Hacia fines de los años sesenta, a través de la obra de Henri Lefebvre, comenzó a introducirse en las discusiones y análisis sobre la gestión y desarrollo urbano la noción del derecho a la ciudad. Este principio, en tanto disfrute y goce de los bienes y servicios que hacen a la ciudad, fue retomado por más de cinco décadas dentro de los estudios urbanos. Este derecho no es uno más entre tantos, es el derecho a hacer cumplir los derechos que ya existen formalmente (como la educación, la salud, etc.) y a exigir nuevos derechos en un escenario particular de realización: la ciudad. A través de este nuevo enfoque se generaron las condiciones para poner en evidencia no sólo la interdependencia de los derechos, sino también su relación con la gestión de los espacios y la territorialidad.

Tomando este marco conceptual, distintos referentes sociales y del ámbito de los estudios urbanos plantearon la necesidad de pensar la movilidad como el ejercicio de un derecho que permite gozar plenamente de los bienes y servicios que hay en las ciudades. De esta manera, se propone complementar los tradicionales estudios sobre oferta de transporte público o privado (es decir, sobre las características del funcionamiento de los trenes, colectivos, subtes, autos privados, remises, etc.) para comenzar a desarrollar nueva información sobre las demandas y necesidades de movilidad que no son contempladas por esa oferta de transporte. Así, se comenzó a indagar sobre la cuestión del acceso y las necesidades de quienes no logran realizar sus desplazamientos a través de la oferta disponible.

Al respecto, desde La Fábrica Porteña empezamos a indagar cuáles son las necesidades de los habitantes de las villas de la Ciudad que no son satisfechas y qué limitaciones imponen estas situaciones en el acceso a otros derechos tales como la educación, la salud o el trabajo. Por medio de un estudio de caso en la villa 21-24 analizamos la problemática de la integración urbana y el acceso a derechos en la Ciudad. Las conclusiones de este trabajo demostraron que la mayoría de los problemas que atraviesan los habitantes de las villas de la ciudad para acceder al derecho a la movilidad se relaciona con la falta de políticas públicas de carácter local que garanticen su plena integración a la Ciudad.

La falta de luminaria, inundaciones, pavimentación y apertura de calles impide que el transporte público ingrese en estos barrios. Asimismo, los principales obstáculos para llegar a los establecimientos educativos y de salud se relacionan con deficiencias de gestión del ámbito municipal. En materia educativa, no existen servicios de transporte escolar públicos que puedan mejorar las condiciones de acceso a la educación. Con relación a la salud, en casos de emergencias los habitantes de las villas suelen ser discriminados por el SAME y no logran que las ambulancias acudan en tiempo y forma a los lugares donde se encuentran las personas en situación de emergencia.

En definitiva, tal como señala Carlos Tomada en el prólogo de la publicación, los resultados del trabajo de campo demuestran cómo los problemas de movilidad y exclusión en los ámbitos urbanos pueden solucionarse a través de intervenciones concretas del Gobierno local que, en el marco de sus competencias, hagan a la real integración de las villas de la Ciudad.