La nueva administración del presidente Mauricio Macri ha dado muestras de que en la Argentina finalmente se buscará hacer justicia por las víctimas del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y por resolver la dudosa muerte —hace poco más de un año— del fiscal especial Alberto Nisman, quien conducía la investigación sobre aquel ataque terrorista.

Mayoritariamente, la sociedad argentina alberga la esperanza de que se esclarezcan estos crímenes. Lo mismo en cuanto al papel de Irán en ambos casos, así como con la penetración ideológica y operativa en el continente latinoamericano de la Guardia Revolucionaria iraní, según sostenía la investigación del fiscal Nisman antes de morir.

La derrota del candidato Daniel Scioli, elegido como último recurso por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, significó cierto alivio para la comunidad internacional, principalmente en aquellos actores preocupados por las relaciones cercanas de Argentina con Irán, dados los canales de comunicación no oficiales y los secretos de personas y agrupaciones políticas cercanas al Gobierno kirchnerista, como lo exponía el fiscal Nisman.

Desde que asumió el cargo en diciembre, el presidente Mauricio Macri ha dado señales de un cambio significativo en cuanto a la posición argentina con Irán, y muy positiva en sus acciones en cuanto al Gobierno que lo precedió. En menos de dos meses, ha trabajado para revocar el polémico memorándum de entendimiento con la República Islámica, ha nombrado a un nuevo funcionario para el seguimiento de esos asuntos a nivel oficial y ha creado una oficina para supervisar la investigación del ataque terrorista a la AMIA.

La reapertura de la investigación sobre la sospechosa muerte del fiscal aparece como muy saludable desde el Poder Judicial de la Nación. También se ha dicho que se examinará la investigación de Nisman sobre el plan del anterior Gobierno argentino en materia de apartar y borrar la participación de Irán en el ataque a cambio de profundizar las relaciones diplomáticas bilaterales en materia económica, energética e incluso en asuntos nucleares.

Si bien estos elementos sin duda son auspiciosos y entregan cierto optimismo, aún existen razones para ser cautos. A más de un año de la muerte de Nisman, los Gobiernos de Argentina y los Estados Unidos deberían colaborar fuertemente entre sí para garantizar la continuación efectiva de sus diez años de trabajo en la búsqueda de justicia para las víctimas de lo que fue el peor ataque terrorista sufrido en suelo argentino, y también para neutralizar a Irán en la exportación de su revolución a la Argentina y otros países de América Latina.

Hay que recordar que el informe de Nisman del año 2006 dio lugar a la acusación de altos funcionarios iraníes por su papel en el atentado a la AMIA y tenía una versión investigada, elaborada y clasificada por la inteligencia argentina. Esta versión del Gobierno argentino de ese momento debería ser desclasificada. Esto podría arrojar luz no sólo sobre el ataque terrorista en sí mismo —que asesinó a 85 personas y dejó centenares de heridos en Buenos Aires—, sino en la forma en que Irán construyó sus redes terroristas en toda América Latina.

El acceso público a la versión clasificada es especialmente importante tras las publicaciones no solamente de la reciente grabación del audio del año 2012 en la cual ex canciller Héctor Timerman admitió al presidente de la AMIA que Irán estaba detrás del ataque, sino de otras miles de horas de escuchas telefónicas que disponía el fiscal sobre personas y agrupaciones cercanas al Gobierno de Cristina Fernández Kirchner, donde incluso se menciona a un diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV).

Curiosamente, en febrero de 2015, a poco de la muerte de Nisman, la ex Presidente disolvió la Secretaría de Inteligencia, sólo un mes después de la muerte del fiscal, cuando en enero, Nisman se aprestaba a exponer ante el Congreso de la Nación su denuncia penal, adelantada en una entrevista a un medio televisivo de Buenos Aires, tres días antes de que se lo encontrara muerto en su domicilio. En su última entrevista, el fiscal Alberto Nisman identificó a varios individuos que ayudaban y colaboraron de una u otra manera con Irán. Este elemento fue de conocimiento de la opinión pública, pues las escuchas telefónicas fueron reproducidas por varios medios de prensa gráficos, radiales y televisivos. En esas conversaciones se utilizaban canales alternos al Gobierno de Cristina F. de Kirchner, pero las personas eran sumamente cercanas al poder kirchnerista.

Varios de esos individuos que aparecen en las escuchas probablemente se desempeñen como recursos de inteligencia favorables a Irán en la reestructurada Agencia Federal de Inteligencia. La investigación de estas personas podría ayudar a desentrañar la trama de espías que pudieron obstruir los esfuerzos argentinos en la investigación de la AMIA. Y esto es algo que la actual administración debe atender en profundidad.

Con una nueva investigación, del nuevo Gobierno, Argentina debe realizar —y los Estados Unidos deberían apoyar— una investigación independiente sobre si Irán jugó algún papel en la muerte de Nisman. Washington debe compartir la información de inteligencia que disponga sobre el actuar de las redes filoiraníes en Argentina y países vecinos en el momento de la muerte de Nisman.

Por lo menos tres de los cinco iraníes —Mohsen Rabbani, Mohammad Asghari y Ali Fallahian— sobre quienes Interpol emitió alertas rojas en relación con el ataque a la AMIA han presentado apelaciones para que esas circulares rojas sean dejadas sin efecto; sus pedidos fueron rechazados y las alertas siguen vigentes, lo que equivale a una orden de detención internacional para los tres funcionarios iraníes. Argentina y Estados Unidos deben cooperar en este campo y avanzar en la ratificación de esas circulares rojas.

En correcto actuar e impecable gestión, los funcionarios de la administración del presidente Macri han manifestado a Interpol que están “decididos a mantener los pedidos de alertas rojas” y preguntaron al secretario general de Interpol si necesita más información para que se mantengan. Los Estados Unidos deberían apoyar a los funcionarios argentinos para el mantenimiento y la ratificación de las notificaciones rojas cuando sean objeto de revisión en noviembre próximo.

Sin embargo, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados y la ampliación del comercio como parte de la implementación del acuerdo nuclear con Teherán hará más difícil para el nuevo Gobierno argentino contrarrestar la influencia de Irán en sus fronteras. El flujo de dinero iraní en efectivo puede ser utilizado para ganar favores políticos y de inteligencia; también las industrias argentinas podrían verse en la tentación de aceptar ofertas debido a dificultades en su situación económica. Irán es conocido por proporcionar cobertura comercial en zonas donde elije objetivos regionales; la Venezuela chavista ha sido un ejemplo palmario. Por lo tanto, el Gobierno argentino deberá ejercer una firme observancia de la actividad comercial de Irán con sus industrias locales y trabajar con los Estados Unidos y otros socios de la comunidad internacional para identificar potenciales conductas ilícitas, teniendo en cuenta que Irán ha utilizado coberturas comerciales y culturales para sus actividades antidemocráticas en varios países de mundo.

La inversión internacional de Irán y su disposición de miles de millones de dólares descongelados luego del acuerdo nuclear pondrán a prueba los esfuerzos de los Gobiernos latinoamericanos y desde luego del argentino para frenar la influencia local de Teherán.

Hasta el momento, el Gobierno de Mauricio Macri ha demostrado que está haciendo muy bien la tarea. Es imperativo que los Estados Unidos y otros Gobiernos amigos ayuden al nuevo Presidente de Argentina en su esfuerzo en la lucha contra el terrorismo.

La administración Macri está haciendo lo que corresponde para corregir y fortalecer, sin interferir y respetando la independencia de poderes, principalmente la integridad del Poder Judicial, en un valorable y significativo esfuerzo en todos los campos contra la impunidad. En particular en el caso de Alberto Nisman, quien dio su vida en directa relación con la investigación que llevaba adelante.

Todo ello, presumiblemente, en contraste con la vieja modalidad que, según el kirchnerismo, hizo necesario reescribir un discurso para relegar todo lo anterior al basurero de la historia.
En cierto sentido, la Presidente ha tenido éxito en la comercialización de esa nueva modalidad de hacer política basada en la creencia de que la percepción es más importante que la realidad. En otras palabras, lo que importa es cómo se ven las cosas en este momento, y particularmente antes de octubre, y no lo que las cosas son realmente o pudieran ser en el largo plazo.

Como concepto, esa visión de la política del kirchnerismo no es nueva, fue descrita claramente por el escritor marxista francés Guy Debord en un muy buen libro del año 1967 titulado La sociedad del espectáculo. En una sociedad como la que describe Debord, nada es bueno ni malo. Las cosas no se ven bien ni mal. Lo que importa es la superficie, la fachada y la decoración.

Un supuesto clave del que parte Debord es que el espectador, es decir, la sociedad civil, tiene una capacidad de atención limitada y es incapaz de retener demasiadas imágenes durante mucho tiempo, por tanto hay que hacerla feliz en el momento y mañana: ¡que la suerte los ayude!

Antiguamente, los rusos tuvieron un método perfecto que bien puede describir el método de CFK en una frase que en su tiempo llamaron “método Potemkin”.

Grigori Potemkin fue un ministro de la emperatriz rusa Catalina II que se encargaba de diseñar un mundo de fantasía para la zarina y los crédulos. Potemkin empleaba expertos en escenografías y puestas en escena con las que creaba ciudades y pueblos ideales en las rutas, los itinerarios y las giras de la emperatriz con extras enviados desde Moscú vestidos como campesinos felices para animar la fiesta imperial. Los extras y los aplaudidores ganaban buen dinero, la emperatriz estaba feliz y Potemkin fue capaz de convertirse en un hombre de Estado y aumentar su riqueza. ¿A quién le importaba si los campesinos eran realmente pobres, si el Imperio zarista estaba podrido hasta la médula o si el ministro era un corrupto?

Esto mismo es lo que lo que el oficialismo ha estado haciendo con la política argentina durante la última década.

Una de las aldeas y ciudades al estilo Potemkin del kirchnerismo fue el acuerdo con Irán. Lanzado con bombos y platillos y con la promesa de esclarecer y finalizar con la impunidad en la investigación del ataque terrorista a la Mutual Israelita de Argentina (AMIA). Sus porristas en los medios de comunicación lo llamaron “Acuerdo de entendimiento con Irán”. Hasta se consultó al antiguo juez español (condenado e impedido del ejercicio de su cargo) Baltasar Garzón.

Pero una vez que el impulso inicial pasó -y dos años después el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, fue hallado sin vida en su vivienda (hace ya siete meses y aún no se saben las causas de su deceso)-, simplemente se olvidó todo el asunto.

Otras aldeas Potemkin del kirchnerismo incluyen los procesos penales del vicepresidente Amado Boudou, quien más allá de su inminente juicio oral, continúa presidiendo el Senado de la Nación. El hecho es que ninguno de los casos mencionados hizo doblegarse al régimen y demostró que los déspotas no producen ningún cambio más allá de alguna fachada.

En la provincia de Buenos Aires, la aldea Potemkin del kirchnerismo hasta puede consagrar gobernador al señor Aníbal Fernández.

En Venezuela, la aldea Potemkin de Cristina Fernández puso en marcha “el sonido del silencio” ante la furia represiva de su amigo Nicolás Maduro, aunque este haya cruzado todas las “líneas rojas imaginables” en materia de crímenes y violaciones de derechos humanos.

La última aldea Potemkin, y tal vez la más rutilante, ha sido el acuerdo con China, que supone una absurda entrega de soberanía sin saber qué darán los chinos a cambio o, peor aún, para qué utilizarán el territorio argentino los militares chinos.

El kirchnerismo ha impulsado estas cosas utilizando sus Potemkin’s del Poder Legislativo y ahora manipula y avanza sobre el Poder Judicial ante la posibilidad de marcharse y lograr impunidad en no pocas causas pendientes.

En mi opinión, honestamente no sé si el liderazgo kirchnerista se reciclará para intentar continuar en el poder, es claro que no desea marcharse. Pero si lo hacen, la aldea Potemkin de Cristina Fernández no impedirá que los ciudadanos y gran parte de la oposición intenten salvaguardar las instituciones democráticas y muchos funcionarios se verán en problemas ante la pérdida de la impunidad con la que usualmente se han conducido.

La política Potemkin, de la cual el kirchnerismo se ha servido y con la que ha manipulado a la sociedad civil, ha hecho de la Argentina un lugar mucho menos creíble y seguro. Es de esperar que la ciudadanía lo haya comprendido luego de doce años. Los recientes hechos derivados de las controversiales elecciones en la provincia de Tucumán están demostrando que muy posiblemente las aldeas Potemkin estén entrando en fase de derrumbe, igual que la Rusia zarista en su tiempo.

En el caso argentino, la dificultad estriba en que si la oportunidad para que crezca una amenaza totalitaria se mantiene abierta demasiado tiempo y esa amenaza anida justamente en personas cercanas al propio Gobierno, cuyo ejercicio autoritario del poder pareciera ir en dirección a la profundización de la violencia física hacia el otro, es entonces que la ciudadanía debe necesariamente manifestarse democráticamente en contra del poder autoritario que, aunque electo por vías democráticas, se apartó de las reglas políticas de la democracia en su sentido amplio.

Así, el cristinismo violó la Constitución del país cuando decidió aplicar mayorías automáticas parlamentarias para votar la Ley 26.843 que propicio el acuerdo con Irán por el caso AMIA, asegurando impunidad a los encausados por la voladura de la mutual judía de Buenos Aires. Hay que recordar que ese acuerdo luego fue declarado inconstitucional por la Sala I de la Cámara Federal en dictamen firmado por los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, aunque el magistrado Eduardo Freiler, tercer integrante de la Sala I, no firmó por encontrarse excusado. Del lado iraní, el Parlamento jamás voto afirmativamente el perfeccionamiento del documento. En consecuencia, jurídica, ética y políticamente, el acuerdo no vale ni la tinta con la que fue firmado.

En este escenario político, donde la vulgaridad gobierna y actos rampantes de corrupción empañan a no pocos funcionarios, alcanzando incluso al propio Vicepresidente, que vergonzosamente continua presidiendo la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la sociedad no puede ser neutral al elegir entre la vida y la muerte. No solo las balas matan, también lo hace la corrupción, el silencio cómplice y las palabras que generan violencia política cuando se la justifica. Una sociedad debe elegir sin dudar entre aquellos que están preparados para trabajar dentro de los límites de un sistema democrático y aquellos que están trabajando para su eliminación. La falta de criterio a este respecto por parte de mucha dirigencia política en Argentina es evidente. Mientras tanto, el Gobierno mira al mundo de la política como a una glorificada sociedad de debates y diagnósticos casi siempre estériles y carentes de las soluciones concretas que reclama la ciudadanía.

Las circunstancias que envuelven la extraña muerte del Fiscal Alberto Nisman fortalecen una realidad que era evidente en materia de los desmanes gubernamentales. En este escenario todo esta en el plano de “la duda, aunque nadie descarta horribles certezas”.

El propósito del cristinismo en materia de respetar e imponer ideas fracasadas como sacrosantas a menudo muestra su ineptitud en organizar la defensa eficaz de sus propias posiciones políticas y filosóficas, y expone con inapelable claridad su desgobierno en áreas sensibles como economía, salud, educación, seguridad y un sinfín de etcéteras que no acaban en el desquicio de convertir “la Casa Rosada” en un mero recinto partidista, olvidando que es y ha sido la Casa de Gobierno a través de toda la historia de la República Argentina.

La noble aunque muy gastada afirmación de fe democrática (“Puedo no estar de acuerdo con su opinión, pero moriría por su derecho a decirla”) pierde significado convirtiéndose en “candidaticidio” si a quien se dirige es precisamente al que se propone amordazar al orador, algo que el gobierno argentino se empeña a diario en su intento de forzar a las personas a que comiencen a pensar de manera única cuando muestra que “hay muertes” -como la del Fiscal Nisman- por las que no se debe guardar respeto, duelo nacional y en ultima instancia, hasta no hay que lamentarlas. En ese estado de situación ya no es justamente una cuestión acerca de lo que toleraremos, sino de lo que defenderemos.

En una sociedad democrática el consenso debe ser notablemente inclusivo y tolerante. Pero la tolerancia no puede incluir a grupos y sectores que son abiertamente antidemocráticos y capaces de manipular las libertades, la vida y las oportunidades políticas que ofrece una sociedad libre y pacífica ante la propia agudización de la corrupción e intolerancia diaria oficialista.

Ahora que la muerte se hizo presente. El caso Nisman debe ser un aviso indubitable y un punto de inflexión en la sociedad ante la política que el Gobierno ha venido desarrollando desde la confrontación, el doble discurso, la soberbia, la corrupción y la impunidad que, inevitablemente ha fracturado y divido la sociedad civil.

Es tiempo de mirar hacia adelante. La Justicia tendrá mucho trabajo y deberá realizarlo con imparcialidad y sin intromisiones. El país necesita de una oferta seria de gobernabilidad de cara a las elecciones presidenciales del año en curso. La ciudadanía debe hacer valer sus derechos y dejar atrás las historias de fracasadas internas de los movimientos mayoritarios. Solo así se podrá garantizar que el caso Nisman jamás vuelva a repetirse en la política argentina.