindarlo contra las demandas que realicen los ciudadanos que son víctimas de la asociación estatal-capitalista. En esta categoría revisten, por ejemplo, los concesionarios ferroviarios, que han sido un factor permanente de accidentes mortales. De aprobarse la propuesta oficial, las víctimas de estos accidentes no podrán demandar por daños al Estado ni a los funcionarios responsables ante la Justicia civil, sino ante la administrativa –la propia burocracia estatal. Este cambio protege el patrimonio de los Jaime, Schiavi y De Vido, pero por sobre todo permite acelerar la tercerización económica del Estado y habilitar cláusulas que transfieran la responsabilidad ‘ambiental’ de los concesionarios al Estado o victimizar a los trabajadores. En esto consiste la ‘modernización’.

El proyecto oficial establece que “la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo”. Con este recurso, el propio Estado puede negarse a cumplir un fallo judicial en su contra (como ocurre con los jubilados), alegando la existencia de normas administrativas elaboradas por él mismo. En lugar de postergar en el tiempo, mediante sucesivas apelaciones, como hace ahora, el cumplimiento de sentencias judiciales que suponen una erogación de dinero, el Estado podrá ampararse en el futuro en su privilegio administrativo. Recordemos, de paso, que aún hoy, a 30 años de la “democracia” y tras una década K, la Ley de Procedimientos Administrativos vigente data del gobierno ultrarreaccionario de Onganía que le da al Estado todo tipo de prerrogativas frente a las demandas de particulares. Amparados en estas legislaciones reaccionaria podría desconocer otro tipo de sentencias en su contra, como el freno a emprendimientos que destruyen el medio ambiente o la reinstalación de delegados sindicales (esto ya ocurre en la actualidad en el INDEC), lo cual le permitiría ignorar el derecho de “incidencia colectiva”, que introduce el mismo proyecto unificador. Lo más importante, sin embargo, es que protege al Estado en su trabajo de liquidación de los activos de la ANSES y el Banco Central, y una futura declaración de bancarrota de ambos. Cavallo sucumbió después de declarar la “inalienabilidad” e “inembargabilidad” de los depósitos bancarios; CFK se quiere salvar por la vía de la confiscación de salarios y jubilaciones.

Precariedad laboral

La impunidad que el Estado se arroga para sí mismo abarca la relación con sus propios trabajadores, los cuales pasarán a revestir una categoría de segunda. De acuerdo a la reforma, no podrán demandar al Estado por la vía civil en caso de sufrir un accidente laboral. Esta discriminación no sólo la sufrirán los empleados públicos (se extiende a las provincias que se acojan a las modificaciones del Código) sino también quienes realicen tareas en alguna empresa contratista del Estado. La norma exime en los hechos las obligaciones indemnizatorias de las ART. Todo el proyecto oficial apunta a reducir ‘costos laborales’ en beneficio de las patronales.

Si bien el derecho laboral no forma parte de la unificación de los Códigos en cuestión, una serie de disposiciones a favor de las empresas son abiertamente perjudiciales para los trabajadores. Una de las más importantes es la que elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las deudas laborales de firmas dependientes o subsidiarias. Es otro incentivo poderoso para el avance de la tercerización como práctica, bajo el relato menemista de la ‘modernización’. La reforma va a contramano de varios fallos judiciales que han obligado a la empresa principal a responder solidariamente por las acciones realizadas por las empresas dependientes. La intención de instalar el paraíso de la tercerización laboral se observa en otras disposiciones: al regular la Unión Transitoria de Empresas (UTE) se presume que no existe la responsabilidad solidaria de los socios por los actos que éstas realicen, ni por las obligaciones que contraigan frente a terceros, entre los que pueden estar los trabajadores. Lo mismo para los “contratos de franquicias”.

En un artículo referido a regular el “contrato de suministro” se habilita a que esta figura contemple “el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas”. La “prestación de servicios sin relación de dependencia” es uno de los fraudes laborales más comunes que existen hoy en el “mercado de trabajo”.

La reforma también abre la puerta a otros fraudes capitalistas contra los trabajadores y el fisco. Una de ellas es la novedad de crear “sociedades anónimas” unipersonales, lo cual supone el absurdo de una sociedad en la que una persona no se asocia con nadie. Pero así se habilita el recurso de limitar la responsabilidad de los grupos empresarios, que podrán también dividir su patrimonio para acogerse a beneficios de todo tipo.

Antijurídico

El proyecto incorpora como propios “los tratados en los que la República Argentina sea parte”. Es el caso, por ejemplo, de los que reconocen la jurisdicción de tribunales extrajudiciales, como el CIADI. De este modo convierte al arbitraje internacional en obligatorio. Los defensores de la reforma alegan que la “soberanía nacional” está bien protegida porque para cualquier arreglo ante organismos o tribunales internacionales se requiere, como paso previo, un fallo de tribunales locales que lo avale. Sin embargo, el reciente arreglo alcanzado en el CIADI con los fondos buitres que se quedaron con los juicios de empresas privatizadas que litigaron para el país no contó con el aval de ningún tribunal local. Los 500 millones de dólares de nueva deuda emitida para pagar la demanda a los buitres prueba que los K se mienten a sí mismos y le mienten a todo el país. Incluso más, es un arreglo que contradice la Constitución Nacional, que señala que todas las controversias donde la Nación es parte son competencia exclusiva del poder judicial argentino. La Corte Suprema de Justicia no protestó frente a semejante atropello, sino que además intervino a través de sus jueces en la elaboración del proyecto oficial que refuerza la violación de la soberanía de la Justicia Argentina.

Clerical

El proyecto oficial consagra a la Iglesia Católica como “persona jurídica pública”, un estatus similar al del propio Estado. Confirma el soporte financiero que le asegura la Constitución y asegura la inembargabilidad de sus bienes. El Estado pierde su carácter laico, y se discrimina al resto de los credos y organizaciones religiosas que carecen de estos beneficios. La pedofilia no podrá ser juzgada en el ámbito de la Justicia civil, un ahorro de dinero monumental para el clero.

La Iglesia impuso, además, varios de los aspectos más controvertidos de la reforma. Uno de ellos es considerar la “defensa de la vida desde el momento de la concepción”, que rechaza la legalización del aborto. Dado que todo, en el globo, es “vida”, la norma carece de sentido (prohibiría el consumo humano de todo tipo de alimentos). También fue excluída la fecundación asistida, el manejo de los embriones o la fecundación post-mortem. En la comisión de redacción del proyecto se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, un ‘lobbysta’ del clero.

Mujer, medio ambiente

Todo lo relativo al divorcio gira en torno a las cuestiones patrimoniales: bienes gananciales o acuerdos prenupciales. No contempla en absoluto los abandonos del hogar y divorcios que involucran a los trabajadores, donde la principal perjudicada es la mujer y los chicos. En ningún caso plantea la protección de la jefa de hogar. Es un proyecto rabiosamente patronal.

En lo que hace a la figura de “incidencias de derechos colectivos”, el texto raya en la impostura, cuando el gobierno firma acuerdos de explotación de gas no convencional, apoya la minería de cielo abierto, las semillas de Monsanto y los pesticidas de Syngneta, y protege a los contaminadores de ríos. Es claro que, en los hechos, una acción en defensa de intereses generales supone litigar contra el Estado que impulsa su violación. Un fallo de la Corte, en el caso Impa, ignora el ‘derecho colectivo’ de una empresa recuperada. La norma ha sido incorporada para pagar un tributo a la feligresía de burócratas de las Naciones Unidas, que ganan su pan a fuerza de ‘papers’ por el medio ambiente.

Conclusión

El apresuramiento para votar reforma y unificación del Código Civil y Comercial busca redorar el escudo desteñido del oficialismo frente a la ‘opo’, pero por sobre todo desarmar la protección laboral, por un lado, y descargar al Estado quebrado por la deuda externa de otras obligaciones financieras. Ratifica el pago de las deudas públicas usurarias, ratifica la obligación estatal ante los tribunales extrajudiciales del Banco Mundial y prepara el desfalco de la ANSES. Busca alcanzar un compromiso con el Clero de “Francisco”, acosado judicialmente en todo el mundo por pedofilia y lavado de dinero, y afecta los derechos de las mujeres (derecho al aborto seguro, público y gratuito).

El código es el estatuto del derrumbe kirchnerista.

Detrás del presupuesto

Es indudable que el proyecto de Presupuesto 2014 enviado por el gobierno al Congreso es un “dibujo”. Tampoco son ciertas las proyecciones de inflación o el superávit fiscal que se anuncian, por lo que se marcha a un agujero del fisco de proporciones a financiar mediante la emisión monetaria y el saqueo de la Anses, el Banco Nación, el Central y otras cajas del Estado. Detrás de la adulteración estadística se esconde el propósito de manejar la política económica por medios de excepción.

La oposición denuncia el “dibujo”, pero no cuestiona en lo más mínimo el tema de fondo. El Presupuesto plantea utilizar casi 10.000 millones de dólares del Banco Central para cancelar vencimientos de capital de la deuda externa, así como una cifra exorbitante en pesos para enfrentar el vencimiento de intereses. Dentro de los pagos presupuestados para 2014, estarían los 4.000 millones de dólares para el Cupón PBI, que surgiría de presentar un crecimiento económico muy por encima del real. El pago de este Cupón, desde que fuera emitido con el canje de deuda del año 2005, sirvió para neutralizar la promocionada “quita” realizada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Finalmente, es una de las causas que explican por qué la deuda pública creció hasta superar holgadamente los 200.000 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso pagamos deuda por 176.000 millones -según reconociera la propia Presidenta cuando se autocalificó como “pagadora serial”.

En busca de un acuerdo

El pago del Cupón PBI que establece el Presupuesto para el año que viene no puede explicarse si no es por el intento del gobierno de ofrecerle un gancho a los acreedores y a los fondos buitres para buscar un acuerdo por afuera de la Justicia de Nueva York. Ha trascendido que el acuerdo podría incorporar el pago en efectivo de una parte de la deuda y el resto ser compensado con la emisión de nuevos bonos, a los que se le añadiría el cupón PBI. En cualquier caso, el resultado final sería un nuevo incremento del stock de deuda, lo que la llevaría por encima de la relación promedio entre la deuda y el PBI que Argentina tuvo en la década del ’90.

Para avanzar en la negociación con los fondos buitres, el gobierno debe resolver toda la agenda pendiente que reclama el capital financiero. Por eso mismo, ya habría un acuerdo con las cinco empresas que ganaron los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a las cuales el gobierno les pagaría 500 millones de dólares emitiendo nuevos bonos. Pero la lista en el Ciadi es más larga: está el caso Repsol, el más importante de todos, con su demanda por la expropiación de sus acciones por parte del Estado. De más está decir que el reconocimiento de los juicios en el Ciadi, un tribunal que pertenece al Banco Mundial y que viola por completo la soberanía nacional, supone otro factor de aumento de una deuda usuraria.

Con la negociación con el Ciadi y con el Club de París (que reclama una deuda de 7.000 millones más intereses), el gobierno gana tiempo para cerrar un acuerdo con los fondos buitres. Es que recién el año que viene vence la cláusula que Néstor Kirchner inscribió en el canje de 2005, que establecía que cualquier beneficio que se le otorgue en el futuro a un bonista que no entró al canje debe generalizarse para todos. Pasada esa fecha, el gobierno queda con las manos libres para cerrar un acuerdo con los fondos buitres, entregándoles nuevas concesiones.

Endeudamiento y devaluación

Estas negociaciones realizadas por el gobierno suponen, en el caso de prosperar, un cambio general de la política económica. La necesidad de hacer frente a nuevos pagos de la deuda requiere el ingreso de dólares del exterior, los que no pueden depender exclusivamente de un saldo comercial favorable -el cual, dicho de paso, está en claro retroceso. Pero el ingreso de dólares no es compatible con el cepo cambiario y con la restricción existente en el giro de utilidades, como lo probó el fracaso del blanqueo de capitales y la emisión de Cedines. El gran capital reclama recuperar libertad de movimientos para llevar a cabo un nuevo ciclo de endeudamiento. Quien dio el primer paso en ese sentido fue la “nacional y popular” YPF, que colocó deuda en Londres como parte de un plan más amplio de endeudamiento en esa y en otras plazas del capital financiero internacional.

Este giro general de la política económica no puede darse sin una fuerte devaluación de la moneda, la que permita, por un lado, levantar el cepo y las restricciones al giro de divisas y, por el otro, incentivar el ingreso de dólares mediante el abaratamiento generalizado de la economía. Una devaluación de tal magnitud podría conducir a una hiperinflación, salvo que se la complemente con fuertes medidas recesivas -como, por ejemplo, la reducción del gasto público con un ajuste fiscal y, por sobre todo, con un ataque directo al salario de los trabajadores.

La clase capitalista reclama este giro. Como parte de las previsiones de lo que se viene, deben entenderse las negociaciones sobre un nuevo índice inflacionario que se están sustanciando entre el equipo económico y el FMI. La idea es preparar el terreno para habilitar una indexación de la economía, que alcance incluso a los títulos de deuda que emita el gobierno. De este modo, queda claro que el llamado “desendeudamiento” -el cual fue una transferencia de deuda del gran capital financiero a la Anses, el Banco Central y hasta el Pami-, será usado ahora para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional.

La campaña electoral

El desarrollo de la campaña electoral de acá a octubre estará atravesado por los intentos del gobierno de arribar a un acuerdo con los fondos buitres, el Ciadi y el FMI. De igual modo que el gobierno sepultó su política de “derechos humanos” para poner al pistolero Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la derrota sufrida en las PASO acelera la tendencia ya existente en el gobierno para tomar el programa de la clase capitalista a favor de una devaluación, un ajuste y un nuevo ciclo de endeudamiento que pagarán con creces los trabajadores.

En esta nueva fase de la campaña electoral que se abre, el Frente de Izquierda denunciará la dependencia del gobierno y de la oposición tradicional con los saqueadores del país.